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Modo: Corpus Pro

ACTA DE IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LA INVALIDEZ DE UN CERTIFICADO DE ORIGEN. INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PLENARIA P./J. 4/2010 (*).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2013. · Registro digital (IUS): 24570
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, NOVENO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Pág. 1051.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, NOVENO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARTHA ELBA DE LA CONCEPCIÓN HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente reseñar los antecedentes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.

I. a) Los antecedentes relevantes de la revisión fiscal número RF. 327/2012 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:

• Una persona física demandó la nulidad de la resolución que confirmó la diversa en la cual se determinó un crédito fiscal; la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución combatida al considerar que en atención al principio de control difuso de constitucionalidad el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el cual se sustentó el procedimiento de la resolución recurrida, transgredía los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, ya que no prevé un plazo para que la autoridad aduanera, una vez que conozca del resultado del procedimiento de verificación de mercancías, formule y notifique el acta de hechos y omisiones.

• Esta consideración la sustentó en la jurisprudencia número P./J. 4/2010 la cual declaró la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera al no prever un plazo para emitir el acta de hechos y omisiones de mercancías de difícil identificación; por lo que al advertir que el mismo precepto legal adolece del mismo vicio de ilegalidad en cuanto no prevé un plazo cierto para que la autoridad aduanera una vez que conozca el resultado del procedimiento de verificación de origen, formule y notifique el acta de hechos y omisiones, motivo por el cual determinó desaplicar el precepto.

• En contra de esta determinación la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, en cuyos agravios adujo que la Sala responsable varió la litis pues el actor no argumentó que el artículo 152 de la Ley Aduanera transgredía los principios de seguridad y certeza jurídica, al no establecer un plazo para que la autoridad, una vez que concluyera el procedimiento de verificación sustanciado por la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior, formulara y notificara el acta de hechos y omisiones, sino que su planteamiento consistió en que el acto era ilegal al apoyarse en el artículo 152 citado que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Asimismo, consideró que la jurisprudencia P./J. 4/2010, no es aplicable ya que se refiere a mercancías de difícil identificación y en el caso no se está frente a ese supuesto. Estimó incorrecta la determinación de que la Sala responsable realizara control de constitucionalidad pues dicho principio le corresponde a los órganos del Poder Judicial; además, señala que la Sala realizó un análisis de constitucionalidad y no de convencionalidad.

• El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró inoperantes los agravios pues la Sala sustentó su resolución en diversas consideraciones y la autoridad recurrente únicamente combate lo referente a que fue incorrecto que se realizara el control de constitucionalidad del artículo 152 de la Ley Aduanera sin combatir las consideraciones por las cuales estimó que era aplicable la jurisprudencia número P./J. 4/2010. Por tales motivos, declaró infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto.

I. b) Los antecedentes relevantes de la revisión fiscal número RF. 449/2012 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:

• Una persona moral importó al país diversa mercancía, por conducto de su agente aduanal, la cual fue declarada como originaria de los Estados Unidos de Norteamérica.

• La Administración Central de Contabilidad y Glosa, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, al revisar los pedimentos de importación correspondiente y la documentación anexa, advirtió que la mercancía fue introducida acogiéndose al TLCAN, con el fin de aplicar el trato preferencial y quedar exento del pago del impuesto general de importación y derecho de trámite aduanero. Por tal motivo, solicitó a la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior verificar la validez de los certificados de origen.

• Esta última autoridad inició al exportador el procedimiento de verificación de origen, de conformidad con lo previsto en los artículos 505 y 506 del TLCAN y 39 de la resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del TLCAN y, en su oportunidad dictó sendas resoluciones definitivas en materia de verificación de origen, que declararon la invalidez de los certificados de origen presentados a despacho aduanero, contenidas en los oficios de fechas veintitrés de octubre de dos mil ocho y veinticinco de mayo de dos mil nueve.

El trece de diciembre de dos mil diez, la Administración Central de Contabilidad y Glosa, con fundamento en el artículo 152 de la Ley Aduanera, levantó acta de hechos y omisiones en la que hizo constar las irregularidades advertidas, la que se notificó a la contribuyente el once de enero de dos mil once.

Mediante oficio de diecinueve de mayo de dos mil doce, el administrador de contabilidad y glosa "1", en suplencia del administrador central de contabilidad y glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria emitió resolución que determinó un crédito fiscal, por concepto de omisión en el entero de impuesto general de importación, cuota compensatoria, derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multa.

