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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD HACENDARIA ESTÁ OBLIGADA A CITAR LAS NORMAS LEGALES QUE DEFINAN LOS ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 123/2005. · Registro digital (IUS): 19091
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDIT
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 2239.

REVISIÓN FISCAL 123/2005. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TORREÓN, COAHUILA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE TORREÓN, COAHUILA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Es inatendible el único concepto de agravio hecho valer por el recurrente, atentas las consideraciones siguientes:

Sostiene el recurrente en su único motivo de disenso que la Sala Fiscal en la sentencia recurrida en forma equívoca estima como ilegal la orden de visita domiciliaria en que se sustenta el procedimiento de fiscalización del cual deriva la resolución impugnada, no obstante que en dicha orden de visita se satisfacen plenamente los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual infundadamente estima violado la a quo.

Lo anterior es así, razona el inconcordante, pues a su decir "... dicha orden (sic) consta por escrito, en la misma se señala la autoridad que la emite, está debidamente fundada en derecho señalándose las disposiciones legales aplicables, y se encuentra debidamente motivada al señalarse las circunstancias especiales y causas inmediatas que se tuvieron para la emisión del acto, como igualmente se señala el motivo de la orden (sic), ostentando también la firma del funcionario competente, así como los nombres de los funcionarios autorizados para llevar a cabo dicha orden de visita domiciliaria (sic), por lo que no puede considerarse legal la sentencia de la responsable (sic), al declarar que la orden de visita domiciliaria (sic) no cumple cabalmente con los requisitos contenidos en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, pues resulta evidente que la autoridad fiscalizadora al emitir la orden (sic) se apega a la disposición fiscal antes citada ...".

Añade el revisionista en el único motivo de disenso en estudio, que en el texto de la orden de visita se precisó que a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el numeral 42, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, se expedía la misma con fundamento en el artículo 16 constitucional, entre otros, señalando a la actora que debería mantener a disposición del personal autorizado todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros, los elementos contables que se describen en dicha orden, circunstancia la cual, además, en modo alguno agravia a la demandante, pues dada la naturaleza, objeto y propósito de dicha orden, para su validez no es menester que se haga cita de fundamento legal alguno que contenga o prevea los elementos que integran la contabilidad de la actora, ya que lo importante, continúa razonando el inconforme, es que se hayan fundado las facultades de comprobación ejercidas por la exactora, la cual dentro de sus atribuciones cuenta con la de solicitar a los contribuyentes destinatarios de las órdenes de visita, que pongan su contabilidad a disposición de los visitadores en ellas designados, para así proceder a su revisión dentro de la visita domiciliaria.

Circunstancia esta última la cual se comprueba, sigue argumentando el recurrente, desde el momento en que la susodicha autoridad tributaria citó en la plurimencionada orden de visita los artículos 42, fracción III, 45 y 48 del Código Fiscal de la Federación, numerales en los cuales se apoyó para solicitar a la contribuyente visitada que pusiera a disposición de los funcionarios visitadores todos los elementos que integran la contabilidad de aquélla para efectos del ejercicio de la facultad de comprobación, bastando citar en el texto de la orden de visita, concluye diciendo el discordante, el numeral que legalmente sustente el proceder de la autoridad para ejercer su facultad de comprobación, y no constreñirla la Sala a quo, a dilucidar cuáles son los elementos que integran la contabilidad de la actora, exigiéndole por ende dicha resolutora mayores requisitos de los que se contemplan en la ley.

Son inatendibles los citados razonamientos del inconforme, toda vez que de la sola lectura de la sentencia impugnada se obtiene que en ningún momento se pronunció la Sala a quo respecto de la cuestión a la cual aquél se refiere en su único motivo de disenso; es decir, jamás razonó la sentenciadora de trato en la parte considerativa del fallo sujeto a revisión, que alguna orden de visita se encuentre indebidamente fundada.

