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Modo: Corpus Pro

CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 58 DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 362/2010. · Registro digital (IUS): 24435
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 362/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Mediante oficio 11596, recibido el trece de octubre de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito comunicó a este Alto Tribunal la determinación adoptada por dicho órgano al resolver el amparo directo 432/2010, en el sentido de denunciar la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala del Alto Tribunal en el amparo en revisión 2228/2009 y el sostenido por la Segunda Sala de esta Suprema Corte al resolver los amparos en revisión 1018/2008 y 2203/2009.

2. SEGUNDO. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo suya la denuncia de referencia y ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 362/2010; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que manifestara lo que a su representación social conviniera

3. TERCERO. Por proveído de presidencia de veinticinco de octubre de dos mil diez, se ordenó turnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

4. CUARTO. El agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en el asunto opinó que sí existe la contradicción de tesis y que debe prevalecer el criterio de que los numerales 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58, fracción II, de su reglamento -vigentes en los años 2004 y 2006- violan el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, al no contemplar un límite temporal para que la autoridad emita resolución en el procedimiento relativo a la revisión de dictámenes de estados financieros efectuados por contador público autorizado.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197 de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

6. SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. TERCERO. Antes de transcribir las ejecutorias en que se sostienen los criterios denunciados como contradictorios, resulta conveniente relatar los antecedentes de los asuntos.

Amparo en revisión 2228/2009 resuelto por la Primera Sala con fecha tres de febrero de dos mil diez:(1)

8. La parte quejosa en el juicio de amparo de origen tiene el carácter de contador público autorizado para dictaminar estados financieros.

9. El veintiséis de enero de dos mil seis, el administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria requirió al quejoso para que exhibiera cierta documentación relacionada con un dictamen que este último formuló.

10. Con fecha quince de marzo de ese año, la autoridad fiscal hizo del conocimiento del quejoso que el término para la presentación de los documentos requeridos había fenecido el diez de marzo de dos mil nueve, sin que hasta ese momento se hubiese solventado tal requerimiento, razón por la que le concedió un término de cuatro días a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera; lo que hizo el peticionario de garantías mediante escrito presentado el veintiséis del mismo mes y año.

11. El ocho de febrero de dos mil siete, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur hizo del conocimiento del quejoso las irregularidades en las que consideró había incurrido en relación con el requerimiento formulado el veintiséis de enero de dos mil seis, y le concedió un término de quince días para que declarara lo que a su derecho conviniera; lo que éste realizó por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil siete.

12. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho, la coordinadora de Operación de la Fiscalización Nacional, en suplencia del administrador central de Operación de la Fiscalización, resolvió cancelar de manera definitiva los efectos de la autorización del quejoso para dictaminar estados financieros.

13. En contra de dicha determinación, así como de los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil seis y 58 del reglamento de dicho código vigente en dos mil seis y dos mil ocho, el contador público referido promovió el juicio de amparo del que deriva el recurso de que se trata.

14. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de diversos actos, entre ellos los artículos 52, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58, fracción I, del reglamento de dicho ordenamiento; negó el amparo por lo que hace al artículo 58, fracción II, del referido reglamento; y otorgó la protección constitucional respecto de la resolución mediante la cual se cancela la autorización del quejoso para dictaminar estados financieros.

15. La parte quejosa y la coordinadora de operación de la Fiscalización Nacional, ésta en suplencia por ausencia del administrador central de Operación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria, interpusieron sendos recursos de revisión en contra de dicho fallo.

16. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, revocó el sobreseimiento por lo que hace a los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, y dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para la resolución del tema de constitucionalidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

17. El asunto quedó registrado en este Alto Tribunal con el número 2228/2009, el cual fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de otorgar el amparo en contra de los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, ambos vigentes en dos mil seis, al tenor de las consideraciones que más adelante se transcriben.

Amparo en revisión 1018/2008, resuelto por la Segunda Sala el veintiséis de noviembre de dos mil ocho:(2)

18. La parte quejosa en el juicio de amparo de origen tiene el carácter de contador público autorizado para dictaminar estados financieros.

