DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 187/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO (ANTES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, materia de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito ..." (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala que, respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. (2) Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. (3)El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -denunciante-, al resolver el ocho de octubre de dos mil nueve la revisión penal **********, en lo esencial, son las siguientes:
"OCTAVO. Por lo que respecta a la revisión principal interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación, son esencialmente fundados los agravios que hace valer, por ende, suficientes para revocar la sentencia recurrida.
"Es fundado lo aducido por el recurrente, en el sentido de que el a quo soslayó tomar en consideración que el embargo de mercancía realizado en el trámite de una visita domiciliaria constituye una medida preventiva, cuyo aseguramiento tiene por objeto que su detentador acredite su legal importación, tenencia y estancia en el país, con la expectativa de que la misma sea devuelta o canalizada en el trámite legal correspondiente; por lo que en ese momento es obvio que la autoridad hacendaria aún no tuvo conocimiento de la existencia del delito y del delincuente, pues incluso el tres de febrero de dos mil cinco la quejosa contestó el requerimiento formulado por la Administración Central de Fiscalización Aduanera, respecto a la acreditación de la legal estancia en el país de la citada mercancía, para lo cual presentó diversas facturas, sin embargo, el dieciséis siguiente se determinó que tales documentos amparaban bienes distintos a los embargados, en tanto el cuatro de marzo posterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verificó la autenticidad de los pedimentos aduanales; por lo que hasta en esta última fecha, es que tuvo conocimiento de que los hechos versaban sobre actos probablemente constitutivos de delito, y a partir de entonces comenzó el plazo preclusivo a que se refiere el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación.
"En efecto, el Juez de amparo consideró que el inicio del plazo para la prescripción en el delito de **********, previsto y sancionado por el artículo 105, fracción I, en relación a los diversos 104, fracción II y 107, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, fue a partir de que cesó la posesión del sujeto activo sobre la ‘mercancía’, en términos del numeral 102, fracción IV, del Código Penal Federal, esto es, desde el momento en que se realizó el embargo.
"Lo anterior es incorrecto pues, como legalmente se aduce en agravio, ese acto fue de carácter provisional y en modo alguno demostrativo del inicio del plazo referido, en virtud de que en efecto no constituye parámetro para definir el conocimiento de los hechos como ilícitos, pues al respecto el numeral 100 del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Artículo 100.’ (lo transcribe).
"De la interpretación literal del dispositivo transcrito se obtiene que el referido plazo de tres años técnicamente atañe a la preclusión del derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para formular querella ante la representación social en los delitos que precise agotar ese requisito de procedibilidad, pero de ningún modo concierne en forma directa a la prescripción de la acción penal, pues en cuanto a esta institución debe estarse a lo previsto en los numerales 104 y 105 del Código Penal Federal, conforme a los cuales, la acción penal prescribe en un año si el delito sólo mereciere multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o alternativa se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena privativa de libertad, esto es, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.
"En el caso, no se encuentra precluida la potestad de la autoridad hacendaria a que se refiere el invocado numeral 100 del Código Fiscal de la Federación, el cual contiene dos hipótesis, la primera prevé la regla específica consistente en que si la autoridad fiscal tiene conocimiento de la comisión del delito y del delincuente, a partir de ese momento se tendrán tres años para poder ‘ejercer la acción penal’ (técnicamente para querellarse, pues el ejercicio de la acción penal es facultad exclusiva del Ministerio Público, como lo establece el artículo 21, párrafo segundo, constitucional); en tanto, la segunda refiere que el plazo para la preclusión es de cinco años si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene conocimiento del delito y del delincuente, plazo computado a partir de la fecha de comisión del delito; por tanto, transcurrido dicho lapso sin que la secretaría tenga conocimiento del delito o del presunto delincuente, habrá operado dicho fenómeno jurídico.
"En ese sentido, la preclusión comenzará desde el momento en que se actualice cualquiera de las hipótesis señaladas y se interrumpirá una vez que la autoridad hacendaria formule la querella respectiva ante la autoridad ministerial, cuyo plazo para ejercer la acción penal se regirá indefectiblemente en los términos establecidos en los mencionados numerales 104 y 105 del Código Penal Federal, por consiguiente, al interrumpirse el lapso preclusivo por la presentación de la querella, comenzará el prescriptivo de la acción persecutoria.
