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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 557/2011. DIRECTOR DE POLICÍA Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. 14 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: EDUARDO LÓPEZ PÉREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIA: ELSA PATRICIA ESPINOZA SALAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 557/2011. · Registro digital (IUS): 23313
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR DE POLICÍA Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pág. 4520.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Estudio de los agravios. En este apartado, se estudiarán de manera conjunta los agravios planteados tanto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León como por el delegado de las autoridades responsables. Lo anterior, debido a que resultan notoriamente inoperantes.

Resulta preciso aclarar que el secretario del juzgado en funciones de Juez de Distrito concedió al quejoso la protección constitucional, al establecer que las autoridades responsables transgredieron su garantía de audiencia al separarlo de su cargo, empleo o comisión de manera unilateral, sin que existiera un procedimiento en el que se le permitiera ser oído y vencido con anterioridad a la privación de sus derechos laborales.

Sin embargo, al tratarse el quejoso de un miembro de una institución policial, no obstante que su separación fue injustificada, no procedía su reincorporación al servicio; por tanto, el a quo concedió la protección constitucional "... para el efecto de que la autoridad responsable proceda a indemnizarla, así como a pagarle las demás prestaciones a que por ley tenga derecho, de conformidad con lo establecido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional" y específicamente abundó "en la inteligencia de que dicha indemnización deberá estar integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 80, 87 y demás de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por disposición de su artículo 7o. De la misma forma, la indemnización deberá incluir cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se pague la indemnización ..."

En contra de esas consideraciones, el delegado de las autoridades responsables, en el segundo de sus agravios, aduce que el efecto de la sentencia de amparo le causa perjuicio, porque en ella se dijo que el quejoso debía ser liquidado con la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, pero en ningún punto de la sentencia se analiza la situación del quejoso para otorgarle tal beneficio.

Alega que el Juez omitió estudiar que en el primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, se establece que los miembros de las instituciones policiacas se rigen por sus propias leyes, como en el caso lo es la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, que en su artículo 198 Bis 10 señala que los servidores públicos que integran las instituciones policiales que no pertenezcan a la carrera policial, serán considerados como trabajadores de confianza, y éstos gozaran de las prerrogativas que contempla la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Ley Suprema.

Menciona, que si en el caso el quejoso no acreditó haber cumplido con los requisitos de carrera policial, ni acreditó pertenecer a ésta, debió considerársele como personal de confianza conforme al mencionado artículo 198 Bis 10 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, así como el diverso 4o., fracción I, penúltimo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.

Por tal razón, argumenta, lo resuelto por el juzgador de amparo, en cuanto a la indemnización, resulta excesivo e injustificado, pues el quejoso como trabajador de confianza no tiene derecho a la indemnización ni a las demás prestaciones que prevé el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello debía dejarse sin efectos la sentencia recurrida.

No les asiste la razón a las autoridades recurrentes, en atención a que del texto del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, no se advierte que la indemnización y demás prestaciones que está obligado a pagar el Estado a los miembros de las instituciones policiales en caso de que éstos sean separados de sus cargos, con independencia de la causa que diera lugar a dichas bajas, deban ser cubiertos únicamente a los servidores públicos que pertenezcan a la carrera policial, tal como pretende hacerlo valer la disconforme apoyándose en el texto del numeral 198 Bis 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

Esto es así, en tanto que la porción normativa constitucional es clara al señalar que la indemnización y demás prestaciones a que se tenga derecho, serán pagadas por el Estado invariablemente, en tratándose del caso que nos ocupa, a todos los miembros de las instituciones policiales incluyendo a las pertenecientes a los Municipios, cuando sean dados de baja con motivo de la separación de sus cargos por no cumplir con los requisitos para permanecer laborando, o por haber sido removidos al incurrir en alguna responsabilidad al desempeñar sus funciones; esto es, el aludido precepto constitucional no hace distingo alguno en el sentido de que la indemnización y demás prestaciones correspondientes deban ser cubiertos solamente a los servidores públicos que pertenezcan a una carrera policial prevista en leyes secundarias.

En ese mismo contexto, importa señalar además, que la misma Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, invocada por la revisionista, en su artículo 198 Bis 11, prevé que los nombramientos, derechos y obligaciones de carácter laboral de los integrantes de la policía del Estado y de los Municipios, se sujetarán a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de esta ley; a las de esa ley, su reglamento y, en lo no previsto, a lo indicado en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, sin hacer distinción alguna.

