REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL LOCAL, COMO AUTORIDAD EJECUTORA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CUANDO SUS AGRAVIOS, AUNQUE SE FORMULEN CONTRA LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR, COMBATEN EN ESENCIA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA (ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AMPARO).
AMPARO EN REVISIÓN 1777/2025. 6 DE JULIO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MARTA ELENA BARRIOS SOLÍS, MARIO HUMBERTO GÁMEZ ROLDÁN Y JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. PONENTE: MARTA ELENA BARRIOS SOLÍS. SECRETARIA: YURIVIA MIRANDA HERNÁNDEZ.
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día seis de julio de dos mil veintiséis.
V I S T O S, para resolver en audiencia pública y celebrada por videoconferencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma Diversas Disposiciones que Regulan la Difusión de las Videograbaciones de las Sesiones Públicas de los Tribunales Colegiados y Plenos de Circuito, los autos del toca del amparo en revisión administrativo número 1777/2025, relativo al juicio de amparo indirecto número **********/2025-VIII-2, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. **********, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el tres de abril de dos mil veinticinco y recibido el cuatro siguiente en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan:
“AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en calle Libertad número 9 Colonia Centro de esta ciudad de Chihuahua.
2. GOBERNADORA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en Palacio de Gobierno, ubicado en Calle Aldama, entre calles Venustiano Carranza y Simón Bolívar Colonia Centro de esta ciudad de Chihuahua.
3. PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio en el edificio denominado Centro de Justicia, ubicado en Avenida Melchor Ocampo número 119, Col. Barrio de San Pedro, de esta ciudad de Chihuahua.
NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:
1. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:
La promulgación y orden de publicación del Decreto No. LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de febrero de 2025, por el que Se REFORMAN los artículos 29, párrafos segundo y tercero; y 30; y se DEROGAN del artículo 29, los párrafos cuarto, quinto y sexto; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en materia de jubilación y retiro anticipado de Jueces y Magistrados.
2. DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO.
La promulgación y orden de publicación del Decreto No. LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de febrero de 2025, por el que Se REFORMAN los artículos 29, párrafos segundo y tercero; y 30; y se DEROGAN del artículo 29, los párrafos cuarto, quinto y sexto; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en materia de jubilación y retiro anticipado de Jueces y Magistrados.
3. DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL Y PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ambos casos del Estado de Chihuahua, reclamo el primer acto de aplicación de la norma impugnada, consistente en el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, dictado en el cuadernillo 26/2025, del índice de esa Presidencia, y notificado el día de hoy, en el cual, esencialmente se determinó:
Que de una interpretación integral del artículo segundo transitorio del decreto que constituye uno de los actos reclamados, el acceso a los beneficios contemplados en sus diversas fracciones, es de manera disyuntiva; lo que se traduce en que las personas juzgadoras únicamente son aptas de ser acreedoras exclusivamente a solo uno de los beneficios. Y que por tanto, tomando en cuenta los datos que obran en los registros de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del estado, como mi edad y antigüedad y además, que desempeñaría el cargo hasta el treinta y uno de agosto del año en curso, fecha en que culminarían mis funciones con motivo de la elección extraordinaria, me ubico en la fracción I, de tal dispositivo transitorio, siendo acreedora únicamente al beneficio consistente en una pensión o jubilación que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado y demás leyes aplicables”.
SEGUNDO. La parte quejosa invocó como derechos humanos violados y las garantías para su protección, los que consagran los artículos 1, 14, 16, 17, 116 fracción III, 123 apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y como antecedentes de los actos reclamados, relató los que estimó pertinentes.
TERCERO. La Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el siete de abril de dos mil veinticinco admitió la demanda por los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables, la registró bajo el número de amparo indirecto **********/2025-VIII-2, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar vista al Ministerio Público Federal adscrito quien no formuló pedimento, y citó a las partes a la audiencia constitucional.
Seguido el juicio por sus etapas procesales, el veintitrés de julio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia constitucional, y por sentencia terminada de dictar el veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se resolvió conceder el amparo.
