SEGUNDO RECONOCIMIENTO ADUANERO DE MERCANCÍAS. EL ACTA RESPECTIVA NO REQUIERE PARA SU CIRCUNSTANCIACIÓN QUE SE ASIENTEN LOS DATOS DE LA AUTORIZACIÓN DEL DICTAMINADOR ADUANERO Y DE SU VIGENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo se relaciona con la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su calidad de parte en los juicios entre los que se presenta la contradicción de criterios, resultando aplicable en lo conducente, la tesis 2a. CLI/2007 de esta Segunda Sala de voz: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA QUE SE PRODUZCA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL."
TERCERO. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el quince de diciembre de dos mil once, la revisión fiscal **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. El agravio único hecho valer es fundado, de acuerdo con lo siguiente: En la sentencia recurrida, la Sala Fiscal sostiene que, en el segundo concepto de impugnación, la actora argumenta que la resolución impugnada es ilegal por derivar de un procedimiento viciado de origen, en atención a que el dictaminador aduanero que llevó a cabo el segundo reconocimiento aduanero no acreditó estar autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir el dictamen ni consignó los datos de la autorización que delimitara la vigencia de su actuación, lo que resultaba necesario de conformidad con los artículos 43 y 174 de la Ley Aduanera. Tal planteamiento fue considerado fundado por la Sala del conocimiento, en razón de que estimó que la autoridad aduanera contravino lo dispuesto por el artículo 43, párrafos segundo y sexto, de la Ley Aduanera, conforme al cual el segundo reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, debe ser practicado por dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes se encuentran obligados a emitir un dictamen, que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, y que dichos dictaminadores debieron cumplir previamente con los requisitos establecidos por el artículo 174 de la Ley Aduanera. Argumentó la Sala contenciosa que en la resolución impugnada se menciona que el segundo reconocimiento aduanero se efectuó por personal autorizado; sin embargo, no se acreditó que quien lo efectuó tuviera el carácter de dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar el segundo reconocimiento aduanero, previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera; lo que impide que el importador tenga la certeza de que estaba en presencia de un servidor público con esa calidad e implica que no se cumplió con el artículo 43 invocado, porque en la resolución originalmente recurrida no se circunstanció que el personal actuante que realizó el segundo reconocimiento fuese dictaminador aduanero debidamente autorizado, pues no debe soslayarse que el dictaminador no tenía el carácter de una autoridad aduanera, sino que era un auxiliar de ésta, que sólo estará facultado para practicar el segundo reconocimiento de las mercancías cuando obtenga la autorización respectiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual debería estar vigente en la fecha en que se ejerza tal atribución. Con base en lo anterior, la Sala Fiscal estimó que se surte la causal de nulidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y agregó que no es obstáculo a lo anterior el hecho de que la autoridad demandada hubiera manifestado que el segundo reconocimiento se llevó a cabo por un dictaminador aduanero, en términos del artículo 43 de la Ley Aduanera, pues no cualquier personal que designe el administrador de la aduana puede efectuar ese reconocimiento aduanero, sino aquel que cuente con el carácter de dictaminador autorizado en términos de ley. Lo anterior se fortalece, manifestó la Sala del conocimiento, con lo dispuesto en el artículo 144, fracción VI, de la Ley Aduanera, que dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la facultad de practicar el segundo reconocimiento aduanero de mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados y conocer de los hechos derivados de ese reconocimiento, así como verificarlo y supervisarlo, pero no de practicarlo, lo cual muestra que la competencia originaria para realizar ese segundo reconocimiento la tienen los dictaminadores aduaneros autorizados para ese efecto por la citada secretaría. Se citó en apoyo de lo anterior la tesis de jurisprudencia número 29/2008, con el rubro: ‘DICTAMINADOR ADUANERO. PARA ESTABLECER SI SU ACTUACIÓN SE AJUSTA AL MARCO LEGAL AL PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS, ES NECESARIO CIRCUNSTANCIAR CON DATOS ESPECÍFICOS QUE SE ENCUENTRA FACULTADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TALES COMO SU NOMBRE Y LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PARA CORROBORAR QUE ESTÁ VIGENTE.’