Dichos dispositivos, respectivamente, son del tenor literal siguiente:

"Artículo 198 Bis 11. Los nombramientos, derechos y obligaciones de carácter laboral de los integrantes de la policía del Estado y de los Municipios, se sujetarán a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de esta ley, de su reglamento y en lo no previsto, a lo indicado en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

(Reformada, D.O.F. 18 de junio de 2008)

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. ..."

Esto es, no contempla de ningún modo que los servidores públicos que no pertenecen a la carrera policial, no pueden ser considerados en la indemnización a que alude la normativa a que se hace referencia.

En el último de los casos, si se llegase a ponderar la pretensión de la inconforme, en el sentido de que al no acreditarse que la parte quejosa pertenece al sistema policial de carrera, éste debe ser considerado como trabajador de confianza, en nada le ayudaría, pues no sería factible aceptar que ante tal calidad, no tiene derecho a ser indemnizado de conformidad a lo previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, ya que el invocado numeral 198 Bis 11, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, es claro en indicar que los nombramientos, derechos y obligaciones de carácter laboral de todos los integrantes de la policía del Estado y de los Municipios, se sujetaran a lo dispuesto por aquella porción normativa constitucional antes referida, sin excluir como excepción a los servidores públicos que no pertenecen a la carrera policial.

Finalmente, cabe decir que conforme al artículo quinto transitorio, de las reformas por las cuales entró en vigor el régimen laboral del servicio policial de carrera, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de octubre de dos mil diez, que refiere:

"Quinto. El titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, dispondrán de un término de hasta 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes."

El Ejecutivo y los Municipios dispusieron de un lapso de 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes que regulen los requisitos de ingreso y permanencia que la misma ley establece para que, en su caso, los servidores públicos que obtengan y satisfagan tales requisitos ingresen o sean homologados al servicio policial de carrera correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo tercero de los transitorios antes referidos (Tercero. Los servidores públicos que obtengan y satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y demás disposiciones aplicables, ingresarán o serán homologados al Servicio de Carrera Policial, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que les resulten aplicables.), lo cual por sí mismo no está en condiciones de satisfacer a la parte quejosa, en virtud que actualmente se encuentra dado de baja de la institución policial municipal; de ahí lo infundado del segundo agravio.

Por otro lado, en el agravio primero, el delegado de las autoridades responsables se inconforma con los efectos para los que el secretario en funciones de Juez de Distrito otorgó el amparo al quejoso.

Por su parte, la agente del Ministerio Público de la Federación alega que la sentencia del Juez a quo vulnera el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no tomó en cuenta que todo servidor público, conforme al artículo 113 constitucional, está obligado a salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; asimismo -refiere-, en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en Nuevo León, se alude a que los miembros de seguridad pública deben presentar evaluaciones periódicas y permanentes con el objeto de comprobar que cumplen con los aludidos principios, de tal suerte que pueda concluirse que fue voluntad del legislador federal sujetar a ese tipo de servidores públicos a la práctica periódica y permanente de exámenes para verificar el cumplimiento de los principios enunciados, lo que es acorde con el interés que tiene la sociedad en que el servicio de seguridad pública sea prestado con eficacia y con estricto apego a aquellos principios, por lo que el hecho de que el servidor público presente las evaluaciones de control de confianza y de desempeño, tal actuar no implica que vaya a reprobarlos; empero, en el caso, el quejoso no aprobó tales exámenes, por lo que fue separado de su cargo, ya que de lo contrario se seguiría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; que tales exámenes se realizan para garantizar la permanencia de aquellas personas que cumplan con el perfil de policía requerido por la ley, cesando a quienes no acrediten los exámenes, como el toxicológico, cuestión que se hace con el fin de depurar de las instituciones policiacas a los elementos que no reúnen los requisitos para permanecer en la policía del Estado.

En esa parte de la sentencia y en lo que es materia de impugnación, se estableció que la concesión del amparo era para el efecto de que la autoridad responsable proceda a indemnizar al quejoso, así como a pagarle las demás prestaciones a que por ley tuviera derecho, de conformidad con lo establecido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

Sin embargo, se precisó que la indemnización del quejoso debía estar integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 80, 87 y demás de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por disposición de su artículo 7o.

