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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 75/2004. · Registro digital (IUS): 18718
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACI
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 1008.

REVISIÓN FISCAL 75/2004. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-La autoridad recurrente hace valer en su único agravio sustancialmente lo siguiente:

La Sala Fiscal viola los artículos 237 y 239, fracción I, por inobservancia de los diversos 238, fracción IV y 239, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación, e indebida interpretación y aplicación del artículo 50 del referido código, ya que la Sala consideró que la autoridad demandada se excedió del plazo establecido en el artículo 50 mencionado, porque no notificó al contribuyente en dicho plazo la resolución por la cual se determinaron las contribuciones omitidas, lo que es indebido, toda vez que sí emitió la resolución determinante de créditos fiscales dentro del plazo establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, la autoridad aduce que dicho numeral en ningún momento señala que el plazo de seis meses es hasta que se notifique la resolución determinante del crédito fiscal, pues éste dispone que "cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado" quedarán sin efectos las actuaciones de la revisión de que se trate, es decir, que deben emitir la resolución dentro de tal plazo, mas no así, que el referido plazo sea hasta que se notifique la resolución liquidadora, sin que sea óbice que el artículo señale que tal resolución se deba notificar personalmente, ya que sólo se indica lo anterior para el efecto de establecer el carácter de dicha notificación. Asimismo, la autoridad recurrente argumenta que para que se actualice la sanción establecida en el numeral indicado, debe comprobarse que no se emitió la resolución correspondiente en tal plazo, por lo que no debe dársele un alcance que no se encuentra establecido en el precepto legal, pues donde la ley no distingue no tiene por qué distinguir la juzgadora.

Es infundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente en atención a lo siguiente:

Es necesario citar el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación para comprender las formalidades que indica para ejercer las facultades de comprobación y determinar las contribuciones omitidas, numeral que a la letra dice:

"Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este código. ... Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate."

De la lectura del artículo anterior se advierte que la resolución que determina contribuciones omitidas debe ser notificada personalmente al contribuyente y dentro de un plazo máximo de seis meses, es decir, el propio artículo dice de forma clara y determinada el plazo en el que se debe notificar la resolución, sin que sea óbice que el último párrafo diga que: "cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate", toda vez que, del párrafo primero se infiere que dicha resolución incluye la notificación al contribuyente dentro del plazo indicado.

Dado lo anterior, tampoco es óbice que la autoridad recurrente diga en sus agravios que el artículo únicamente hace mención a la notificación personal, para efecto de precisar el carácter de la misma, toda vez que de la lectura de éste se desprende que la notificación debe ser personal y dentro de los seis meses indicados.

Asimismo, es necesario señalar que las notificaciones en materia fiscal deben cumplir con requisitos puntuales, aun mayores en comparación con otras diligencias de notificación personal, pues lo que se pretende con ellas es hacer saber al gobernado la existencia de un procedimiento enderezado en su contra para que comparezca al mismo a oponer defensa; por tanto, los requisitos exigidos por la Constitución y leyes reglamentarias, en tratándose de visitas domiciliarias o de gabinete, como en el caso que nos ocupa, tienen por objeto impedir que éstas se efectúen arbitraria y unilateralmente, es decir, con la sola intervención de la autoridad. En efecto, si en el presente caso el artículo en comento señala el término para notificar al contribuyente dicha resolución, es necesario que se cumpla con él, toda vez que su finalidad es garantizar la seguridad jurídica y garantía de audiencia del interesado para no dejarlo en estado de indefensión.

En esa tesitura, cabe precisar que los seis meses comenzaron a correr a partir de la fecha en que concluyeron los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 del código en comento, esto es, una vez transcurrido el término de veinte días para dar contestación al oficio de observaciones, por tanto, en la especie, si el oficio de observaciones se le notificó a la actora el día nueve de abril de dos mil dos (fojas 135 a 137 del cuaderno contencioso administrativo), el plazo de veinte días venció el diez de mayo del mismo año, por lo que era a partir de esa fecha que comenzaba a correr el plazo de seis meses con el que contaba la autoridad para emitir la sentencia y notificarla a la parte actora, venciendo dicho plazo el día diez de noviembre del dos mil dos, por lo que si la hoy recurrente notificó su resolución el diecisiete de enero de dos mil tres, excedió el plazo de los seis meses que establece dicho artículo, (con independencia de que la Sala Fiscal tuviera a la actora por conocedora de la misma con fecha treinta y uno de enero de dos mil tres al considerar ilegales las diligencias de notificación practicadas en esa fecha).

A mayor abundamiento, es necesario precisar que todo acto administrativo es eficaz cuando se hace público; en lo que se refiere a actos administrativos que afectan la esfera jurídica de los particulares, dicha publicidad se efectúa al hacerse la notificación correspondiente al interesado.

En efecto, la notificación del acto es la forma de comunicación del mismo, en otros términos, es la consecuencia de su exteriorización, pues no es suficiente con que haya una declaración de voluntad de la administración, sino que se hace imperativo que llegue a la órbita de los particulares para que produzca sus efectos. Estas mismas circunstancias se dan en los procedimientos jurisdiccionales donde los efectos de las notificaciones son incluso conceptualizados al tenor de formalidades esenciales que, de no ser atendidas, debe presumirse una afectación a la parte indebidamente notificada.

Retomando la idea de la notificación del acto administrativo, es así como los particulares afectados o interesados conocen el contenido del acto y éste adquiere eficacia, ya que la notificación supone una garantía, tanto para los administrados como para la administración, habida cuenta que permite al interesado conocer el acto y, en su caso, reaccionar contra él. Al efecto, cabe puntualizar que la notificación no afecta a la validez del acto sino sus efectos con respecto a su destinatario. Por tanto, sólo desde y a partir de la correcta notificación es que comienza la eficacia del acto y, entre otros aspectos, empiezan a contarse los plazos, pues de otra forma no se posibilita la garantía de defensa dentro de la que va inmersa la posibilidad para deducir derechos, así como la preclusión y prescripción de los mismos.

En consecuencia, la eficacia del acto administrativo se consuma hasta el momento en que el interesado a quien va dirigido toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios (que es el fin de la notificación), y es precisamente cuando el acto administrativo adquiere eficacia, no antes ni después, y no desde la fecha de su emisión, ya que sólo podría tener efectos dentro de la sede administrativa.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.342 A de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1428, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

"-Los procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, atento lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización de la voluntad del Estado con la que culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la publicidad y que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma en que el acto administrativo se comunica a las partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la órbita de los particulares o administrados para que produzca sus efectos. Es así que a través de la notificación los particulares afectados conocen el contenido del acto y éste adquiere eficacia porque su conocimiento les permite reaccionar en su contra. Por consiguiente, la eficacia se consuma en el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios, no antes, ni desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo podría tener efectos en sede administrativa."

En las relatadas circunstancias, este Tribunal Colegiado considera que la resolución de la Sala Fiscal es jurídicamente correcta; por tanto, lo conducente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, constitucional, 248 del Código Fiscal de la Federación, 193 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la administradora Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, en contra de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil tres, dictada en el expediente 6457/03-17-04-1, por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Hilario Bárcenas Chávez (presidente), Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18718-5b7f9f39/procedimiento-administrativo-el-acto-que-lo-inicia-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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