RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS EN MATERIA FISCAL. PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVA, DEBE EXIGIRSE PREVIAMENTE AL OBLIGADO PRINCIPAL EL PAGO DE LOS CRÉDITOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
REVISIÓN FISCAL 112/2006. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios carecen de eficacia jurídica para revocar la sentencia recurrida, por las siguientes consideraciones.
De los autos del expediente 2114/05-05-02-3, del índice de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, se advierte que Estela Guerra Valdés, en su carácter de representante legal, albacea y heredera universal de la sucesión a bienes de Manuel J. García Rodríguez, demandó la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio LSFS-066/2004, de cuatro de mayo de dos mil cuatro, emitida por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que se determina un crédito fiscal por responsabilidad solidaria del señor Manuel J. García Rodríguez por diversos conceptos, en cantidad total de trescientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos cincuenta y dos centavos, por concepto de impuesto sobre automóviles nuevos, pagos provisionales actualización y recargos, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil dos.
Seguido el juicio por sus trámites legales, el veintitrés de enero de dos mil seis, la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada.
Inconforme con esa sentencia, el administrador local jurídico de Torreón, en el Estado de Coahuila, interpuso el presente recurso de revisión.
La sentencia de la Sala Fiscal se sustenta en las siguientes consideraciones esenciales:
a) Que la autoridad demandada procedió a fincar la responsabilidad solidaria al actor Manuel J. García Rodríguez, en su carácter de accionista de la contribuyente Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, dada la imposibilidad de hacer efectivo el crédito fiscal al sujeto pasivo principal, derivado de la revisión practicada al amparo de la orden número RE/ISAN-001/2002, en materia de impuesto sobre automóviles nuevos, por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, así como por el periodo del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil dos, con fundamento en el artículo 26, fracción X, en relación con la fracción III, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, ya que según la escritura pública número 4, levantada ante la fe del notario público número 20 de la ciudad de Saltillo Coahuila, el actor fue socio o accionista de Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, desde el día quince de enero de mil novecientos setenta, o sea durante el ejercicio y periodo revisado, con una participación del treinta por ciento, al poseer 1,350 (mil trescientos cincuenta) acciones de un total de 4,500 (cuatro mil quinientas).
b) Que de la propia resolución impugnada se desprende que existió imposibilidad material para notificar el crédito fiscal al sujeto pasivo principal, debido a que el contribuyente cambió su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente, de conformidad con el artículo 14, fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, según consta en los informes de asuntos no diligenciados llevados a cabo por la Dirección General de Ingresos, actualmente Subsecretaría de Ingresos, Dirección de Recaudación, Departamento de Ejecución, con fechas doce y diecisiete de septiembre de dos mil tres, en los que consta que el doce de septiembre de dos mil tres, se constituyó en el domicilio del contribuyente visitado, Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en Cerro de la Bufa 217 de la colonia Óscar Flores Tapia, para llevar a cabo la diligencia de notificación del oficio número LSFS-038/2003, de fecha nueve de septiembre de dos mil tres, lo cual no fue posible ya que el inmueble señalado se encontraba cerrado, informando los vecinos que en la empresa tiene mucho tiempo que no se ve a nadie; que en el diverso informe de diecisiete de septiembre de dos mil tres, el notificador ejecutor se constituyó nuevamente en el domicilio ya indicado del citado contribuyente, con el mismo objeto, lo cual no fue posible ya que el local se encontraba deshabitado.
c) Que dichos informes de asuntos no diligenciados, que aportó como pruebas de su intención la parte demandada, son documentos públicos que hacen prueba plena de su legal existencia en términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, con los que se acredita que Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, cambió de domicilio, actualizando el supuesto previsto en la fracción III, inciso b), de artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.
