DICTAMINADOR ADUANERO. PARA ESTABLECER SI SU ACTUACIÓN SE AJUSTA AL MARCO LEGAL AL PRACTICAR EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS, ES NECESARIO CIRCUNSTANCIAR CON DATOS ESPECÍFICOS QUE SE ENCUENTRA FACULTADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TALES COMO SU NOMBRE Y LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PARA CORROBORAR QUE ESTÁ VIGENTE.
REVISIÓN FISCAL 35/2008. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son por una parte inoperantes, y por otra infundados los argumentos que conforman el único agravio de la revisión, en atención a las siguientes consideraciones:
Sostiene la autoridad recurrente que la sentencia impugnada es ilegal, pues se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 50, primer párrafo, 51, fracción IV y 52, fracción II, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el diverso 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, atento a las siguientes razones:
a) Que la acreditación del personal que llevó a cabo el segundo reconocimiento aduanero, no se encuentra sujeta al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, porque tales nombramientos los realiza directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
b) Tampoco es susceptible de acreditarse el referido aspecto, porque no existe precepto legal en la Ley Aduanera ni en su reglamento, que establezca la posibilidad de que a dicho personal le sean expedidas constancias de identificación, pues los artículos 43, 174 y 175 de la Ley Aduanera, sólo prevén la posibilidad de que el personal sea autorizado por la Secretaría de Hacienda;
c) Como consecuencia de lo anterior, el nombramiento que el referido personal ostente no es susceptible de ser requerido para fundar y motivar su actuar, porque dicho personal no tiene el carácter de servidor público, de conformidad con la fracción IV del artículo 174 de la Ley Aduanera, y en tal virtud, su designación no está vinculada a la fundamentación competencial de una autoridad, siendo suficiente que en la resolución respectiva se plasme el artículo 43 de la Ley Aduanera que les permite actuar con el cargo autorizado;
d) La Sala Fiscal al dictar la sentencia recurrida no señaló el precepto legal en el cual se funda para establecer que la autoridad debe señalar en el acta de hechos u omisiones levantada al amparo del artículo 152 de la Ley Aduanera, los datos de la constancia de identificación del dictaminador aduanero, y menos aún señala de qué forma esto tiene que ver con la competencia de la autoridad;
e) El requerimiento relativo a que debía identificarse plenamente el dictaminador aduanero que llevó a cabo el segundo reconocimiento, resulta ilegal por referirse a cuestiones de legitimación del funcionario que practicó tal actuación, máxime que en materia administrativa el nombramiento que ostente alguna autoridad o funcionario, no es susceptible de ser impugnado dentro del juicio de nulidad;
f) Tampoco es exigible la presentación del nombramiento para acreditar la legitimidad del funcionario, excepto en tres casos: 1) al desarrollarse una visita domiciliaria; 2) en la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución; y, 3) en el levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Supuestos que en el caso no se materializan, pues aunque se llevó a cabo un segundo reconocimiento aduanero, no existió de por medio un embargo precautorio, y entonces el procedimiento a seguir era el establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera, en el que no se exige que se haga constar la identificación de la autoridad; y,
g) La Sala Fiscal confunde la competencia con la legitimación, pues para probar la primera era necesario citar los fundamentos legales que facultan al funcionario a realizar los actos que la ley le permite desarrollar; mientras que la segunda tiene que ver no sólo con el procedimiento seguido para el nombramiento del funcionario, sino también con la constancia que lo acredite como tal, que es lo que la juzgadora pretendía que se probara.
Ahora bien, se dice que los motivos de inconformidad sintetizados en los incisos a), b), c) y d) antes señalados devienen inoperantes, porque los mismos resultan ser de orden novedoso, toda vez que en ningún momento se hicieron valer por la enjuiciada al formular su contestación ante la Sala Fiscal y, por ende, la sentenciadora a quo no estuvo en aptitud de tomar esas cuestiones como parte de los puntos controvertidos en el contencioso administrativo.
