PERSONAS MORALES OFICIALES. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO CONTROVIERTEN, EN SU CALIDAD DE PATRONES EQUIPARADOS, LA ORDEN DE RETENER CUOTAS Y ENTREGARLAS A UN SINDICATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA, MARÍA DE LOURDES JUÁREZ SIERRA, CASIMIRO BARRÓN TORRES, LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN, IDALIA PEÑA CRISTO, ANTONIO REBOLLO TORRES, GENARO RIVERA, JORGE VILLALPANDO BRAVO, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, NOÉ HERRERA PEREA, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, JOSÉ GUERRERO LÁSCARES, ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, HÉCTOR PÉREZ PÉREZ Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO. DISIDENTE: MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS. PONENTE: GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIA: MARÍA ESTHER TORRES SALDÍVAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1, 3, 9 y 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis, proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.
TERCERO.-Criterios contendientes. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QT. 31/2015 interpuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto del director general de Servicios Legales, en sesión de veinte de mayo de dos mil quince, en lo conducente, sostuvo:
"QUINTO.-Estudio: El estudio de los motivos de agravio, conduce a determinar lo siguiente.
"Aduce el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que el Juez desechó de plano la demanda de garantías, bajo el argumento de que el quejoso no tenía legitimación para promover el amparo, lo cual afirma, le causa agravio, ya que el Juez de Distrito está facultado para desechar una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entenderse por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’; que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho.
"Agrega que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente demostrado, esto es, que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables.
"Refiere asimismo que el a quo no establece qué parte del escrito examinó a efecto de llegar a su determinación, siendo que el artículo 113 de la Ley de Amparo le obliga a examinar la totalidad del escrito de demanda, sin que hubiera actuado en ese sentido.
"Agrega que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, ya que su pretensión consistió en la emisión de una resolución indebidamente fundada y motivada, que le impone la obligación de retener descuentos de cuotas sindicales de trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, aun cuando entre dichos trabajadores y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no existe relación de carácter laboral, cuando no existe precepto legal que la faculte para ello, siendo indispensable que el Juez, analizara la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo estudiar si el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado.
"Aduce que el objetivo de la demanda de garantías no va encaminada a inconformarse respecto a la creación de un sindicato, a su registro ni con su régimen interno, por lo que los criterios citados por el Juez no resultan suficientes para determinar que el recurrente no tiene legitimación para promover demanda de garantías, pues la pretensión de dicho amparo no se contrapone a criterios que establecen reglas de legitimación.
"Lo anterior es fundado.
"De la resolución recurrida se aprecia que el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal resolvió desechar de plano la demanda de amparo, al considerar notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., ambos de la Ley de Amparo, al estimar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no tiene legitimación para impugnar en vía de amparo indirecto tal decisión.
"Lo anterior es injustificado en atención a que, no pudo actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia como lo señaló el Juez, quien omitió tomar en consideración en su totalidad la demanda de amparo, específicamente en cuanto a las manifestaciones en que el quejoso jefe de Gobierno del Distrito Federal refirió que, con la emisión del acto de molestia, se afectó su esfera jurídica, dado que no existía relación de carácter laboral entre los trabajadores y éste, violentándose su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el acto señalado constituía un acto de molestia al no existir fundamento legal en el que se estableciera que correspondiera al titular de una dependencia diversa a la que prestan sus servicios los trabajadores, realizar la retención y entrega de cuotas sindicales a la organización respectiva; situación que no tomó en cuenta el Juez del conocimiento, pues si en el caso, el jefe de Gobierno del Distrito Federal señaló como acto reclamado: ‘... la resolución de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce emitida por el C. Magistrado presidente y Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente RS. ********** cuaderno, correspondiente a la sección ********** «**********», mediante el cual se ordena notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal para los efectos de la retención y entrega de las cuotas sindicales ...’ (********** del exp. P. **********), no fue para inmiscuirse en las cuestiones sindicales, sino para que el Juez se pronunciara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinación que lo vincula a efectuar descuentos salariales por concepto de cuotas sindicales, sin tener él relación laboral con los afiliados al sindicato a los que alude la propia determinación; circunstancias esas en las cuales no se dan los supuestos previstos en las tesis que el Juez de Distrito invocó.
"Entonces, al no actualizarse el motivo de manifiesta e indudable improcedencia que el Juez invocó para desechar la demanda de amparo, los agravios expuestos resultan fundados y procede declarar fundada la queja a fin de que el Juez, de no encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, admita la demanda.
"Por lo expuesto y fundado se resuelve:
"ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja interpuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, contra la resolución de tres de marzo de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el expediente P. 540/2015, atento a las razones expuestas. ..."
