PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL.
REVISIÓN FISCAL 96/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-A excepción del primero que es fundado pero inoperante, resultan en parte infundados y en parte inoperantes los agravios que se hacen valer, como se pasa a demostrar.
Por principio de cuentas, es fundado pero inoperante el agravio del recurrente en el que sostiene que la diligencia de notificación del requerimiento de obligaciones se llevó a cabo de manera personal y no por correo certificado con acuse de recibo, dado que la autoridad demandada acompañó a su contestación copia certificada del acuse de recibo con número de control 10125018000037 y fecha de recibido el seis de abril del dos mil uno, como remitente calle 2 Sur 3906, El Carmen, Huexotitla, Puebla, Puebla, C.P. 72530, destinatario Raquel del Carmen Montes Torrealba, San Francisco 2204-A, San Manuel, Puebla, Puebla, 22 Sur y Río Papaloapan, C.P. 72570, clave de empleado 981, respecto de tal requerimiento, lo que demuestra que tal notificación no se hizo por correo certificado con acuse de recibo, sino que fue hecha por parte de la autoridad administrativa.
Sin embargo, como la autoridad demandada sólo acompañó a la contestación de la demanda de nulidad el acuse de recibo que se especificó en el párrafo anterior, sin que hiciera lo propio respecto del acta circunstanciada que debió levantar conforme lo establece el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cual es necesario conforme a la jurisprudencia que se transcribirá más adelante, esto constituye un motivo más para que subsista el sentido del fallo que se revisa.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/18 que sostiene este tribunal y que en este caso se reitera, publicada en la página 1213, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS FUNDADOS PERO INOPERANTES EN LA.-Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES’, es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; en esa virtud, cabe decir que lo mismo sucede respecto de agravios en la revisión fiscal, donde igualmente deben declararse fundados pero inoperantes tales agravios cuando se advierta con toda claridad, y sin necesidad de hacer uso del arbitrio jurisdiccional, que la autoridad recurrente carece en el fondo de razón, pues ninguna utilidad le reportaría que se revocara la sentencia del tribunal fiscal si, a fin de cuentas, el asunto a la postre se resolverá en su contra, incluso, llegado el caso, en ulterior revisión fiscal; de manera, entonces, que en aras del principio de pronta y expedita administración de justicia que se contiene en el artículo 17 constitucional, en casos como este conviene de una vez desestimar los agravios relativos, en la inteligencia de que no sucede lo mismo cuando el punto en debate no resulta tan claro y sí, en cambio, es menester hacer uso del señalado arbitrio jurisdiccional, pues en dicha hipótesis, corresponderá de origen a la instancia común pronunciarse en ejercicio de sus facultades."
La jurisprudencia a que se hizo alusión es de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 494, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).-Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados."
No pasa inadvertido que el recurrente aduce que el citatorio de cinco de abril del dos mil uno prueba que se trata de diligencias efectuadas por la autoridad administrativa; empero, como tal citatorio no obra en autos ni el acuse de recibo especificado en el párrafo anterior hace mención de ello, y como lo corroboró la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia que se revisa en el que dijo que: "... no le asista (sic) la razón a la enjuiciante al pretender que para la notificación practicada por correo certificado con acuse de recibo se debieron cumplir los requisitos que prevé el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, como son dejar citatorio previo y levantar un acta de notificación, puesto que si la autoridad para justificar la legalidad de su actuación ofrece y exhibe como prueba el acuse de recibo, con lo que evidencia que la notificación aludida fue practicada por esta vía, es inconcuso que a dicha actuación no le puede preceder un citatorio al no tratarse de una notificación efectuada en forma personal."; es evidente que para notificar el requerimiento de obligaciones impugnado no precedió citatorio alguno.
Por otra parte, es infundado el agravio del recurrente en el que dice que, contrario a lo dicho por la Sala Fiscal, el acuse de recibo que ostenta la firma de Raquel del Carmen Montes Torrealba es un documento público en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la carga de la prueba de que tal firma no era de ella correspondía a su contraparte, toda vez que si la actora en el juicio de nulidad negó lisa y llanamente que se le hubiera notificado dicho requerimiento en términos del citado numeral, correspondía a la autoridad demostrar la existencia del acto.