d) Consideró también la Sala Fiscal que no es óbice a la anterior determinación el formato de cambio de domicilio que aportó la actora, ya que fue presentado con fecha posterior a la determinación de la responsabilidad solidaria, ya que, además, la actora no acreditó que en las fechas en que se levantaron los informes de asuntos no diligenciados ya indicados, la empresa deudora principal haya realizado operaciones en el domicilio fiscal, no obstante estar obligada a ello.
e) Que la responsabilidad del actor no es ilimitada, pues conforme a la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, los socios o accionistas serán responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, pero en la parte que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma.
f) Acotó también que conforme a tal precepto la autoridad estaba obligada a probar que existe una parte del interés fiscal que no alcanzó a ser garantizada con los bienes de la sociedad, lo que no acreditó, no obstante que a ella corresponde la carga de la prueba, ya que tales cuestiones le sirvieron de motivación para la emisión de la resolución combatida, y la actora niega que se hayan dado.
g) Precisó que no pasa inadvertido que la autoridad aduce en su contestación, que la demandada no se encontraba obligada a motivar los extremos pretendidos por el actor, al haber existido imposibilidad material para notificar personalmente la resolución determinante del crédito fiscal y, por tanto, el interés no fue garantizado en ninguna forma, pero que procede desestimar tal argumento, ya que las demandadas omiten considerar el texto íntegro de la fracción III, inciso b), del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se prevé como supuesto que la persona moral cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento del código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicta con motivo de dicho ejercicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso, ya que de la resolución impugnada se advierte que la autoridad fiscalizadora una vez iniciadas las facultades de comprobación con la persona moral Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encontró impedida para notificar la resolución determinante del crédito fiscal.
h) Que por otra parte, la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, dispone que una vez que se actualice cualquier supuesto de la fracción III, se procederá a fincar la responsabilidad a los socios o accionistas de la persona moral respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, lo que no necesariamente implica, como lo pretenden las enjuiciadas, (sic) que previamente se hubiese notificado a la persona moral el crédito fiscal, pues contrario a ello la fracción III inciso b) del artículo en comento, prevé la imposibilidad de notificar la resolución determinante del crédito fiscal una vez iniciadas las facultades de comprobación, por lo que carece de eficacia jurídica la pretensión de las enjuiciadas, de que la persona moral garantizara el crédito fiscal y solamente en la parte que resultara insuficiente se procediera a fincar la responsabilidad solidaria a los socios o accionistas, pues el legislador estableció como premisa esencial previa a la determinación de una responsabilidad solidaria, el que se procediera a pagar el crédito con bienes de la empresa, hipótesis que no se actualizó en el presente caso, ya que la autoridad determinó al enjuiciante un crédito fiscal sin previamente constatar la existencia de bienes de la persona moral Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que es una situación muy diversa a la que se refieren las enjuiciadas, en cuanto a la falta de garantía del crédito fiscal, ya que confunden el sentido que el legislador en forma expresa desplegó en la fracción X del artículo 26 comentado.
En contra de tales consideraciones la autoridad aduce en sus agravios, violación a lo dispuesto en el artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación por su inobservancia, en relación con los diversos 38, fracción III y 26, fracción X, del mismo código, por su indebida interpretación y aplicación, ya que la a quo no entró al análisis de lo expuesto en los oficios de contestación de demanda presentados, en los que se alegó que si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación, los socios o accionistas serán responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada, también lo es que, como se desprende de la resolución controvertida, en el presente caso el interés fiscal no fue de ninguna forma garantizado al no haber sido siquiera posible notificar en forma personal a la empresa Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, la resolución determinante del crédito a su cargo, cuestiones que en ningún momento fueron consideradas por la a quo.
El sintetizado argumento es infundado, en la medida que, como ya ha quedado reseñado en los incisos a) al h), insertos en este mismo considerando, la Sala Fiscal, al efectuar las consideraciones que sustentan su fallo, sí se ocupa de analizar la contestación a la demanda, desestimando, en lo conducente, los argumentos vertidos para sostener la validez de la resolución impugnada en el juicio de nulidad. En esa tesitura, es evidente que no se actualiza la omisión de la que se duele la autoridad inconforme.
