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Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. LAS NORMAS QUE REGULAN SU PROCEDENCIA SON LAS VIGENTES EN LA ÉPOCA EN QUE TALES SUMAS SE HAYAN GENERADO, NO LAS QUE ESTÉN EN VIGOR AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 73/2004. · Registro digital (IUS): 20184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, , Pág. 929.

REVISIÓN FISCAL 73/2004. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los agravios deben desestimarse por las siguientes razones.

Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, a continuación se procede a examinarlos de manera conjunta, debido a que se hallan estrechamente vinculados.

En el identificado como primero, la recurrente alega violación al numeral 237 del Código Tributario Federal, ya que la Sala analiza cuestiones no planteadas por la actora, toda vez que ésta no formuló ningún concepto de impugnación relativo al artículo 22 del ordenamiento legal invocado, por lo cual indebidamente suple la deficiencia de la queja.

En el segundo agravio se aduce que en forma ilegal, la a quo considera que al tenor del precepto últimamente mencionado, la empresa contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución hasta en tanto no transcurra el plazo de cinco años; que este pronunciamiento es incorrecto, pues la Sala pasa por alto que en el artículo 81, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el legislador previó la posibilidad de que la autoridad devuelva los saldos a favor obtenidos por los particulares, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en reglas de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que la contribuyente sólo obtendrá la devolución del saldo a favor si ejerce su derecho en los términos de ley, pero si no lo hace de este modo, tal circunstancia es imputable a su conducta omisiva; que la a quo estima que la autoridad hacendaria aplica retroactivamente la regla 3.5.8., pero lo anterior es ilegal porque no se puede hablar de retroactividad en virtud de que dicha regla no se refiere a determinación de contribuciones, toda vez que se trata de una norma de carácter procedimental, expedida a efecto de normar la forma, términos y plazos para solicitar la devolución de un saldo a favor, de ahí que si existió un derecho adquirido por la enjuiciante, ésta lo dejó de tener por disposición expresa del legislador, al prever la devolución sólo mediante el cumplimiento de lo señalado en la regla 3.17.5. que no fue acatada por el particular; que la regla 3.5.8. es plenamente aplicable ya que se trata de una norma adjetiva y si bien se refiere a preceptos legales vigentes en dos mil dos, ello es con la finalidad de traer a valor presente los saldos anteriores, para efectos fiscales, sin que esto signifique cambiar el modo y forma de determinar los impuestos de dos mil uno; que la contribuyente no ejerció en tiempo el beneficio que le otorgaba la regla 3.17.5., pues si manifestó mediante declaración un saldo a favor en cantidad de $240,755.00, por concepto de crédito al salario, dicho acto se llevó a cabo conforme a la legislación vigente en dos mil uno, pero si fue el once de diciembre de dos mil dos cuando presentó la respectiva solicitud de devolución, es legal que contrariamente a lo concluido por la a quo, la resolución que negó la devolución fuera emitida de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes en dos mil dos, esto es, al amparo de normas de procedimiento expedidas con posterioridad, como lo indica el artículo 6 del código de la materia.

Añade que es errónea la apreciación de la Sala, en el sentido de que la regla 3.17.5. es aplicable a la contribuyente, debido a que la misma ya no se encontraba vigente al momento en que se presentó la solicitud de devolución; que esta devolución fue procedente con anterioridad al treinta y uno de mayo de dos mil dos, fecha hasta la cual estuvo vigente la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil uno, sin embargo, la actora realizó su solicitud el once de diciembre de dos mil uno, lo que evidencia que no ejerció oportunamente el derecho que le otorgaba la regla 3.17.5., motivo por el cual ya no debió haber pedido la devolución, pues lo procedente era deducir la cantidad a favor; que la a quo no sustenta legalmente por qué no es aplicable la regla 3.5.8.

Son infundados los conceptos de agravio.

En el juicio de nulidad se impugnó la resolución contenida en el oficio 322-SAT-21-II-1-03-13078, dictada el nueve de julio de dos mil tres (fojas 8 a 15), por la Administradora Local de Recaudación de Puebla Norte, en la cual se negó por improcedente la devolución del crédito al salario, porque la solicitud respectiva debió haberse presentado a más tardar el treinta y uno de mayo de dos mil dos, cuando todavía se encontraba vigente la regla 3.17.5., pero en virtud de que esta solicitud se efectuó el once de diciembre de dos mil dos, ya le era aplicable la diversa regla 3.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de ese año, en vigor a partir del primero de junio siguiente.

Este acto impugnado fue emitido en cumplimiento a la resolución de catorce de mayo de dos mil tres (fojas 16 a 18), recaída al recurso de revocación RR SAT No. 59/2003, por medio de la cual el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte dejó sin efectos la diversa resolución contenida en el oficio 322-SAT-21-II-I-33-1323, de veintinueve de enero anterior, a través de la que se había rechazado la solicitud de devolución del crédito al salario correspondiente al ejercicio de dos mil uno pues, entre otras cosas, se indicó que el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, al igual que la regla 3.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dos, resultaban inaplicables al particular, en razón de que el crédito al salario cuya devolución se solicitaba era el del ejercicio de dos mil uno.