En efecto, para corroborar la consideración que se vierte, es menester atender a lo que fue materia de litis en el juicio natural, en función de lo cual la Sala a quo declaró la nulidad de la resolución combatida; así, al remitirnos a la demanda de nulidad, específicamente a las fojas 2 a la 5, en las que se expresan las razones con base en las cuales la Sala Fiscal estimó la ilegalidad de la resolución recurrida ante ella, se advierte que el actor en el primer y único motivo de nulidad, externó el planteamiento atinente a que el personal que practicó el segundo reconocimiento aduanero no había demostrado estar acreditado como dictaminador aduanero autorizado por la secretaría, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 43, párrafo sexto, de la Ley Aduanera y 52 del Código Fiscal de la Federación, pues al efecto en su parte medular, el actor expresó:
"... que la determinación que le da origen a la resolución ahora impugnada, está basada en un segundo reconocimiento que resulta ilegal, ya que se omite (sic) fundamentar y motivar las facultades del supuesto dictaminador que realizó el segundo reconocimiento ... siendo que la ahora demandada ... pretende señalar como motivo para confirmar la resolución ... emitida por la aduana de Piedras Negras, que la autoridad citó en específico el artículo 43 de la Ley Aduanera, el cual menciona, entre otros elementos, que el dictamen aduanero tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, y que no existe razón para que la autoridad aduanera tenga que acreditar la autorización del dictaminador; sin embargo, por el contrario, esa afirmación ... (no considera) ... el contenido del sexto párrafo del artículo 43 de la Ley Aduanera, omitiendo circunstanciar los fundamentos y motivos que utilizó para sostener que el supuesto personal del segundo reconocimiento, estaba acreditado como dictaminador aduanero autorizados (sic) por la secretaría ..."
Por su parte, la Sala a quo en la sentencia recurrida, congruente con lo expuesto en el concepto de anulación vertido por el actor, consideró en esencia que el mismo era fundado, porque la autoridad aduanera había actuado en contravención a lo dispuesto en el artículo 43, segundo y sexto párrafos, de la Ley Aduanera, pues acorde a dicho numeral, el segundo reconocimiento así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, será practicado por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación; dictaminadores que previamente debieron cumplir con los requisitos marcados en el artículo 174 de la Ley Aduanera.
Que sin embargo, en ese caso la autoridad aduanera no había acreditado que quien efectuó el segundo reconocimiento aduanero al que fue sometida la mercancía presentada por el actor, correspondiera a un dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efecto de realizar el segundo reconocimiento aduanero, como lo exigía el numeral en cita, ya que del análisis de la resolución originalmente recurrida, agregada a folios 17 al 29 del expediente de nulidad, advertía que en la resolución recurrida se señaló que en la segunda activación del mecanismo de selección automatizada establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley Aduanera, vigente al momento de los hechos, tal mecanismo había determinado un segundo reconocimiento aduanero de las mercancías, que se practicó.
Segundo reconocimiento aduanero que, puntualizó la sentenciadora, fue efectuado por "personal de segundo reconocimiento", dato que a su juicio resultaba insuficiente para determinar que la autoridad se había ajustado a derecho, pues no se hizo constar que ese personal al que se hizo referencia, hubiera sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar la función o actividad relativa al segundo reconocimiento aduanero a las mercancías de importación y que, por ello, debía estimarse que la autoridad aduanera no señaló dato alguno que demostrara en forma fehaciente que el citado personal se encontrara plenamente facultado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo el reconocimiento aludido, lo que resultaba necesario porque el actor debía tener la certeza de que estaba en presencia de un dictaminador aduanero autorizado por dicha secretaría para tal efecto, con el fin de dar seguridad jurídica al gobernado, omitiéndose circunstanciar dicha situación, pues debió puntualizarse que la persona que llevó a cabo el precitado segundo reconocimiento, era un dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por tanto, indicó la Sala Fiscal, que si conforme al artículo 43 de la Ley Aduanera, el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizada se practicará por los dictaminadores autorizados por la referida secretaría, entonces no se dio cumplimiento al artículo 43 mencionado, porque en la resolución originalmente recurrida no se circunstanció que el personal actuante que realizó el segundo reconocimiento fuese dictaminador aduanero debidamente autorizado para ese efecto por la aludida secretaría, ya que, no debía soslayarse que el dictaminador no tenía propiamente el carácter de "autoridad aduanera", sino que era un auxiliar de ésta, y estará facultado para practicar el segundo reconocimiento aduanero de las mercancías, siempre y cuando obtenga la autorización respectiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual debía estar vigente en la fecha en la que se ejerciera tal atribución, lo que al no haberse demostrado, actualizó la causal de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, decretando la nulidad respectiva, de conformidad con el artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico.
