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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, AUN CUANDO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PREVEA EL RECURSO DE REVOCACIÓN COMO VÍA PARA COMBATIRLOS, EN VIRTUD DE QUE ÉSTE ES OPTATIVO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 85/2005. · Registro digital (IUS): 19329
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1697.

REVISIÓN FISCAL 85/2005. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Es infundado el agravio único que se hace valer.

En efecto, aduce la Administración Local Jurídica de Torreón, en el Estado de Coahuila, que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos artículos 117, fracción II, inciso b), y 120 del mismo ordenamiento, así como con el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por su indebida interpretación, al sostener que es infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 202, fracción II, del indicado código tributario federal, invocada por la representación fiscal, con base en que el mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago y embargo reclamados ante la Sala a quo, sí son impugnables en el procedimiento contencioso administrativo.

Al efecto, la discordante transcribe el considerando tercero de la sentencia recurrida, en el cual se desestima la causal de improcedencia de trato, para enseguida cuestionar tal determinación, ya que en su concepto la sentenciadora fiscal soslayó el artículo 11 citado, pues el mismo es claro al establecer como primer y fundamental condición para conocer de los juicios de nulidad planteados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los actos impugnados constituyan una resolución definitiva, condición de la que en concepto de la inconforme carecen tanto el mandamiento de ejecución como el requerimiento de pago y embargo controvertidos en el juicio natural, pues los mismos no ponen fin al procedimiento económico coactivo.

Añade la recurrente, que aun cuando la acción contenciosa administrativa requiere para su procedencia sólo la afectación de un interés, se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas".

Sin que, en concepto de la recurrente, la Sala a quo se ocupe de esgrimir razonamiento alguno por el que considere que las resoluciones controvertidas son definitivas, por lo que son insuficientes los motivos y fundamentos emitidos por la resolutora fiscal al señalar que si en contra del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, procede el recurso de revocación conforme al artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, y si dicho medio de defensa es optativo, se actúa dentro del marco legal previsto por el artículo 120 de dicho ordenamiento, acorde al cual la interposición del recurso de revocación es opcional para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Agrega la discordante que cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental, no podrán considerarse como definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, por lo que cuando se impugne ésta, podrán reclamarse tanto los vicios del procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que los argumentos reseñados con antelación resultan infundados y que la Sala a quo ajustó su actuación a derecho al desestimar la causal de improcedencia de que se trata, pues en oposición a lo pretendido, legalmente el procedimiento de ejecución y las diligencias de requerimiento de pago y embargo, sí son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según se pasa a demostrar.

Efectivamente, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en lo que interesa dispone lo siguiente:

"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores ... Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa."

Mientras que los artículos 117, fracción II, inciso b), y 120 del Código Fiscal de la Federación, en lo conducente, prescriben lo siguiente:

"Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: ... II. Los actos de autoridades fiscales federales que: ... b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley."

"Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

Dispositivos legales de los que se infiere claramente, en principio, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 11 de la ley orgánica respectiva, y que para efectos de la definitividad se considera que las resoluciones adquieren ese carácter, cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa; y,

Que además, el recurso de revocación procede en contra de los actos de autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, y que ese medio de defensa es optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por consiguiente, bajo este contexto legal es incuestionable que en contra del mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago y embargo impugnados en el juicio de origen, sí procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la medida que se trata de actos definitivos, porque la interposición del recurso administrativo, en el caso el de revocación, es optativa para el interesado.

Sin que en modo alguno se exija legalmente, que en contra de los actos que se dicten en el procedimiento de ejecución procede el juicio de nulidad, sólo cuando se trate de la última resolución que se dicte en el mismo, como indebidamente lo plantea la recurrente, pues por el contrario expresamente se contempla la procedencia de dicho juicio, en general contra actos de las autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley, sin imponer alguna limitación a la procedencia del juicio por el hecho de que no se trate de la última resolución.

En el entendido, que si el legislador hubiera tenido la intención de restringir la procedencia del juicio de nulidad, en contra de actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, a la última resolución que culmine con el mismo, no estaría contemplada la procedencia de dicho juicio en términos generales en contra de actos que se dicten en tal procedimiento, siempre que se alegue que la autoridad no se ha ajustado a la ley, en tanto que, como se ha visto la interposición del recurso de revocación es optativa para el interesado, quien puede acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, circunstancia suficiente para concederles a los actos impugnados en el procedimiento administrativo de ejecución, la calidad de definitivos, aun cuando no constituyan la última resolución que se dicte en el mismo.

Bajo esta tesitura, se considera que si el legislador no restringió la procedencia del juicio de nulidad en tratándose de actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, a la última resolución que se dicte en el mismo, por lo tanto no le está permitido al intérprete hacerlo.

Por consiguiente, ante la normatividad aplicable para la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, es evidente que la definitividad de los mismos está sujeta a que no admitan recurso administrativo o la interposición de éste sea optativa.

Sin que pase inadvertido para este órgano colegiado, que el concepto de definitividad inherente a la naturaleza jurídica de la resolución, concretamente que se trate de la última que se dicte para poner fin al procedimiento, resulta aplicable en todo evento para los actos intermedios dictados dentro de los procedimientos en los que las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación, pero no en tratándose de los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, pues como se ha visto, en este último se contempla expresamente la procedencia del juicio de nulidad en contra de cualquier acto que se dicte dentro del mismo, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley.

Por último, en relación a la ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 111/2004, que la autoridad acompaña a su ocurso de contestación, cabe decir que la Sala a quo, en modo alguno determina que las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad correspondiente a tal medio de defensa, se emitieron dentro de un procedimiento de revisión comunmente denominado como de escritorio, sino que la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahí se invoca, efectivamente hace referencia a ese tipo de procedimiento de revisión conocidos como de escritorio, como en el caso lo fue el oficio de requerimiento de documentación e información, formulado por el fisco en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, por ello los razonamientos que hace al respecto son infundados.

En las condiciones relatadas, procede confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma la sentencia recurrida en la parte que se impugnó, dictada el veinticinco de febrero de dos mil cinco, por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio de nulidad 6497/04-05-02-6, promovido por Constructora Papigochic, S.A. de C.V., por la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada.

Notifíquese; con testimonio autorizado de este fallo a la Sala a quo y a la autoridad recurrente, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Marco Antonio Arroyo Montero, Carlos Gabriel Olvera Corral y Fernando Octavio Villarreal Delgado, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19329-60ad2d17/juicio-contencioso-administrativo-procede-contra-el-mandamiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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