En la especie es importante destacar que aun cuando la solicitud de devolución se presentó el once de diciembre de dos mil dos, lo cierto es que el saldo a favor fue manifestado en la declaración anual por dictamen relativa al ejercicio de dos mil uno, presentada el catorce de noviembre de dos mil dos, es decir, el crédito al salario por $240,755.00 cuya devolución se pidió, se generó durante el ejercicio de dos mil uno.

Ahora bien, el numeral 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil uno, disponía en lo conducente:

"Artículo 81. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 80 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, la tarifa del artículo 141 de esta Ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 141-A, así como con el crédito general anual a que se refiere el artículo 141-B de esta Ley y contra el monto que se obtenga será acreditable el importe de los pagos provisionales efectuados. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 80-B de esta Ley estarán a lo siguiente: I. El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere el primer párrafo o la fracción I del artículo 78, la tarifa del artículo 141 de esta Ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con el subsidio que, en su caso, resulte aplicable en los términos del artículo 141-A de la misma, así como con el crédito al salario anual que se obtenga de aplicar la siguiente tabla. ... Las cantidades establecidas en la tabla anterior se actualizarán sumando las cantidades de la tabla que en los términos del artículo 80-B de esta Ley resulten para cada uno de los doce meses del año. El resultado de las sumas será la tabla actualizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de enero del año siguiente a aquel por el que se determine la tabla actualizada, realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. II. En el caso de que el crédito al salario anual exceda del impuesto determinado conforme al artículo 141 de esta Ley disminuido con el subsidio acreditable que, en su caso, tenga derecho el contribuyente, el retenedor: a). ... b). ... III. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 141 de esta Ley disminuido con el subsidio acreditable que, en su caso, tenga derecho el contribuyente, exceda del crédito al salario anual, el retenedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte, incrementado con las cantidades que, en su caso, haya recibido este último por concepto del crédito al salario mensual correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio por el que se determine el impuesto. IV. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 141 de esta Ley disminuido con el subsidio acreditable que, en su caso, tenga derecho el contribuyente, sea igual al crédito al salario anual, el retenedor considerará como impuesto a cargo del contribuyente las cantidades que, en su caso, haya recibido este último por concepto del crédito al salario mensual correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio por el que se determine el impuesto. V. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente en los términos de las fracciones anteriores de este artículo será acreditable el importe de los pagos provisionales efectuados por cada uno de los meses del ejercicio. VI. Los contribuyentes que hayan prestado sus servicios en el año de calendario de que se trate por un periodo menor a doce meses no tendrán derecho a recibir cantidad alguna por concepto de crédito al salario anual y las cantidades que, en su caso, hayan recibido por concepto del crédito al salario mensual correspondientes a dicho periodo se considerarán como definitivas. La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, en los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este Capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor. Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo anterior o sólo se pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución correspondiente, siempre que el retenedor señale en la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 83 de esta Ley, el monto que le hubiere compensado. No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando se trate de contribuyentes: a). ... b). ... c).".

De igual forma, la regla 3.17.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dicho año, en vigor a partir de esta propia fecha, disponía:

"3.17.5. Para efectos de los artículos 80-B y 81 de la Ley del ISR, en materia del crédito al salario, los retenedores podrán disminuir las cantidades que entreguen en efectivo a los trabajadores, del ISR a su cargo o de las retenciones del mismo efectuadas a terceros, del IMPAC o del IVA, excepto en este último caso, tratándose de las retenciones a que se refieren los artículos 1o. A y 3o. de la Ley del IVA. Los retenedores podrán disminuir en la siguiente declaración las cantidades pendientes de disminuir o solicitar su devolución. Cuando los retenedores apliquen el crédito al salario contra un impuesto a su cargo que se entera en forma extemporánea, disminuirán el crédito al salario efectivamente pagado contra las contribuciones a cargo, antes de realizar su actualización, en el entendido de que el crédito al salario y las contribuciones a cargo corresponden a la misma declaración de pago."

Conforme al artículo primero transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, la misma se encontraría vigente durante un año contado a partir del seis de marzo de dos mil; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dos, por disposición del artículo primero de la Vigésima Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil dos.

En este punto, debe decirse que el uno de enero de dos mil dos, se publicó en el referido órgano de difusión oficial la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo artículo tercero transitorio se estableció el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.

