VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2010 (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 27 DE ENERO DE 2012).
REVISIÓN FISCAL 441/2012. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "5" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LO CONTENCIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, ADMINISTRADOR CENTRAL DE CONTABILIDAD Y GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS. 17 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ. SECRETARIA: SHIRLEY MONROY BENÍTEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Dada su estrecha relación, se analizan en conjunto los agravios primero, segundo y tercero que expone la autoridad recurrente.
Sostiene en el primer agravio la inconforme, que se viola lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la Sala realiza el estudio de oficio de argumentos que no fueron planteados por la actora, violando el principio de congruencia, al realizar el análisis del control difuso de la constitucionalidad de una norma, lo que es ilegal porque no se hizo valer y esto no debe ser irrestricto, pues conforme al citado precepto, está supeditado al estudio de los argumentos expresados en contra de la legalidad del acto impugnado, cuando el demandante manifieste violación a dichos derechos humanos.
En el agravio segundo, la autoridad recurrente alega que es ilegal la sentencia recurrida al aplicar las tesis aisladas emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas como: P. LXVII/2011 (9a.), P. LVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.), pues el control de convencionalidad difuso que analizó no es aplicable al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que ello corresponde al Poder Judicial de la Federación, tal como se advierte de la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso **********, en el que se aborda el tema del control de convencionalidad.
Que es el Poder Judicial de la Federación quien debe ejercer el control de convencionalidad ex officio; mandato que obviamente no puede ni debe entenderse aplicable a otras autoridades que no formen parte de dicho poder.
Asimismo, agrega que la Sala infringe el principio de división de poderes al ejercer funciones propias del Poder Judicial de la Federación, violando con ello lo dispuesto por los artículos 103, 104 y 107 constitucionales, lo que excede sus facultades al analizar un precepto y declarar su inaplicación bajo la consideración de que es contrario a la Constitución, cuando lo cierto es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de esa atribución, pues sólo está facultado para dejar de aplicar una norma jurídica cuando ésta es inconstitucional y exista jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, por lo que el tribunal administrativo no puede aplicar el control de convencionalidad ex officio.
En el mismo sentido, precisa la recurrente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de legalidad y que, por ello, no puede extralimitarse en sus facultades, ya que sólo tiene atribuciones para verificar la legalidad de un acto administrativo, pero no para realizar el control de convencionalidad ex officio, ya que los artículos 103, 104 y 107 constitucionales, se encuentran contenidos en la Carta Magna, bajo el rubro capítulo IV: "Del Poder Judicial", lo que indica que tal cuestión sólo está reservada para el Poder Judicial Federal y no para el tribunal administrativo que no pertenece a dicho poder.
Asimismo, la autoridad recurrente invoca como sustento de sus afirmaciones, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, bajo el rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."
Agrega la recurrente que el término "inaplicar", tratándose de autoridades del orden administrativo, debe interpretarse como la posibilidad de que la autoridad deje de aplicar una o varias normas que rijan su actuación en el ámbito de sus respectivas competencias; esto es, el tribunal administrativo tendría la facultad de inaplicar algún precepto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o de su ley orgánica, pero no como en el caso, que la Sala inaplicó un precepto de la Ley Aduanera, ya que está ley no rige sus funciones.
Argumenta que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no está inaplicando un precepto sino declarándolo inconstitucional, lo que es ilegal, pues no existe precepto legal que lo faculte a analizar la constitucionalidad de las leyes y actos emitidos por la autoridad administrativa o legislativa.
En el tercer agravio argumenta la autoridad recurrente que, conforme a la división de poderes, el Poder Judicial es el encargado de vigilar la observancia de ésta, teniendo a su cargo enjuiciar la función legislativa a través de la norma secundaria, así como determinar si las normas secundarias son contrarias a la Ley Fundamental y, en su caso, apartarlas de la esfera jurídica del particular; por ello, asevera que de acuerdo al sistema de competencias, se puede afirmar que facultar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para analizar la actuación del Poder Legislativo, sería violar la Constitución, pues ello lesionaría el principio de separación de poderes; por lo que no es viable que los Jueces ordinarios en materia administración controlen la actuación del Poder Legislativo.