. Por su parte, la autoridad recurrente sostiene en el único agravio que hace valer que la sentencia recurrida contraviene lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al considerar que el procedimiento administrativo en materia aduanera tiene como origen el dictamen derivado del segundo reconocimiento y que debieron precisarse los datos correspondientes del perito dictaminador. Refiere la inconforme que la Sala a quo tiene una falsa apreciación de los hechos porque la autoridad aduanera no está obligada a expresar los datos del dictaminador aduanal, consistentes en su nombre, la fecha de expedición de su autorización y si ésta cumple los requisitos del artículo 174 de la Ley Aduanera, para corroborar que cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para intervenir en la emisión del segundo reconocimiento aduanero practicado conforme al artículo 46 del mismo ordenamiento legal; que no existe disposición legal que así lo establezca, y antes bien, el dictaminador actúa como auxiliar del titular de dicha dependencia, por lo cual, previamente a su designación se tiene conocimiento de que cuenta con la certificación de dictaminador aduanero por parte de la mencionada secretaría. Agrega la recurrente que los argumentos de la Sala contenciosa son ilegales, pues la autoridad aduanera no se encuentra obligada a dar a conocer los datos correspondientes a la expedición de la autorización y a su vigencia, debido a que se trata de datos que atañen internamente a la dependencia, y son atendibles previamente a su designación; por lo que ésta debe colmar los requisitos previstos por el artículo 174 de la Ley Aduanera, motivo por el cual, al ser personal autorizado, sólo basta su designación por parte del administrador de la aduana para considerar legal su actuación, e insiste en que el dictaminador interactúa sólo ante la autoridad y no con el particular, por lo cual el titular de la dependencia es a quien se atribuye la emisión de ese dictamen. Que, al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 142/2006, cuyo rubro dice: ‘RECONOCIMIENTO ADUANERO. EL PERSONAL HABILITADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ES COMPETENTE PARA HACER LA REVISIÓN MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS, AUN CUANDO CAREZCA DE UN PUESTO O CATEGORÍA ESPECÍFICOS EN LA LEGISLACIÓN ADUANERA.’. Por último, la autoridad inconforme concluyó que es innecesario que se citen los datos del dictaminador aduanero, dado que de considerarlo así el administrador de la aduana estaría controvirtiendo la competencia de origen, lo cual no le está permitido, en términos de la tesis número 183, bajo el rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD FISCAL. LEGITIMIDAD DE LAS AUTORIDADES, NO TIENEN POR QUÉ COMPROBARLA.’. Agregó la autoridad recurrente que no está obligada a expresar requisitos que previamente quedaron cumplidos por el dictaminador ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que corresponden a una designación atribuible al administrador de la aduana. Como se anticipó al inicio del presente considerando, los argumentos expresados en el único agravio son fundados. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 35, 36, 40, 43 y 44 de la Ley Aduanera, quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El despacho correspondiente consiste en el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada o salida de mercancías al territorio nacional, que de acuerdo con los diferentes regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Los preceptos legales invocados dicen, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 36.’ (se transcribe). ‘Artículo 40.’ (se transcribe). ‘Artículo 43.’ (se transcribe). ‘Artículo 44.’ (se transcribe). En este contexto, de acuerdo con lo que dispone el artículo 43 de la Ley Aduanera, una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, deben presentarse las mercancías con el pedimento ante la autoridad aduanera. En ese momento se activará el mecanismo de selección automatizado, que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Concluido el reconocimiento, independientemente del resultado que hubiera determinado el mecanismo de selección automatizado en la primera ocasión, el interesado deberá activarlo nuevamente, a efecto de determinar si las mercancías estarán sujetas a un segundo reconocimiento aduanero por parte de los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretaría, quienes emitirán un dictamen que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, esto es, se presumirá cierto, salvo prueba en contrario. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, las mercancías se entregarán de inmediato. Aunado a lo anterior, conforme al artículo 46 de la propia Ley Aduanera, cuando las autoridades, con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, ésta se hará constar por escrito, en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de la ley indicada. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero. De lo expuesto puede apreciarse que el segundo reconocimiento aduanero debe ser realizado por dictaminadores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en caso de advertirse alguna irregularidad en el despacho de las mercancías sujetas a revisión deberá levantarse el acta correspondiente. Ahora bien, es en torno a la circunstanciación de esta acta que se generó la divergencia de opiniones, pues por una parte la Sala del conocimiento consideró que su validez está condicionada por el hecho de que en ella se asienten determinados datos que acrediten que la diligencia se llevó a cabo por un dictaminador autorizado por la citada secretaría, así como el tiempo de vigencia del dictamen y, por otra parte, la autoridad demandada y la ahora recurrente, sostienen que tales datos no son necesarios (sic) considerar legal su actuación. Al respecto, este órgano colegiado considera que al levantarse un acta de esta naturaleza, si bien es preciso que se indique el nombre del servidor público que actúa en la diligencia, así como su cargo, función o comisión de que se trate, no es un requisito que se acredite como condición de validez de ese acto administrativo que fue autorizado como dictaminador de segundo reconocimiento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que al levantar el acta correspondiente se encontraba vigente esa autorización. Lo anterior es así en razón de que, de conformidad con lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, la exigencia de que el sentido de que todo acto privativo de derechos o de molestia provengan de autoridad competente, no se refiere a que el servidor público demuestre la legalidad de su designación, de su nombramiento o de su elección. La denominada incompetencia de origen, que resulta de la falta de observancia de las reglas correspondientes a su nombramiento o elección para desempeñar un cargo, empleo o comisión públicos, quedó excluida del control que puede realizarse a través de los procedimientos judiciales, tanto de legalidad como de constitucionalidad, en atención a que se distinguió puntualmente entre la legitimidad de un servidor público y la competencia del órgano. Esta última, que es a la que aluden los citados preceptos constitucionales, no guarda relación con las condiciones personales ni los requisitos formales para ser designado, sino con las atribuciones del órgano para el ejercicio de la función, y su objeto es evitar la arbitrariedad, el desbordamiento del poder, y no el control interno de la organización administrativa. Lo anterior se corrobora con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se invocan: ‘INCOMPETENCIA DE ORIGEN, GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA DE ORIGEN.’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA DE ORIGEN.’ (se transcribe). ‘SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). De igual manera, sirve de apoyo a lo expuesto la parte considerativa de la ejecutoria de la cual deriva la tesis aislada, invocada en último término, que en lo conducente dice: ‘CONSIDERANDO OCTAVO.’ (se transcribe). Los argumentos precedentes muestran que no asiste razón a la Sala del conocimiento al sostener que el acta de irregularidades derivada del segundo reconocimiento aduanero debía acreditar la legalidad de la designación del dictaminador que la suscribió, esto es, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó en lo conducente lo previsto por el artículo 174 de la Ley Aduanera. Este numeral establece lo siguiente: ‘Artículo 174. La secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano. II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal. III. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez. IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, y en colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana donde preste sus servicios. VI. Presentar y aprobar el examen psicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras. La autorización antes mencionada tendrá vigencia por un año. ...’. Como se aprecia del precepto transcrito, en él se consignan los requisitos que deben colmarse para obtener la autorización de la mencionada secretaría para fungir como dictaminador aduanero de segundo reconocimiento, lo cual constituye un factor propio de la legitimación de ese género de auxiliares de la autoridad aduanera que, como quedó destacado, no es exigible que se demuestre en cada actuación que llevan a cabo en el desempeño de las atribuciones asignadas en las normas jurídicas, ni su control puede llevarse a cabo en el juicio contencioso administrativo verificando que en cada acto o resolución se demuestre la legalidad de su designación o de su nombramiento. Por otra parte, en lo que concierne a la exigencia de que se acredite que el dictaminador contaba con autorización vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para desplegar esa función al realizar el segundo reconocimiento, debe manifestarse que si bien no es un requisito propio para su designación, tampoco es exigible que se consigne como condición de validez, porque ningún dispositivo legal lo prevé, de manera que debe regir al respecto la presunción de validez del acta relativa, en la inteligencia de que se trata de una presunción juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, situación que, en su caso, permite al afectado manifestar la irregularidad que conozca y aportar los elementos de prueba que la acrediten, para desvirtuar la presunción aludida. En consecuencia, la falta de circunstanciación de los elementos que justifiquen la legalidad de la designación del dictaminador y de la vigencia de la autorización para desempeñarse como tal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no conducen a determinar la invalidez del acta relativa al segundo reconocimiento aduanero ni, por tanto, de la resolución determinante del crédito impugnada en el juicio de nulidad. No pasa por alto para este Tribunal Colegiado el hecho de que la Sala del conocimiento apoye su decisión en la tesis de jurisprudencia 29/2008, bajo el rubro: ‘DICTAMINADOR ADUANERO. PARA ESTABLECER SI SU ACTUACIÓN SE AJUSTA AL MARCO LEGAL AL PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS, ES NECESARIO CIRCUNSTANCIAR CON DATOS ESPECÍFICOS QUE SE ENCUENTRA FACULTADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TALES COMO SU NOMBRE Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PARA CORROBORAR QUE ESTÁ VIGENTE.’