Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SOLICITUD DE BAJA DE UN INTEGRANTE DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR HABER DADO POSITIVO EN UN EXAMEN TOXICOLÓGICO, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN TANTO SE RESUELVE EL FONDO DEL AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 262/2025. · Registro digital (IUS): 34048
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-05
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.703.

QUEJA 262/2025. 23 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS OMAR LIÉVANOS RUIZ Y SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS. DISIDENTE: MONSERRAT ERANDI AMBROSIO MODRAGÓN. PONENTE: OMAR LIÉVANOS RUIZ. SECRETARIA: SONIA SUÁREZ RÍOS.

Morelia, Michoacán. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos los autos para resolver el recurso de queja administrativa 262/2025 derivada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 823/2025, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan.

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Demanda de amparo.

**********, por propio derecho,(1) promovió demanda de amparo indirecto, por los actos y contra las autoridades siguientes:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ------------------------------------------------------------1. CONSEJO DE HONOR DEL TRIGÉSIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA. -------------2. DIRECTOR GENERAL DE INFANTERÍA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ---------IV. ACTOS RECLAMADOS. ------------------------------------------------------------------------------------------1. CONSEJO DE HONOR DEL TRIGÉSIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA. -------------a. La emisión del oficio número **********de fecha 09 de agosto del 2024, mediante el cual me emplazó a la audiencia del consejo de honor para el día 22 de agosto del 2025. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b. La resolución del consejo de honor de fecha 25 de agosto del 2025, en la que me declaró culpable de observar mala conducta, solicitando mi baja del ejército y fuerza aérea mexicana y del 30 batallón de infantería. ----------------------------------------------------c. Las consecuencias de la ejecución de la resolución del consejo de honor: -------------La baja del curso de formación de sargentos de sanidad que me encontraba realizando en la Escuela Militar de Clases de Sanidad, por haber observado mala conducta determinada por el consejo de honor del 30 Batallón de infantería. -------------2. DIRECTOR GENERAL DE INFANTERÍA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------La sustanciación del procedimiento de baja para cumplir la determinación del consejo de honor de fecha 25 de agosto del 2025. -----------------------------------------------------------NOTA. La resolución del consejo de honor se me notificó el día 9 de septiembre del 2025. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ------------------------La emisión del mensaje ********** número ********** de fecha 3 de septiembre del 2025. Mediante el cual ordena que el suscrito cese de continuar realizando el curso de formación de sargento segundo de sanidad por haber observado mala conducta determinada por el consejo de honor del 30 batallón de infantería."

SEGUNDO. Incompetencia.

En proveído de seis de octubre de dos mil veinticinco, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a quien por turno tocó conocer de la demanda, la registró con el número 1256/2025 y, al advertir que los actos reclamados tendrían ejecución en Apatzingán, Michoacán, se declaró incompetente para conocer el asunto y remitió los autos al Juzgado de Distrito con sede en Uruapan en turno.

TERCERO. Trámite del incidente de suspensión

En proveído de quince de octubre de dos mil veinticinco, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, registró la demanda con el número 823/2025, la admitió a trámite, dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requirió el respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y ordenó la apertura del incidente de suspensión.

En la misma fecha aperturó el incidente de suspensión correspondiente, señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental (el veintidós de octubre de dos mil veinticinco a las diez horas con cuarenta minutos) y negó la suspensión provisional solicitada.

CUARTO. Interposición y trámite del recurso.

Interposición. Inconforme con el acuerdo anterior, **********, por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de queja.

Admisión. Del recurso en cita correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el que en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco lo tuvo por recibido –a las diez horas– se admitió y se turnaron los autos a la magistrada Monserrat Erandi Ambrosio Mondragón para los efectos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Competencia.

Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso b) y 98, fracción I, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, por haberse interpuesto contra la resolución que negó la suspensión provisional del acto reclamado, dictada por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en la que este Tribunal Colegiado de circuito ejerce jurisdicción.

SEGUNDA. Legitimación.

El recurso de queja se interpuso por parte legitimada para ello, pues lo hizo **********, a través de su autorizado **********, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto.

TERCERA. Procedencia del recurso.