19. En el juicio de amparo del que deriva el recurso se reclamaron los artículos 52 y 52-A del Código Fiscal de la Federación vigentes en dos mil cuatro, la resolución de fecha once de octubre de dos mil siete, por medio de la cual se cancelaron los efectos del registro del quejoso para dictaminar estados financieros, así como su ejecución, y el procedimiento de cancelación.

20. El Juez de Distrito negó el amparo solicitado.

21. La parte quejosa y la coordinadora de operaciones de Fiscalización Nacional interpusieron sendos recursos de revisión en contra de dicho fallo.

22. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, se declaró incompetente y ordenó el envío de los autos a este Alto Tribunal.

23. El asunto quedó registrado en esta Suprema Corte con el número 1018/2008, el cual fue resuelto por la Segunda Sala en el sentido de negar el amparo respecto de las normas reclamadas, al tenor de las consideraciones que más adelante se transcriben (en ellas se invoca un precedente en el que se analiza la constitucionalidad de los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, ambos vigentes en dos mil cuatro).

Amparo en revisión 2203/2009, resuelto por la Segunda Sala el diecisiete de febrero de dos mil diez:(3)

24. La parte quejosa en el juicio de amparo de origen tiene el carácter de contador público autorizado para dictaminar estados financieros.

25. En el juicio de amparo del que deriva el recurso se reclamaron, entre otras normas, los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, ambos vigentes en dos mil cuatro y, asimismo, la resolución de fecha treinta de junio de dos mil ocho, por medio de la cual se suspendieron por seis meses los efectos del registro del quejoso para dictaminar estados financieros, así como su ejecución, y el procedimiento de suspensión.

26. El Juez de Distrito otorgó el amparo solicitado por lo que hace a las normas y actos referidos.

27. Las autoridades responsables presidente de la República y secretario de Hacienda y Crédito Público interpusieron recurso de revisión en contra de dicho fallo, y la parte quejosa promovió revisión adhesiva.

28. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al que correspondió el conocimiento del asunto, analizó las cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de amparo y ordenó remitir el asunto a este Alto Tribunal para el análisis relativo a la constitucionalidad del artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro.

29. El asunto quedó registrado en esta Suprema Corte con el número 2203/2009, el cual fue resuelto por la Segunda Sala en el sentido de negar el amparo respecto de las normas reclamadas, al tenor de las consideraciones que más adelante se transcriben.

30. CUARTO. Las ejecutorias en que se sostienen los criterios sustentados por las Salas, en lo que interesa, dicen lo siguiente:

Amparo en revisión 2228/2009 resuelto por la Primera Sala con fecha tres de febrero de dos mil diez:(4)

"QUINTO. Estudio de fondo. Como consecuencia de lo establecido en el tercer considerando de la presente ejecutoria, en primer término se procede, por razones de método, al análisis de los razonamientos a través de los cuales el quejoso argumentó que los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento, vigentes en dos mil seis, resultan violatorios del principio de seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El planteamiento de la parte quejosa -el cual se hizo valer en el cuarto concepto de violación- consistió, básicamente, en que ninguno de los preceptos aludidos establece un plazo para que se emita la resolución que determine la situación jurídica derivada de las actuaciones del contador público registrado para dictaminar estados financieros, provocando que la práctica de las facultades de las autoridades se torne indeterminada e indefinida, lo que resulta arbitrariamente contrario a la garantía de seguridad jurídica.

"A juicio de esta Primera Sala, el argumento de la parte quejosa resulta fundado, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"Al resolver los amparos directos en revisión 1430/2008 y 437/2009, esta Sala sostuvo que cuando una norma prevé un procedimiento de fiscalización sin establecer un plazo delimitador de su duración resulta inconstitucional. Lo anterior, porque, en el ámbito concreto de la configuración jurídica de los procedimientos fiscales, la garantía de seguridad jurídica constriñe al legislador a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de dos objetivos primordiales, a saber:

"1. La posibilidad de que el gobernado sujeto a dicho procedimiento pueda hacer valer sus derechos.

"2. Que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

"Tales requisitos se derivan del contenido del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: ‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.’ (se insertan texto y datos de identificación como nota al pie de página).