Agrega que los tribunales contenciosos se establecieron para ejercer un control de legalidad y no de la actuación del Poder Legislativo (inaplicación de la norma), pensar de otra forma equivaldría a quebrantar el mandato contenido en el artículo 49 constitucional, que delimita la existencia de los Poderes de la Unión.
Señala que la atribución para las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de desaplicar leyes a casos concretos, tendría que establecerse de manera expresa en el texto constitucional, ya que el reconocimiento de esta competencia no puede ser otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisa la recurrente que el criterio contenido en las tesis P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), que se emitieron con motivo de la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, dictada en el expediente varios 912/2010, no son obligatorias para las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tampoco para los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que el artículo 94 constitucional prevé la forma en que la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es obligatoria y, en el caso, se trata de tesis aisladas.
Señala que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis en el sentido de que el control difuso de la constitucionalidad de leyes si está permitido en nuestro sistema jurídico, son tesis aisladas, las cuales no son obligatorias.
Que, en todo caso, la aplicación de este sistema no es irrestricta, sino que debe seguir el orden expresamente establecido por el Máximo Tribunal, pues de acuerdo a la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, dictada en el expediente varios 912/2012, esta atribución no es categórica, sino que en todo caso debe seguir el orden expresamente establecido por el Más Alto Tribunal de nuestro País.
Asegura la recurrente que únicamente sería procedente la inaplicación de la ley, después de que la Sala hubiere llevado a cabo las alternativas de interpretación en sentido amplio y en sentido estricto, y no obstante esos métodos, aún subsistiera la afectación a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Esto es, debe darse preferencia a la interpretación de la ley, antes que decidir inaplicar una norma, por lo que es indudable que si la Sala Fiscal decide no aplicar un precepto, deben constar en su fallo, de forma fundada y motivada, los argumentos conforme a los cuales se haga evidente que, primero realizó la interpretación de ley debida y que no obstante ello, aún se continuaban afectando los derechos humanos del particular, de forma que no tuvo otra alternativa que inaplicar una norma secundaria para asegurar la primacía constitucional.
Los agravios sintetizados son infundados.
Con el propósito de resolver los argumentos anteriores, se estima conveniente reproducir el contenido de la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el asunto varios 912/2010, de catorce de julio de dos mil once, así como las tesis aisladas que derivaron de dicho asunto:
"II. CONSIDERANDO: ... 11. SEGUNDO. Consideración toral de lo resuelto por este Tribunal Pleno. La resolución dictada en el expediente varios 489/2010 por este Tribunal Pleno, en su sesión pública correspondiente al siete de septiembre de dos mil diez, determinó medularmente que: o Debe emitirse una declaración acerca de la posible participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ‘Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos’. ... 19. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio. 20. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, donde establece que: ‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’. 21. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso, a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. 22. SEXTO. Obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial. Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ‘Caso Rosendo Radilla’, resultan las siguientes obligaciones para el Poder Judicial como parte del Estado Mexicano, aclarando que aquí únicamente se identifican de manera enunciativa y serán desarrolladas en los considerandos subsecuentes: A) Los Jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. B) Deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos. C) El Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana en el ‘Caso Radilla Pacheco’. 23. SÉPTIMO. Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Una vez que hemos dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado Mexicano haya sido parte son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos, hay que pronunciarnos sobre lo previsto en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana, que establece lo siguiente: ‘339. En relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.’. 24. Lo conducente ahora es determinar si el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio y cómo es que debe realizarse este control, ya que en cada Estado se tendrá que adecuar al modelo de control de constitucionalidad existente. 25. En este sentido, en el caso mexicano se presenta una situación peculiar, ya que hasta ahora y derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de constitucionalidad se ha ejercido de manera exclusiva por el Poder Judicial federal mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad. De manera expresa, a estos medios de control se adicionó el que realiza el tribunal electoral mediante reforma constitucional de primero de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución Federal, otorgándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia contrarias a la Constitución. Así, la determinación de si en México ha operado un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún momento, no ha dependido directamente de una disposición constitucional clara sino que, durante el tiempo, ha resultado de distintas construcciones jurisprudenciales.