El recurso de queja es procedente de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que se interpuso contra el auto en que se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado, dictado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan.

CUARTA. Oportunidad en la presentación del recurso.

El recurso de queja se interpuso en tiempo, porque se hizo antes que comenzara a correr el plazo de dos días previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, tal como se refleja en el recuadro siguiente:

Ver recuadro

De lo que se sigue que su presentación es oportuna aun cuando se realizó con antelación a que comenzara a correr el plazo para su interposición, conforme a la tesis aislada 2a. LXXIII/2012 (10a.),(4) aplicada por analogía.

QUINTA. Consideraciones del acuerdo recurrido.

En lo que interesa, la juzgadora federal determinó negar la suspensión provisional, toda vez que los actos reclamados revestían el carácter de consumados y, contra actos de esa naturaleza, no procedía conceder la medida cautelar.

Ello, porque la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido materializado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal.(5)

Por otra parte, contra los efectos del acuerdo de baja, el quejoso solicitó la medida cautelar para los efectos de que no sea dado de baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y siga laborando en la unidad en que actualmente se encuentra, para que continúe realizando el curso de Sargento Segundo de Sanidad en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad.

De manera que, respecto de los efectos reclamados, no es procedente la suspensión solicitada, porque no se satisface el requisito del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse tal medida se afectaría el orden público.

Explicó, que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, contiene la prohibición de reincorporación de los miembros de las instituciones policiales, por lo que, de suspenderse esa consecuencia del acto reclamado, se transgredería el orden público.(6)

Sin que fuera aplicable al caso el criterio invocado por el quejoso de rubro ÓRDENES MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO, porque dicho criterio se refiere al incumplimiento de las órdenes militares emitidas por los superiores a sus subalternos cuando éstas estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, no así respecto de las determinaciones de baja del servicio activo de los elementos castrenses, de ahí que la jurisprudencia en mención no destruye las líneas anteriores, dado que no se cumplieron todos los elementos necesarios para su otorgamiento.

SEXTA. Síntesis y estudio de los agravios

En su primer motivo de agravio, el recurrente adujo, en esencia, que contrario a lo determinado en la resolución impugnada a los actos reclamados no les reviste el carácter de consumados, toda vez que el recurrente aún no ha sido dado de baja del servicio activo del ejército mexicano.

El anterior argumento es fundado, por lo siguiente.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –al resolver la contradicción 263/20211,(7) trató la suspensión respecto de los actos consumados y determinó lo siguiente:

"[...] esta Segunda Sala precisa que los actos consumados, a diferencia de los actos de tracto sucesivo, son aquellos que se realizan en una sola ocasión, es decir, que no requieren pluralidad de acciones con unidad de intención.

Existen actos consumados de modo irreparable y actos consumados que son susceptibles de reparación.

En lo que concierne a los primeros, no procede la suspensión, ya que éstos ni siquiera pueden tener el carácter de actos reclamados, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho constitucional quebrantado.

Por otra parte, en relación con los actos consumados de un modo reparable, hay que distinguir entre el consumado que ya produjo todos sus efectos y consecuencias y otros en que no puede precisarse cuándo quedan definitivamente ejecutados.

En el primer supuesto ya no cabe la suspensión y si se concediera se le daría a la medida efectos restitutorios, cuando no debe tener otros que los suspensivos.

En cambio, en relación con los actos consumados cuya ejecución se prolonga en el tiempo, como la suspensión puede afectar a la ejecución del acto, en cuanto a la continuidad de esa ejecución, de cumplirse con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, procede conceder la medida cautelar, siempre y cuando se advierta, al analizarse la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora."

Es decir, la suspensión no procede en relación con los actos reclamados irreparablemente –entendidos como aquellos respecto de los que, de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho constitucional quebrantado– ni respecto de los consumados de un modo reparable, pero que ya produjeron todos sus efectos.