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2015, en sesión de dos de julio de dos mil quince, en lo que interesa, consideró:
"CUARTO.-El estudio de los motivos de agravio conduce a determinar lo siguiente.
"Aduce el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que el Juez desechó de plano la demanda de garantías, bajo el argumento de que el quejoso no tenía legitimación para promover el amparo, lo cual afirma, le causa agravio, ya que el Juez de Distrito está facultado para desechar una demanda de amparo cuando, al examinarla, encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entenderse por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’; que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho.
"Agrega que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, esto es, que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables.
"Refiere asimismo que el a quo no establece qué parte del escrito examinó a efecto de llegar a su determinación, siendo que el artículo 113 de la Ley de Amparo le obliga a examinar la totalidad del escrito de demanda, sin que hubiera actuado en ese sentido.
"Arguye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, ya que su pretensión consistió en la emisión de una resolución indebidamente fundada y motivada, que le impone la obligación de retener descuentos de cuotas sindicales de trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, aun cuando entre dichos trabajadores y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no existe relación de carácter laboral, ni existe precepto legal que la faculte para ello, siendo indispensable que el Juez analizara la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo estudiar si el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado.
"Aduce que el objetivo de la demanda de garantías no va encaminada a inconformarse respecto a la creación de un sindicato, a su registro ni con su régimen interno, por lo que los criterios citados por el Juez no resultan suficientes para determinar que el recurrente no tiene legitimación para promover demanda de garantías, pues la pretensión de dicho amparo no se contrapone a criterios que establecen reglas de legitimación.
"Finalmente, refiere el recurrente que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al determinar desechar la demanda de amparo, ya que el interés jurídico para promoverla, derivaba del hecho de que en la especie no existe la certeza jurídica que efectivamente se trata de trabajadores que deben ser considerados como de base, desempeñando sus funciones a favor del Gobierno del Distrito Federal.
"Lo anterior es infundado.
"Esto es así, en virtud que si bien es cierto que de la resolución recurrida, se aprecia que el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal resolvió desechar de plano la demanda de amparo, al considerar notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., ambos de la Ley de Amparo, al estimar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no tiene legitimación para impugnar en vía de amparo indirecto los acuerdos plenarios, dictados el dos de diciembre de dos mil catorce, en el expediente sindical R.S. ********** cuaderno correspondiente a la sección **********, nueve de diciembre de dos mil catorce, emitido en el expediente sindical R.S. ********** cuaderno correspondiente a la sección **********; veinte de enero de dos mil quince, en el expediente sindical R.S. ********** cuaderno correspondiente a la sección **********; y de veinte de enero de dos mil quince, emitido en el expediente sindical R.S. ********** cuaderno correspondiente a la sección **********, por el que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal para los efectos de la retención y entrega de las cuotas sindicales.
"También lo es que tal determinación es correcta, pues como lo consideró el a quo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como ‘patrón equiparado’, dado que, lo único que se otorga es legitimación para acudir a la vía de amparo a defender los derechos patrimoniales de la dependencia a la que pertenecen, supuesto en el que no encuadró el promovente de amparo.
"En efecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, 5o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley de Amparo, disponen:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada ...’
"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’
"‘Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.’
"‘Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares ...’
"De los artículos antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por lo que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y tratándose de personas morales oficiales podrán ocurrir al juicio constitucional, cuando el acto o la ley que se impugne, afecte sus intereses patrimoniales, como lo señaló el a quo en la sentencia recurrida.
"Ahora bien, contrario a lo que asevera el recurrente, las razones que aduce no actualizan su interés jurídico para promover la demanda de garantías que intentó, pues no debe perderse de vista que el acto reclamado consistió sustancialmente en las resoluciones por las que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal para los efectos de la retención y entrega de las cuotas sindicales al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, evento respecto del cual, como bien lo determinó el Juez de Distrito, el recurrente carece de legitimación para impugnarlo en la vía intentada, debido a que en su carácter de patrón equiparado, en términos de lo que dispone el artículo 133, fracciones V y VII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la de la materia, tiene prohibido intervenir de cualquier forma en el régimen interno de los sindicatos y ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que otorga la ley a los trabajadores, máxime que se trata de un procedimiento administrativo, que tiene por objeto informar a la autoridad laboral los cambios surgidos en la directiva del organismo, lo que significa que dicha determinación vincula únicamente a empleados agremiados y al sindicato como persona moral, pues el hecho que se le notifique al quejoso, hoy recurrente, que debe realizar la retención y entrega de cuotas sindicales a la organización respectiva, no le afecta sus intereses patrimoniales.