Se añadió que la indemnización debía incluir cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pagara la indemnización respectiva.

Se invocó la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE."

En relación con lo anterior, el delegado de las autoridades recurrentes alega que de conformidad con lo dispuesto por el artículo l23, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, cuando una autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Indica que la indemnización a que hace referencia el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la llamada indemnización constitucional prevista en el propio artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Carta Magna, consistente en tres meses de salario, interpretando tales preceptos de una manera armónica e integral, atendiendo al principio constitucional de su contenido, en este caso, los llamados derechos sociales.

Destaca que de conformidad con la tesis aislada 2a. LIX/2011, el término "y demás prestaciones a que tenga derecho" contenido en la norma constitucional antes citada, no implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos, porque este concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución General de la República, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa.

Reitera que la indemnización a la que está obligada la autoridad responsable a pagar a favor del quejoso, comprende los conceptos siguientes:

1. El monto de tres meses de salario, correspondiente a la época en la que nació el derecho a la indemnización, es decir, el salario que se pagaba al impetrante de garantías en la fecha que fue separado de su puesto de trabajo; y

2. Las demás prestaciones a que tenía derecho como funcionario público de la Secretaría de Seguridad Pública conforme a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León.

Refiere que contrario a lo que se resolvió en la sentencia impugnada, no procede el pago de la indemnización, así como de las demás prestaciones, integrada, entre otros conceptos, por el importe de veinte días por cada año laborado, así como los salarios y emolumentos dejados de percibir desde la fecha de la baja hasta que se pague la indemnización, en términos de lo dispuesto por los artículos 48, 49, 50 y 162 de la Ley Federal del Trabajo, ello en virtud de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa.

En relación con la naturaleza de la relación entre los policías y el Estado, invoca la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 11/94, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", así como la jurisprudencia 1a./J. 107/2010, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CUANDO ALGUNA NORMA CALIFIQUE LABORALMENTE A SUS AGENTES COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA, JURÍDICAMENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA EN SU LITERALIDAD NI PODRÍAN RECONOCERSE ALCANCES PROPIOS DE ESTA CLASE DE TRABAJADORES."

Así, señala que para el efecto de determinar los derechos relativos a las prestaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad, debe atenderse a la naturaleza administrativa especial de la relación existente entre los policías y el Estado, sin que pueda considerarse a aquéllos como trabajadores de confianza, al encontrarse totalmente excluidos del régimen laboral burocrático, además, refirió, debe considerarse que los policías carecen de varios derechos laborales y, entre ellos, el de estabilidad en el empleo.

En relación con la improcedencia del pago de salarios vencidos, invoca la tesis aislada 2a. LIX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS."

Finalmente, alega que no procede el pago del concepto relativo a veinte días de salario por año laborado, con motivo de que no es posible aplicar de manera supletoria el contenido del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, porque además del impedimento derivado de la relación administrativa que el quejoso tenía con la autoridad responsable, existe una imposibilidad jurídica de reinstalar al trabajador en su antiguo empleo, contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal.

En relación con esta última consideración, invoca la jurisprudencia 2a./J. 102/2010, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EN LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE DICTA CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR."

Los agravios son inoperantes por insuficientes para revocar la sentencia que se revisa, con motivo de que las inconformes no controvierten, de manera frontal y directa, la consideración relativa a que en la indemnización del quejoso procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, como ya se señaló, el secretario del juzgado, en funciones de Juez de Distrito, resolvió que la indemnización del quejoso debía integrarse con los conceptos que se establecen en los artículos 49, 50, 80, 87 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento legal que consideró aplicable de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por disposición expresa de su artículo 7o.

Esto es, de acuerdo con lo que resolvió el juzgador, en el cálculo de la indemnización del quejoso, con fundamento en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil, procede aplicar, de manera supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

Esa consideración toral de la sentencia impugnada, no fue controvertida de manera frontal y directa por las autoridades responsables.