"Resulta aplicable la jurisprudencia 73/2006 sustentada por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintidós, Tomo XXV, enero de 2007, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (la transcribe).
"Igualmente fortalece lo antes expuesto, la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, visible en la página un mil ochocientos treinta y uno, Tomo XXVIII, julio de 2008, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA O ACTO EQUIVALENTE.’ (la transcribe).
"En ese sentido, no se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página dos mil cuatrocientos dos, Tomo XXVII, abril de 2008, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL PLAZO PARA QUE OPERE DICHA FIGURA JURÍDICA NO SE INTERRUMPE POR LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES DERIVADAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE NI POR LAS PRACTICADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN DEL DELITO.’ (la transcribe).
"Lo anterior es así, pues dicho órgano de control constitucional establece que para efectos de analizar la procedencia de la prescripción de la acción penal debe atenderse únicamente a las reglas específicas del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, y que dicho plazo no se interrumpe por las actuaciones de alguna de las autoridades derivadas del proceso administrativo correspondiente ni por las practicadas por el Ministerio Público de la Federación en la averiguación del delito; de lo que se entiende que dicho lapso comprende tanto las actuaciones realizadas por la autoridad hacendaria como por el órgano investigador, lo cual se contrapone al argumento que se sostiene en la presente ejecutoria, dado que el plazo preclusivo a que se refiere el numeral de que se trata sólo rige para la autoridad citada en primer término, en tanto para la segunda debe estarse a las reglas previstas en la codificación punitiva federal invocada.
"De esta manera, de las constancias remitidas por la autoridad ordenadora al Juez de amparo, mismas que al estar certificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquieren valor convictivo pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se obtiene que a las trece horas del treinta de noviembre de dos mil cuatro, Hilda Flores Martínez y Caritina Muñiz Luna, auditores y notificadores adscritos a la Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, levantaron ‘Acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera’, en el domicilio ubicado ********** y ********** ‘**********’, de la **********, al cumplimentar la orden de visita ********** emitida el día anterior, con el objeto de verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de los ‘DVD y CD formato virgen’ de procedencia extranjera encontrados en ese domicilio, detallada al tenor siguiente: (las transcribe).
"Diligencia que fue atendida por ********** quien, respecto a la descrita mercancía, exhibió copia fotostática simple de la documentación siguiente: (lo transcribe).
"Se destacó también que por cuanto hace a los objetos señalados en los números ‘3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14’, no contaba con la documentación a través de la cual comprobara su legal estancia en el país.
"Por tanto, los mencionados auditores consideraron que al no haber presentado ‘originales para cotejo de los documentos con los que pretende acreditar la legal propiedad, posesión, estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera de los casos descritos en el capítulo de inventario físico de la presente acta, se presume que la misma se encuentra de forma ilegal en territorio nacional’.
"Se asentó también, que ‘al no presentar la documentación para acreditar la legal propiedad, posesión, estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera que nos ocupa, en consecuencia se cometieron las infracciones comprendidas en los artículos 176, fracciones I, II, y X, y 179 de la Ley Aduanera, consistentes en la omisión del pago total de los impuestos al comercio exterior y en su caso las cuotas compensatorias que deben cubrirse, así como la omisión de las regulaciones o restricciones no arancelarias conforme a la Ley de Comercio Exterior relativa a las normas oficiales mexicanas que las afectan, tampoco comprueba en este momento el sometimiento de la mercancía en cuestión a los trámites aduaneros dispuestos por la Ley Aduanera; por lo que encuadra su conducta en la hipótesis prevista en el artículo 151, fracciones I y II, de la Ley Aduanera, sin perjuicio de las demás que resulten de conformidad con el ordenamiento citado, toda vez que las mismas están sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, normas oficiales mexicanas y cuotas compensatorias, como tampoco acreditó con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos de la Ley Aduanera para su introducción a territorio nacional, por lo que no acredita su legal estancia o tenencia’. Por consiguiente, se realizó embargo precautorio de los citados objetos e inició el procedimiento administrativo en materia aduanera.
"Derivado de lo anterior, mediante escrito signado por **********, dirigido a la Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, expuso ser comisionista de la mercancía embargada, la cual es propiedad de ********** y **********,**********.