"En efecto, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta y expedita por los tribunales establecidos para ello, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna y le sean respetados los derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso; sin embargo, en el caso es incorrecto lo aducido por el quejoso, al señalar que hay afectación a sus derechos patrimoniales, la circunstancia que se le haya notificado al Gobierno del Distrito Federal la orden decretada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los efectos de retener y entregar las cuotas sindicales al sindicato respectivo, pues se reitera la excepción que establece el artículo 7o. de la Ley de Amparo, para que las personas morales oficiales, puedan promover el juicio constitucional, se da cuando el acto o ley que reclamen ‘los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares’, y como se ha visto en el caso, no hay afectación a su patrimonio.
"Se afirma lo anterior, porque el artículo 7o. de la Ley de Amparo, establece que las personas morales públicas podrán solicitar amparo cuando el acto reclamado afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, lo que en el caso no ocurre. Precepto que prevé lo siguiente:
"Artículo en cita que otorga, por excepción, legitimación a las personas morales públicas para promover el juicio de amparo, lo cual está sujeto a dos condiciones:
"a) Que la norma general, el acto o la omisión reclamadas afecten su patrimonio; y
"b) Que la afectación se dé en relaciones jurídicas en las cuales esas personas morales públicas se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; esto es, que no se ubiquen en una condición de supra a subordinación.
"Como se ve, la posibilidad de que las personas morales públicas, acudan al juicio de amparo se encuentra restringida a los supuestos referidos, de ahí que la legitimación de estos entes, para promover el juicio de amparo no posea la misma razón legal que la legitimación reconocida en favor de las personas físicas y morales no públicas, pues mientras para éstas basta reclamar la violación a sus derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, para los entes del Estado, por no ser titulares de derechos humanos, se limita su legitimación a la afectación de su patrimonio, siempre que se dé en una relación jurídica generada en un plano de igualdad con relación a particulares.
"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «que» especificó:
"‘ESTADO, CUÁNDO PUEDE PEDIR AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que reclamen, afecten los intereses patrimoniales de aquéllas. Ahora bien, el Estado, cuerpo político de la Nación, puede manifestarse en sus relaciones con los particulares, bajo dos aspectos distintos: como entidad soberana, encargado de velar por el bien común, por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria; y como entidad jurídica, porque, poseedora de bienes propios que le son indispensables para ejercer sus funciones, le es necesario también entrar en relaciones de naturaleza civil, con los poseedores de otros bienes, o con las personas encargadas de la administración de aquéllos. De lo anterior se deduce que el Estado, como persona moral, capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otros, entre ellos, el recurso de amparo; pero como entidad soberana no puede ejercer ninguno de estos medios, sin desconocer su propia soberanía, dando lugar a que se desconociera todo el imperio, toda la autoridad o lo atributos propios de un acto soberano.’
"De lo anterior se desprende que, como lo estimó el Juez, el recurrente carece de legitimación para promover juicio de amparo, por: a) tratarse de un ‘patrón equiparado’, b) porque la resolución, únicamente, vincula al sindicato y a los trabajadores afiliados y c) por no existir una afectación a los intereses patrimoniales de persona moral alguna; requisitos necesarios para la procedencia del juicio de amparo promovido.
"Del artículo 7o. de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del juicio de amparo promovido por los entes públicos, no sólo es necesario que actúen en un plano de igualdad con los particulares, sino resulta necesario que el acto que se reclame, afecte su patrimonio, supuesto este último que no se acredita en la especie, pues la simple determinación de notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal lo relativo al descuento de cuotas sindicales y entrega al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, no es un acto que cause afectación al patrimonio (derechos susceptibles de valoración pecuniaria) del promovente de amparo, quien actúa con el carácter de patrón equiparado, pues sólo le fue dada vista con el descuento respectivo, sin que exista declaratoria del monto exacto de las cantidades a retener ni entregar al sindicato respectivo, por lo que es evidente que no se ha afectado su patrimonio con la emisión del auto señalado como acto reclamado.
"En esa tesitura, si en la especie no está acreditada la afectación del patrimonio de la persona moral pública que acudió al amparo ni la calidad requerida, es correcto el desechamiento de la demanda que decretó el Juez de Distrito, pues no se surte el supuesto de excepción, previsto en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, para que la persona moral oficial, pudiera acudir al juicio de amparo.
"De ahí que, la falta de legitimación para promover el juicio de garantías por parte de una persona moral pública (en términos del numeral 7o. multicitado), sí actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que provoca el desechamiento de la demanda de amparo; por lo que los agravios expuestos, resultan infundados, por tanto, procede confirmar la resolución recurrida.
"Por otra parte, resulta inoperante lo que alega el disconforme en otro motivo de inconformidad, en cuanto a que el Juez de amparo omitió analizar que en el caso la determinación del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, estaba debidamente fundada y motivada, y que en todo caso se trató de un extraño a juicio.
