VISITAS DOMICILIARIAS O DE ESCRITORIO. LA NULIDAD QUE DERIVA POR NO CONCLUIRLA O DISPONER SU AMPLIACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE SER LISA Y LLANA.
REVISIÓN FISCAL 186/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA NORTE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Son infundados los agravios que expone la autoridad recurrente, como enseguida se precisa.
En una parte de los motivos de inconformidad se dice que la resolución recurrida es incongruente, porque si la Sala Fiscal reconoce que el citatorio que se dejó para la entrega del oficio de ampliación de la visita domiciliaria fue el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ese mismo día no era factible entregar dicho oficio.
Se carece de razón, porque los argumentos de la inconforme no implican que la resolución que se revisa sea incongruente.
Es cierto que la Sala del conocimiento adujo:
"En el acta de fecha 26 de octubre de 1999 se incumple con lo dispuesto por los artículos, entre otros, 46, 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, pues el acta parcial de fecha 26 de octubre de 1999 que se levantó con motivo de la notificación del oficio de primera ampliación de visita, que obra a folio 94 a 99 del expediente en que se actúa, no se encuentra debidamente circunstanciada, ya que en la misma se asentó en el folio 13364020099005 que siendo las 9:45 horas del día 27 de octubre de 1999, la visitadora se constituyó en el domicilio de la actora para hacer entrega del oficio 66849 ... sin que se especifique en dicha acta que se requirió la presencia del representante legal ...".
Esto es, es verdad que la Sala de origen aludió al acta parcial de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve; sin embargo, es claro que se trata de un error mecanográfico que no trasciende, en tanto que también precisó la fecha correcta de la aludida acta, o sea, el veintisiete de octubre del mismo año.
Lo anterior se corrobora del análisis de las constancias de autos, de las que se desprende que el oficio 324-SAT-R5-L34-66849 de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene la orden de ampliación de visita domiciliaria, se intentó notificar a la contribuyente ese mismo día, de modo que una vez requerida la presencia del representante legal de la actora y no encontrado se dejó citatorio para el día siguiente, de ahí que fue el veintisiete de octubre la fecha en que se elaboró el acta parcial que equivocadamente la a quo señaló como del veintiséis, pero, se repite, se trata de un error intrascendente y, por ende, no resulta incongruente la resolución que se revisa.
Si bien en este caso no se corrige el error mecanográfico detectado, la razón obedece a que la Sala de origen inmediatamente después hace alusión a la fecha correcta del acta parcial de entrega del oficio de ampliación de visita domiciliaria, lo que, como ya se dijo, se corrobora del estudio de las constancias de autos de nulidad.
En otra parte de los agravios se sostiene, en suma, que contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, en la notificación del oficio de ampliación de la visita domiciliaria sí se requirió la presencia del representante legal de la contribuyente; que pierde de vista que el acta es un todo, de manera que si con anticipación se hizo constar que se requirió la presencia del consabido representante, la notificación es acorde a derecho, máxime si aún estaba dentro del plazo de seis meses a que hace alusión el artículo 46-A del Código Tributario Federal.
Estos agravios son infundados.
De entrada, no está en tela de juicio si la ampliación de la visita domiciliaria se dispuso dentro de los lineamientos previstos en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, por el contrario, lo que está en debate es si se notificó a la contribuyente conforme a las disposiciones legales previstas para ello y, en ese tenor, es correcta la determinación de la Sala de origen.
Para mayor claridad, se circunstanciará la mecánica de los hechos.
Como ya se había dicho, el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve se expidió el oficio que contiene la orden de ampliación de visita domiciliaria de la que era objeto la contribuyente (foja 91 del juicio de nulidad).
Ese mismo día se intentó notificar a su destinatario, pero como no se encontró al representante legal se dejó citatorio para el día siguiente a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos (foja 93).
El día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a las nueve treinta horas, dio inicio el acta parcial número tres (fojas de la 94 a 99).
Cabe destacar que el veintiuno de octubre del mismo año se expidió el oficio 324-SAT-R5-L34-66839, mediante el cual se dispuso la sustitución de la autoridad revisora y la continuación de la visita en el nuevo domicilio de la contribuyente (fojas 89 a 91).