"De acuerdo con lo anterior, un procedimiento será constitucional desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica, si su regulación -sin importar el grado de detalle de la norma efectivamente establecida- logra crear un mecanismo por el cual, por un lado el particular pueda hacer valer sus derechos, otorgándole las vías necesarias para ello y, por otro, impedir que la autoridad actúe de manera arbitraria, definiendo un marco de actuación en cuanto a sus facultades.

"Esta interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha sido individualizada por esta Suprema Corte, en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptibles de culminar en la privación de derechos a los particulares, de la siguiente manera: si la garantía de seguridad jurídica se hace patente en la prohibición a la autoridad de actuar con arbitrariedad, entonces las etapas y plazos que dividan y ordenen un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellos, pues de no ser así, las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarias -por ejemplo- se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica.

"Dichas consideraciones se reflejan en la tesis aislada 1a. LXXXVII/2005, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA 2003, AL NO SEÑALAR UN LÍMITE PARA LA DURACIÓN DEL QUE SE PRACTIQUE A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se insertan texto y datos de identificación como nota al pie de página)

"Con base en lo anterior, esta Primera Sala ha resuelto varios casos en los cuales ha concluido que la falta de un plazo que limite temporalmente la extensión de un procedimiento administrativo es un vicio de inconstitucionalidad suficiente para declararlo contrario a la garantía de seguridad jurídica.

"Así se resolvió, por ejemplo, la inconstitucionalidad de la excepción a ciertas revisiones del límite temporal establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación en el año dos mil, como se refleja en el siguiente criterio aislado, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, QUE EXCEPCIONA A CIERTAS REVISIONES DEL LÍMITE TEMPORAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se insertan su texto y datos de identificación como nota al pie de página)

"De igual forma, esta Primera Sala se pronunció en torno a la inconstitucionalidad del artículo 46-A, vigente de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, y también respecto de su texto vigente en mil novecientos noventa y ocho, en virtud de que dicho numeral no establecía una limitante para los actos de la autoridad fiscal, tal y como se observa en las tesis jurisprudencial y aislada que señalan, respectivamente: ‘VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES.’ y ‘VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 1998), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES.’ (se insertan los textos y los datos de identificación de ambas tesis como nota al pie de página)

"En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, octavo y décimo primero, establece como un derecho subjetivo público el que los particulares no puedan ser molestados en su persona, papeles o domicilio y la inviolabilidad de éste; pero el propio precepto permite a las autoridades causar tales actos de molestia, a fin de que puedan cumplir con sus atribuciones, es decir, para que cumplan con el propósito que dio origen a tales actos, cubriendo desde luego los requisitos que debe contener todo acto de molestia.

"Por consiguiente, debe entenderse que esos actos están delimitados temporalmente, esto es, que deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así se volverían en una molestia constante o en una permanente intromisión a la esfera jurídica, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional.

"Ahora bien, lo anterior no significa que siempre y en todos los casos, la falta de un plazo específico para un determinado procedimiento generaría en automático la inconstitucionalidad de alguna norma, ya que -como también ha determinado esta Primera Sala- el legislador puede establecer un plazo que sea común a un conjunto de procesos, sin tener que relacionar en todo momento uno en lo individual para cada procedimiento que exista en el orden jurídico. Así se resolvió la constitucionalidad del artículo 148 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, de la cual derivó la tesis aislada, de rubro: ‘INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se insertan su texto y datos de identificación como nota al pie de página)

"Esta determinación; sin embargo, se basa en la misma premisa que la utilizada para resolver el resto de los asuntos, esto es, que el plazo común establecido por el legislador para un conjunto de procedimientos mantiene la nota de ser el prudente para la consecución de los fines de dichos procedimientos, y así evitar la arbitrariedad de la autoridad aplicadora, tal vez porque todos los procedimientos sujetos a uno mismo, comparten características similares o bien porque son de la misma naturaleza.