Asimismo, explicó la sentenciadora, que no resultaba óbice a lo anterior lo manifestado por la autoridad demandada en relación a que el segundo reconocimiento se había llevado a cabo por un dictaminador aduanero, en términos del artículo 43 de la Ley Aduanera, pues como ya lo había señalado, en la resolución originalmente recurrida únicamente se asentaba que el segundo reconocimiento se había llevado a cabo por "personal del segundo reconocimiento", y que por tal razón llegaba a la conclusión de que en la citada resolución no se había asentado que el personal a que se hizo referencia, fuera un dictaminador aduanero que contara con la respectiva autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar el segundo reconocimiento a la mercancía.
Que además debía destacarse que no cualquier personal que designara el administrador de la aduana podía efectuar el segundo reconocimiento de la mercancía, lo que hacía trascendente que se precisara que la persona que llevó a cabo el multialudido reconocimiento correspondía a un dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque era el único personal autorizado por la ley para realizarlo, de conformidad con el artículo 43, sexto párrafo, de la Ley Aduanera, en el que expresamente se establecía que el segundo reconocimiento así como el reconocimiento aduanero que derivara de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado únicamente podrá ser realizado por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que fortalecía atender a lo dispuesto en el artículo 144, fracción VI, de la Ley Aduanera, en la que se disponía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados, además de establecer que dicha secretaría tendrá la facultad de conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento, referido en el artículo 43 de esa propia ley, así como verificar y supervisar dicho reconocimiento, mas no practicarlo.
Premisa legal bajo la cual estimó la Sala Fiscal, se demostraba que la competencia originaria para practicar el segundo reconocimiento la tenían los dictaminadores aduaneros autorizados para ese efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como así lo establecía el artículo 43, en relación con el 144, fracción VI, de la Ley Aduanera, al precisar que la secretaría con respecto al segundo reconocimiento tenía la facultad de conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento aludido en el artículo 43 de la ley en cita, así como verificar y supervisar dicho reconocimiento, lo que confirmaba que la competencia originaria para realizar el segundo reconocimiento no la tenía cualquier persona al servicio de la aduana que pudiera auxiliar al administrador en la revisión física de las mercancías de que se tratara, sino que tal competencia originaria, por disposición del artículo 43 de la Ley Aduanera, correspondía a la persona que ostentara la calidad de "dictaminador aduanero autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar la función o actividad de segundo reconocimiento aduanero", lo que en ese caso no se había observado por parte de la autoridad aduanera.
Pues bien, vinculado con estos pronunciamientos de la Sala a quo, la autoridad recurrente en el capítulo relativo a su único agravio, esgrime que la sentencia cuestionada es ilegal, porque la acreditación del personal que llevó a cabo el segundo reconocimiento aduanero no se encuentra sujeta al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, porque tales nombramientos los realiza directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43, 174 y 175 de la Ley Aduanera, sin que exista diverso precepto legal que faculte a las aduanas para expedirles otras constancias de identificación, de lo que se seguía que dicho personal no tiene el carácter de servidor público, conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 174 de dicha legislación, y de ahí que no se requiere fundar ni motivar los nombramientos que se les expida a dicho personal, máxime cuando en la sentencia recurrida, la Sala a quo no señaló el dispositivo legal que previera la obligación de la autoridad aduanera de señalar en el acta de hechos u omisiones prevista en el artículo 152 de la ley en cita, los datos de la constancia de identificación del dictaminador aduanero, ni cómo en su caso su omisión está relacionada con la competencia de la autoridad aduanera.
