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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS REQUISITOS CONFORME AL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 125/2003. · Registro digital (IUS): 18326
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRAS AUTORIDADES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1683.

REVISIÓN FISCAL 125/2003. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRAS AUTORIDADES.

CONSIDERANDO

SEXTO.-En una parte del único agravio que hace valer la autoridad recurrente, manifiesta, en esencia que la a quo violó en su perjuicio el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que consideró que en el asunto que nos ocupa habían caducado las facultades de la autoridad, en razón de que el ejercicio de las facultades de comprobación efectuadas en el año de mil novecientos noventa y dos no suspendieron el término de cinco años que prevé el artículo 67 del ordenamiento legal antes mencionado, para que opere la caducidad; sin embargo, en forma total dejó de valorar y estudiar todos y cada uno de los puntos controvertidos, en razón de que no tomó en cuenta que el precepto mencionado, también establece que el plazo para la caducidad se suspende por la interposición de algún recurso administrativo o juicio, no obstante que el precepto 237 antes invocado, la constriñe a analizar todos los puntos controvertidos en relación con la resolución impugnada.

Es fundado el argumento sintetizado con antelación, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

El artículo 237 que invoca la recurrente es del tenor literal siguiente:

"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.-Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.-Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.-Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.-En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

De conformidad con el precepto transcrito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra constreñido a analizar la pretensión del actor que se deduzca de su demanda de nulidad, de modo que una violación a dicho precepto por parte del tribunal, se actualiza cuando la Sala correspondiente no resuelve la verdadera pretensión del actor deducida de su demanda.

Ahora bien, a la obligación de analizar la pretensión que se deduzca de la demanda en relación con el acto impugnado, concurren las demás exigencias previstas en los párrafos subsecuentes del artículo en comento; a saber, fundarse en derecho, la facultad de invocar hechos notorios, analizar en primer lugar los argumentos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, resolver la cuestión efectivamente planteada por las partes, la facultad de corregir los errores que se adviertan en la cita de preceptos violados, la facultad de examinar en su conjunto los agravios y causales de legalidad pero sin cambiar los hechos expuestos, así como la posibilidad de analizar la legalidad de las resoluciones combatidas mediante recursos administrativos en contra de los cuales se haya promovido el juicio de nulidad, siempre y cuando el tribunal cuente con elementos suficientes para ello.

Asimismo, se advierte que al establecer el numeral que nos ocupa que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe analizar la cuestión efectivamente planteada por las partes, le impone la obligación de ocuparse de los argumentos de la demandada que se encuentren encaminados a desvirtuar el concepto de impugnación que la Sala a quo considera se encuentra suficientemente fundado para declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues debe considerarse que ese argumento se encuentra vinculado precisamente con la pretensión del actor.

Con relación a la interpretación del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, este tribunal ha sostenido el criterio contenido en la tesis I.13o.A.60 A, que se formó al resolver por unanimidad de votos la revisión fiscal 293/2001, la cual fue aprobada en sesión de veintiséis de marzo del año en curso, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1387, que es del tenor literal siguiente:

"-A partir de la reforma al artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación de treinta y uno de diciembre de dos mil, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a resolver la pretensión del actor que se deduzca de su demanda de nulidad, en relación con el acto impugnado. De este modo, una violación a dicho precepto no se configura necesariamente por la omisión de estudiar un argumento de la contestación de la demanda, sino mediante el hecho de que no se resuelva la verdadera pretensión del actor deducida de su demanda. Ello es así, porque el análisis de los agravios debe hacerse en relación con el acto impugnado y con los argumentos de la contestación de la demanda que sean necesarios para resolver la pretensión del actor, esto es, la litis en el juicio de nulidad se integra con el acto impugnado y aquellos argumentos de la contestación que sean necesarios para resolver la pretensión planteada, sin que necesariamente se deba obligar a la Salas a considerar todos y cada uno de los argumentos de la contestación, si éstos no se requieren para resolver la pretensión del actor. A la obligación de analizar la pretensión que se deduzca de la demanda en relación con el acto impugnado, concurren las demás exigencias previstas en los párrafos subsecuentes del artículo en comento, es decir, que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben fundarse en derecho; que pueden invocarse hechos notorios; que deben analizarse en primer lugar los argumentos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; que deben corregirse los errores que se adviertan en la cita de preceptos violados; que pueden examinarse en su conjunto los agravios y causales de legalidad pero sin cambiar los hechos expuestos, así como analizar la legalidad de las resoluciones combatidas mediante recursos administrativos en contra de los cuales se haya promovido el juicio de nulidad, siempre y cuando el tribunal cuente con elementos suficientes para ello."