Así, el numeral 119 de este ordenamiento, señalaba:

"Artículo 119. Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refieren los artículos 115 y 116 de esta Ley sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos: I. Lleven los registros de los pagos por los ingresos a que se refiere este Capítulo, identificando en ellos, en forma individualizada, a cada uno de los contribuyentes a los que se les realicen dichos pagos. II. Conserven los comprobantes en los que se demuestre el monto de los ingresos pagados en los términos de este Capítulo, el impuesto que, en su caso, se haya retenido, y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del crédito al salario. III. Cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones I, II, V y VI del artículo 118 de esta Ley. IV. Hayan pagado las aportaciones de seguridad social y las mencionadas en el artículo 109 de esta Ley que correspondan por los ingresos de que se trate. V. Presenten ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con copia para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco días inmediatos siguientes al mes de que se trate, la nómina de los trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, identificando por cada uno de ellos los ingresos que sirvan de base para determinar dicho crédito, así como el monto de este último. VI. Paguen mensualmente a los trabajadores en nómina separada y en fecha distinta a la que se paga el salario, el monto del crédito al salario previamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

Por su parte, la regla 3.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de ese año, en vigor desde el primero de junio siguiente, establecía al efecto:

"3.5.8. Para los efectos del artículo 32, fracción I de la Ley del ISR, los contribuyentes que, conforme a lo dispuesto en el séptimo párrafo del Artículo Único que regula el impuesto sustitutivo del crédito al salario, opten por no efectuar el pago de este último gravamen, podrán deducir como gasto para la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio, el monto del crédito al salario que no disminuyeron contra el impuesto sobre la renta con motivo del ejercicio de la opción citada, siempre que dicho crédito al salario no exceda del monto del impuesto sustitutivo del crédito al salario causado en el mismo ejercicio; en su caso, el excedente del crédito al salario respecto del impuesto sustitutivo citado se podrá disminuir del propio impuesto sobre la renta del contribuyente o del retenido a terceros, en los términos del artículo 119 de la Ley del ISR. Asimismo, los contribuyentes que ejerzan la opción señalada, en lugar de aplicar lo dispuesto en la fracción VI del artículo 119 de la Ley del ISR, podrán aplicar el crédito al salario a sus trabajadores en la misma fecha en que efectúen el pago de los sueldos y salarios que correspondan a los mismos, siempre que, a partir del mes de febrero de 2002, identifiquen plenamente y como concepto separado en la nómina en que se paguen los salarios y en los recibos que recaben de los trabajadores, el monto del crédito al salario que corresponda al periodo que se paga; asimismo, respecto al crédito al salario correspondiente al mes de enero del citado año, a más tardar en el mes de febrero del mismo, se deberá reflejar mediante una adenda de la nómina del contribuyente, el monto total aplicado, identificando el que se acreditó contra el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador así como el que se pagó en efectivo. Los contribuyentes que ejerzan la opción de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario podrán no presentar la información a que se refiere la fracción V del artículo 119 de la Ley del ISR ni solicitar la autorización señalada en la fracción VI de dicho artículo."

De las disposiciones antes transcritas se aprecia que es legal el pronunciamiento de la Sala pues, contrariamente a lo aseverado por la inconforme, las normas que regulan el aspecto de fondo de la procedencia o improcedencia de la devolución del crédito al salario, solicitado por la empresa contribuyente, son las que hayan estado vigentes en la época en que se generó el respectivo saldo a favor, no las que se hallaran en vigor al momento de presentar la solicitud correspondiente.

En efecto, dentro del contexto de la irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esa irretroactividad se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, al igual que a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para resolver dicha cuestión ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

1. En la primera de ellas, se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico y el de expectativa de derecho, el cual se ha definido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado.

Por consiguiente, sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal (teoría de los derechos adquiridos).

Esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, establece que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

2. Por otra parte, en lo referente a la teoría de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte del concepto de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercer aquéllos y de cumplir con éstas. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo cual a fin de establecer la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar previamente las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, así como en las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de retroactividad, resulta que una norma se aplica retroactivamente en perjuicio del gobernado, cuando se trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, situación que no acontece cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule.

Ahora bien, en la especie se estima que las consideraciones anteriores, relativas a leyes o disposiciones de carácter general, son también aplicables, en este asunto en concreto, a las reglas que forman una Resolución Miscelánea Fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de dilucidar la litis consistente en determinar si la regla 3.5.8. debe regir la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada por el contribuyente, como alega la recurrente en vía de agravios, o bien, si la aplicable es la regla 3.17.5., como sostuvo la a quo al pronunciar la sentencia sujeta a revisión.

Así, de acuerdo con la teoría de los derechos adquiridos es evidente que en el caso, el derecho a la devolución se adquirió durante el ejercicio de dos mil uno, toda vez que fue entonces cuando se generó la cantidad de $240,755.00, por concepto del crédito al salario entregado a los trabajadores, la cual fue manifestada en la declaración por dictamen correspondiente a dicho ejercicio, presentada el catorce de noviembre de dos mil dos y, en consecuencia, resulta legal estimar que es en dos mil uno cuando el contribuyente adquirió el derecho a la devolución.