Asertos los anteriores, que si bien van dirigidos a combatir las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, resultan inoperantes, en virtud de que se pretende introducir en este estudio el examen de cuestiones que rebasan la perspectiva bajo la cual resolvió la Sala sentenciadora, puesto que los destacados planteamientos no se esgrimieron primigeniamente por la autoridad demandada al formular la contestación respectiva ante la Sala a quo, para que fuera ésta quien en uso de las facultades que le son exclusivas, dilucidara los asertos defensivos de mérito.
Para corroborar lo anterior, basta remitirse a lo expresado por la citada demandada en el escrito respectivo, particularmente a las fojas 63 a la 77 del expediente de nulidad, en cuya parte conducente la autoridad estableció que se encontraba debidamente fundada y motivada la resolución recaída al recurso de revocación, al señalarse que el dictaminador había practicado el segundo reconocimiento aduanero de la mercancía de procedencia extranjera, en los términos previstos en los artículos 43 y 144, fracción VI, de la Ley Aduanera, fundamentos que, a decir de la autoridad demandada, no controvertía el accionante en su único concepto de anulación, por lo que debían resolverse como inoperantes, además de que en todo caso, el dictamen aduanero no se trataba de un acto de autoridad, porque de conformidad con la normatividad invocada, tenía la misma naturaleza jurídica que un dictamen de estados financieros elaborado por un particular, como lo prevé el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, cuyos resultados podían o no ser considerados por la autoridad a efecto de emitir las actas correspondientes.
Por esa razón, seguía diciendo la autoridad demandada en el escrito de contestación a la demanda, que el dictamen aduanero emitido por un particular era innecesario que se circunstanciara en la resolución impugnada, sino que era suficiente la referencia que se había realizado en el acta de segundo reconocimiento, aun cuando no se precisara la vigencia de la autorización del dictaminador, pero que sí estaba vigente, como se demostraba con la prueba que se adjuntaba a la contestación, por lo que la actuación del dictaminador aduanero en comento, no se traducía en otra cosa mas que en una cuestión de legitimación en el nombramiento, aspecto que no podía ser dilucidado en el contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, insuficiente para provocar la nulidad de las resoluciones impugnadas.
El contexto destacado, que constituye esencialmente la refutación jurídica que la enjuiciada hizo respecto del primer y único concepto de anulación expresado por el actor en el expediente natural, pone de manifiesto que contrariamente a lo argüido por la recurrente, la autoridad hacendaria, como demandada al formular su contestación, en ningún momento hizo valer las razones que ahora expone en el agravio bajo análisis, y por las cuales según su particular apreciación, en síntesis, se contraen a señalar que como los nombramientos son expedidos directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de particulares, y no por las autoridades demandadas, dicha circunstancia impedía expedirles a los dictaminadores aduaneros alguna constancia de identificación que los acreditara como servidores públicos y, por tanto, era innecesario que dichos nombramientos se circunstanciaran en las actuaciones de las autoridades aduaneras, ni como, en su caso, dicha omisión está relacionada con la competencia de las mismas enjuiciadas.
Bajo esa panorámica, las alegaciones que como agravios ahora esgrime la autoridad recurrente, devienen inoperantes por inatendibles, ya que las mismas resultan inoportunas, al constituir argumentos novedosos que como tales, nunca formaron parte de la litis en el juicio de nulidad, pues no se hicieron valer por la autoridad demandada al formular su respectiva contestación; no obstante que como se dijo, estuvo en aptitud legal de hacer valer tales cuestionamientos ante la sentenciadora, porque el tema correlativo fue planteado como motivo de ilegalidad por el enjuiciante; siendo obvio que la Sala del conocimiento no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre dicho planteamiento, decidiendo lo conducente en derecho respecto de ellos, y de ahí su inoperancia en la presente revisión.