"Lo anterior, debido a que, se insiste, los aspectos que refiere el agraviado, escapan a la materia de litis del recurso que nos ocupa, detallados en el párrafo precedente, pues en modo alguno combaten lo considerado por el a quo en la sentencia que se revisa.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable en la página 782, Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente:
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SOSTIENEN QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITIÓ EXAMINAR UN CONCEPTO DE VIOLACIÓN, CUANDO ÉSTE EXPRESÓ RAZONES PARA DEJAR DE ANALIZARLO, Y EL RECURRENTE SE ABSTIENE DE CONTROVERTIR TALES RAZONAMIENTOS.-Son dos los supuestos por los cuales es susceptible que un juzgador se abstenga de examinar un concreto aspecto que se le ha hecho valer. Uno, cuando lo anterior sucede por inadvertencia de dicho sentenciador; en tal hipótesis, con la sola mención de esa circunstancia el órgano revisor asumiendo la jurisdicción del a quo, tiene la obligación de abordar el análisis del aspecto omitido y pronunciarse al respecto. El segundo supuesto de omisión se actualiza cuando el Juez Federal expone mediante razonamientos jurídicos el por qué estima que se encuentra relevado para analizar el punto concreto sometido a su conocimiento; en esta última hipótesis es necesario entonces que el recurrente invoque las causas y fundamentos legales por los que considera que debe ceder el razonamiento del funcionario federal atacado, de tal suerte que cuando ello no acontece, no existe base de contraste para que el órgano revisor quede en aptitud de pronunciarse sobre tal particular, máxime si por la naturaleza del evento cuestionado, se trata de un asunto en el que impera el estricto derecho, y por tal motivo, no susceptible de suplir la queja deficiente. En suma, la falta de ataque sobre lo expuesto por el Juez Federal hace inoperante el agravio formulado, ya que mientras el Juez recurrido expresó las razones por las cuales no abordó el examen correspondiente, el quejoso se circunscribió a exponer su inconformidad contra tal hecho, pero no expuso razonamiento alguno tendiente a desvirtuar el motivo por el cual su defensa no fue examinada.’
"Además, también debe considerarse que cuando el acto reclamado, estribe en la toma de nota de la directiva de un sindicato, la autoridad responsable se constriñe a realizar un acto declarativo sobre el ejercicio autónomo del derecho de asociación, lo que no acarrea, per se, afectación ni perjuicio alguno al empleador, como lo pretende, aunado a que dada la naturaleza meramente administrativa y declarativa del acto referido, su notificación al titular de las relaciones laborales, tiene un carácter meramente informativo que, contrario a lo que aduce, no irroga perjuicio a su esfera de derechos.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.3o.T.15 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, visible a fojas 1915 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, Décima Época, del tenor siguiente:
"‘TOMA DE NOTA DE NUEVOS MIEMBROS DE UN SINDICATO. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL ÓRGANO DEL ESTADO, COMO PATRÓN EQUIPARADO, ES IMPROCEDENTE POR NO ACTUALIZARSE AFECTACIÓN ALGUNA DE NATURALEZA PATRIMONIAL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; por su parte, el artículo 9o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, dispone que las personas morales oficiales podrán ocurrir a la acción constitucional cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. Tal supuesto no se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la toma de nota de nuevos miembros de un sindicato, pues se trata de un acto administrativo de naturaleza declarativa, el cual únicamente se encuentra vinculado con el ejercicio del derecho colectivo de asociación, por lo que no es susceptible de afectar derechos del patrón equiparado, dado que la relación laboral con sus trabajadores cuya afiliación discute, no se ve modificada por la toma de nota de los nuevos miembros, lo cual podría impugnarse a través del juicio contencioso respectivo y aun cuando se le ordene entregar las cuotas sindicales, dicha circunstancia no menoscaba su patrimonio, ya que esos recursos se retienen de las percepciones de los trabajadores para ser entregadas al organismo sindical y no del patrimonio de la entidad estatal. Por tanto, ésta no tiene interés legítimo para promover el juicio de amparo, al ser improcedente, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 4o. y 9o. de la citada ley.’
"De ahí que, contrario a lo manifestado por el recurrente en el presente recurso de queja, sí se está en presencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia; por lo que fue correcto que el a quo desechara la demanda de garantías, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo vigente.
"En las relacionadas circunstancias, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja. ..."
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Con la finalidad de establecer si se configura la contradicción de criterios denunciada, se toma en cuenta la tesis jurisprudencial número 1697, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos veinticinco, del Tomo II, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, común, Primera Parte, Décima Cuarta Sección, jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26386-851e2952/personas-morales-oficiales-tienen-interes-juridico-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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