De igual forma, conforme a la teoría de los componentes de la norma, es claro que durante la vigencia de la regla 3.17.5. (es decir, en el ejercicio de dos mil uno), se actualizó de modo inmediato tanto el supuesto (la generación de una cantidad a favor del particular) como la consecuencia (el derecho a la devolución) en ella regulados, de ahí que no se pueda variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin incurrir en aplicación retroactiva en perjuicio del administrado, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la diversa regla 3.5.8.

En ese sentido, es legal la conclusión de la Sala, concerniente a que la regla que rige la procedencia o improcedencia de la devolución, es la que estuvo vigente cuando se generó la cantidad a favor y, en consecuencia, el derecho a la devolución, mas no así la que estuviera en vigor al momento de efectuar la solicitud correspondiente.

Además, cabe señalar que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que dicho precepto no se encontraba vigente cuando se produjo el saldo a favor, esto es, durante el ejercicio de dos mil uno, como tampoco lo estaba la regla 3.5.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dos, de ahí que, en vez de solicitar la devolución como lo hizo, la ahora actora no tenía por qué deducir como gasto para la determinación del Impuesto sobre la Renta del ejercicio, el monto del crédito al salario que no hubiese disminuido contra dicha contribución, con motivo de la elección de la opción de no pago del diverso Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, siempre que dicho crédito al salario no excediera del monto del impuesto sustitutivo causado en el mismo ejercicio, como de manera incorrecta pretende la recurrente, en la medida en que el sistema que regula a esta nueva contribución dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cobró vigencia a partir del uno de enero de dos mil dos, ya que no existía en el ejercicio de dos mil uno, pues en virtud de la entrada en vigor del artículo tercero transitorio de aquel ordenamiento, en donde se estableció el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, se impuso una carga para las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, que deben cumplir espontáneamente, si quieren evitar sanciones y perjuicios posteriores, con independencia de la opción que pudieran elegir, pues las constriñe a pagar el aludido impuesto sustitutivo, o bien les impide disminuir del Impuesto sobre la Renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen a sus trabajadores, razón por la cual es legal la conclusión de la a quo, consistente en que la autoridad hacendaria aplica en forma retroactiva, en perjuicio de la enjuiciante, lo dispuesto en la regla 3.5.8., la cual no es una norma de carácter adjetivo sino sustantivo, en cuanto señala las modalidades y condiciones a que estaba sujeta la procedencia de una devolución, ni se hallaba vigente cuando se generó el saldo a favor solicitado, esto es, durante el ejercicio de dos mil uno, máxime que la regla 3.17.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, que estuvo en vigor en dos mil uno, sí otorgaba a los retenedores la posibilidad de disminuir del Impuesto sobre la Renta o de otras contribuciones, aquellas cantidades entregadas en efectivo a sus trabajadores por concepto del crédito al salario.

En este punto, se debe resaltar que es intranscendente que el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil uno dispusiera, entre otras cosas, que el contribuyente podía solicitar a las autoridades fiscales la devolución de cantidades no compensadas, en los términos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, en virtud de que tal como se ha indicado con antelación, la litis en el presente asunto consiste en determinar cuál es la regla aplicable en la especie, si la 3.5.8. o bien la diversa 3.17.5., sin que se encuentre en discusión la obligatoriedad de esas reglas de carácter general, toda vez que en la sentencia recurrida la a quo se pronunció expresamente respecto de la aplicabilidad de la aludida regla 3.17.5.; asimismo, es conveniente mencionar que es contradictorio que la inconforme invoque de manera concomitante lo previsto en el numeral 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante dos mil uno (la cual fue abrogada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, al expedirse la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta), así como lo establecido en el artículo 119 de este último ordenamiento, en vigor en el año dos mil dos, ya que de este modo la recurrente pretende que sea aplicable a un mismo asunto un precepto perteneciente a un ordenamiento vigente en dos mil uno, al igual que otro incluido en un cuerpo legal distinto, vigente en dos mil dos.

Por otra parte, debe decirse que el hecho de que la a quo haya invocado lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no implica una indebida suplencia de la queja deficiente, pues con dicha cita la Sala sólo alude a la disposición general que regula la devolución de cantidades a favor de los particulares, pero al concluir se pronuncia respecto de la aplicación, en específico, de la regla 3.17.5. en comento, en congruencia con lo planteado por la enjuiciante en vía de conceptos de impugnación.

En otro aspecto, aduce la recurrente que es incorrecto que la Sala indique que la demandada hace caso omiso de lo ordenado por la Administración Local Jurídica de Puebla Norte e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20184-e22c9dd8/devolucion-de-cantidades-a-favor-del-contribuyente-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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