VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE OTORGARLA, CUANDO PREVIAMENTE A LA SESIÓN EN LA QUE SE DISCUTIRÁN LOS ASUNTOS ADVIERTA DE OFICIO QUE PUEDE ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE IMPACTARÁ EN SU RESOLUCIÓN, AL NO ESTAR RESERVADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PLENO (INTERPRETACIÓN DE DICHO PRECEPTO A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 371/2019. 10 DE MARZO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO DE SALVEDAD DEL MAGISTRADO ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIA: MARÍA ROCÍO RIVERA RICO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en revisión en el que se reclama una sentencia dictada por la secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio de las labores del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, autoridad con residencia dentro de la circunscripción territorial de este Tribunal Colegiado.
1.1. El acceso a la justicia pronta y el debido proceso. El presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito –en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós– advirtió la posible actualización de una diversa causal de improcedencia a la invocada por el Juez de Distrito en la sentencia impugnada, por lo que con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ordenó dar vista a la parte aquí recurrente para que, en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, pero sin que hiciera manifestación alguna.
Con el objeto de justificar por qué sí es factible que el Magistrado presidente ordene de forma previa la vista a que se refiere ese numeral, es importante traer a colación que el artículo 17, primero y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo que sigue:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
Del citado precepto se desprenden cinco derechos constitucionales, a saber:
1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";
2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia;
3) La abolición de costas judiciales;
4) La independencia judicial; y,
5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil.
En cuanto al segundo de los derechos referidos establecido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, es decir, el derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, bien puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita –esto es, sin obstáculos– a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Así, en relación con el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido(5) que dicho derecho consagra a favor de los gobernados los siguientes principios, a saber:
1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.
2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.
3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo, respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
Ahora, si el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.
De manera que el derecho de acceso a la justicia pronta se materializa en forma óptima, cuando los órganos jurisdiccionales desarrollan su obligación de administración de justicia a partir de plazos razonables y evitando dilaciones indebidas e injustificadas o carentes de razonabilidad; además de que del texto constitucional de trato, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, privilegiando el fondo y no las formas ni los procedimientos.
Por su parte, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal dispone que:
"Artículo 14. ...
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
Del contenido de ese precepto constitucional deriva –entre otros– el derecho del proceso debido, el cual es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal –como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación–(6) y con el apego irrestricto a los derechos humanos, fundamentales y garantías de toda persona.
En efecto, dicho numeral fundamental pone de manifiesto que para que una persona pueda ser afectada directamente por un acto privativo, debe existir un procedimiento previo en el que se cumplan las formalidades esenciales que son aquellas que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo.
Y es en esos términos que se constituye el derecho de audiencia, el cual exige a las autoridades que –al emitir actos que constituyan privación de la libertad, de la propiedad, de las posesiones o de los derechos de las personas– concedan a los gobernados que resulten directamente afectados la oportunidad de ser escuchados en defensa de sus intereses.
1.2. Justificación de la facultad del Magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito de dar vista a las partes conforme al artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, sin que haya derivado de una determinación plenaria. Expuesto lo anterior, se estima que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 14 de la Ley Fundamental, permite determinar que aun cuando las causas de improcedencia se analizan por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo y el cual puede ser un Juez de Distrito, o un Magistrado de Circuito, ya de Tribunal Unitario, ya de Tribunal Colegiado –según el artículo 62 de la Ley de Amparo– y cuando éste las advierta de oficio, sin ser alegadas por alguna de las partes, dará vista al quejoso para que manifieste, en el plazo de tres días, lo que a su derecho convenga –artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo– ha de considerarse que la funcionalidad de tales textos jurídicos no es en el sentido de que sólo y necesariamente debe ser por el Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto órgano colegiado, cuando es el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito quien debe: (i) resolver sobre la admisión de una demanda de amparo directo, a la vez, prevenir para el caso de irregularidad de la misma, inclusive, desechar por alguna improcedencia –artículo 179 de la Ley de Amparo–; y, (ii) calificar la procedencia del recurso de revisión –artículo 91 de la Ley de Amparo–, pero ya será el órgano colegiado el que examine la actualización o no de la causa de improcedencia, según el artículo 93, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo.
