AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS DE FONDO NO PROPUESTOS EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE NULIDAD.
REVISIÓN FISCAL 49/2008. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los agravios que se hacen valer son en una parte inoperantes y en otra infundados, en la medida que a continuación se expresa.
La inoperancia de los motivos de inconformidad aducidos, radica en que en la segunda parte de los mismos, el recurrente introduce argumentos de fondo que no invocó en su escrito de contestación, como son entre otros, los relativos a que fue la autoridad competente quien expresó dentro de la "orden de visita domiciliaria", que el visitado debía proporcionar todos los datos, informes y documentos que le fueran requeridos por los visitadores, pues en la página dos de dicha orden, manifestó que: "Se deberá permitir a los citados visitadores, el acceso al establecimiento y proporcionar todos los datos, informes, documentos que le requieran y que estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia de la expedición de comprobantes por las actividades que realiza, hacen mención los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente."; que la autoridad cumplió con lo establecido en la tesis VI.2o.A.43 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y que lleva por rubro: "VISITA DOMICILIARIA. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEBE CONSTAR EN LA PROPIA ORDEN.", pues en dicho criterio se establece que los visitadores pueden requerir libros y papeles al contribuyente revisado, siempre y cuando se haga constar de ese modo en la orden de visita respectiva; y que la autoridad demandada no realizó ningún requerimiento de datos, documentos o informes, tal como lo prevé la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, porque la orden fue expedida con el fin de verificar la expedición de comprobantes fiscales.
Asimismo, en el escrito de contestación, tampoco argumentó las cuestiones que dice fueron soslayadas por la juzgadora, relativas a que: "... en el supuesto sin conceder de que fuera necesario fundar la orden de visita domiciliarias (sic) para verificar el correcto cumplimiento que en materia de expedición de comprobantes fiscales realicen los contribuyentes, en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ... debe decirse que en el presente caso tal insuficiente motivación (sic) no le hubiera causado perjuicio a la parte actora y, por ende, no podría dictarse nulidad alguna en base a ella."
En efecto, del análisis practicado al escrito de contestación de demanda, no se advierte ni se desprende que el hoy recurrente hubiere hecho valer las cuestiones antes mencionadas; por lo que es claro que las mismas no deben ser tomadas en consideración en el presente recurso de revisión fiscal; ello, con base en el principio de congruencia, consistente en que las resoluciones judiciales deben ajustarse a lo planteado por las partes en la demanda, en su ampliación si la hubo, y en la contestación a una y otra, sin añadir cuestiones jurídicas no propuestas en forma oportuna por aquéllas; por lo que es inadmisible que se atiendan argumentos no expuestos ante la Sala juzgadora y, en ese sentido, es que devienen inoperantes los argumentos de fondo que ahora se hacen valer.
Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis VIII.3o.63 A, sustentada por este tribunal, y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1586, y que lleva por rubro: ""
En otro contexto, en contraposición a lo que aduce el recurrente en la primera parte de sus motivos de inconformidad, la Sala Fiscal estuvo en lo correcto al considerar que en la orden de verificación de expedición de comprobantes fiscales, se debió citar el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que es inexacto que la atribución que se prevé en dicha fracción únicamente esté dirigida a la llamada revisión de escritorio o gabinete, toda vez que también es aplicable para requerir en el propio domicilio del gobernado, la contabilidad, así como los datos, otros documentos o informes que sean necesarios para ejercer las facultades de comprobación.
Así es, en cuanto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 153/2007, en sesión de fecha tres de octubre de dos mil siete, determinó entre otras cosas, lo siguiente:
" ... Por lo que se refiere a la facultad de comprobación de las autoridades fiscales contemplada en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, debe señalarse que en ella se comprende, en general, la atribución de la autoridad fiscal de requerir la contabilidad, documentos, datos o informes y, por tanto, dentro de la misma se abarca a la llamada revisión de gabinete o escritorio, denominada así precisamente por realizarse en las oficinas de las autoridades y no en el domicilio del gobernado, pero no se limita a ella, pues el requerimiento puede ser efectuado para que la exhibición de la documentación se realice en el propio domicilio del gobernado, requiriéndose orden de visita domiciliaria en caso de que la autoridad requiera intromisión al mismo."
Consideraciones las anteriores, que evidencian en forma contundente lo desacertado de los planteamientos del ahora inconforme, en el sentido de que la cita de la fracción II del artículo 42 del código tributario, únicamente es necesaria cuando la facultad que en dicha fracción se contempla sea ejercida en tratándose de una revisión de escritorio o gabinete, y que su cita no resulta necesaria para las órdenes de visita como las que en el caso nos ocupa, ya que como lo estableció la Segunda Sala del más Alto Tribunal, la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación comprende de manera general la facultad de las autoridades fiscales de requerir la contabilidad, documentos, datos o informes, la cual puede ejercerse con motivo de la revisión de gabinete o escritorio, que se realiza en las oficinas de las autoridades, así como cuando con motivo de una orden de visita domiciliaria, se requiera al contribuyente la exhibición de documentación en su propio domicilio.