De acuerdo con lo anterior, en el caso, lo reclamado, en lo sustancial, es: a) el emplazamiento a una audiencia en el Consejo de Honor del Trigésimo Batallón de Infantería, b) la resolución en la que se determinó la baja del quejoso del ejército y fuerza aérea mexicanos y del Trigésimo Batallón de Infantería, así como sus consecuencias (en específico, la baja del curso de formación de sargentos de sanidad que se encontraba realizando en la Escuela Militar de Clases de Sanidad) y c) el procedimiento de baja para cumplir con aquella resolución.

Al respecto, se precisa que para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, debe atenderse a las manifestaciones hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar.

Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 5/93,(8) que establece:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."

De lo que se sigue que contrario a lo considerado por la juzgadora federal, a) el emplazamiento a una audiencia en el Consejo de Honor del Trigésimo Batallón de Infantería, b) la resolución en la que se determinó la baja del quejoso del ejército y fuerza aérea mexicanos y del Trigésimo Batallón de Infantería, así como sus consecuencias, y c) el procedimiento de baja para cumplir con aquella resolución, no son actos consumados de una forma irreparable, ni produjeron todos sus efectos, porque a razón de ellos se solicitó la baja del quejoso, del ejército y fuerza aérea mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción III, de La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,(9) la cual, a decir del quejoso no se ha materializado, pues se encuentra prestando sus servicios –en lo que insiste en su escrito de agravios–.

De ahí que, se reitera, los actos reclamados no son consumados para efectos de la suspensión provisional solicitada, de lo que resulta fundado el primer agravio.

Por otra parte, en el segundo agravio, dijo que la juzgadora aplicó de manera indebida el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los agentes de ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio; ello, porque las funciones del recurrente no se encuentran comprendidas dentro de ese precepto, toda vez que es un soldado del ejército mexicano y, por dicha razón, no se le puede aplicar un precepto ajeno a su situación jurídica.

El anterior argumento –suplido en su deficiencia–(10) es fundado, conforme a lo siguiente.

De inicio, debe precisarse que, para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, el juzgador debe analizar el acto reclamado sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, si la naturaleza de esos actos permite su paralización, si se satisfacen las exigencias previstas por los numerales 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo vigente,(11) ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social ni transgresión a disposiciones de orden público y, por último, determinar si procede exigir alguna garantía para que surta efectos la medida cautelar.

En el entendido que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar se requiere, tratándose de la suspensión provisional que los actos reclamados sean suspendibles, así como también de que concurran los requisitos exigidos por la Ley de Amparo; la falta de cualesquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 85/2018 resolvió que la suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos, a saber:

(i) Solicitud de parte agraviada;

(ii) No se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Hecha tal precisión, es necesario hacer referencia a los conceptos de "orden público" e "interés social", que se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición unívoca, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración.

En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.

Es de orientación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/16(12) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal colegiado de circuito comparte, cuyo contenido consigna:

"SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Ahora, en relación con la función de los militares, es importante destacar que nuestro máximo tribunal ha establecido que la suspensión en el juicio de amparo se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, que se considera que sucede así cuando de concederse la suspensión se permita el incumplimiento de órdenes militares, dirigidas a satisfacer atribuciones primordiales, tales como la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense.

De modo que paralizar las órdenes militares se considera perjudicial para el interés social o contraria a disposiciones de orden público, ya que todo militar debe quedar ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan.

Sin embargo, el alto tribunal sujetó dicha regla a los supuestos que estén vinculados con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, por lo que la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden; en cambio, cuando las órdenes militares no estén vinculadas directamente con los fines que persiguen los institutos armados, el otorgamiento de la suspensión es factible si se satisfacen los requisitos legales; es decir, concluyó que se debe atender al caso específico, lo que significa que no basta que se trate de una orden militar para que por ese simple hecho la suspensión sea negada en todos los casos.