Precisado lo anterior, a efecto de estar en aptitud de determinar si efectivamente la Sala Fiscal violó en perjuicio de la recurrente el artículo 237 antes referido, resulta necesario destacar lo siguiente:

1. Que de la lectura de la demanda de nulidad de la que derivó la sentencia recurrida, se observa que la parte actora en su primer concepto de impugnación alegó en esencia, que la resolución impugnada era ilegal, en virtud de que las facultades de la autoridad para determinar contribuciones omitidas por los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, ya habían caducado, pues de la fecha en que se presentaron las declaraciones respectivas a dichos ejercicios a aquella en que se emitió el crédito fiscal impugnado, ya habían transcurrido en exceso los cinco años que prevé el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

2. Por su parte, la aquí recurrente en la contestación de la demanda, en lo relativo a la caducidad alegada por la parte actora, argumentó, en síntesis, que no habían caducado las facultades de la autoridad, toda vez que el plazo de caducidad fue suspendido por lo siguiente:

- Por el ejercicio de las facultades de comprobación, que ejercieron las autoridades en fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, las cuales concluyeron con la resolución determinante del crédito fiscal de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

- Por la interposición del juicio de nulidad del demandante en contra del crédito fiscal en mención, así como del recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de la sentencia dictada en esa instancia, el cual fue desechado y notificado hasta el día diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

- Por las facultades de comprobación que volvió a ejercer el doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, las cuales concluyeron con la resolución impugnada.

De lo anterior se colige que la autoridad demanda manifestó dos causas de suspensión del término de caducidad por las cuales argumentó que no había operado la caducidad, esto es, el ejercicio de las facultades de comprobación y la interposición de los medios de defensa interpuestos por el demandante.

3. La Sala a quo al pronunciarse en relación con el concepto de impugnación en el que la parte actora alegó la caducidad de las facultades de la autoridad, manifestó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

Que se cumplía con lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, para que opere la suspensión de la caducidad, ya que se ejerció la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que mediante oficio 102-A-10-1-2-26235, de veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, se ordenó la práctica de una visita domiciliaria; sin embargo, el octavo párrafo del precepto invocado, condiciona la suspensión a que cada seis meses se levante cuando menos un acta parcial o final o se dicte la resolución definitiva, lo que no sucedió en la especie, por lo que al no cumplirse dicha condición, se debía entender que no hubo suspensión, como el mismo precepto lo establece.

La Sala a quo consideró que lo anterior era así, en virtud de que si con motivo de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden contenida en el oficio 102-A-10-1-2-26235, de veintidós de junio de 1992, se levantó acta parcial de inicio de la misma fecha, conforme el artículo 67, párrafo octavo, se debió levantar cuando menos un acta parcial cada seis meses, lo que no sucedió en el caso, en razón de que después de iniciada la visita domiciliaria en la fecha referida en último término, la siguiente acta se levantó hasta el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, casi once meses después, por lo que no se cumplió la condición establecida en el precepto en comentario y por lo tanto se entiende que no hubo suspensión.

En ese orden de ideas, la Sala a quo consideró que como las facultades de comprobación derivadas de la orden de visita de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, no suspendieron el plazo de caducidad, a la fecha de emisión de la diversa orden de visita domiciliaria RIF150011/98, ya habían caducado las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios así como para imponer sanciones por los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y noventa y uno, y por el periodo del uno de enero al veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, toda vez que a esa fecha ya había transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 67 multicitado.

De un análisis comparativo de los antecedentes reseñados con antelación, se colige que la Sala a quo omitió pronunciarse con relación a los argumentos que esgrimió la demandada, en el sentido de que la interposición de los medios de defensa interpuestos por el demandante habían suspendido el término de la caducidad lo que hacía que ésta, no se actualizara, pues de la parte considerativa de la sentencia que se revisa, se evidencia que la Sala a quo se limita a manifestar que, como las facultades de comprobación ejercidas al amparo de la orden de visita de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, no suspendieron el término de cinco años, ya habían caducado las facultades de la autoridad; sin embargo, omite hacer pronunciamiento alguno con relación al argumento de la demandada antes destacado, con el que pretendía desvirtuar la pretensión del demandante en el sentido de que ya habían caducado las facultades de la autoridad fiscal.

Lo anterior permite advertir que el agravio que esgrime la autoridad recurrente es sustancialmente fundado, en virtud de que al estar encaminados los argumentos de la demandada que omitió analizar la Sala a quo, a desvirtuar el concepto de impugnación que estimó fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, debe considerarse que dichos planteamientos se encuentran vinculados con la pretensión de la parte actora y, por tanto, que la Sala Fiscal del conocimiento se encontraba obligada a analizarlos, pues como se destacó al inicio de este considerando, de conformidad con lo previsto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de resolver la cuestión efectivamente hecha valer por los interesados, debe ocuparse de los argumentos vinculados con la pretensión del actor, lo que, como se destacó con antelación, en la especie no aconteció.

En consecuencia, al asistirle razón a la autoridad recurrente en el agravio en estudio, lo conducente es declarar fundado el presente recurso para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución recurrida y emita otra en la que estudie los planteamientos hechos valer por la autoridad aquí recurrente, en lo relativo a la caducidad de las facultades fiscales para emitir la resolución impugnada.

Atento a la conclusión alcanzada resulta innecesario examinar los restantes argumentos hechos valer por la autoridad recurrente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha por improcedente el recurso intentado por el administrador local Jurídico del Oriente del Distrito Federal en representación del presidente del Servicio de Administración Tributaria, en términos de lo dispuesto en el considerando segundo de este fallo.

SEGUNDO.-Es procedente y fundado el recurso de revisión intentado por el administrador local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del administrador local de Auditoría Fiscal número 61 de Naucalpan, en contra de la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil dos, por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 10529/99-11-02-7.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidenta Rosalba Becerril Velázquez, ponente Luz Cueto Martínez y Jorge Arturo Camero Ocampo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18326-e38f17e1/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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