Este oficio se intentó notificar el veintiséis de octubre; sin embargo, como no se encontró al representante legal de la contribuyente se dejó citatorio para el veintisiete siguiente a las nueve treinta horas.
Como se ve, la autoridad exactora debía notificar dos oficios distintos, para lo cual uno lo haría a las nueve treinta horas y otro, el de la ampliación de la visita domiciliaria, a las nueve cuarenta y cinco, ambos el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
En el acta parcial a que se ha hecho referencia, en lo que interesa, literalmente se escribió:
"Ahora bien, siendo las 9:30 horas del 27 de octubre de 1999 los visitadores antes mencionados se constituyeron en el domicilio también referido para hacer la entrega del oficio número 324-SAT-R5-L34-66839 de fecha 21 de octubre de 1999, mediante el cual se comunica a la contribuyente visitada la sustitución de autoridad revisora y la continuación de la visita en el domicilio antes referido.-Para ese efecto fue requerida la presencia del representante legal idóneo de la contribuyente Infraestructura Técnica, S.A. de C.V., y al no haberse presentado en ese momento se entendió la diligencia con la ... en su carácter de tercero y recepcionista ... Ahora bien, siendo las 9:45 horas del día 27 de octubre de 1999, la visitadora se constituyó en el domicilio antes referido para hacer entrega del oficio en cuestión, apersonándose la ... quien manifestó ser recepcionista de la contribuyente, persona a quien se le entregó el oficio 324-SAT-R5-L34-66849, de fecha 26 de octubre de 1999 girado por el C. Administrador local de Auditoría Fiscal Número 34 de Puebla ... en el cual se comunica que se amplía por primera ocasión el plazo de la visita domiciliaria por seis meses, contados a partir del 28 de octubre de 1999, quien recibió de conformidad el oficio mencionado anotando lo siguiente ...".
Así pues, en los términos en que lo resolvió la Sala Fiscal, del acta que parcialmente se transcribió no se desprende que al momento de notificar el oficio de ampliación de la visita domiciliaria se haya requerido la presencia del representante legal de la contribuyente, que se asentara que no atendió el citatorio dejado para tal efecto el día anterior y que, por esa razón, se entendió la diligencia con un tercero, lo que contraviene lo dispuesto por el numeral 137 del código tributario federal.
No es obstáculo que para la entrega del diverso oficio sí se haya requerido la presencia del representante y que se circunstanciaran los acontecimientos en torno a ello, pues lo cierto es que cada diligencia debe observar las formalidades legales para su validez, con independencia de que se practicara una después de otra, máxime que, como se vio, hubo distinta cita para cada una, es decir, no se trataba o al menos no se citó así, de una diligencia continua para la entrega sucesiva de los dos oficios, sino se repite, de dos actos a distinta hora aunque reseñados en una sola acta. Para apuntalar lo hasta aquí dicho, basta considerar que el citado bien pudo desatender el primer citatorio y acudir al segundo, pero ante la falta de requerimiento de su presencia a la diligencia no participó por causa imputable al diligenciario.
Pensar de distinta forma sería pasar por alto los presupuestos que se exigen al notificador para cada una de sus diligencias, lo que se traduciría en incertidumbre con graves perjuicios para el interesado en menoscabo de la seguridad jurídica que, aunque no lo digan expresamente, le brindan al contribuyente los artículos 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación.
Tampoco es óbice el argumento de la inconforme, en el sentido de que las actas parciales deben verse como un todo, pues en este caso, según se ha dicho, por lo que respecta a las notificaciones que se lleguen a practicar dentro de su contenido, indefectiblemente deben observar, cada una, las formalidades legales para su validez.
Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos noventa y cuatro del Tomo XIII, abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).-Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados."
En otra parte de los agravios se afirma, en suma, que la nulidad no debió ser lisa y llana, sino para el efecto de que se volviera a practicar la notificación del oficio de ampliación de la visita, por tratarse de un vicio de carácter formal, en términos de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.