En efecto, resulta válido interpretar el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de lo previsto en los artículos 14 y 17 constitucionales, para sostener(7) que con el fin de privilegiar una justicia pronta y un debido proceso, la expresión "un órgano jurisdiccional de amparo" puede serlo tanto un Juez de Distrito como un Magistrado de Circuito, al no distinguir el texto legal; y si el Magistrado presidente es el órgano jurisdiccional que conoce del trámite del juicio de amparo directo y de los recursos internos de ese juicio constitucional de amparo, en las atribuciones ya apuntadas, es inconcuso que también está en aptitud de ordenar la vista a las partes en términos del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, sin que esa vista quede reservada única y exclusivamente a una determinación colegiada, pues de ese numeral no se desprende expresamente esa limitante y sí, por el contrario, opera la regla de que si el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito puede desechar una demanda o un recurso, entonces con mayor razón puede dar vista con la probable causa de improcedencia, con base en que "el que puede lo más puede lo menos".
Así se determina, porque precisamente con base en el derecho de acceso efectivo a la justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, sería ocioso y generaría dilaciones indebidas e injustificadas o carentes de razonabilidad en detrimento de los justiciables estimar que el Magistrado presidente no tuviera esa facultad legal cuando advirtiera esa circunstancia.
1.3. Conclusión.
En este sentido, se considera adecuado que el Magistrado presidente –cuando advierta en el juicio de amparo la actualización de una causal de improcedencia– sí pueda ordenar la vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, sin que medie de por medio decisión plenaria pues –se insiste– ello resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de considerarse una extralimitación de funciones, sino simplemente ese proceder está en consonancia con los mencionados preceptos constitucionales, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta y debido proceso.
No se inobserva la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.),(8) porque el punto a dilucidar radicó en determinar en qué momento y cómo debe procederse a la observancia del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se advierte una causa de improcedencia en la discusión del caso, pero no fue materia de debate –menos de estudio– la facultad del Magistrado presidente en cuanto a que si puede o no ordenar, de forma previa, la vista correspondiente a las partes con la posible actualización de una causal de improcedencia, sin que derive de una decisión plenaria.
Tampoco se soslaya que en la ejecutoria respectiva, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese hecho la siguiente consideración:
"85. Pretender establecer que la vista contenida en el numeral 64, párrafo segundo, sea ordenada en diverso momento que no sea la sesión, daría lugar a que si la mayoría del órgano jurisdiccional colegiado no compartiera esa postura, la referida vista provocará un retraso injustificado en la resolución del asunto; por ello, para encontrar el equilibrio entre los derechos a la justicia pronta y a la seguridad jurídica, se impone concluir que esa vista se otorgue una vez discutida en sesión la propuesta y aprobada su posible actualización, cuando menos por la mayoría de los Magistrados.
"86. Ante esta situación, lo conveniente es que el expediente se deje en lista para otorgar la vista a que alude el artículo en cuestión, cuyo objetivo de la condición contenida en su párrafo segundo, es que se respete el derecho de audiencia de la parte recurrente, al otorgarle la oportunidad de manifestarse en relación de esa causal de improcedencia mostrada oficiosamente."
Ya que precisamente esa reflexión abona al criterio que aquí se adopta.
En efecto, el principal objetivo de la vista prevista en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por el órgano colegiado al momento de advertirla; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuarla; y a partir del desahogo de esa vista y de resultar fundada alguna de las manifestaciones contenidas en ella, el Tribunal Colegiado de Circuito pueda apartarse de aquella primera apreciación, relativa a la posible actualización de la causal de improcedencia y, en consecuencia, resolver el juicio o recurso puesto a su consideración.
De modo que es indiscutible que tal finalidad se ve cumplida cuando –como en el caso– a consecuencia de que se advirtió –previo a la celebración de la sesión correspondiente– la posible actualización de causales de improcedencia diversas a las invocadas en la sentencia impugnada, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito ordenó la vista respectiva, pues es claro que se respetó el debido proceso al garantizar a la justiciable su derecho de audiencia, ya que de estimar lo contrario –que el Magistrado presidente no cuenta con esa facultad– sería dilatar más la decisión del caso, pues se retardaría más la administración de justicia que solicita.
SEGUNDO.—Legitimación de la parte recurrente. El recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien se encuentra legitimada para ello de acuerdo con los numerales 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, por ser la promovente del medio de control constitucional de donde deriva esta alzada,(9) cuya sentencia recurrida es contraria a sus intereses legales, ya que se sobreseyó en el juicio.
TERCERO.—Oportunidad en la presentación del recurso. El recurso interpuesto por ********** se presentó oportunamente, esto es, dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo.