CUARTO. El fallo impugnado se notificó a la recurrente, Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el nueve de septiembre de dos mil veinticinco, quien inconforme con el mismo, mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, según consta en sello de recepción del juzgado de origen (foja 3 del presente toca), interpuso el presente recurso de revisión; así las cosas, es de concluirse que el citado medio de impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia impugnada, como ya se vio, fue notificada el nueve de septiembre de dos mil veinticinco, por lo que el plazo inició al día siguiente hábil a aquel cuando surtió efectos esa notificación, esto es, el diez de septiembre de dos mil veinticinco para concluir el veinticinco del mismo mes y año, mediando como días inhábiles entre esas dos fechas trece, catorce, veinte y veintiuno de septiembre por corresponder a sábados y domingos, así como quince y dieciséis de septiembre en atención al artículo 19 de la Ley de Amparo, esto es, de manera oportuna, como se clarifica con el cuadro siguiente:
Ver cuadro 1
El entonces magistrado presidente de este tribunal colegiado, por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, admitió el citado recurso y se hizo del conocimiento de las partes que tenían la posibilidad de adherirse a la revisión dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído.
Dicho auto se notificó a la recurrente adhesiva el uno de diciembre de dos mil veinticinco, quien mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinticinco, según consta en sello de recepción de este órgano colegiado (foja 37 del presente toca), interpuso el presente recurso de revisión; así las cosas, es de concluirse que el citado medio de impugnación fue presentado dentro del plazo previsto por el artículo 82 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia impugnada, como ya se vio, fue notificada el uno de diciembre de dos mil veinticinco, por lo que el plazo inició al día siguiente hábil a aquel cuando surtió efectos esa notificación, esto es, el tres de diciembre de dos mil veinticinco para concluir el nueve del mismo mes y año, mediando como días inhábiles entre esas dos fechas seis y siete de diciembre por corresponder a sábados y domingos, esto es, de manera oportuna, como se clarifica con el cuadro siguiente:
Ver cuadro 2
Con fecha once de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la admisión del recurso (foja 52).
Finalmente, por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, se turnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Marta Elena Barrios Solís, a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo, 35, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y de los juzgados de distrito, toda vez que la sentencia que se recurre fue dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo en materia administrativa, por un juzgado de distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, donde este tribunal ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Innecesaria transcripción de la resolución recurrida y agravios. No se transcriben las consideraciones de la sentencia impugnada ni los motivos de agravio formulados por la parte recurrente, en atención a que la legislación de la materia en ninguno de sus preceptos lo establece como condición para resolver el presente recurso, en razón de que el deber formal y material de exponer los argumentos legales que sustenten esta ejecutoria, así como de examinar las cuestiones efectivamente planteadas, que respectivamente se establecen en los artículos 74(1) y 76(2) de la Ley de Amparo, no depende de la reproducción de los argumentos que integran la litis, sino de su adecuado análisis.
Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo del dos mil diez, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”.
TERCERO. Estudio. Improcedencia del recurso de revisión interpuesto por la Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. En el presente asunto, se advierte que la autoridad responsable ejecutora que interpuso el recurso de revisión carece de legitimación para ello.
En el caso, se advierte que la autoridad responsable recurrente, Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, antes Consejo de la Judicatura del mismo Estado, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables estarán en aptitud de interponer el referido medio de impugnación respecto de los actos que a cada una de ellas se hubiere reclamado y, en el amparo contra normas generales, únicamente podrán interponerlo los titulares de los órganos del Estado a quienes se encomiende su emisión o promulgación.
En ese sentido, las autoridades que tienen legitimación para defender la constitucionalidad de normas generales cuando hayan sido combatidas en un juicio de amparo, son las autoridades que participan en su proceso de creación, es decir, tanto la autoridad legislativa que la hubiere expedido, como a la que corresponde su promulgación.
Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 80/2008, registro digital 169751, emitida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
“AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN SU INCONSTITUCIONALIDAD. Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo así como los motivos que tuvo el legislador para incorporar, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1949 en el diverso artículo 86 de ese ordenamiento -precepto que mediante reforma publicada en el indicado medio de difusión el 19 de febrero de 1951 pasó a ser el referido 87 de la propia ley-, la regla especial de legitimación que expresamente permite a los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende la promulgación de leyes o de cualquier otra disposición general interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto que declaren su inconstitucionalidad, se concluye que esta disposición no afecta la legitimación que en términos de la primera parte del primer párrafo del citado artículo 87 corresponde a los órganos dotados de la respectiva potestad normativa para interponer ese medio de defensa contra fallos de esa naturaleza, los que indudablemente afectan directamente a la norma que expidieron”.
En ese orden, se destaca que si bien es verdad que en el juicio de amparo cuya sentencia que se revisa, tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora; cierto es también que respecto del acto de aplicación consistente en el oficio número **********, mediante el cual se le notificó el proveído dictado el trece de marzo de dos mil veinticinco, dentro del cuadernillo **********/2025, por el cual, la Secretaria Ejecutiva Provisional del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua le informó a la parte quejosa que únicamente tenía derecho a la pensión o jubilación prevista en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, determinación que constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada; en la sentencia que se analiza, se realizó el estudio sobre los decretos y normas reclamados y se concluyó que vulneraron los derechos de la parte quejosa, y se declaró inconstitucional la distinción realizada por el órgano legislativo al expresar que todas las personas juzgadoras se encuentran en el mismo supuesto de separación anticipada de su encargo, no es procedente excluir a quienes se encuentran en proceso de jubilación –como es el caso de la persona quejosa – del pago de una indemnización por el retiro forzoso del que ha sido objeto, pues “la distinción en cuanto al pago de una indemnización, no se encuentra debidamente justificada, pues, tal y como lo señaló el órgano legislativo, se trata de un retiro forzoso de todas las personas juzgadoras al menos de este Estado de Chihuahua”.
Por tanto, la referida autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión de que se trata, por no haber participado en su creación, pues como se evidenció, tratándose de amparos contra normas generales, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que emitieron o promulgaron la ley, reglamento o decreto de que se trate, a pesar de que los efectos de la protección constitucional se hayan extendido a las consecuencias de las normas reclamadas, dado que del fallo impugnado sólo se vinculó a la recurrente para efectos.
En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo indirecto, se advierte que la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad de los artículos contenidos en el decreto No. LXVIII/RFLEY/0189/2025 III P.E, por el que esencialmente se reformaron los artículos 29, párrafos segundo y tercero; y 30; y se derogaron del artículo 29, los párrafos cuarto, quinto y sexto, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en materia de jubilación y retiro anticipado de jueces y magistrados, cuya emisión fue atribuida a la Gobernadora y al Congreso de esa entidad federativa; en tanto que, de la autoridad recurrente se le reclamó la aplicación de los citados ordinales, en el oficio reclamado, pero lo cierto es que se impugnó también como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las normas transitorias reclamadas.
Aspecto que resultan trascendente, dado que en la sentencia recurrida se concedió el amparo solicitado, al considerarse que los preceptos legales reclamados resultaban violatorios de los principios previstos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, y se constriñó a las autoridades del Órgano de Administración Judicial aquí recurrentes, a desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa las porciones reclamadas y, en consecuencia, a otorgarle la indemnización o finiquito laboral de tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio prestado, incluyendo la prima de antigüedad, y demás proporcionales ordinarios como vacaciones, aguinaldo y los diversos que contemple la legislación aplicable
En consecuencia, como se anticipó, la autoridad ejecutora carece de legitimación para interponer el recurso de que se trata, en virtud de que éstas no emitieron ni promulgaron la norma reclamada, y el acto de aplicación que se les atribuyó no se les reclamó por vicios propios.
Respalda dicha conclusión, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Alto Tribunal, registro digital 232526, con el epígrafe y texto:
“REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACION AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. Tratándose de un amparo contra ley y habiéndose concedido el amparo por el Juez de Distrito por considerarla inconstitucional, las autoridades ejecutoras, carecen de legitimidad para interponer el recurso de revisión”.