"Son estas razones las que retoma esta Primera Sala para concluir que resulta fundado el argumento del quejoso, según el cual no se establece plazo alguno en el que la autoridad deberá emitir la resolución en la que aplique las sanciones al contador público que se ubique en el supuesto de las mismas. Lo anterior, en tanto que ninguno de los artículos que le fueron aplicados -52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su reglamento- establecen un límite de tiempo al ejercicio de la facultad de la autoridad fiscal para emitir una resolución que determine la sanción que será aplicada al contador público que ha dictaminado estados financieros de alguna empresa.

"La falta de ese plazo puede propiciar que la autoridad actúe con arbitrariedad al escoger, bajo el criterio que más le convenga, el momento en el cual desplegar sus facultades de determinación, pudiendo dejar de lado aquel que mejor dé cuenta de los objetivos de la ley.

"Ahora bien, esta Sala no pasa inadvertido el hecho de que la fracción II del artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación señala que ‘agotada la fase anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad emitirá la resolución que proceda ...’.

"Dicha precisión no establece plazo alguno para que la autoridad emita la resolución en comento, toda vez que al hacer referencia a ‘la fase anterior’ -en la que se determinó la irregularidad en que se ubica el contador público y en la que se otorga un plazo de quince días para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo cual se establece en la fracción I del artículo 58 reglamentario- únicamente estaría advirtiendo el momento en que comenzará lo que erróneamente pudiera considerarse como un ‘plazo’ para que la autoridad se pronuncie en torno a las sanciones aplicables al contador público, pero que resulta, efectivamente, indefinido y carente de término, pues no señala cuánto tiempo tendrá la autoridad para emitir la resolución de mérito.

"Por otro lado, tampoco se soslaya el hecho de que esta Primera Sala en algún momento había considerado que la falta de plazo en este tipo de asuntos se podría sustituir con el límite temporal que impone la caducidad de las facultades de las autoridades que señala el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la propia Sala se ha apartado de dicho criterio al resolver los amparos directos en revisión 1430/2008 y 437/2009, basándose esencialmente en dos razones: en primer término, la caducidad -se dijo- tiene una función esencialmente diversa a la de un plazo; y, en segundo lugar, la caducidad, en sustitución de un plazo, no impide que la autoridad actúe con arbitrariedad.

"La caducidad es una institución que aborda los límites temporales de las facultades de las autoridades y, por tanto, no abarca aquella función a la que se dirigen los plazos, esto es, no se establece por el legislador para crear una extensión temporal prudente en la cual se logre la satisfacción del objetivo legal de un procedimiento, por ejemplo, en función de la materia de su objeto de estudio, pues aborda de forma general la interrogante de cuál debe ser el límite temporal de las facultades de las autoridades -que pueden desplegarse en una heterogeneidad de procedimientos inconexos- y no se preocupa por la extensión prudente de cada tipo de procedimiento en función de sus características relevantes.

"Por ello, la caducidad no logra sustituir a un plazo en la función constitucional que tienen estos últimos: no logra proscribir la arbitrariedad de la autoridad. Ello es así, pues si la caducidad no se hace cargo de la extensión prudente en el cual se debe cumplir el objetivo de un procedimiento, sino que se trata de un límite temporal que sólo trata de una forma muy general este objetivo, la autoridad podrá determinar el momento en el cual desplegar sus facultades, según el criterio que más le convenga.

"Es por todo lo anterior, que esta Primera Sala considera que los artículos 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil seis, y 58 de su reglamento, resultan inconstitucionales al violar el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues no establecen un límite temporal para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades."

Amparo en revisión 1018/2008, resuelto por la Segunda Sala el veintiséis de noviembre de dos mil ocho:(5)

"SEXTO. En el primer concepto de violación, el antes quejoso adujo, en lo medular, la inconstitucionalidad del artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación por infringir la garantía de seguridad jurídica, al no prever el precepto reclamado un plazo para el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal y, en su caso, para la cancelación del registro de contadores, dejando a su arbitrio el momento para imponer sanciones.

"Es infundado lo anterior, como esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó al resolver el amparo en revisión 1535/2006, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil seis, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, donde se expresó:

"‘En otro orden, los argumentos consistentes en que el artículo (sic) 52 del Código Fiscal de la Federación y 58, fracción II, de su reglamento, materia de estudio, violan en perjuicio de la quejosa el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Norma Suprema, porque no señalan un plazo máximo para que la autoridad revise el dictamen fiscal con la finalidad de comprobar que las disposiciones referidas en el mismo precepto secundario, han sido puntualmente acatadas por el contador público registrado, quedando al arbitrio de la autoridad administrativa dicho lapso, son infundados.