Lo anterior es así, pues la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia recurrida analizó y se pronunció respecto del segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad (único que fue objeto de estudio en dicho fallo), concepto de anulación éste en el cual, en lo conducente, adujo el actor lo siguiente:

"... Procede se decrete la ilegalidad de la resolución impugnada, en razón de que la solicitud de documentación a través de la cual inician las facultades de revisión la hoy demandada, carecen (sic) de una adecuada fundamentación de la competencia material de la autoridad fiscal emisora de la solicitud ..."

En efecto, la Sala a quo en la sentencia que se revisa, al respecto razonó, en lo conducente, lo siguiente:

"... A juicio de este órgano colegiado, el planteamiento de la actora resulta fundado, en atención a que es cierto que en la solicitud de documentación con número de oficio No. (sic) 324-SAT-05-III-E-1793 de fecha 10 de junio de 2002, que obra a fojas 35 a 36 del expediente en que se actúa, carece del requisito de una debida fundamentación y motivación legal, exigido por el artículo 16 constitucional y contemplado en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en atención a que en ninguna parte de su texto se invoca el precepto legal que establezca que los elementos que integran la contabilidad, son entre otros, como (sic) los que enlista la autoridad en la hoja uno de la solicitud mencionada ...". (Lo subrayado es de este Tribunal Colegiado).

De ahí que si el inconcordante se duele en el único motivo de disenso en estudio de una cuestión que jamás abordó la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, como lo es la atinente a la ilegalidad de alguna orden de visita, luego, es inconcuso que deviene inatendible dicho concepto de agravio.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada que se comparte, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de 1992, página 292, cuyos rubro y texto rezan a la letra como sigue:

"REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AGRAVIOS INATENDIBLES. Atenta la técnica del juicio contencioso-administrativo, no deben estudiarse los agravios planteados por la autoridad demandada en el recurso de revisión fiscal en los que se propongan argumentos nuevos que no fueron materia de la litis, pues por lógica éstos no pudieron considerarse para emitir la sentencia recurrida."

Precisado lo anterior, cabe decir que aun en el caso hipotético de que la Sala Fiscal hubiese abordado en la sentencia sujeta a revisión el tópico en comento, aducido por el inconforme en el único concepto de agravio que se analiza, es decir, el atinente a la ilegalidad de la orden de visita domiciliaria en la que, a decir de este último, se sustenta el procedimiento de fiscalización del cual deriva la resolución impugnada, atenta la omisión de la cita en dicha orden de visita de fundamento legal alguno que contenga o prevea los elementos que integran la contabilidad de la contribuyente; de todos modos dicho motivo de disenso resultaría infundado; siendo esto así, al no asistirle la razón al recurrente, en cuanto hace a los argumentos que hace valer en el mismo, atentas las consideraciones siguientes:

Por principio de cuentas, en modo alguno debe perderse de vista que en la especie no está a discusión la circunstancia de si conforme a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pueden éstas revisar la contabilidad de los contribuyentes.

Por el contrario, lo que se encuentra en tela de juicio es una diversa cuestión, a saber, si conforme a lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se deben citar los numerales donde se contempla que los elementos integrantes de la contabilidad, son efectivamente los enumerados en una determinada orden de visita, para que la actora esté en aptitud de saber si está o no obligada a presentarlos ante la exactora, de tal manera que la contabilidad esté integrada de acuerdo con la lista que ésta formule en la susodicha orden de visita.

Ahora bien, resulta infundado el que la autoridad enjuiciada se concrete en una orden de visita domiciliaria a hacer una relación sucinta de los elementos contables que requiere mantenga el visitado a disposición de los visitadores, omitiendo no obstante, señalar los fundamentos legales que describan la contabilidad que se encuentra compelido a llevar el contribuyente para el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y como consecuencia de ello, surja a su cargo la obligación de exhibirla ante los susodichos visitadores.

Lo anterior es así, pues la autoridad enjuiciada al emitir una orden de visita en la cual le señale al causante a quien se dirige, que deberá mantener a disposición de los visitadores autorizados todos los elementos que integran la contabilidad, enumerando diversos de ellos; empero, omitiendo a su vez citar el precepto jurídico acorde al cual dicho contribuyente debe exhibirle ese material contable, tal orden de visita carecerá en tal apartado de una debida fundamentación.