Aduce también la recurrente que es ilegal lo razonado por la Sala Fiscal cuando analiza el espíritu del legislador en la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en relación con la fracción III, inciso b), del citado precepto legal, pues lo hace de manera incorrecta, ya que si bien es cierto que en este último numeral se prevé la imposibilidad de notificar la resolución determinante del crédito fiscal, también lo es que ello de ninguna manera se traduce en que no pueda hacerse efectivo dicho crédito fiscal a los socios o accionistas sino hasta que se hubiera pagado el crédito con bienes de la empresa, ya que la única condición prevista legalmente para que se actualice la responsabilidad solidaria por parte de un socio o accionista lo es, entre otros supuestos, el hecho de que una persona moral cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, como en el presente caso ocurrió, ya que la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, inició sus facultades de comprobación a la persona moral denominada Automóviles Saltillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante una visita domiciliaria, sin que hubiera sido posible notificarle personalmente el oficio número LSFS-038/2003, de fecha nueve de septiembre de dos mil tres, en el que se hicieron constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones observados que originaron la determinación de un crédito fiscal, en virtud de haber efectuado dicha empresa un cambio de domicilio sin presentar el aviso correspondiente, con lo que se actualizó la causal de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 26, fracción X, del Código Fiscal de la Federación en relación con la fracción III, incisos a), b) y c) del citado artículo 26, en virtud de la cual se emitió el acto controvertido en el juicio de origen, en el que se determinó un crédito por responsabilidad solidaria al socio Manuel J. García Rodríguez, por lo que no se puede obligar a la fiscalizadora a motivar en la resolución impugnada, qué parte del adeudo se encontraba sin garantizar, por el hecho de que ninguna parte del adeudo se encontraba garantizado, tal y como quedó evidenciado en el acto impugnado, cuando se hace referencia a la imposibilidad de cobro ante el sujeto pasivo principal, o sea la persona moral de la que el actor es accionista, por lo que si no fue posible notificar el mencionado oficio LSFS-038/2003 menos lo fue el hacer efectivo el crédito fiscal determinado a la empresa, quien al haber cambiado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente, no podía responder con sus bienes por dicho adeudo que, en tales consideraciones, tuvo que hacérsele exigible a sus socios o accionistas.
Los resumidos agravios son infundados y para dilucidar lo anterior, es menester analizar en lo conducente, el contenido del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.
"Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:
"I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.
"II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.
"III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este código y su reglamento.
"La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
"a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
"b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.
"c) ...
"...
"X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate. ... ".
De una correcta interpretación del citado precepto, en la parte que para la presente sentencia interesa, se infiere que la figura de la responsabilidad solidaria de los socios de una empresa se actualiza, entre otros casos, cuando la empresa cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado (a la empresa) el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria y antes de que se le haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, es decir, tal como sucedió en el presente caso.
En esa tesitura, si partimos de que en el presente caso, se fincó responsabilidad solidaria al actor, en su carácter de socio de la empresa deudora principal, porque ésta cambió su domicilio después de iniciadas las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias (las que según consta en el documento determinante del crédito controvertido iniciaron el once de octubre de dos mil dos -foja 52 del juicio de nulidad-) y antes de que se le notificara el oficio LSFS-038/2003, de fecha nueve de septiembre de dos mil tres, en el cual se hacen constar los hechos u omisiones que originaron la determinación del crédito fiscal, es suficiente para que se actualice en contra de los socios de la empresa deudora la figura de la responsabilidad solidaria, tal como lo consideró la Sala Fiscal.
Sin embargo, en contra de lo que sostiene la autoridad recurrente, la insuficiencia de garantía en el monto del crédito a cargo de la empresa deudora no se puede determinar antes de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la obligada principal, y en este caso concreto, tampoco hay referencia alguna de que se hubiera practicado embargo precautorio, de ahí que la Sala Fiscal estuvo en lo correcto al determinar que si bien se actualizó la figura de la responsabilidad solidaria, la misma no se puede exigir hasta en tanto se determine la insuficiencia de garantía a cargo del deudor principal.