"‘Para arribar a la anterior conclusión, es conveniente recordar, en primer término, lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en sus párrafos primero y décimo primero, que contienen la garantía que el peticionario de garantías estima infringida: (se transcribe)

"‘El texto reproducido establece, por un parte, la facultad de la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias a fin de cerciorarse que se han cumplido las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y, por otra, contempla como garantías individuales del gobernado la inviolabilidad del domicilio y la de seguridad jurídica.

"‘En virtud del principio de seguridad jurídica, que es el que rige en la materia de estudio, la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias no significa que tenga potestad de revisión de manera ilimitada.

"‘En efecto, debe entenderse que tales actos de molestia a los particulares están delimitados temporalmente, es decir, están acotados a un tiempo prudente a fin de que se logre el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así la actuación de la autoridad se volvería molestia constante o permanente, tornándose dichas facultades fiscalizadoras en omnímodas, arbitrarias o caprichosas, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional.

"‘Para evitar la infracción a la garantía de seguridad jurídica, el legislador ordinario deberá procurar que la ley secundaria regule o establezca los elementos mínimos necesarios a fin de que, por un lado, el gobernado esté en posibilidad de proteger su derecho y, por otro, la autoridad no incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas, tal y como esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo señaló en la tesis aislada 2a. LXXV/2002, visible a foja 449, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR.»

"‘Bajo ese marco constitucional, para efectuar el estudio correspondiente cabe referir el contenido de los artículos 42 y 67 del Código Fiscal de la Federación, que prevén la figura jurídica de la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, así como el plazo para que esa figura se actualice. Dichas disposiciones, en la parte que informan el asunto, son del tenor literal siguiente: (se transcriben)

"‘La disposición legal últimamente transcrita fue interpretada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 25/2001-SS, en sesión del siete de septiembre del año dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos, ausente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, en el sentido de que en aquella disposición se establece la señalada institución de la caducidad, que para su actualización requiere del transcurso de tiempo previsto por el legislador para cada uno de los supuestos que en la propia norma se contienen.

"‘Al respecto, esta Sala destacó que la caducidad en materia tributaria es una institución cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, pues no basta que la autoridad fiscal esté facultada legalmente para realizar determinados actos, sino que, además, es necesario que el ejercicio de tales facultades se realicen dentro de un plazo a efecto de que el gobernado conozca de manera cierta la extinción de una determinada facultad de la autoridad no ejercida oportunamente.

"‘Cabe destacar que, a diferencia de la prescripción, que es una forma de extinción del crédito y, por ello, de naturaleza sustantiva, la caducidad es una figura de carácter adjetivo o procesal, en tanto que va referida al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales.

"‘Ahora bien, como se desprende de la lectura integral y sistemática de los numerales antes transcritos, las facultades susceptibles de extinción a través de la figura de la caducidad son la de revisión, determinación y liquidación de créditos fiscales y la sancionadora; por consiguiente, como también se destacó en la ejecutoria señalada, no es suficiente con que el ordenamiento jurídico haya otorgado a la autoridad fiscal las potestades señaladas, ni tampoco la circunstancia de que el contribuyente haya incurrido en algún supuesto de omisión de pago de contribuciones o cometido ciertas infracciones, para que la autoridad pueda emitir el acto liquidatorio y/o sancionador, sino que es preciso que tales omisiones e infracciones hayan acaecido no más allá de cierto periodo para que la autoridad pueda hacer la determinación correspondiente, que en cada caso previó el legislador, esto es, los plazos señalados en el artículo 67 ya copiado para que no opere la caducidad de las facultades de dicha autoridad.

"‘En conclusión, puede decirse que la caducidad es una institución, en virtud de la cual se extinguen las facultades de las autoridades fiscales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24435-9eb60d52/contador-publico-registrado-para-dictaminar-estados-financieros-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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