Bajo esa tesitura, si la orden de visita condigna carece de una debida fundamentación porque la autoridad hacendaria omite citar el precepto legal donde se señala qué debe de entenderse por elementos integrantes de la contabilidad, como lo es el numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, es claro que tal irregularidad trasciende al ámbito jurídico del contribuyente, porque le impide conocer qué es aquello que legalmente se encuentra obligado a observar.

Evento el anterior que pone de relieve que la autoridad enjuiciada que suscriba una orden de visita solicitándole al causante que mantenga a disposición del personal autorizado en esa orden, todos los elementos que integran la contabilidad, además de enumerarlos, debe citar el precepto legal que consigna el aspecto relativo a lo que se debe entender por los elementos que integran la contabilidad, pues no es válido estimar que ese evento se encuentra implícito dentro del contenido de los numerales 42, fracción II, y último párrafo; y, 48, fracciones I, II, y III, del Código Fiscal de la Federación, y que por inferencia se pueda deducir su existencia y exacta aplicación, cuando un numeral, a saber, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, expresamente indica cuáles son los elementos contables con los que el contribuyente debe contar.

Es pertinente señalar al respecto que no debe perderse de vista que todo acto autoritario (dentro de los cuales, como es obvio, están comprendidos los emitidos por las autoridades tributarias), debe ceñirse estrictamente a la ley, ya que solamente así se cumple íntegramente con los principios de legalidad y seguridad jurídica que se consignan en el artículo 16 constitucional, y a los que en particular, y de manera absoluta, deben constreñirse aquellos que se dirijan a afectar la esfera jurídica de los gobernados.

Cobra aplicación al caso, en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la denuncia de contradicción de tesis número 94/2000-SS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, cuyos rubro y texto rezan a la letra como sigue:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica."

A mayor abundamiento, si en una orden de visita domiciliaria la exactora exige a un contribuyente la presentación de determinados documentos que a decir de aquélla, integran la contabilidad, debe apoyar su orden en los preceptos de ley que definan los elementos integrantes de la misma, y no a la inversa, pretender trasladar la carga probatoria al causante, ya que inclusive, el propio Código Fiscal de la Federación tiene previstas normas que sancionan la falta de exhibición inmediata de los documentos contables que se exijan a los contribuyentes, como lo son, los artículos 85, fracción I, y 86, fracción I, ambos relacionados con el diverso numeral 53, inciso a), del mismo ordenamiento tributario; de donde se confirma la obligación a cargo de la autoridad exactora de citar las normas legales que definan los elementos que componen la contabilidad de un contribuyente al cual se pretenda revisar, en ejercicio de sus facultades de comprobación, con independencia de que éstas tengan o no el carácter de discrecionales.

Similares criterios sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones fiscales 150/2002, 16/2003, 20/2003, 42/2003, 100/2005 y 112/2005, falladas en sesiones plenarias de veintinueve de noviembre de dos mil dos, veintiuno de febrero, catorce de marzo, once de abril de dos mil tres, así como dos y veinticuatro de junio de dos mil cinco.

Sin que se inadvierta que en la especie el acto autoritario primigenio del cual derivó la resolución impugnada por la actora en el juicio contencioso administrativo en que se dictó el fallo recurrido (consistente en la determinación contenida en el oficio 324-SAT-05-III-C-9472, de treinta y uno de julio de dos mil tres, mediante la cual el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $394,848.80 [trescientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional]), lo constituye la solicitud de información y documentación contenida en el diverso oficio 324-SAT-05-III-E-1793, de diez de junio de dos mil dos, emitida por el susodicho administrador local de Auditoría Fiscal.