. Sin embargo, este órgano judicial no comparte ese criterio ni le resulta obligatorio, atento a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales sólo le vincula la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas. De acuerdo con lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso, a efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, dicte una nueva, partiendo de los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, resolviendo la litis como en derecho proceda."
CUARTO. En relación con la resolución dictada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, el diecisiete de abril de dos mil ocho, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Son por una parte inoperantes, y por otra infundados los argumentos que conforman el único agravio de la revisión, en atención a las siguientes consideraciones: Sostiene la autoridad recurrente que la sentencia impugnada es ilegal, pues se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 50, primer párrafo, 51, fracción IV y 52, fracción II, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el diverso 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, atento a las siguientes razones: a) Que la acreditación del personal que llevó a cabo el segundo reconocimiento aduanero, no se encuentra sujeta al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, porque tales nombramientos los realiza directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; b) Tampoco es susceptible de acreditarse el referido aspecto, porque no existe precepto legal en la Ley Aduanera ni en su reglamento, que establezca la posibilidad de que a dicho personal le sean expedidas constancias de identificación, pues los artículos 43, 174 y 175 de la Ley Aduanera, sólo prevén la posibilidad de que el personal sea autorizado por la Secretaría de Hacienda; c) Como consecuencia de lo anterior, el nombramiento que el referido personal ostente no es susceptible de ser requerido para fundar y motivar su actuar, porque dicho personal no tiene el carácter de servidor público, de conformidad con la fracción IV del artículo 174 de la Ley Aduanera, y en tal virtud, su designación no está vinculada a la fundamentación competencial de una autoridad, siendo suficiente que en la resolución respectiva se plasme el artículo 43 de la Ley Aduanera que les permite actuar con el cargo autorizado; d) La Sala Fiscal al dictar la sentencia recurrida no señaló el precepto legal en el cual se funda para establecer que la autoridad debe señalar en el acta de hechos u omisiones levantada al amparo del artículo 152 de la Ley Aduanera, los datos de la constancia de identificación del dictaminador aduanero, y menos aún señala de qué forma esto tiene que ver con la competencia de la autoridad; e) El requerimiento relativo a que debía identificarse plenamente el dictaminador aduanero que llevó a cabo el segundo reconocimiento, resulta ilegal por referirse a cuestiones de legitimación del funcionario que practicó tal actuación, máxime que en materia administrativa el nombramiento que ostente alguna autoridad o funcionario, no es susceptible de ser impugnado dentro del juicio de nulidad; f) Tampoco es exigible la presentación del nombramiento para acreditar la legitimidad del funcionario, excepto en tres casos: 1) al desarrollarse una visita domiciliaria; 2) en la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución; y, 3) en el levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Supuestos que en el caso no se materializan, pues aunque se llevó a cabo un segundo reconocimiento aduanero, no existió de por medio un embargo precautorio, y entonces el procedimiento a seguir era el establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el que no se exige que se haga constar la identificación de la autoridad; y, g) La Sala Fiscal confunde la competencia con la legitimación, pues para probar la primera era necesario citar los fundamentos legales que facultan al funcionario a realizar los actos que la ley le permite desarrollar; mientras que la segunda tiene que ver no sólo con el procedimiento seguido para el nombramiento del funcionario, sino también con la constancia que lo acredite como tal, que es lo que la juzgadora pretendía que se probara. Ahora bien, se dice que los motivos de inconformidad sintetizados en los incisos a), b), c) y d) antes señalados devienen inoperantes, porque los mismos resultan ser de orden novedoso, toda vez que en ningún momento se hicieron valer por la enjuiciada al formular su contestación ante la Sala Fiscal y, por ende, la sentenciadora