Este agravio también es infundado.
Por principio de cuentas, es preciso establecer que la resolución recurrida la dictó la Sala del conocimiento en acatamiento a la ejecutoria dictada por este tribunal al resolver, en sesión de veinticuatro de mayo del año en curso, la revisión fiscal número 75/2002, en la cual, en lo que interesa, se dijo:
"Lo anterior es así, debido que la conclusión alcanzada provoca que quede insubsistente la declaratoria de nulidad decretada por la Sala, de tal manera que, conforme a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, deberá emitir otro en el que en primer lugar analice los conceptos de anulación octavo y décimo primero, donde se plantea que la autoridad demandada no levantó el acta final en el término previsto en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación y duplicidad en los créditos fiscales, pues de ser fundados provocarían la nulidad lisa y llana, y en caso de desestimarlos, pronunciarse siguiendo los lineamientos expuestos en el cuerpo de la presente ejecutoria con plenitud de jurisdicción."
Desde la anterior ejecutoria se dispuso que la nulidad, en caso de ser fundado el concepto de impugnación en el que se adujo que la autoridad demandada no levantó el acta final en el término previsto por el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, sería lisa y llana; empero, en este momento se estima pertinente apuntar las razones que inspiran esa conclusión.
Con independencia de que la nulidad la provoque un vicio de carácter formal, como lo es la omisión de circunstanciar debidamente el acta de entrega del oficio de ampliación de la visita, la nulidad cuando no se concluye la visita domiciliaria o de gabinete en el plazo previsto por la ley deriva del propio numeral 46-A del código tributario federal, o sea, dicha nulidad no se ubica en los supuestos que contemplan los artículos 238 y 239 del aludido ordenamiento.
En efecto, el último párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, específicamente prevé que cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos ahí mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
Como se ve, la intención del legislador fue precisar, se insiste, a diferencia de los supuestos y consecuencias que también previó de manera general en los artículos 238 y 239 del código tributario federal, que en tratándose de las visitas domiciliarias o de escritorio, en específico para el caso de no concluirlas en los plazos señalados, se entendería concluida y, por ende, sin efectos la orden y las actuaciones que en ella se apoyen.
En este caso, la autoridad demandada debió concluir la visita en el plazo de seis meses, o bien, antes del vencimiento de dicho término disponer su ampliación, lo que no se hizo y desde luego en ella repercute el hecho de que la orden queda sin efectos y las actuaciones posteriores a ella como, en la especie, la resolución con la que concluyó el procedimiento fiscalizador.
Por otra parte, al margen de que se trate de facultades discrecionales de las autoridades conforme al artículo 16 constitucional, el desenvolvimiento de una visita lleva implícito un procedimiento que debe regirse por el principio de preclusión previsto por el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal.
Dicho principio consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio, esto es, si las partes no cumplen con la carga de hacer valer su derecho dentro del plazo que para ese efecto dispone la ley, pierden la oportunidad para ejercitarlo posteriormente, precisamente porque cada una de sus etapas se desarrolla en forma sucesiva y la consumación de cada una de ellas impide su regreso, de modo que perdida la oportunidad procesal de dar por concluida la visita o la de ampliarla ya no puede ejecutarse nuevamente.
A este respecto, cobra aplicación la jurisprudencia que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos catorce del Tomo XV, abril de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio."
Por lo antes dicho, en este caso no procede ni nulidad excepcional ni para efectos, sino lisa y llana, como lo determinó la Sala de origen, por lo que también es dable destacar que pensar de distinta forma sería contrario a la seguridad jurídica de los contribuyentes que se ubiquen en este supuesto.
En este orden de ideas, ante lo infundado de los agravios, debe confirmarse la resolución que se revisa.
Por lo expuesto, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la resolución de uno de agosto de dos mil dos, dictada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 3820/01-12-02-7.
Notifíquese; regístrese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Víctor Antonio Pescador Cano (presidente), Jaime Raúl Oropeza García y Manuel Rojas Fonseca, bajo la ponencia del primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17702-6d13d26c/visitas-domiciliarias-o-de-escritorio-la-nulidad-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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