Por lo demás, tampoco pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, por una parte, que en esa solicitud de información y documentación jamás se hizo mención a los elementos que integran la contabilidad de la actora, pues al respecto, en lo conducente, únicamente se hizo alusión a lo siguiente:

"... A efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, fracción II, y último párrafo; y 48, fracciones I, II y III del propio Código Fiscal de la Federación, se dirige a ese (a) contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala. Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto en materia de las siguientes contribuciones federales (sic): impuesto al valor agregado. Por el ejercicio comprendido del 1o. de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000. La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente: 1. Libros diario y mayor. 2. Declaración anual normal y/o complementaria del ejercicio 2000. 3. Declaraciones provisionales correspondientes al ejercicio 2000. 4. Proporcione análisis de ingresos debidamente relacionados por el ejercicio 2000, así como su documentación comprobatoria. Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, con sede en Torreón, en el Estado de Coahuila, con domicilio en ... dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquel en que se le notifique el presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación ...". (Lo que se inserta entre paréntesis es de la autoridad exactora y lo insertado entre corchetes es de este Tribunal Colegiado).

Y por la otra, que pese a que en la susodicha solicitud de información y documentación jamás se mencionaron los elementos que integran la contabilidad de la demandante, la Sala Fiscal se pronunció en la sentencia recurrida en el sentido siguiente:

"... Si la autoridad solicitó al (sic) contribuyente pusiera a su disposición diversa documentación que integra su contabilidad, ante tal mandato de autoridad, debió señalar el precepto legal que establece lo que el legislador considera como contabilidad, ya que tal mandato de autoridad debe reunir los requisitos de que se duele la actora, esto es, de invocar en el texto mismo los fundamentos legales que prevean que dicha documentación es aquella que forma parte integrante de la contabilidad, a fin de que el afectado esté en aptitud de deducir si conforme a los mismos está obligado a llevar su contabilidad así integrada y ponerlos a disposición de la autoridad para combatir esas disposiciones ...". (Lo subrayado es de este Tribunal Colegiado).

Sin embargo, es preciso señalar al respecto, que el inconcordante jamás se duele en el único motivo de disenso en estudio, de la incongruencia en que incurrió la Sala Fiscal en cuanto a que, para arribar en el fallo que se revisa a la conclusión de que la mencionada solicitud de información y documentación era carente de la debida fundamentación, con base en los argumentos que en dicho fallo se esgrimen, partió la resolutora de trato de una premisa falsa, a saber, la de que en dicha solicitud de información y documentación la exactora de trato le requirió a la actora que pusiera a su disposición diversa documentación que integra su contabilidad.

De ahí que, ante la circunstancia de que el recurso de revisión fiscal es de estricto derecho, este Tribunal Colegiado se encuentra legalmente impedido para suplir en la especie la deficiencia de la queja a favor del inconforme.

Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente y sustancial, la tesis aislada sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXV, página 1631, cuyos rubro y texto rezan a la letra como sigue:

"REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS EN LA.-Como la revisión fiscal se tramita y resuelve según las reglas del recurso de revisión en el juicio de amparo y puesto que es de estricto derecho la revisión en el juicio de garantías que versa sobre materia administrativa, no cabe suplir la deficiencia de los agravios, los que deben estimarse inoperantes cuando no combaten de modo directo los razonamientos en que esencialmente se apoya el fallo recurrido y que determinan el sentido de éste."

En las relatadas condiciones, al resultar inatendible el único concepto de agravio expresado por el recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 190 de la Ley de Amparo, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma la sentencia recurrida de uno de abril de dos mil cinco, dictada por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, recaída al juicio de nulidad expediente 4597/03-05-01-3, incoado por Luis Carlos Fahur Amador, representante legal de Maquilas Cindy, S.A. de C.V., en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada que se halla debidamente precisada en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio del presente fallo, vuelvan los autos a la Sala de origen; asimismo, remítase al administrador local Jurídico de Torreón, Coahuila, residente en esta ciudad, un diverso testimonio para su conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Marco Antonio Arroyo Montero, Fernando Octavio Villarreal Delgado y Carlos Gabriel Olvera Corral, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19091-1c5920f3/orden-de-visita-domiciliaria-la-autoridad-hacendaria-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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