NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS.
REVISIÓN FISCAL 43/2003. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-En el agravio hecho valer por la recurrente sostiene, esencialmente, que la sentencia dictada por la Sala Fiscal indebidamente aplica e interpreta los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y contraviene lo dispuesto en los diversos 237, 238, fracción II y 239, fracción III, del mismo ordenamiento legal, porque indebidamente le imprime a la nulidad decretada el efecto de que le sea devuelta la cantidad solicitada a la actora en el contencioso administrativo, cuando la autoridad administrativa en momento alguno analizó si la devolución era procedente o no, es decir, la Sala Fiscal se está sustituyendo en las funciones que son propias de la autoridad fiscalizadora y, en todo caso, debió decretar la nulidad de la resolución impugnada, pero para efectos de que la autoridad demandada resuelva sobre la procedencia o improcedencia de las devoluciones, por considerar que esto último es facultad de la autoridad fiscalizadora y no de la Sala Fiscal.
Es infundado el agravio que quedó sintetizado en el párrafo precedente.
En primer término, debe precisarse que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden declarar la nulidad lisa y llana (que también es factible que tenga efectos, como más adelante se precisará) del acto impugnado o para efectos.
La nulidad lisa y llana debe decretarse cuando ocurra algún supuesto de ilegalidad previsto en las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, lo que sucede cuando se actualiza la incompetencia de la autoridad que dicte u ordene la resolución impugnada o tramite el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas -como en el caso ocurrió- (lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada); en ambos casos requiere, en principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia.
En cambio, cuando la ilicitud casada corresponde a las hipótesis previstas en las fracciones II y III del precepto legal de que se trata, conllevan a decretar la nulidad para efectos de que se subsane la violación formal, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios de carácter formal que contrarían el principio de legalidad. Y es así que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación; en tanto que la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada.
Así, de actualizarse los supuestos de ilicitud previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana; sin embargo, en el caso, cuando se determinó que se dejaron de aplicar las disposiciones legales al dictar la resolución administrativa en controversia, la Sala Fiscal se encontraba en aptitud de declarar la nulidad de la resolución correspondiente y pronunciarse, dado la preexistencia del derecho subjetivo de la actora, respecto a la forma o manera en que debía subsanarse la violación cometida.
Resulta aplicable la tesis I.4o.A.350 A, sostenida por este tribunal, que se localiza en la página 1335 del Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"-Conforme al artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad pueden ser de manera lisa y llana cuando ocurra alguno de los dos supuestos de ilegalidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del código invocado, lo que se actualiza, en el primer caso, cuando existe incompetencia de la autoridad que dicta u ordena la resolución impugnada o tramita el procedimiento del que deriva, y en el segundo, cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas, lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada. En ambos casos se requiere, en principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. Es así que, de actualizarse tales supuestos, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad en razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el vicio casado y que determina, en igual forma, un contexto específico sobre el que existirá cosa juzgada que no puede volver a ser discutida."
En este orden de ideas conviene matizar que actualmente el contencioso administrativo federal presenta las modalidades de:
a) Objetivo o mera anulación. El fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad; y,
b) Subjetivo o de plena jurisdicción. Caso en que será materia de la decisión, la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado; lo anterior en términos de los artículos 237 y 239 del Código Fiscal de la Federación.
Como un medio para el fin apuntado en el inciso b), la Sala debe declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues la invalidez o ineficacia respectiva será el motor o causa de la declaratoria y consecuente condena de la existencia del derecho subjetivo en litigio.
En este orden de ideas, la función anulatoria, declarativa y condenatoria que el Código Fiscal de la Federación confiere al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos y ejercicio del contencioso administrativo subjetivo, permite hacer la declaratoria y reconocimiento de derechos subjetivos, facultad novedosa que implica una plena jurisdicción, sin que ello implique una sustitución o invasión en las facultades que son propias e inherentes a la autoridad administrativa demandada en juicio, pues sólo consiste en, previa la declaratoria de nulidad, pronunciarse sobre la existencia del derecho subjetivo y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer.
Luego entonces, tal como ya se anunció, la declaratoria y condena se sustentan en la previa nulidad del acto administrativo, que acarrea como efecto la condena a la autoridad demandada que desconoce o viola derechos subjetivos del administrado.
Al respecto, es conveniente precisar que el Código Fiscal de la Federación adoptó un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto (de mera anulación y de plena jurisdicción); la primera tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto restableciendo el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, en tanto que en el segundo caso el tribunal está obligado a conocer y decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos.
Entonces, dada la diversidad de materias de las cuales conoce actualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dependerá de cada caso en particular que se pueda establecer la concreción de la condena, ya sea atendiendo a si la actuación de dicho tribunal se ajusta al modelo contencioso de anulación (en donde la labor del Juez consiste únicamente en determinar la regularidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicción (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular).
En este orden de ideas, cuando el orden jurídico exige además o aunado a la declaratoria de nulidad que la autoridad administrativa emita un pronunciamiento (como en el caso concreto), o proceda a la reparación de la violación, el efecto de la nulidad -aunque sea lisa y llana o de fondo- no se colma con la simple declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a un hacer consistente en restituir al actor en el disfrute del derecho subjetivo que le ha sido violentado, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, supuesto que en el caso se actualiza, cuando la materia del asunto versa sobre la petición de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, en razón de que se impugne la negativa de devolución de lo pagado indebidamente o la negativa a reconocer el derecho a una pensión de retiro, etcétera; en todos estos supuestos, entre otros muchos, resulta lógico considerar que la reparación de la violación cometida no se satisface dejando insubsistente la resolución, sino que es necesario que se conmine a la autoridad administrativa a dictar la resolución correspondiente en aras de la eficacia y restitución de un derecho subjetivo violentado, lo que viene a consistir en los efectos necesarios para dejar indemne a quien fue víctima del desconocimiento de un derecho subjetivo violentado.