En efecto, a foja ciento veintinueve del juicio constitucional de origen, se encuentra agregada la actuación de la cual se advierte que la resolución impugnada se notificó por medio de lista a la parte recurrente; la sentencia recurrida se notificó el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, surtiendo efectos al día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo; de ahí que el plazo para interponer el recurso empezó a transcurrir el día hábil posterior, esto es, el veintisiete del citado mes y año, y la interposición del recurso fue el seis de junio de dos mil diecinueve, mediando como días inhábiles los días veinticinco, veintiséis de mayo y uno y dos de junio del citado año, por corresponder a sábados y domingos, mismos que por disposición de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben excluirse del cómputo al que alude el numeral 86 de la ley de la materia.
Por tanto, la interposición del recurso resulta oportuna, al haberse realizado en el noveno día de los diez que se disponía para ello, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
CUARTO.—Síntesis de la sentencia impugnada. La secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo,(10) bajo las siguientes razones torales:
(i) Ese precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se impugnen determinaciones emitidas en uso de las facultades soberanas y discrecionales otorgadas en las Constituciones Locales a las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la declaración de procedencia, juicio político, elección, suspensión o remoción de funcionarios.
(ii) En relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a los actos emitidos en los juicios políticos, debía tenerse en cuenta lo que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la contradicción de tesis 364/2012, porque de ello se obtiene que el juicio político es un procedimiento cuyo objetivo es fincar responsabilidad política a los servidores públicos por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, en el que cualquier ciudadano puede formular denuncia respecto de las conductas u omisiones de los servidores públicos que representen perjuicio a los intereses públicos; y las sanciones que se les impongan, derivadas de un juicio político, consistirán en destitución del cargo que desempeñaba o inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo; así, las resoluciones de la Cámara de Diputados, actuando como órgano acusador, como las de la Cámara de Senadores en los casos en que desempeña funciones de jurado de sentencia, son inatacables, lo que tiene como consecuencia que en su contra no proceda medio de defensa alguno, incluido el juicio de amparo.
(iii) En el caso de la Constitución Política del Estado de Nayarit, los numerales 123, 124 y 128 establecen, respecto del juicio político, que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, se les impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 124 de la Constitución estatal a los servidores públicos señalados en ese precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
(iv) Se prevé que las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público; para la aplicación de las sanciones a que se refiere la ley, el Congreso del Estado procederá a elaborar la acusación respectiva, y previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión del Congreso, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado; para esos efectos el Congreso del Estado se constituirá separadamente en jurado de acusación y de sentencia, para que una vez conocida de la acusación, se erija en jurado de sentencia y aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado; sanciones que consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público; las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables. (v) Ello revela que la sustanciación del juicio político impugnado en la especie involucra cuestiones derivadas de facultades constitucionalmente concedidas al Congreso Estatal para resolver soberana y discrecionalmente respecto de la procedencia de la destitución del servidor público y de su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, supuesto que encuadra en la hipótesis de inejercitabilidad previamente indicada.
(vi) Al surtirse la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con los actos descritos en el considerando segundo de este fallo, que en esencia involucra la sustanciación de los juicios políticos números ********** y **********, se sobresee en este juicio en términos del diverso precepto 63, fracción V, de la indicada legislación.
(vii) Dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo.
QUINTO.—Delimitación de la litis. Cabe resaltar que la sentencia recurrida y los agravios que en su contra formuló la recurrente **********, ya no serán materia de análisis por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto que de tales aspectos ya se ocupó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión ********** –con motivo de la facultad de atracción–, sino que la materia será el estudio de las causales de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable al rendir su informe justificado y que no fueron examinadas en la sentencia impugnada, vinculadas exclusivamente al acto reclamado, consistente en la prosecución de los juicios políticos ********** y **********, puesto que la superioridad declaró firme el sobreseimiento decretado en el fallo impugnado respecto de los demás actos reclamados por falta de impugnación por la parte a quien pudo perjudicar y, en caso de ser infundadas, también será materia el estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa en el juicio de amparo de origen.
SEXTO.—Estudio de las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable en el informe justificado. En estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, se atienden las causales de improcedencia que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado,(11) hizo valer y que no fueron estudiadas en la sentencia impugnada.
