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Modo: Corpus Pro

POLICÍAS. ANTE LA BAJA DEL SERVICIO PÚBLICO SIN EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PREVIA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES CON EXCEPCIÓN DE LOS SALARIOS CAÍDOS O VENCIDOS, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 224/2015. · Registro digital (IUS): 26486
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2380.

AMPARO EN REVISIÓN 224/2015. 28 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO PRIMERO.-Sistematización de los conceptos de violación.

En el primer agravio de la demanda inicial, el quejoso adujo que le causan agravio los actos de retención, desposesión y suspensión temporal del salario diario, de los bonos de productividad, aportaciones del Infonavit, despensa mensual, del "psaps", prima de antigüedad y prima vacacional, como oficial de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León, al omitir dicho Municipio dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos impugnados carecen de la debida fundamentación y motivación, debiéndose declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los mismos y, por ende, la protección constitucional.

Lo anterior, ya que el Municipio, el presidente, el tesorero, el secretario de Administración y el secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, Nuevo León, le están reteniendo, desposeyendo y suspendiendo provisionalmente su sueldo y demás prestaciones a las que tiene derecho por la prestación de sus servicios como policía de tránsito, desde el día primero de julio de dos mil nueve, sin nunca explicarle las responsables, los motivos, razones y circunstancias que tomaron en cuenta y que los orilló a ello.

Por lo cual procede otorgar la protección constitucional, en razón de que existe una falta de fundamentación y motivación por parte de las autoridades responsables, al dejar de expresar los artículos y argumentos necesarios para tener conocimiento de los elementos considerados en las resoluciones administrativas que se combaten, por lo cual, al no existir éstos, trasciende en una indebida fundamentación y motivación al omitir especificar y aplicar las causas, requisitos y circunstancias que derivan en unos actos que no son exhaustivos ni completos.

En su segundo agravio de la demanda inicial, alega que con la retención de su salario y demás prestaciones, las autoridades responsables le negaron la temporalidad que debe existir para preparar, ofrecer, recibir testigos y demás pruebas como requisito previo a los actos de molestia, transgrediendo los derechos humanos y las garantías individuales de audiencia previa y defensa adecuada y atentando contra las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se llevó a cabo el procedimiento administrativo en donde se le diera a conocer la naturaleza y causa (sic), pudiera ofrecer pruebas, desahogarlas en una audiencia y exponer alegatos.

Por lo cual, al no habérsele hecho del conocimiento dicho procedimiento, viola su garantía de audiencia y, a su vez, la garantía a una defensa adecuada, contenidas en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su único agravio de la primera ampliación de demanda, el quejoso alega que le causa agravio la orden y ejecución de baja, desde el año dos mil nueve, como oficial de tránsito del Municipio de Apodaca, Nuevo León, al omitir las autoridades responsables dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando en su perjuicio las garantías de audiencia previa y defensa adecuada.

Pues las responsables, sin nunca expresar los motivos, lo dieron de baja sin seguirle procedimiento alguno, por lo que las responsables no le dieron la oportunidad de preparar las pruebas tendientes a desvirtuar las causas que le imputaban, transgrediendo así sus garantías de defensa y debido proceso, pues se vieron restringidas aquellas facilidades para aportar, recabar y ofrecer pruebas, violentando así lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.

En su único agravio a la segunda ampliación de demanda, el quejoso adujo que le causa agravio la orden y ejecución de baja desde el nueve de julio de dos mil nueve, pues no se le permitió oponerse a los actos arbitrarios en cumplimiento al artículo 14 constitucional, sin habérsele concedido un tiempo para recabar aquellos instrumentos que considera pertinentes y de su intención, de tal suerte que se le permitiera ser oído en juicio, por lo que no habérsele dado la oportunidad de recabar, preparar y ofrecer pruebas dentro del procedimiento, conlleva una violación directa a las garantías de adecuada defensa y debido proceso.

DÉCIMO SEGUNDO.-Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso son fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.

En principio, resulta oportuno señalar que los conceptos de violación propuestos por el quejoso en su escrito de demanda y ampliaciones a la misma, al estar estrechamente vinculados y por técnica jurídica se procederá a su estudio en forma conjunta, lo anterior con apoyo en el contenido de los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo.

En el caso, el quejoso alega en su demanda de amparo y ampliaciones que las autoridades responsables violan en su perjuicio el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, ya que nunca fue notificado de algún procedimiento instaurado en su contra, por medio del cual se le diera de baja de su cargo como oficial de tránsito, ni la oportunidad, en su caso, de defenderse.

El quejoso acudió al amparo alegando la falta de notificación del procedimiento por medio del cual se le dio de baja como oficial de tránsito, adscrito al Municipio de Apodaca, Nuevo León, además la retención y falta de pago de sus retribuciones salariales por todo ese tiempo desde el dictado de la baja.

Al efecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, como en forma correcta lo determinó el Juez de Distrito, de las pruebas aportadas por ella misma se desvirtuó dicha negativa.