Inconforme con esa resolución, la persona moral mencionada demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Superior la que, en su oportunidad dictó sentencia, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada. En la parte considerativa de esa sentencia, la juzgadora determinó en lo que interesa a este estudio, lo siguiente:

• La litis se constreñía a determinar si la autoridad demandada estaba jurídicamente obligada a levantar y notificar el acta de hechos u omisiones prevista en el artículo 152 de la Ley Aduanera, al momento en que tuvo conocimiento de las irregularidades que se le dieron a conocer, al concluir los procedimientos de verificación de origen instaurados a las actoras, y si el mencionado precepto legal prevé la existencia de un plazo cierto para que, una vez que la autoridad aduanera tuviera conocimiento de la resolución dictada en el procedimiento de verificación de origen, levantara el acta de hechos u omisiones.

• El procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera afecta a la actora, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 4/2010, de rubro: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", en la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa disposición legal, al no prever el momento en que se deberá levantar y notificar legalmente el acta de irregularidades, hechos y omisiones, es inconstitucional, ya que no establece un límite de actuación de la autoridad aduanera, lo que le permite la posibilidad de decidir a su arbitrio, además de dejar en incertidumbre sobre la situación que guarda la importación que realizó de las mercancías.

Inconforme con esa sentencia, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el jefe del Servicio de Administración Tributaria y las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión fiscal, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que declaró infundado el recurso de revisión de acuerdo con las consideraciones que, en la parte que interesa, sostienen:

• El artículo 152 de la Ley Aduanera es aplicable a los casos en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, imposición de sanciones, sin embargar mercancías por no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 151 del mismo ordenamiento legal, por lo que tampoco es aplicable al procedimiento previsto en el numeral 150 de dicha normatividad.

• El procedimiento de verificación de origen tiene sus reglas, entre otros, en el artículo 506 del TLCAN y las reglas 1, 17, fracción I, 20, 42 y 69, fracción I, de la resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado internacional; en el punto 11 del citado artículo 506, se establece que cada una de las partes dispondrá que cuando determinen que cierto bien importado a su territorio no califica como originario de acuerdo con la clasificación arancelaria o con el valor aplicado por la parte a uno o más materiales utilizados en la producción del bien, y ello difiera de la clasificación arancelaria o del valor aplicado a los materiales por la parte de cuyo territorio se ha exportado, la resolución de esa parte no surtirá efectos hasta que la notifique por escrito, tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara.

• Si una vez realizado el examen del pedimento y de las documentales anexas, se determinan irregularidades, deberá notificarse esa determinación al importador y a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara, es decir, deberá levantar un acta o escrito en que consigne tales irregularidades (acta de hechos u omisiones). La notificación de ese documento da inicio al procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, al que puede comparecer el interesado a defenderse a través del ofrecimiento de pruebas y la formulación de alegatos.

• La notificación del acta de irregularidades tiene relevancia, porque de ese resultado puede derivar la determinación de contribuciones, aprovechamientos y accesorios omitidos, la imposición de sanciones y, en su caso, la aplicación de cuotas compensatorias y establecer en cantidad líquida el monto correspondiente.

• El artículo 152 de la Ley Aduanera no pone límite temporal a la autoridad para que haga del conocimiento del particular el resultado de la revisión documental obtenido con motivo de la sustanciación del procedimiento de verificación de origen previsto en el artículo 506 del TLCAN, sin que pase inadvertido que este procedimiento es un acto previo al inicio del diverso previsto en el mencionado artículo 152, ya que durante su desahogo no se determina la existencia de alguna irregularidad de las documentales presentadas que dé lugar a su trámite.

• Por las razones señaladas, el Tribunal Colegiado estimó apegada a derecho la consideración de la Sala Superior responsable, que estimó aplicable por analogía la jurisprudencia plenaria P./J. 4/2010, ya que el artículo 152 no establece límite temporal desde el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad, para revisar la documentación respectiva hasta que se determina la existencia de omisiones o irregularidades.

• El conocimiento del resultado de la revisión de las documentales respectivas y la determinación de la existencia de irregularidades u omisiones, adquiere importancia para el gobernado, porque equivale a conocer su situación frente a la autoridad aduanera y, en caso necesario, le da la posibilidad de preparar y ofrecer sus pruebas.

• No pasa inadvertido que mientras no se notifique al particular el acta de irregularidades no inicia el procedimiento aduanero; sin embargo, esta circunstancia es insuficiente para desvirtuar el hecho de que la falta de plazo para que se den a conocer las irregularidades detectadas atenten contra el derecho fundamental de seguridad jurídica.