Se afirma lo anterior, con motivo de que del análisis de los agravios planteados se advierte que las revisionistas alegan que, en el caso, no procede la reincorporación del quejoso sino solo el pago de su indemnización, conforme al artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Carta Magna, consistente en tres meses de salario, así como el pago de las demás prestaciones a que tenía derecho como funcionario público de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León; que no procede el pago de salarios vencidos ni el pago del importe de veinte días por año, tampoco el pago de los salarios ni emolumentos dejados de percibir desde la fecha de la baja hasta que se pague la indemnización; que la Ley Federal del Trabajo resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa.

En el mismo contexto, alegan que no es posible aplicar de manera supletoria el contenido del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, porque además del impedimento derivado de la relación administrativa que el quejoso tenía con la autoridad responsable, existe la imposibilidad jurídica de reinstalar al trabajador en su antiguo empleo, contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal.

Del análisis de los agravios planteados, se advierte que tanto las autoridades recurrentes como la agente del Ministerio Público de la Federación destacan, tanto la naturaleza administrativa que existe en la relación entre los miembros de las instituciones policiales como el quejoso y el Estado; así como la improcedencia de su reinstalación en caso de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma injustificada de terminación del servicio.

Sin embargo, ningún motivo de inconformidad plantean en cuanto a lo resuelto por el juzgador en el sentido de que la Ley Federal del Trabajo resulta aplicable de manera supletoria por disposición expresa del artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.

En esas condiciones, sin desatender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la naturaleza de la relación entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado es administrativa y no laboral, y que en caso de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma injustificada de terminación del servicio, no procede la reinstalación sino sólo la indemnización; en el caso, los motivos de disenso planteados por las autoridades responsables resultan inoperantes con motivo de que nada alegan en relación con el sustento legal invocado por el juzgador para considerar aplicable de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, al sustentar el a quo la procedencia de la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, en lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, corresponde a las autoridades responsables controvertir esa consideración mediante argumentos tendientes a establecer, en su caso, la improcedencia de la aplicación de este último precepto legal al caso concreto.

De ahí que, al no exponer razonamiento alguno en relación con la inaplicación de lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, que efectivamente establece que la Ley Federal del Trabajo es de aplicación supletoria a ese ordenamiento legal, procede calificar de inoperantes los agravios que se analizan.

En relación con la inoperancia destacada, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 424, Tomo XXX, noviembre de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."

La inoperancia de los agravios se robustece al considerar que la referencia a que en el caso se trata de un asunto de naturaleza administrativa y no laboral, son cuestiones novedosas que las autoridades responsables plantean en esta instancia, pues al rendir sus informes con justificación, tanto el director de la Dirección Administrativa como el director de policía, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (fojas 21 a 27) y la directora de Recursos Humanos (fojas 78 a 82), todas de Escobedo, Nuevo León, alegaron que "... el acto reclamado deviene de la relación laboral existente entre el quejoso y el Gobierno Municipal de General Escobedo, Nuevo León, relación tutelada por la Ley del Servicio Civil ..." (fojas 25 y 81, respectivamente).

En esas condiciones, procede calificar de inoperante, por novedoso, el agravio relativo a que el asunto es de naturaleza administrativa y no laboral, sin desatender la jurisprudencia 2a./J. 189/2009, de rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. PROCEDE SU ESTUDIO SI COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE INTRODUZCAN ARGUMENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN EL INFORME JUSTIFICADO.", porque en el caso no se actualiza el requisito de procedencia para analizar los agravios novedosos, a saber: que mediante los argumentos, aunque resulten novedosos, se controviertan de manera frontal y directa las consideraciones de la sentencia recurrida, pues como ya se destacó, las autoridades recurrentes se abstienen de refutar la consideración consistente en que resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, con fundamento en el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil que ellas invocaron al rendir sus respectivos informes con justificación.

No se desatiende que es cierto lo que señalan las recurrentes, en cuanto a que en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, así como de la interpretación que de dicho precepto constitucional ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas y jurisprudencias que invocan, los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.

Sin embargo, la sentencia del Juez federal no contrarió las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales aludidas, porque en ella no se indica la inaplicabilidad o desatención de tales ordenamientos y normas específicas de organización.

Efectivamente, el secretario en funciones de Juez de Distrito, sin desatender el régimen especial que guardan los miembros de las instituciones policiales consideró, además, que en tratándose de las prestaciones que debían integrar la indemnización del quejoso, específicamente en torno a los tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, así como cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23313-097d838f/amparo-en-revision-557-2011-director-de-policia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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