(3)-26. En otro aspecto, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ...’. 27. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. 28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.(4)-29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. 30. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial. 31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: o Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. o Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.(5)-o Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. 32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. 33. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos: A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. 34. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. 35. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas. 36. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema que, como hemos visto, es concentrado en una parte y difuso en otra y que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Puede haber ejemplos de casos de inaplicación que no sean revisables en las vías directas o concentradas de control, pero esto no hace inviable la otra vertiente del modelo general. Provoca que durante su operación, la misma Suprema Corte y el legislador revisen, respectivamente, los criterios y normas que establecen las condiciones de procedencia en las vías directas de control para procesos específicos y evalúen puntualmente la necesidad de su modificación (véase el modelo siguiente). (inserta modelo) 37. OCTAVO. Restricción interpretativa del fuero militar. En cuanto a las medidas específicas a cargo del Estado Mexicano contenidas en la sentencia aquí analizada, cabe señalar que en sus párrafos 337 a 342, se vincula al Estado Mexicano a realizar diversas reformas legales para restringir el fuero militar para juzgar a elementos de las Fuerzas Armadas en activo sólo por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, y en los párrafos 272 a 277 se proporcionan las consideraciones relativas, por lo que es necesario reproducir su contenido: (se transcribe). 38. Aunque el primer grupo de párrafos (337 a 342) se titula ‘C2. Reformas a disposiciones legales’, ‘i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar’, las cuales pueden ser competencia del Poder de Reforma Constitucional o del Poder Legislativo del Estado Mexicano, lo cierto es que del examen de su contenido se advierte que también le resultan obligaciones al Poder Judicial de la Federación. Particularmente, en el sentido de ejercer un control de constitucionalidad en los términos precisados en el considerando anterior, sobre el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, de modo tal que se estime incompatible con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que a su vez otorga sentido interpretativo al artículo 13 de la Constitución Federal.(6). 39. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no establece la necesidad de modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en términos prácticos, su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en la propia Constitución y el artículo 8.1 de la citada Convención Americana.(7) ... 46. NOVENO. Medidas administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana en el ‘Caso Radilla Pacheco’ que deberá implementar el Poder Judicial de la Federación. Habiendo concluido este Tribunal Pleno que todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado Mexicano sea parte, son vinculantes para el Poder Judicial de la Federación, las medidas a implementar por sus órganos en el ámbito de sus competencias derivadas de la sentencia internacional analizada deberán ser: ... 51. En relación al párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dados los alcances de esta resolución dictada por este Tribunal Pleno, todos los Jueces del Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, están facultados para inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 52. Además, para concretar el efecto anterior, resulta necesario que un Ministro de este Tribunal Pleno solicite, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 197 de la Ley de Amparo, la modificación de la jurisprudencia P./J. 74/99 en la que se interpretó el artículo 133 de la Constitución Federal, en el sentido de que el control difuso de la constitucionalidad de normas generales no está autorizado para todos los Jueces del Estado Mexicano. ..."
De lo reproducido se puede extraer, en principio, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que todas las autoridades del país, de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. constitucional, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
Asimismo, sostuvo que los mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, debían leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
Destacó además, que es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior, precisándose que si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
De tal manera, el Pleno precisó que el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio, en materia de derechos humanos, debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica si no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución, y es parte de la esencia de la función judicial.
El Pleno agregó que este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos:
a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
Agregó que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con un modelo de control de conv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24465-86cd843b/verificacion-de-origen-de-mercancias-importadas-al-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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