• De acuerdo con lo expuesto, se estimó correcta la determinación adoptada por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de desaplicar el artículo 152 de la Ley Aduanera y, por tanto, de declarar la nulidad de la resolución impugnada.

I. c) El criterio arriba reseñado se reiteró en la revisión fiscal RF. 438/2012.

II. a) Los antecedentes relevantes de la revisión fiscal número RF. 340/2012 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:

• Una persona física importó al país diversa mercancía, por conducto de su agente aduanal, activando el mecanismo de selección automatizado de conformidad con el artículo 43 de la Ley Aduanera.

• La Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento entre otros en los artículos 1 y 144, fracciones II, XV, XVI y XXXII, 46 y 152 de la Ley Aduanera, procedió a la revisión legal y aritmética del pedimento presentado por la actora, así como de la documentación anexa, en términos del artículo 36, fracción I, de la Ley Aduanera, observando que la mercancía fue importada al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la finalidad de aplicar "trato arancelario preferencial", adjuntando copia simple del certificado de origen presuntamente expedido por la proveedora.

• En ejercicio de las facultades de comprobación la Administración Central de Contabilidad y Glosa, con fecha diez de julio de dos mil ocho, solicitó a la Administración Central de Investigación Aduanera que se verificara la veracidad y autenticidad de las facturas y certificados de origen, emitidos por el proveedor, en términos de los artículos 506 y 514 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en relación con la regla 39 de la resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del citado tratado.

• Mediante oficio de siete de abril de dos mil diez, la Administración Central de Investigación Aduanera remitió a la Administración Central de Contabilidad y Glosa el oficio emitido el dieciocho de enero del citado año por la Administración Central de Planeación y Programación de la Administración General de Grandes Contribuyentes, al que anexó el oficio de cinco de marzo de esa anualidad, por la que la Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior informó el resultado del procedimiento de verificación de origen instaurado a la empresa proveedora, en la cual se determinó que los bienes objeto de verificación no son originarios, por lo que los certificados de origen mencionados no son válidos y por tanto no era procedente el "trato arancelario preferencial".

• Por tal motivo, y de conformidad con diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el artículo 152 de la Ley Aduanera, la Administración Central de Contabilidad y Glosa emitió el "escrito de hechos y omisiones", el cual se notificó a la contribuyente importadora el veintinueve de julio siguiente, mediante el cual se presumió que ésta omitió, respecto de las mercancías importadas, el pago de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, cuota compensatoria e impuesto al valor agregado, y se le otorgó un plazo de diez días para que ofreciera pruebas y alegatos que a su derecho conviniera. El referido escrito se notificó también al agente aduanal.

El treinta de septiembre de dos mil diez el administrador central de contabilidad y glosa del Servicio de Administración Tributaria, negó el trato arancelario preferencial, y se determinó a su cargo un crédito fiscal.

No conforme con esa determinación la importadora (contribuyente) interpuso recurso administrativo de revocación, que confirmó la resolución impugnada.

Inconforme con esa resolución, la contribuyente demandó su nulidad ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual en su oportunidad dictó resolución que declaró la nulidad de la resolución impugnada, con apoyo en la jurisprudencia plenaria P./J. 4/2010, que declaró inconstitucional el artículo 152 de la Ley Aduanera, porque no establece un plazo cierto para que la autoridad levante el acta de hechos u omisiones tratándose de mercancías de difícil identificación. Por tal motivo, determinó inaplicar ese precepto legal en beneficio del demandante.

En contra de esa resolución, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión fiscal, del que tocó conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual en su oportunidad dictó sentencia que declaró infundado el recurso de revisión fiscal, con base en las consideraciones que en esencia señalan:

• El artículo 152 de la Ley Aduanera es aplicable en aquellos casos en que proceda determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, imposición de sanciones, sin embargar mercancías por no ubicarse en los supuestos del artículo 151 de la misma ley.

• Conforme al segundo párrafo del artículo 152 de la Ley Aduanera se establece la obligación de la autoridad aduanera de dar a conocer, mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones; sin embargo, no establece el momento en que debe levantarse el acta de irregularidades.

• Que para estar en posibilidad de detectar irregularidades tratándose de las mercancías amparadas por un certificado de origen se requiere iniciar el procedimiento de verificación de origen que establecen el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la regla 39 de la resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del aludido tratado; que la resolución que se dicte en ese procedimiento no surtirá efectos hasta que la notifique por escrito tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen.