Luego, en divergencia a lo afirmado por la autoridad, no es factible considerar que la facultad para requerir al contribuyente que exhiba en su domicilio la contabilidad o cualquier otro documento durante el desarrollo de la visita domiciliaria, se encuentre regulada en la fracción V del artículo 42, y en el diverso numeral 45 del Código Fiscal de la Federación, ya que ante la existencia de una disposición específica, como es la fracción II del citado artículo 42, que expresamente tutela dicha facultad, la misma también debe citarse en el acto de molestia correspondiente, dado que no debe perderse de vista que los actos de la autoridad tributaria deben ceñirse estrictamente a la ley, pues sólo así se cumple íntegramente con los principios de legalidad y seguridad jurídica que se consignan en el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental y a los que de manera absoluta deben constreñirse los actos que se dirijan a afectar la esfera jurídica del gobernado; lo que al ser así, trae como consecuencia que se desestimen por infundados los argumentos que en sentido contrario se hacen valer.
Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, en lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2007, emanada de la contradicción de tesis 153/2007, mencionada en párrafos anteriores, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, página 298, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN. La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén las facultades de la autoridad fiscal para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, y practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, respectivamente, cumple con la garantía de fundamentación consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relación con la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto al lugar de su realización, pues por definición la revisión de gabinete o escritorio supone que no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la invocación de la indicada fracción II no se refiere a una revisión de tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibición de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del contribuyente al que se practica la visita. Además, si se atiende a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en términos de los artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, constitucional, 38 y 43 del código citado, ésta no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicará una auditoría en su domicilio, lo que debe señalarse así en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del referido código, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.’" (Nota. Lo subrayado es de este Tribunal Colegiado)
También es dable observar, en lo conducente y sustancial, la tesis P. XCVI/95, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, Novena Época, página 80, que la letra dice:
"COMPROBACIÓN FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE REALIZARLA. Las facultades de comprobación fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden llevarse a cabo conjunta, indistinta o sucesivamente, a criterio de la autoridad hacendaria, a través de cualquiera de las formas establecidas por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es decir, por medio de la revisión de declaraciones, de dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, por medio de la práctica de avalúos o verificación física de toda clase de bienes; allegándose información de funcionarios, o bien, a través de la práctica de visitas domiciliarias o requiriendo la exhibición de la contabilidad en el domicilio del contribuyente o en las oficinas de las autoridades correspondientes. Por tanto, la circunstancia de que la fracción II del citado artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establezca la posibilidad de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros exhiban su contabilidad incluso en el domicilio de las autoridades administrativas, no infringe lo dispuesto por el artículo 16, noveno párrafo, de la Carta Magna, ya que éste se refiere únicamente a la práctica de visitas domiciliarias y no a todas y cada una de las formas de comprobación fiscal, las que constituyen actos de molestia regulados por el párrafo primero del propio precepto constitucional. En tales condiciones, debe concluirse que la facultad de comprobación a que se refiere el multicitado artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, queda comprendida dentro de la disposición general consagrada en el primer párrafo del propio artículo 16 de la Ley Fundamental, esto es, que el acto autoritario de molestia debe ser consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe destacar que el hecho de que el Constituyente haya establecido un párrafo relativo a visitas domiciliarias, obedeció a que quiso dar una regla de protección especial al domicilio, de tal forma que no pudiera violarse sino en los casos previstos por el propio artículo 16 constitucional, es decir, para cateos o visitas domiciliarias, sin que ello implique que las facultades de comprobación fiscal no puedan llevarse a cabo en forma diversa, siempre y cuando se respeten las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal."
(Nota: Lo subrayado es de este Tribunal Colegiado)
Por lo demás, contra lo pretendido por el recurrente, el hecho de que en la demanda el contribuyente se hubiere manifestado conocedor del artículo y fracción que prevé la facultad de la autoridad para requerir documentación, de ninguna manera constituye un caso de excepción a la causa de ilegalidad que prevé la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; ya que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen.
Por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, era necesario que la autoridad precisara exhaustivamente su competencia para realizar el requerimiento en cuestión, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.
Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente y sustancial, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 2a./J. 115/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, bajo el tenor literal siguiente:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."
(Nota: Lo subrayado es de este Tribunal Colegiado)
En esas condiciones, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el administrador local jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, en representación de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, y como unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, y del jefe del Servicio de Administración Tributaria.
SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia de fecha dos de enero de dos mil ocho, pronunciada por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, dentro de los autos del juicio de nulidad número 4267/07-05-01-3.
Notifíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos originales a la Primera Sala Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Alfonso Soto Martínez, Ezequiel Neri Osorio e Isidro Avelar Gutiérrez siendo ponente el segundo de los mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20943-b849fa5d/agravios-inoperantes-en-la-revision-fiscal-lo-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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