Resulta aplicable a las consideraciones expuestas, la tesis de jurisprudencia 403, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo III, Materia Administrativa, Parte SCJN, página 298, cuyos rubro y texto dicen:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. Si las autoridades hacen valer como agravios en la revisión fiscal cuestiones que no fueron planteadas ante el Pleno responsable, como violaciones cometidas por la Sala Fiscal del conocimiento, y que son por ello ajenas a la litis de la revisión intentada ante dicho tribunal en Pleno, tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión fiscal."
Igualmente, apoyan lo anterior las tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se pueden consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVI, julio de 2002 y III, marzo de 1996, tesis IV.2o.A.35 A y XXI.1o.1 A, páginas 1240 y 1017, respectivamente, que en el mismo orden señalado, literalmente establecen lo siguiente:
"AGRAVIOS INATENDIBLES EN LA REVISIÓN FISCAL. SON AQUELLOS QUE PLANTEAN CUESTIONES AJENAS A LA LITIS DEL JUICIO DE NULIDAD.-Si los argumentos que expresa la autoridad recurrente en sus agravios no fueron materia de la litis, por no haberlos incluido en la contestación de demanda, resulta evidente que la Sala Fiscal no tuvo la posibilidad de examinar esos planteamientos y pronunciarse al respecto y, por tanto, tampoco este tribunal está en posibilidad de analizarlos, pues ello es una cuestión ajena a la litis del juicio fiscal y el atenderla tendría como consecuencia que no se escuchara a la autoridad recurrida."
"REVISIÓN FISCAL. AGRAVIOS INOPERANTES, SI LOS ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD NO FORMARON PARTE DEL DEBATE EN LA INSTANCIA COMÚN.-Si los argumentos de inconformidad que hace valer la recurrente no corresponden a los mismos que esgrimió en la contestación de demanda del juicio fiscal, tal circunstancia constituye impedimento para el tribunal revisor de tomarla en cuenta en acatamiento al principio de congruencia que impera en toda sentencia, cuyo objeto es dilucidar la controversia conforme a los hechos materia de la litis fincada en la demanda y contestación, pues de no respetarse dicho principio, implicaría sustituirse a la potestad común analizando cuestiones que por no formar parte del debate no estuvo en condiciones de tomar en cuenta la Sala Fiscal al fallar la controversia."
Obteniéndose además de la parte considerativa destacada en párrafos precedentes, que resulta inexacto lo argüido por la recurrente, en el sentido de que la Sala Fiscal omitió patentizar el precepto en el que se apoya para sostener que debieron establecerse tanto los datos de identificación del dictaminador aduanero, como la forma en que dicha situación tiene que ver con la competencia de la autoridad; pues al respecto cabe decir que la sentenciadora con total claridad estableció que ese dato era exigible en términos de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Aduanera, y que además resultaba trascendental que se estableciera la referida circunstancia, porque el actor debía tener la certeza de que estaba en presencia de una autoridad facultada para desplegar el acto concreto, con el fin de darle seguridad jurídica; ello porque el dictaminador no tenía propiamente el carácter de autoridad aduanera sino que era un auxiliar de ésta y estaría facultado para practicar el segundo reconocimiento de las mercancías, siempre y cuando obtuviera la autorización respectiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ahora bien, por lo que se refiere a los diversos razonamientos que fueron resumidos al inicio de este considerando con los incisos e), f) y g), mediante los cuales la autoridad recurrente esencialmente se duele de que la sentencia que se revisa es ilegal, ya que el motivo por el cual se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas en el contencioso administrativo, se refería a una cuestión de legitimación del dictaminador aduanero, siendo que este aspecto no puede ser revisado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sobre el particular cabe señalar que este Tribunal Colegiado considera infundados dichos razonamientos, ya que en atención a lo expuesto en párrafos anteriores, la litis en el juicio de nulidad nunca se trabó alrededor de la noción de que los dictaminadores aduaneros carecieran de nombramiento para desempeñarse como tales, sino que, como lo dijo la Sala a quo, en el procedimiento administrativo en donde intervinieron aquéllos, no se había circunstanciado que dicho personal hubiera acreditado frente al particular que su nombramiento estaba vigente al momento de llevarse a cabo el segundo reconocimiento, lo que en opinión de quienes esto resuelven, constituye una causal de ilegalidad, tal como lo decidió la Sala a quo, por las razones siguientes:
Primeramente, debe decirse que para fungir como dictaminador aduanero y, por ende, practicar el segundo reconocimiento de las mercancías, es menester contar con una autorización expedida, en forma previa, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tan es así que sobre el particular, el artículo 174 de la Ley Aduanera establece que:
"Artículo 174. La secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan los siguientes requisitos:
"I. Ser ciudadano mexicano.