• Que si una vez realizado el examen del pedimento y de las documentales anexas se determinan irregularidades, deberá levantarse un acta o escrito de irregularidades y notificarse tanto al importador como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara. Con dicha notificación se da inicio al procedimiento aduanero previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el que puede comparecer el interesado a defenderse a través del ofrecimiento de pruebas y la formulación de alegatos.

• En ese tenor, si el artículo 152 de la Ley Aduanera no establece un plazo para que la autoridad dé a conocer el resultado que arrojó la verificación de origen, tal omisión provoca inseguridad jurídica, pues las autoridades aduaneras pueden iniciar el procedimiento aduanero cuando lo determinen, es decir, si no existe un límite temporal desde el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad para revisar la documentación respectiva hasta que se le determina la existencia de omisiones o irregularidades, ello implica que a partir de que la autoridad inicia sus facultades de comprobación para revisar el pedimento y la demás documentación presentada por el particular, éste queda en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, pues no se establece un límite temporal a la autoridad aduanera para dar a conocer las irregularidades que se hayan detectado en el pedimento y demás documentación presentada por el particular.

• Por tales razones, el Tribunal Colegiado concluyó que la norma permite que la autoridad actúe con arbitrariedad al escoger, bajo el criterio que más le convenga, el momento en el cual desplegar sus facultades de determinación, pudiendo dejar de lado aquel que mejor dé cuenta de los objetivos de la ley.

• Asimismo, señaló que no pasaba inadvertido que mientras no se notifique el acta de irregularidades no inicia el procedimiento en materia aduanera; sin embargo, esta circunstancia es insuficiente para desvirtuar el hecho de que la falta de plazo para que se hagan del conocimiento del particular las irregularidades detectadas le deja en estado de inseguridad jurídica.

• La falta de término legal tiene como consecuencia que el particular carezca de la condición material que le permita ejercer una adecuada defensa de sus intereses dentro del procedimiento aduanero previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, ya que no garantiza el conocimiento oportuno del resultado del análisis de las documentales respectivas, y las irregularidades que se le imputan, de manera que pueda allegarse de los elementos necesarios para desvirtuarlas.

• No debe perderse de vista el hecho de que los plazos para que las autoridades ejerzan sus atribuciones tienen como finalidad proscribir la arbitrariedad, contraria a la seguridad jurídica de que deben gozar los gobernados, pues tales plazos impiden que las autoridades determinen el momento en el cual desplegar sus facultades, atendiendo al criterio que más le convenga.

• Por los motivos expresados, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó correcta la determinación adoptada por la Sala juzgadora, de desaplicar en ese asunto el artículo 152 de la Ley Aduanera, invocando en apoyo de esa determinación la jurisprudencia plenaria P./J. 4/2010.

II. b) En similares términos resolvió la revisión fiscal 327/2012.

III. a) Los antecedentes relevantes de la revisión fiscal número RF. 448/2012 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:

• La autoridad aduanera inició procedimientos de verificación de origen con los productores y/o exportadores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los que resolvió que los bienes objeto de verificación no son originarios y que los certificados de origen expedidos no son válidos. Con tal motivo, la indicada autoridad dictó las correspondientes resoluciones de fechas doce de octubre de dos mil siete, veintinueve de mayo de dos mil ocho, veinticinco de mayo y veintidós de junio de dos mil diez; luego se dictó el escrito de hechos y omisiones, el cual se notificó a la importadora contribuyente el diez de septiembre de dos mil diez, lo que dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera y, en su oportunidad, el administrador central de contabilidad y glosa determinó un crédito fiscal a cargo de la mencionada contribuyente.

• Inconforme con esa resolución, la afectada interpuso demanda de nulidad, de la que tocó conocer a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que en su oportunidad dictó sentencia que declaró la nulidad lisa y llana del citado acto administrativo, con base en las consideraciones que en la parte que interesa señalan:

• La autoridad aduanera no cumplió con los principios de celeridad y seguridad jurídica que rigen la actividad administrativa, porque no notificó de manera inmediata a la actora el escrito de hechos y omisiones, en el que se hicieron constar las irregularidades que se determinaron con motivo de los procedimientos de verificación de origen, por ende, esa actuación violó el principio de inmediatez que rige en todos los actos de molestia, ya que la autoridad al tener conocimiento de las irregularidades debió emitir de inmediato ese escrito y no dejar a su arbitrio su emisión.