Circunstancia que se encuentra firme al no ser impugnada por la autoridad responsable.

Lo anterior, en razón de que no obstante que negó la existencia de los actos reclamados, adujo que el quejoso había sido dado de baja desde el año dos mil nueve, ofreciendo para acreditar su aseveración la documental en vía de informe, consistente en el oficio dirigido al representante legal del Banco Santander (México), Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, y la inspección ocular en el departamento de Recursos Humanos del Municipio de Apodaca, Nuevo León, desahogada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, el día veintiocho de abril de dos mil catorce.

Ya que al desahogar las referidas probanzas se justificó que, efectivamente, tal como lo dijo la responsable, el quejoso fue dado de baja desde el año dos mil nueve, ya que con la inspección ocular se acreditó que el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León (ahora Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito del Municipio de Apodaca, Nuevo León), ordenó la baja del quejoso en el cargo de oficial de tránsito desde el nueve de julio de dos mil nueve, con motivo de faltas injustificadas.

Así como del informe rendido por el representante legal de Banco Santander, se acreditó que en la cuenta número **********, a favor del quejoso, el último depósito realizado por el Municipio de Apodaca fue el quince de julio de dos mil nueve.

Como se adelantó, el concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, porque la autoridad administrativa no allegó documento alguno que respalde y dé sustento a dicha baja por inacción laboral.

Es decir, de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto no se advierte que la autoridad municipal haya demostrado la baja y el procedimiento correspondientes y, por tanto, haber otorgado al quejoso la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia en contra de la orden de baja, pues ni siquiera abrió procedimiento alguno, ni le corrió traslado del aviso de baja respectivo con las causas imputadas conforme al criterio jurisprudencial; de ahí lo fundado del concepto de violación.

Máxime que, como ya se indicó en párrafos precedentes, en el análisis de la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal, este Tribunal Colegiado estima que ante la negativa del trabajador de que la autoridad administrativa hubiese emitido la baja y el procedimiento correspondiente, constreñía la carga de la prueba a la autoridad de demostrar lo contrario; es decir, era menester que la autoridad administrativa allegara los documentos con los que el servidor público conoció la fecha y causa por la cual se rescindió la relación laboral; por tanto, esa omisión de la autoridad, por sí sola, basta para considerar que el despido fue injustificado.

Ya que, como se vio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la baja de los trabajadores de confianza, el patrón debe dar aviso por escrito de la fecha y causa de la rescisión de la relación laboral pues, de no hacerlo, ese hecho bastará para determinar que fue injustificado el despido.

Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 95/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1181, bajo el número de registro: 172293, de rubro: "TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO."

Ante ello, como ya se vio, si la autoridad en similitud a las consideraciones desarrolladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes citada, no demostró la existencia de un procedimiento previo seguido en forma de juicio, en el que se le hayan respetado al quejoso las formalidades esenciales del procedimiento, que hicieran patente los motivos de su baja.

Por tanto, si ese procedimiento que debió seguir la autoridad municipal tiene sustento en la ley, particularmente en los artículos 198 Bis-30 y 198 Bis-31 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, ya señalados con antelación, donde se encuentra previsto que debe respetarse la garantía de audiencia, y no existe en el particular esa baja, debe reprocharse de injustificada.

Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema del derecho al debido proceso, ha sostenido el criterio de que dentro de las garantías que deben observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, son las que este Alto Tribunal del País ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente.

Agregó que, al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esa Primera Sala como parte de esta formalidad.

Añadió que el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas, independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y, la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 396 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», registro digital: 2005716, que a la letra establece:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."

De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Bajo las anteriores consideraciones, si la autoridad responsable no acreditó haber otorgado al quejoso la oportunidad de ser oído en un procedimiento respecto de la baja de su empleo; es decir, no se le permitió defenderse ofreciendo pruebas y alegatos; por tal motivo, es evidente que las autoridades responsables vulneraron las garantías de audiencia y debido proceso, contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO TERCERO.-Efectos de la concesión. Al quedar comprobado que el acto reclamado es violatorio de las garantías de audiencia y debido proceso, previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que:

Las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, liquiden al quejoso (sic) la indemnización constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo constitucional, que por virtud de dicha orden de baja haya dejado de percibir.

Es de destacar que la indemnización y las prestaciones deben comprender hasta la fecha en que se concretó la baja injustificada; esto es, hasta el nueve de julio de dos mil nueve, en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada.

En efecto, conforme a la constancia allegada como prueba de la intención de la quejosa en su demanda de amparo, que obra agregada a foja 16 del expediente del juicio de amparo, mediante la cual se informa a la institución de crédito Banca Santander Serfín, por parte del C.P. Jesús Héctor Martínez Guajardo, en su calidad de director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, Nuevo León, que la fecha de ingreso del quejoso a dicha institución municipal fue a partir del uno de octubre de dos mil seis.