Las anteriores consideraciones se reflejan en la jurisprudencia 2a./J. 56/95, sustentada por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) que a la letra contiene:

“ORDENES MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSION ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO. La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, medularmente dispone que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público, y se considera que sucede así cuando de concederse la suspensión se permita el incumplimiento de órdenes militares, dirigidas a satisfacer atribuciones primordiales, tales como la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, y la soberanía nacional, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en casos de necesidad pública, entre otros supuestos trascendentes, en los cuales se ha considerado que resulta un perjuicio para el interés social. Ello es así porque en la exposición de motivos se aprecia que la razón que dio lugar a la reforma legal que incluye las órdenes militares entre los actos cuya suspensión se considera perjudicial para el interés social o contraria a disposiciones de orden público, consiste fundamentalmente en que todo militar debe quedar ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan, cuando estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, deduciéndose que la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden, lo que denota que un militar no debe ser beneficiado con la suspensión contra órdenes militares que el mismo deba cumplir, situación que difiere ostensiblemente del caso en que el militar quejoso no es el mismo sujeto obligado a acatar la orden de que se trate, sino quien resultará perjudicado con la ejecución que de esa orden lleve a cabo su destinatario. En cambio cuando las órdenes militares no estén vinculadas directamente con los fines que persiguen los institutos armados, o rebasen los límites de su competencia y sus actos o ejecución incidan en la esfera jurídica de individuos particulares o bienes no sujetos a ese régimen castrense, el otorgamiento de la suspensión es factible si se satisfacen los requisitos legales, es decir, se debe atender al caso específico, lo que significa que no basta que se trate de una orden militar para que por ese simple hecho la suspensión sea negada en todos los casos.”

Vinculado con lo hasta ahora destacado, el artículo 129, fracción VII, de la Ley de Amparo establece:

“Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [...]

VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; [...]”

Del análisis a los autos, se advierte que el acto reclamado no tiene como finalidad, por lo menos no de forma directa, la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, pues lo que se reclama obedece al procedimiento de baja del aquí recurrente como miembro del ejército y fuerza aérea mexicanos y del Batallón Trigésimo de infantería, con motivo de haber resultado positivo en un examen de toxicología.

Esto es, se trata de actos en los que se establece el resultado positivo del quejoso al examen de toxicología practicado y sus consecuencias, como es la baja del ejército y fuerza aérea mexicanos, así como de un curso se formación de sargentos de sanidad, mediante la instauración del procedimiento correspondiente; lo que genera convicción de que en el caso no se pone en riesgo los objetivos antes descritos, por lo menos no de forma directa.

De acuerdo con lo anterior, se tiene presente que en este recurso, la suspensión provisional fue solicitada para los efectos de que:

1. No sea dado de baja del servicio activo del ejército y fuerza aérea mexicanos y siga laborando en la unidad en la que actualmente se encuentra, es decir, el 30 batallón de infantería, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva y el fondo del juicio de amparo.

2. Continúe realizando el curso de sargento segundo de sanidad en la escuela militar de graduados de sanidad.

Solicitud que fue negada por el juzgado del conocimiento al estimar incumplido el segundo de los requisitos dispuestos en el invocado artículo 128, toda vez que –bajo su óptica– con el otorgamiento de dicha medida se contravendrían disposiciones de orden público, porque el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República contiene la prohibición de reincorporación de los miembros de las instituciones policiales, de ahí que de suspenderse esa consecuencia del acto reclamado, se transgrediría el orden público.

Lo anterior, como se adelantó en esta ejecutoria, es infundado, primero, porque la juzgadora federal confundió la naturaleza de las funciones militares con las de los cuerpos de seguridad pública (policías), siendo sólo respecto de estas últimas que existe la prohibición de reincorporación a la función.

Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 172/2019 (10a.),(14) que establece:

"MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO LES ES APLICABLE CUANDO HAYAN OBTENIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU BAJA. Conforme al citado precepto constitucional, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ahora bien, de la apreciación integral de la evolución y fines de la norma constitucional en mención, no se advierte la voluntad del Poder Revisor de incluir en esa restricción a los miembros de las Fuerzas Armadas, debido a que la dirigió a los servidores públicos que en su literalidad invoca. En este contexto, el quejoso que obtenga la protección constitucional ante la ilegalidad de la resolución que ordenó su baja en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya sea por violaciones procesales, formales o de fondo, la restitución de sus derechos afectados no se encuentra condicionada a la aplicación de la restricción constitucional establecida en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional."

Además, es conveniente precisar que el órgano de amparo está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34048-0c682aed/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.