• Señaló que lo antes expuesto se corrobora con lo establecido en la jurisprudencia plenaria P./J. 4/2010, en el sentido de que el artículo 152 de la Ley Aduanera, al no prever el momento en que se debe levantar el escrito de hechos y omisiones es inconstitucional, pues no establece un límite de actuación de la autoridad aduanera.

En contra de esa sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se declaró fundado y revocó la sentencia recurrida. En la parte considerativa de esa sentencia se determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

• Cuando se realiza el acto material de reconocimiento aduanero (primero y segundo) y se advierte alguna irregularidad ante quien presenta las mercancías para su despacho aduanal, el acta de irregularidades debe levantarse en el mismo momento de la diligencia, atendiendo al principio de inmediatez, invocando en apoyo de esa consideración la jurisprudencia 2a./J. 39/2006, de rubro: "ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL."

• Dentro del reconocimiento aduanero se presenta un supuesto en el que la autoridad advierte que la mercancía es de difícil identificación, caso en el cual, la autoridad fiscalizadora procede a tomar las muestras con la finalidad de analizarlas y estar en aptitud de verificar la existencia de diferencias entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada.

Respecto de este supuesto, invocó la jurisprudencia plenaria P./J. 4/2010, cuyo rubro es el siguiente: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."

• Tratándose de la verificación de mercancías en transporte, la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 173/2008-SS sostuvo que si bien al realizar dicha verificación no es posible realizar un reconocimiento detallado para determinar la existencia de irregularidades que ameriten el inicio del procedimiento aduanero respectivo, porque es necesario trasladar las mercancías hasta un lugar adecuado, la autoridad debe levantar un acta en el momento de la diligencia en la que se hagan constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que suceden los hechos y, sin perjuicio de dicha actuación, a la brevedad posible y justificable debe proceder a la inspección correspondiente a efecto de levantar el acta de hechos y omisiones respectiva, atendiendo también al principio de inmediatez. De ese criterio derivó la jurisprudencia 2a./J. 197/2008, de rubro: "VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSPORTE EN MATERIA ADUANERA. SI LA AUTORIDAD DECIDE TRASLADARLAS A DETERMINADO LUGAR PARA UN MINUCIOSO RECONOCIMIENTO, DEBE LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA AL MOMENTO EN QUE AQUELLA SE PRACTIQUE."

• Deriva de lo anterior que en los casos en que se hubiese realizado un reconocimiento aduanero, un segundo reconocimiento o la verificación de mercancía en transporte, la autoridad debe levantar el acta de irregularidades en el momento mismo en que las advierte, atendiendo al principio de inmediatez. Ello se justifica porque si durante la propia diligencia de reconocimiento o verificación de mercancías en transporte la autoridad tiene conocimiento de hechos que pudieran provocar la omisión en el pago de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de una multa, no se justificaría que aplazara indefinidamente el levantamiento del acta y su notificación al gobernado.

• Sin embargo, tratándose de la revisión de documentos en el despacho aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación a través de la revisión de pedimentos de importación y de la documentación anexada a los mismos, la autoridad no advierte las irregularidades como sucede en el reconocimiento aduanero o la verificación de las mercancías en transporte, es decir, en el momento mismo de su diligenciación, sino que ello ocurre con posterioridad, o al margen de ello, puede suceder que la mercancía no haya sido sometida a reconocimiento aduanero o a una verificación de mercancía en transporte y, por ende, la autoridad no pudo advertir irregularidades en la importación, lo cual no le impide realizar con posterioridad la revisión de los documentos a partir de los cuales se haya realizado esta última o ejercer las facultades para comprobar que la mercancía haya sido importada conforme a las normas legales respectivas, lo cual encuentra sustento en el artículo 43, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera.

• Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que tratándose de la revisión de documentos presentados durante el despacho o el ejercicio de las facultades de comprobación, no rige el principio de inmediatez, porque la autoridad advierte las irregularidades, sólo una vez que ha revisado la documentación que en su momento fue presentada para el despacho o que es objeto del ejercicio de las facultades de comprobación.

• En el caso a estudio se advierte que el procedimiento aduanero en que se dictó la resolución impugnada en el juicio fiscal inició por el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora que procedió al análisis de los pedimentos de importación y de la documentación anexada a éstos.

• Que dicha resolución en su parte conducente dice que la Administración Central de Contabilidad y Glosa, dependiente de la Administración General de Aduanas, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios, procedió a la revisión de los pedimentos en estudio, a favor de la importadora, presentados ante el mecanismo de selección automatizado, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Aduanera.

• Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado det

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24570-c61e0514/acta-de-irregularidades-derivadas-de-la-invalidez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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