"Por diverso memorial suscrito por **********, quien se ostentó representante legal (sic) de la referida empresa, para acreditar la legal estancia en el país de la embargada mercancía propiedad de su mandante exhibió, entre diversa documentación, copia simple de las facturas ‘**********, **********, ********** y **********’, de doce de septiembre, cuatro y veintidós de octubre, y doce de noviembre de dos mil cuatro, respectivamente, expedidas por **********, **********, por concepto de ********** ‘**********’, por **********; ********** de ‘**********’, ********** de ‘**********’, y ********** de ‘**********’, por **********; ********** ‘**********’ y ********** ‘**********’, **********; y ********** ‘**********’, por ********** y **********.
"Con base en lo cual, por oficio de once de enero de dos mil cinco, el administrador central de Fiscalización Aduanera del Servicio de Administración Tributaria requirió al representante legal de **********, en su carácter de tercero relacionado con ********** y **********, la documentación consistente en facturas, formas de pago y pedimentos de las operaciones llevadas a cabo con esta última en septiembre, octubre y noviembre de dos mil cuatro, así como indicar la persona de quien adquirió la mercancía.
"En respuesta a lo anterior, por escrito del tres de febrero del mismo año, la quejosa, en su carácter de administradora única de la persona moral requerida, expuso que en ese lapso sostuvo relaciones comerciales con aquélla, a cuyo efecto expidió las facturas ‘**********, **********, ********** y **********’ antes mencionadas.
"Sin embargo, mediante oficio ********** de dieciséis de ese mes, el administrador central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, respecto a las citadas facturas, determinó que ‘amparan bienes distintos a los embargados’.
"De igual modo, por oficio ********** de cuatro de marzo de la señalada anualidad, la ********** y **********, remitió al administrador central de Fiscalización Aduanera fotocopia de los pedimentos presentados por **********.
"Asimismo, a través del oficio de tres de junio de la misma anualidad, la Administración Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria emitió la orden de visita **********, a practicar a **********, con el fin de verificar las operaciones realizadas en los citados meses con ********** y **********; en cuya diligencia de ocho posterior, se asentó que los domicilios donde se pretendió llevar a cabo, ubicados en la ********** ‘**********’, ********** de la ********** y ********** ‘**********’ número treinta y uno, **********, no corresponden a la referida contribuyente.
"Mediante oficio ********** de treinta de junio de dos mil cinco, el administrador local jurídico de Ciudad Juárez proporcionó la documentación siguiente: (lo transcribe).
"Conforme a la reseña anterior, es claro que, como aduce la representación social inconforme, el cómputo de tres años para que precluya el derecho para formular la correspondiente querella en términos del numeral 100 del Código Fiscal de la Federación, no es a partir del treinta de noviembre de dos mil cuatro, en que se llevó a cabo la visita domiciliaria donde se asentó sobre la existencia y efectuó el embargo precautorio de la mercancía de procedencia extranjera, sino que comenzó en tanto la autoridad hacendaria contó con elementos suficientes que le permitieron tener la certeza sobre la probable comisión del delito y de su autor; lo que en el caso aconteció el dieciséis de febrero de dos mil cinco, cuando se determinó que las facturas presentadas por la quejosa ‘amparan bienes distintos a los embargados’; no así el cuatro de marzo del mencionado año, como alega el órgano técnico recurrente, dado que en esa data la ********** y ********** remitió al administrador central de Fiscalización Aduanera fotocopia de los pedimentos que fueron presentados por **********, pero en el oficio respectivo no se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya verificado su autenticidad. De ahí que del dieciséis de febrero de dos mil cinco a la fecha de presentación del escrito de querella (veintinueve de noviembre de dos mil siete), ratificado el trece de diciembre siguiente, es evidente que no transcurrió el plazo de tres años a que se refiere el mencionado precepto 100 del Código Fiscal de la Federación.
"En tal sentido, ante lo fundado de los agravios esgrimidos por la representación social, procede revocar la sentencia amparadora sujeta a revisión, sin que resulten atendibles los motivos de disenso expuestos en la revisión adhesiva."
El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, lo reiteró al resolver la revisión penal número **********.
II. El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo número **********, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho estimó, en esencia, lo siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación devienen fundados.
"En efecto, alega el quejoso en su primer concepto de violación, de manera esencial, que la acción penal se encontraba prescrita al momento en que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22576-776437e3/delitos-fiscales-los-plazos-establecidos-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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