a quo no estuvo en aptitud de tomar esas cuestiones como parte de los puntos controvertidos en el contencioso administrativo. En efecto, para corroborar la consideración que se vierte, es menester atender a lo que fue materia de litis en el juicio natural, en función de lo cual la Sala a quo declaró la nulidad de la resolución combatida; así, al remitirnos a la demanda de nulidad, específicamente a las fojas 2 a la 5, en las que se expresan las razones con base en las cuales la Sala Fiscal estimó la ilegalidad de la resolución recurrida ante ella, se advierte que el actor en el primer y único motivo de nulidad, externó el planteamiento atinente a que el personal que practicó el segundo reconocimiento aduanero no había demostrado estar acreditado como dictaminador aduanero autorizado por la secretaría, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 43, párrafo sexto, de la Ley Aduanera y 52 del Código Fiscal de la Federación, pues al efecto en su parte medular, el actor expresó: ‘... que la determinación que le da origen a la resolución ahora impugnada, está basada en un segundo reconocimiento que resulta ilegal, ya que se omite (sic) fundamentar y motivar las facultades del supuesto dictaminador que realizó el segundo reconocimiento ... siendo que la ahora demandada ... pretende señalar como motivo para confirmar la resolución ... emitida por la aduana de Piedras Negras, que la autoridad citó en específico el artículo 43 de la Ley Aduanera, el cual menciona, entre otros elementos, que el dictamen aduanero tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, y que no existe razón para que la autoridad aduanera tenga que acreditar la autorización del dictaminador; sin embargo, por el contrario, esa afirmación ... (no considera) ... el contenido del sexto párrafo del artículo 43 de la Ley Aduanera, omitiendo circunstanciar los fundamentos y motivos que utilizó para sostener que el supuesto personal del segundo reconocimiento, estaba acreditado como dictaminador aduanero autorizados (sic) por la secretaría ...’. Por su parte, la Sala a quo en la sentencia recurrida, congruente con lo expuesto en el concepto de anulación vertido por el actor, consideró en esencia que el mismo era fundado, porque la autoridad aduanera había actuado en contravención a lo dispuesto en el artículo 43, segundo y sexto párrafos, de la Ley Aduanera, pues acorde a dicho numeral, el segundo reconocimiento, así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, será practicado por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; dictaminadores que previamente debieron cumplir con los requisitos marcados en el artículo 174 de la Ley Aduanera. Que sin embargo, en ese caso la autoridad aduanera no había acreditado que quien efectuó el segundo reconocimiento aduanero al que fue sometida la mercancía presentada por el actor, correspondiera a un dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efecto de realizar el segundo reconocimiento aduanero, como lo exigía el numeral en cita, ya que del análisis de la resolución originalmente recurrida, agregada a folios 17 al 29 del expediente de nulidad, advertía que en la resolución recurrida se señaló que en la segunda activación del mecanismo de selección automatizada establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera, vigente al momento de los hechos, tal mecanismo había determinado un segundo reconocimiento aduanero de las mercancías, que se practicó. Segundo reconocimiento aduanero que, puntualizó la sentenciadora, fue efectuado por ‘personal de segundo reconocimiento’, dato que a su juicio resultaba insuficiente para determinar que la autoridad se había ajustado a derecho, pues no se hizo constar que ese personal al que se hizo referencia, hubiera sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar la función o actividad relativa al segundo reconocimiento aduanero a las mercancías de importación y que, por ello, debía estimarse que la autoridad aduanera no señaló dato alguno que demostrara en forma fehaciente que el citado personal se encontrara plenamente facultado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo el reconocimiento aludido, lo que resultaba necesario porque el actor debía tener la certeza de que estaba en presencia de un dictaminador aduanero autorizado por dicha secretaría para tal efecto, con el fin de dar seguridad jurídica al gobernado, omitiéndose circunstanciar dicha situación, pues debió puntualizarse que la persona que llevó a cabo el precitado segundo reconocimiento, era un dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, indicó la Sala Fiscal, que si conforme al artículo 43 de la Ley Aduanera, el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizada se practicará por los dictaminadores autorizados por la referida secretaría, entonces no se dio cumplimiento al artículo 43 mencionado, porque en la resolución originalmente recurrida no se circunstanció que el personal actuante que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23705-09b27053/segundo-reconocimiento-aduanero-de-mercancias-el-acta-respectiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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