Lo anterior es así, toda vez que para considerar actualizada la ausencia total de garantía que afirma tener la autoridad frente al crédito cuyo pago requiere al deudor solidario, era menester que hubiera iniciado el procedimiento administrativo de ejecución, pues es únicamente en esa etapa, en la que se puede determinar válidamente la ausencia o insuficiencia de garantía por parte del obligado principal, para que, entonces sí, se proceda, por la parte no garantizada, en contra de quien o quienes resulten obligados solidarios.
La obligación de exigir el pago de créditos fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución y la posibilidad de trabar embargo aun en contribuyentes ilocalizados, se desprende del propio texto del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, en que dispone:
"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
"Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando:
"I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.
"II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes.
"III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado.
"IV. El crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.
"V. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan en esos lugares.
"Una vez inscrito el contribuyente en el citado registro y acreditada la posesión o propiedad de la mercancía, se levantará el embargo trabado.
"La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.
"La autoridad requerirá al obligado, en el caso de la fracción IV de este artículo para que dentro del término de 3 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme.
"El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se refieren los artículos 46-A y 48 de este código en el caso de las fracciones II y III y de 18 meses en el de la fracción I, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 141 se levantará el embargo.
"El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.
"Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 41, fracción II, de este código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que conforme a su naturaleza, le sean aplicables.
"En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de productos."
En esa tesitura, si la autoridad reconoce que no inició el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la deudora principal, en su propio escrito de agravios, al expresar: "... menos aún, por la anterior circunstancia, fue posible que se iniciara en su contra el procedimiento administrativo de ejecución a efecto de poder requerirle de pago el crédito que le fue terminado (sic) o embargársele bienes para garantizar dicho crédito ...", es inconcuso que no se puede actualizar la hipótesis para que se proceda a hacer efectiva la responsabilidad solidaria a cargo de los socios, que se limita a la parte no garantizada del adeudo con bienes de la obligada principal, que únicamente se podría haber obtenido mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Así las cosas, dado que la autoridad no inició el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la deudora principal, es evidente que su determinación de afectar la esfera de derechos del socio de la empresa contribuyente no se apegó al marco legal, lo que trae como consecuencia la ilegalidad de la determinación del crédito fiscal a cargo del deudor solidario, de ahí que deba concluirse lo infundado de sus motivos de inconformidad.
No pasa inadvertido que la Sala Fiscal, al analizar el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, interpreta como sinónimos la garantía y el pago del crédito fiscal, lo cual no siempre puede ser interpretado de esa manera, pero tal cuestión no incide en el presente caso, dado que, como ya se vio, en la especie no se actualizó alguno de esos supuestos.
Por último, la autoridad aduce que además en ningún momento pretendió hacer efectivo al actor el importe total de la deuda a cargo de la deudora principal, pues la propia enjuiciada reconoce que su responsabilidad es limitada y por eso le determinó una responsabilidad solidaria en proporción al 30% de las acciones con que el actor cuenta en la empresa, argumento que resulta inconducente en el presente recurso, cuenta habida que la Sala Fiscal no emitió pronunciamiento alguno respecto del porcentaje sobre el cual se fincó responsabilidad al deudor solidario.
Así las cosas, ante la ineficacia jurídica de los agravios para revocar la sentencia que se revisa, procede confirmarla.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación, 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-Se declara la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 2114/05-05-02-3, del índice de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, misma que ha quedado precisada en el resultando primero de esta sentencia.
Notifíquese con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Arcelia de la Cruz Lugo, presidenta en funciones, Manuel Eduardo Facundo Gaona y licenciado Alberto Caldera Macías, secretario en funciones de Magistrado, autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19840-88bccdae/responsabilidad-solidaria-de-los-socios-o-accionistas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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