Ahora, no pasa desapercibido el contenido de la jurisprudencia 11/2014 (10a.), que emitió la entonces Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, localizable en la página 1243, libro 3, febrero de 2014, tomo II, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005718, con el epígrafe siguiente: “REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA”; sin embargo, no resulta aplicable el presente asunto, pues si bien se otorgó la protección constitucional respecto las normas contenidas en los decretos reclamados, así como de su acto de aplicación, cierto es también que del análisis de los agravios expresados por las responsables recurrentes no se advierte que se controviertan los efectos dados en el fallo protector y que pudieran causarle un perjuicio, para así considerar, con base en la jurisprudencia invocada, que estén legitimadas para promover el recurso de revisión, al actualizarse una excepción a la regla prevista en el numeral 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
En efecto, del análisis del escrito de expresión de agravios de la Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Estado de Chihuahua, se advierte que se formularon en los siguientes términos:
i) Agravios sobre la constitucionalidad de fondo del decreto reclamado (primero, segundo, tercero). La autoridad recurrente sostiene, esencialmente:
a) que la distinción entre las personas juzgadoras que acceden a una pensión o jubilación –fracción I – y las que no acceden a ella –fracción II – no transgrede los principios de igualdad y no discriminación, pues responde a la libertad configurativa del legislador y a situaciones jurídicas objetivamente distintas;
b) que no se vulnera la independencia judicial, pues los haberes de retiro previstos atienden a los criterios sostenidos por el constituyente permanente y respetan el artículo 127, fracción IV, constitucional; y
c) que la calificación del cese como "retiro forzoso" carece de sustento constitucional, en tanto la conclusión anticipada del encargo deriva de un mandato del propio constituyente permanente, con lo cual no puede reputarse violatoria de derechos humanos;
ii) Agravios sobre la improcedencia del finiquito laboral concedido, la indemnización otorgada carecen de sustento (cuarto, quinto y sexto). La autoridad recurrente sostiene, en esencia, que la indemnización o finiquito laboral consistente en tres meses de salario integrado más veinte días por cada año de servicio no encuentra sustento en norma constitucional, legal, extralegal, contractual, jurisprudencial ni en condiciones generales de trabajo aplicables a las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, y que la separación anticipada del cargo por motivo de la reforma judicial no equivale a un despido injustificado en términos del artículo 123, apartado B, constitucional, ni a una supresión de plazas; de ahí que el efecto concedido al amparo – pago de tales prestaciones– sea ilegal, así como que el efecto carece de justificación constitucional, y que el efecto, escapa de la propia norma, que la indemnización fijada consistente en el pago de tres meses de salario y veinte días por año de servicio, no se contempla en ninguna norma, que los efectos contemplan un supuesto distinto al que se encuentra la quejosa, al realizar una interpretación cuando se encuentra expresamente prohibido realizarla, dichos agravios si bien señala se dirigen a atacar los efectos de la sentencia, los mismos, van dirigidos a atacarla a interpretación constitucional que realizó la Juez respecto del decreto reclamado, es decir, conlleva un estudio de constitucionalidad del a norma reclamada.
Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 232297, con el rubro y texto:
“REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SOLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tratándose de los amparos contra leyes, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que expidieron y promulgaron la ley de que se trata; por tanto, a las autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación, no les es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que invoquen y aun cuando la protección constitucional se haya hecho extensiva a los actos de aplicación. De esta manera, las responsables recurrentes no pueden interponer el recurso de revisión, aun cuando sólo hagan valer una causa de improcedencia sin invocar argumentos referentes al fondo del asunto, pues independientemente de que soliciten que se sobresea en el juicio o que se niegue el amparo a los quejosos, no están legitimadas para recurrir la sentencia del Juez de Distrito, si el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad de la ley reclamada y no por vicios propios de los actos de aplicación, así que la sentencia no afecta directamente el acto reclamado de las autoridades ejecutoras”.
Por tal motivo, dado que las responsables carecen de legitimación, para impugnar la sentencia dictada por la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, se impone declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto.