"II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal.
"III. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez.
"IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas.
"V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, y en colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana donde preste sus servicios.
"VI. Presentar y aprobar el examen psicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras.
"La autorización antes mencionada tendrá vigencia por un año.
"El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en las fracciones anteriores será causa de cancelación de la autorización para ejercer como dictaminador aduanero."
Como se puede observar, de acuerdo al precepto transcrito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga autorización para fungir como "dictaminador aduanero", a aquellas personas que cumplan con los requisitos que el propio numeral establece, y señala además, que dicha autorización tendrá vigencia por un año.
Ahora bien, el artículo 43, sexto párrafo, de la Ley Aduanera, señala en su parte conducente que:
"El segundo reconocimiento así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, se practicarán por los dictaminadores aduaneros autorizados por la secretaría, quienes emitirán un dictamen aduanero que tendrá el alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación."
Del precepto transcrito se advierte que el segundo reconocimiento, así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, se practicarán por los dictaminadores aduaneros "autorizados por la secretaría".
Bajo ese orden de ideas, se concuerda con la Sala a quo, en el sentido de que el dictaminador aduanero si bien es cierto que está facultado para practicar el segundo reconocimiento de las mercancías de importación, no menos cierto lo es que, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 174 y 43, sexto párrafo, de la Ley Aduanera, para estar en aptitud de ejercer esa atribución, es menester que el citado dictaminador se encuentre debidamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que dicha autorización esté vigente.
Congruentes con lo anterior, es de estimarse que la Sala Regional estuvo en lo correcto al declarar la nulidad de la resolución recaída al recurso, así como del crédito fiscal combatido, ya que en este último se omitió circunstanciar, tal como se precisó en la sentencia recurrida, que ese "... personal hubiera sido autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar la función o actividad relativa al segundo reconocimiento aduanero a las mercancías de importación ..., ni se señaló ... dato alguno que demuestre en forma fehaciente que el citado personal se encontrara plenamente facultado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para llevar a cabo el segundo reconocimiento aludido ...", por lo que es inconcuso entonces, que en el caso que se examina, no existen elementos que otorguen certeza al particular sancionado de que la persona que practicó el indicado reconocimiento, contaba con una autorización vigente en esa época para fungir con el carácter de "dictaminador aduanero".
Lo anterior reviste especial relevancia, pues no debe soslayarse que el dictaminador en comento no tiene propiamente el carácter de "autoridad", sino que es un auxiliar de aquélla y estará facultado para practicar el segundo reconocimiento aduanero de las mercancías, siempre y cuando obtenga la autorización respectiva otorgada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual debe estar vigente en la fecha en que ejerza tal atribución.
Además, de lo dispuesto por los artículos 46 y 43, sexto párrafo, de la Ley Aduanera, este último en relación con el 52 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los hechos que se hagan constar en el dictamen que emitan los dictaminadores aduaneros con motivo de la práctica del referido reconocimiento de las mercancías se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, y de tales hechos se pueden derivar irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada, que pueden motivar la determinación de créditos fiscales a cargo del importador.
Por tanto, como se estableció en el fallo recurrido, es dable concluir que, a fin de estar en aptitud de establecer si la actuación de quien practicó el multicitado reconocimiento está ajustada al marco legal, es necesario circunstanciar con datos específicos que el personal actuante es dictaminador aduanero debidamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tales como el nombre del dictaminador y la fecha en que se expidió la autorización respectiva; lo que en el caso no ocurrió, y ello es suficiente para desesti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21029-8ec7ed9b/dictaminador-aduanero-para-establecer-si-su-actuacion-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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