Fundamenta lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal, publicada en la página 58, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"ACTOS DE AUTORIDAD, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS.-La presunción de legalidad de los actos de autoridad, admite prueba en contrario y, ante la negativa lisa y llana del particular afectado, corresponde a la autoridad demostrar la validez de su acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación."
Así como la tesis del otrora Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, que comparte este tribunal, publicada en la página 221, Tomo X, noviembre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"ACTOS DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SON NEGADOS.-En materia procesal fiscal, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos de autoridad tienen la presunción de validez, pero dicha presunción queda desvirtuada precisamente cuando el particular niega en forma lisa y llana los hechos que contengan tales actos y resoluciones, por lo que en este aspecto la carga de la prueba respecto de su existencia recae en la autoridad demandada."
No escapa a este Tribunal Colegiado que el recurrente dice que la leyenda "no se identificó" no invalida los efectos de la notificación, además de que la jurisprudencia que cita la Sala Fiscal establece que no es obligación asentar de manera textual el documento con el cual se identificó el contribuyente; empero, como ya se vio, la autoridad demandada no acompañó al acuse de recibo en comento el acta circunstanciada que debió levantar conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cual era necesario, por lo que tales argumentos en nada varían el sentido de este fallo.
Asimismo, el recurrente aduce que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada sin tomar en cuenta que la actora en el acuse de recibo, además de estampar su nombre y firma, se identificó con la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral número 113900174, lo cual es inoperante, toda vez que, como lo reconoce el recurrente, en el acuse de recibo del requerimiento de obligaciones que se impugna, se asentó la leyenda "no se identificó", y aquel es el diverso con número de control 15125105245184, cuya fecha de recibo es de ocho de junio de dos mil uno, o sea, relativo a la notificación de la resolución en que se impuso la multa.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6006, Tomo LXXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"REVISIÓN.-Para que prospere el recurso de revisión, se requiere que se objeten todos y cada uno de los fundamentos y razones en que se funda la sentencia de primera instancia, y si en los agravios se tratan asuntos completamente ajenos a la cuestión planteada, deben declararse inoperantes."
Por otra parte, el recurrente dice que la Sala Fiscal violó en su perjuicio el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque no invocó como hecho notorio que con las firmas del acuse de recibo del requerimiento de obligaciones, del diverso de la resolución impugnada, de la demanda de nulidad y su ampliación, se desprende que corresponden a la destinataria, o sea, a Raquel del Carmen Montes Torrealba.
Es infundado este argumento.
En efecto, la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia que se revisa sostuvo:
"... de la simple observación que se hace a los documentos aludidos, sólo se puede inferir que la firma que contiene es similar a la estampada en el acuse de recibo antes analizado; sin embargo, es un hecho notorio que dicha firma no es semejante a las que se ostentan en los escritos de demanda y de su ampliación, de ahí que, se reitera, era necesario el desahogo de la prueba pericial idónea a fin de que la autoridad demostrara su aseveración."
De manera que la Sala Fiscal sí contempló como hecho notorio las firmas que portaban los acuses de recibo, la demanda de nulidad y su ampliación, pero estimó que no eran iguales unas de otras, de ahí lo infundado de este agravio.
De la mano de lo anterior, es infundado el agravio del recurrente en el que manifiesta que si la Sala Fiscal sostuvo que no tenía la certeza de que la firma del acuse de recibo sea de la parte actora, debió ordenar de oficio el desahogo de la prueba pericial grafoscópica, toda vez que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, a las partes corresponde probar los hechos constitutivos de su acción o excepción, por lo que en el caso de que dicha Sala, de oficio, desahogara tal medio de convicción, con ello rompería el equilibrio procesal de las partes que debe de existir.
En este orden de ideas, ante lo fundado pero inoperante, infundado e inoperante de los agravios vertidos, se impone confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la sentencia de tres de abril de dos mil dos, pronunciada por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 3169/01-12-01-2.
Notifíquese; regístrese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Víctor Antonio Pescador Cano (presidente), Manuel Rojas Fonseca y Jaime Raúl Oropeza García, bajo la ponencia del primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18324-ecd77ac2/prueba-carga-de-la-en-el-juicio-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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