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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 173/2002. · Registro digital (IUS): 18269
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1507.

REVISIÓN FISCAL 173/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Son sustancialmente fundados los agravios.

Asiste la razón a la inconforme cuando dice que la sentencia es ilegal al contravenir lo dispuesto por los artículos 213 y 214 del Código Fiscal Federal, que establecen la posibilidad de presentar documentos en la contestación a la ampliación de la demanda, siempre que no se hubieran acompañado en la contestación a la demanda inicial.

Los enunciados dispositivos jurídicos establecen, en la parte que interesa:

"Artículo 213. El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, expresará:

" ...

"V. Las pruebas que ofrezca

"...

"En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas."

"Artículo 214. El demandado deberá adjuntar a su contestación:

"...

"VI. Las pruebas documentales que ofrezca.

"Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquellos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda."

Como puede observarse, las referidas normas prevén el derecho de la parte demandada para aportar las pruebas que estime convenientes para demostrar sus excepciones y defensas, ya sea en la contestación de la demanda, o bien en la ampliación de la misma, independientemente de que su contraparte pueda desvirtuarlas o no, pues de lo contrario, no tendría sentido que el legislador haya establecido esa posibilidad si a final de cuentas estuviese vedado para el juzgador valorarlas bajo la premisa de que "se rompería el principio de igualdad de las partes" y porque "el Código Fiscal de la Federación no contempla una etapa procesal después de admitida", pues si bien es cierto que en los artículos 209 Bis y 210 de ese cuerpo de leyes, no se contempla la posibilidad de otorgar un término adicional para una nueva ampliación con el objeto de que la actora pueda combatir u objetar tales medios de convicción, también lo es que se deben respetar los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias que obligan a los tribunales jurisdiccionales y contenciosos de anulación a abordar el estudio de todos y cada uno de los puntos de controversia con base en datos arrojados durante el juicio.

Es decir, si la sustanciación del juicio no ha concluido, porque esto sucede con la contestación a la ampliación de la demanda, y el ordenamiento adjetivo aplicable prevé la posibilidad de ofrecer pruebas en esta etapa procesal, no puede negársele valor probatorio a los elementos de convicción respectivos por el sólo hecho de que la actora no puede ampliar por segunda ocasión su escrito de demanda, ya que las pruebas deben ser justipreciadas de acuerdo al principio jurídico de adaptación del proceso que la propia recurrente invoca, con base en las acciones y excepciones opuestas y los demás elementos de convicción que obren en el expediente del proceso ordinario.

Conforme a lo aducido por la recurrente, no se deja en estado de indefensión al demandante, porque el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación permite a las partes formular alegatos de bien probado, entendiéndose como tales aquellos que tienden a ponderar el valor de las pruebas propias e impugnar las de la contraparte, por lo que aquí la contribuyente podía argüir en su favor y en contra de las pruebas ofrecidas en la contestación a la ampliación de la demanda, y tocará a la Sala Fiscal resolver lo que en derecho proceda.

También de manera adicional la actora puede plantear el incidente de falsedad de documento que se encuentra regulado en los artículos 228 Bis y 229 del Código Fiscal de la Federación, si es el caso.

De no aceptarse esta postura, la demandada quedará impedida de ofrecer pruebas que guardan relación con la litis de la ampliación de la demanda y su contestación, sin las cuales la cuestión en controversia no quedará debidamente dilucidada.

No pasa inadvertido que la actora, ante la imposibilidad de volver a ampliar su demanda no podrá a su vez ofrecer pruebas en contra de las que se adjunten al escrito de contestación de tal ampliación, pero de acuerdo a lo expuesto en los alegatos de bien probado, en cada caso particular, tocará a la Sala Fiscal razonar o negar el valor que corresponda a las pruebas de que se habla y que, en caso de ser objetadas, no tendrán el mismo impacto que las ofrecidas en la contestación de la demanda, pues respecto de éstas la parte actora sí tuvo oportunidad de ofrecer las pruebas que estimara pertinentes.

Ante tal conclusión, no se considera adecuado darle a la Sala lineamientos respecto del valor de la prueba ofrecida en la contestación a la ampliación, por el solo hecho de que ya se ha promovido un amparo directo, una queja y dos revisiones fiscales en su contra, pues en las decisiones que en cada sentencia se han tomado se le ha dejado libertad de jurisdicción para resolver, y la revisión fiscal no constituye un medio extraordinario de defensa en el que el Tribunal Colegiado pueda sustituirse en funciones propias de la a quo.

Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 359, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son:

"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, "se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...", ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."

En las relacionadas condiciones, procede revocar la sentencia que se revisa a fin de que la Sala Fiscal la deje sin efectos, y en su lugar dicte otra en la que con plenitud de jurisdicción analice las pruebas ofrecidas por la autoridad en su oficio de contestación a la ampliación de la demanda y las demás que hayan sido aportadas por las partes, así como sus respectivos planteamientos, ajustándose para ello a las ejecutorias relacionadas en el considerando séptimo de este fallo.

Por lo expuesto se resuelve:

ÚNICO.-Se revoca la sentencia de uno de agosto de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio fiscal 2615/00-07-02-5, promovido por Majilosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, para los efectos precisados al final de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen, y en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los magistrados Víctor Antonio Pescador Cano (presidente), Manuel Rojas Fonseca (ponente) y Jaime Raúl Oropeza García.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18269-3258c30d/prueba-documental-ofrecida-en-la-contestacion-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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