La autoridad responsable sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo,(12) porque la parte quejosa ha promovido diversa demanda de amparo respecto de los mismos actos reclamados y contra la misma autoridad responsable, la cual quedó registrada bajo el número **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.
Para estar en condiciones de determinar si le asiste la razón legal o no a la autoridad responsable, se hizo necesario consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y de la consulta realizada se obtuvieron los siguientes datos del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit:
1. ********** –aquí recurrente y quejosa en el juicio de amparo de donde emana el fallo impugnado– el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, promovió demanda de amparo en la vía indirecta contra actos de las autoridades que a continuación se precisan:
"La autoridad o autoridades responsables:
"Lo es la XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que tiene su domicilio oficial en avenida México, número treinta y ocho (38) norte, en la zona Centro de esta ciudad, responsable por conducto de:
"• La Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora.
"• La Comisión Especial de Gran Jurado, Sección de Enjuiciamiento.
"• Pleno del Congreso del Estado de Nayarit.
"El acto reclamado (sic):
"Lo constituye la omisión de atender la petición escrita formulada a la primera de las autoridades responsables los días cinco y seis de diciembre del año en curso, a fin de que, al actualizarse los supuestos legales necesarios, se decretara la caducidad de los juicios políticos que de forma por demás inconstitucional se me instruyen bajo los expedientes con nomenclatura ********** y **********, sin que al día de hoy me haya sido notificada respuesta alguna a tal planteamiento, lo que vulnera mi garantía de audiencia y defensa, mi derecho de petición y se violan las reglas esenciales del procedimiento, máxime que, según se verá, mi petición es procedente.
"En mérito de lo anterior, señalo también como acto reclamado que se siga llevando a cabo la prosecución de los citados juicios políticos, partiendo de la base de que los mismos han concluido en virtud de que operó la caducidad de la ‘supuesta’ facultad sancionatoria que se autoatribuyó (sic) el Congreso del Estado de Nayarit para fincarme responsabilidad política, que constitucionalmente no me corresponde soportar, según disponen los artículos 124 y 128 de la Constitución Local y 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en la entidad, lo que prueba también la evidente incompetencia de la autoridad responsable, lo cual vengo alegando desde el principio de semejante atropello a mi persona y cargo."
2. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ordenó el registro de la demanda con el número de expediente **********, la admitió a trámite y, una vez concluido, el catorce de mayo de dos mil diecinueve el titular de dicho órgano jurisdiccional dictó resolución en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, motivo por el que la quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que por cuestión de turno correspondió a este Tribunal Colegiado conocer bajo el expediente **********.
3. En relación con ese recurso fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de atracción y ordenó radicar la revisión bajo el número de expediente **********, en el que por ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que invocó el Juez de Distrito, no estaba actualizada, pero debido a la existencia de diversas causas de improcedencia aducidas por las responsables que no fueron analizadas, no revocó la sentencia, sino que ordenó la devolución del recurso a este órgano colegido para que, en términos de lo previsto en el diverso precepto 93, fracción I, de la citada ley, analizara precisamente las mismas, con la consecuencia directa que de no actualizarse, también debían analizarse los conceptos de violación que se formulan en contra de los actos reclamados, en tanto que en ellos sólo se aducían cuestiones de mera legalidad.
4. En ejecutoria de veinte de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo en revisión **********, este Tribunal Colegiado de Circuito resolvió confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, aunque por diversas razones a las establecidas por el Juez de Distrito.
4.1. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de proveer lo inherente al escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho en los autos del juicio político **********, se tuvo por actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que a la presentación de la demanda de amparo no existía el acto reclamado, porque el escrito presentado por la quejosa fue acordado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, sin que al caso ello fuera proveído de manera favorable a sus pretensiones.
4.2. Respecto al acto reclamado consistente en la abstención de proveer lo inherente al escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho en los autos del juicio político **********, se señaló que cesaron sus efectos y, por ello, se configuraba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se tuvo como un hecho notorio que la quejosa, en contra de aquella determinación recaída a la petición que formuló el seis de diciembre de dos mil dieciocho dentro de los autos del juicio político **********, también promovió un juicio de amparo, el cual fue radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, bajo el número de expediente **********, el cual fue fallado mediante la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, y esta última es objeto del recurso de revisión que se tramita ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, bajo el número de recurso de revisión ********** (el cual se encuentra pendiente de resolución).
Información que, al apreciarse de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30807-6862eb4e/vista-a-que-se-refiere-el-articulo-64 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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