Todo lo hasta aquí dicho permite concluir que la Sala Fiscal se encontraba jurídicamente facultada para declarar la nulidad de la resolución administrativa e imprimirle el efecto de que la autoridad debía emitir una nueva en la que ordenara la devolución solicitada por la actora, pues consideró que ésta contaba con la sentencia a su favor en donde se declaró que se le había aplicado un precepto legal inconstitucional respecto de los préstamos obtenidos y lo razonablemente lógico es que, al haber ya establecido la existencia del derecho subjetivo de la actora -cuestión que, por cierto, no fue controvertida por la demandada-, establezca la obligación de restituirla en tal derecho, en aras, como se dijo, de su eficacia, lo que obviamente implica devolver las sumas enteradas indebidamente.
A mayor abundamiento, conviene considerar que la ratio legis de la fracción IV del artículo 238 aludido -hipótesis en que la Sala Fiscal basó su proceder- estriba precisamente en que la sentencia haya evaluado ya sea:
a) La quaestio facti o hechos que se den en el caso concreto, sea por que no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron equivocadamente; o,
b) La quaestio iuris o premisa jurídica (estructurada sobre la base de normas sustantivas o de fondo) que sirvió en el caso concreto para subsumir los hechos litigiosos, en razón de que el acto cuestionado se haya dictado en contra del sentido de las disposiciones en que se funda, o bien, la fundamentación elegida no sea la debida pero, se insiste, en conexión específica y concreta con las argumentaciones particulares que integran la litis y estén vinculadas estrechamente con los supuestos concretos del caso.
Una vez precisado lo anterior, se estima que no le asiste razón a la autoridad recurrente y, en consecuencia, es correcta la determinación de la Sala Fiscal que resolvió que debía decretarse la nulidad para efectos porque "la autoridad fundamenta y motiva indebidamente la resolución impugnada, toda vez que solamente se concreta a señalar que de los documentos que se anexaron a la solicitud de devolución no existe indicación de devolver cantidad alguna a la demandante, pero no señalan que la parte actora, al haber sido sujeto pasivo de lo dispuesto en un precepto que fue declarado inconstitucional por el Poder Judicial, se ubica en los supuestos jurídicos de devolución del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, numeral que inclusive se cita como fundamento en la resolución impugnada", es decir, consideró que se trataba de una violación de fondo por no haber aplicado la disposición debida en cuanto al fondo o contenido de los derechos en disputa, esto es, había dejado de observar las disposiciones aplicables al caso específico.
Así, al concluir sobre la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada en el contencioso administrativo, pero en lo tocante a la pretensión de la actora, determina que "lo procedente en este caso es declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emita una nueva en la que ordene la devolución solicitada por la contribuyente".
Ahora bien, se dijo que el agravio analizado resultaba infundado, tomando en consideración que la autoridad fiscal demandada incurrió en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, según fue señalado por la Sala a quo, consistente dicha infracción en que al dar contestación a la actora solamente se concretó a señalar que de los documentos que se anexaron a la solicitud de devolución no existe indicación de devolver cantidad alguna a la demandante, no obstante que el derecho a reclamar tales cantidades ya fue establecido al haberle determinado la inaplicabilidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a los "préstamos otorgados por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C." (cuarto párrafo de la resolución impugnada, foja 19 del expediente fiscal).
Luego entonces, la determinación de la Sala Fiscal es correcta respecto a la declaratoria de nulidad para efectos, con fundamento en la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, y precisa apuntar que la violación advertida en la resolución impugnada es de las que se ubican en la fracción IV, al tratarse de la existencia de un vicio de contenido o de fondo, contrario al principio de legalidad en lo tocante a la pretensión de la demandante; por consiguiente, la ilegalidad cometida por la autoridad demandada actualiza la posibilidad de que la Sala Fiscal establezca, como lo hizo, decretar la nulidad de tal actuación administrativa y, de acuerdo a sus facultades como tribunal de plena jurisdicción, conmine a la autoridad a resolver eficazmente la pretensión de la demandada.
Aplica al caso la jurisprudencia P./J. 44/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 52 del Tomo VIII, septiembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-Lo dispuesto en la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en términos generales, congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo cual debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, se identifica que esa disposición legal tiene como propósito fundamental preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que también evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podrá seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado."
También aplica al caso la tesis I.4o.A.372 A, sostenida por este Tribunal Colegiado, localizable en la página 1466 del Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO.-El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, a saber: a) Objetivo o de mera anulación; y, b) Subjetivo o de plena jurisdicción. El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado."
En mérito de lo anterior, lo conducente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal y dejar firme la resolución recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, constitucional; 192 de la Ley de Amparo; 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil dos, dictada en el expediente de nulidad 442/02-17-11-3, por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: licenciado Jean Claude Tron Petit (presidente), licenciado Rubén Pedrero Rodríguez y licenciado Jesús Antonio Nazar Sevilla, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17473-d8699aef/nulidad-lisa-y-llana-prevista-en-el-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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