Por los principios jurídicos que en ella rigen, se cita la tesis 2a. XCIV/2009, registro digital 163738, que emitió la Segunda Sala del Alto Tribunal, con el rubro y texto:
“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE DESECHARLO CUANDO ADVIERTA QUE FUE INCORRECTA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RECONOCERLE LEGITIMACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE. Conforme a las reglas previstas en el artículo 87 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerlo la autoridad responsable directamente afectada por la sentencia, de acuerdo con los actos que le fueron atribuidos y, tratándose de amparos contra disposiciones de observancia general, por los titulares de los órganos de Estado a los que está encomendada su promulgación o por quienes los representan; lo que implica que la defensa jurídica de una ley federal, en sede de revisión, corresponde sólo a aquellos órganos del Estado y no a autoridades distintas que actuaron en acatamiento a sus normas. En tales condiciones, si las autoridades ejecutoras no actúan en defensa de su propio acto, sino de la constitucionalidad de la ley en que se fundó, es indudable que carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, de manera que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, en la materia de su competencia delegada, al conocer de ese recurso reconoce por error la legitimación de dichas autoridades y aborda el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia desestimadas por el Juez de Distrito, reservando jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de Nación para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley en que se fundó el acto de aplicación reclamado, el Alto Tribunal, con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Amparo, debe declarar insubsistentes las consideraciones que sobre el particular realizó el Tribunal Colegiado al prevenir en el conocimiento del recurso y como consecuencia desecharlo, dado que la legitimación constituye un presupuesto que debe abordarse con preferencia al fondo del asunto”.
En consecuencia, se impone declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por la referida autoridad ejecutora, sin que sea obstáculo que dicho medio de impugnación se haya admitido por la presidencia de este tribunal, pues tal acuerdo es de mero trámite y no causa estado.
Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios jurídicos que contiene la jurisprudencia 2a./J. 222/2007, que sustentó la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro digital 170598, de rubro y texto:
“REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo”.
CUARTO. Revisión adhesiva. Tomando en cuenta lo resuelto en el considerando anterior en el sentido de declarar improcedente el recurso de revisión principal, interpuesto por el Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, es evidente que el recurso de revisión adhesiva interpuesto por **********, debe desecharse, porque ante la improcedencia del recurso de revisión principal subsiste el fallo que ya beneficiaba al adherente, quien queda sin interés de mejorarlo.
En efecto, cuando la revisión principal no cumple con la totalidad de requisitos normativos para su procedencia, el amparo en revisión adhesiva debe desecharse, toda vez que el medio de impugnación adhesivo por carecer de autonomía.
Es aplicable la jurisprudencia, por identidad jurídica, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen lo siguiente:
Registro digital: 2021012
Instancia: Segunda Sala
Décima época
Materias(s): Común
Tesis: 2a./J. 145/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, noviembre de 2019, tomo I, página 644
Tipo: Jurisprudencia.
“REVISIÓN ADHESIVA. SE DEBE DESECHAR AL ACTUALIZARSE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. La interpretación sistémica de los artículos 73, fracción XXIX-H, primer y segundo párrafos, 104, fracción III y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite considerar que por su naturaleza principal el estudio del recurso de revisión prima frente al de la revisión adhesiva; la procedencia de la revisión principal abre paso a la adhesiva, cuyo estudio de procedencia y, en su caso, de agravios, pende de que sea fundado el principal. Así, ante la improcedencia del recurso de revisión principal subsiste el fallo que ya beneficiaba al adherente, quien queda sin interés de mejorarlo, lo cual por ser el objeto de la revisión adhesiva actualiza la improcedencia que conduce a desecharla”.
Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve:
PRIMERO. Es improcedente el presente recurso de revisión.
SEGUNDO. Se desecha la revisión adhesiva.
Notifíquese; publíquese y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remítase testimonio de esta resolución al juzgado de origen y en su oportunidad, archívese el toca como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Cir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34334-133082da/revision-en-amparo-indirecto-contra-normas-generales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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