Dicha constancia es del siguiente tenor:

Ver constancia

Como se ve, se prueba que el ingreso del quejoso a la institución de seguridad, fue el uno de octubre de dos mil seis. Por tanto, el periodo que deberá abarcar la indemnización será desde esa fecha y hasta el nueve de julio de dos mil nueve, que comprenderá, con excepción del salario no devengado y los salarios vencidos o caídos, tres meses de salario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que haya percibido el quejoso por la prestación de sus servicios, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se citan más adelante.

En efecto, como quedó acreditado en autos, conforme a las manifestaciones expresadas por las autoridades municipales responsables, al rendir sus informes justificados, el quejoso causó baja del servicio por faltas injustificadas el nueve de julio de dos mil nueve, dato que, además, quedará constatado y acreditado en la diligencia actuarial, en la inspección ocular desahogada el veintiocho de abril de dos mil catorce, en el domicilio y oficinas de las autoridades responsables del Municipio de Apodaca, Nuevo León, por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, actuación que corre agregada a fojas 84 a 86 del expediente del juicio de amparo 566/2014, acta que es del siguiente contenido:

Ver contenido del acta

Como se observa de la referida diligencia actuarial, el funcionario judicial licenciado **********, hizo constar que al consultar los registros de nómina en el Sistema del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Apodaca, Nuevo León, aparece con estatus de baja el quejoso **********, con fecha del nueve de julio de dos mil nueve, y como motivo de baja faltas injustificadas.

Es decir, la circunstancia de haber sido dado de baja el nueve de julio de dos mil nueve, sin que se le hubiera notificado al quejoso, no implica que deba pagarse hasta el veintiuno de febrero de dos mil catorce, pues es claro que desde el nueve de julio de dos mil nueve dejó de trabajar y su derecho a las prestaciones sólo se patentiza hasta el día en que estuvo realmente laborando. Es decir, ya se indicó, al examinar la causal de improcedencia, que este aviso de baja no fue dado a conocer al quejoso, y que se enteró de él hasta el veintiuno de febrero de dos mil catorce, lo que sirvió para establecer la procedencia del juicio, y sirve también para establecer que realmente no laboró desde el nueve de julio de dos mil nueve. Es decir, dicha precisión es base para contabilizar el periodo de la indemnización excluyendo, por consecuencia, los salarios no devengados, así como los salarios vencidos o caídos, pues respecto de los primeros, como ya se vio, no existe dato de prueba que lleve a considerar que el quejoso haya trabajado realmente en un periodo distinto al ya señalado y, en relación con los segundos, el pago es improcedente en términos de la jurisprudencia 2a./J. 109/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. El enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, contenido en la norma constitucional citada, no implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos porque este concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin embargo, como todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, y que se vinculan al concepto ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, en el supuesto que prevé la norma constitucional."

La determinación de no ordenar el pago de los salarios no devengados hasta que el patrón cumpla con todas las obligaciones relativas a la indemnización, se hace con base al contenido del artículo 27 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, pues establece que el salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados y, por ende, lógico resulta que al no haber acreditado el quejoso que haya desarrollado su actividad como servidor público del Municipio responsable, después del nueve de julio de dos mil nueve, no se justifica que se incluyan en la indemnización respectiva esos conceptos pues, de hacerlo, se desatenderían las normas legales que establecen el pago del salario en retribución de los servicios prestados.

Así es, el artículo 27 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León constituye una norma de excepción a la Ley Federal del Trabajo, aplicable a los trabajadores de los Municipios del Estado, pues dispone, para el pago del salario, la condición de que efectivamente se realicen los servicios prestados, al decir: "El salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados."

En ese sentido, no resulta procedente incluir en la indemnización los salarios no devengados, así como los salarios vencidos o caídos, por el periodo que el quejoso no desempeñó su función como servidor público del ente municipal, ya que su baja quedó materializada el nueve de julio de dos mil nueve.

Sin que con esta determinación se desatiendan las reglas previstas en materia laboral, sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 223, registro digital: 182765, que dice:

"SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. En esa virtud, aun cuando el actor omita demandar el pago de dicha prestación es procedente su pago, pues constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada."

En efecto, en principio, porque la relación contractual que une a este tipo de trabajadores con el Estado (miembros de las corporaciones policiales y de seguridad), como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo que se rigen por sus propias normas internas.

Además porque, en el caso concreto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no contiene como concepto jurídico el de salarios vencidos como parte de la indemnización, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 109/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 616, registro digital: 2001768, que textualmente señala:

"SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. El enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, contenido en la norma constitucional citada, no implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos porque este concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin embargo, como todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, y que se vinculan al concepto ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, en el supuesto que prevé la norma constitucional."

En esos términos, la relación laboral que une a este tipo de trabajadores (miembros de las corporaciones policiales y de seguridad), como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de naturaleza administrativa y se rige por sus propias normas pero, fundamentalmente, en este tipo de casos en los que queda acreditado que la relación laboral quedó acabada desde determinada fecha, y la reclamación de la baja se hace o demanda en una fecha posterior

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26486-2e669fbc/policias-ante-la-baja-del-servicio-publico-sin · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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