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Modo: Corpus Pro

CONTADORES PÚBLICOS DICTAMINADORES DE ESTADOS FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 65 DE SU REGLAMENTO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2012. · Registro digital (IUS): 24313
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Pág. 7.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 68/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

VISTO, para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el quince de febrero de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció la probable contradicción entre los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal.

El escrito de denuncia en la parte conducente a la letra dice:

"**********, subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto tercero, fracción VI, del ‘Acuerdo General Número **********, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.’; y, 72, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el debido respeto comparezco a exponer lo siguiente:

"Criterio en contradicción

"Si el artículo 65 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, en relación con el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, respeta el principio de seguridad jurídica.

"Órganos en contradicción

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión ********** y **********, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión por la unidad normativa consistente en el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 65 de su reglamento.

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión **********, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión por la unidad normativa consistente en el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 65 de su reglamento.

"Por lo expuesto, a esta H. Presidencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicito:

"Primero. Tenerme por presentado en términos del presente oficio, denunciando la contradicción de criterios entre los sustentados por la Primera Sala y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión **********, ********** y **********, respectivamente.

"Segundo. Resolver que el artículo 65 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al establecer un plazo de doce meses para que la autoridad administrativa emita y notifique la resolución que sanciona al contador público autorizado, respeta la garantía de seguridad jurídica." (foja 1 del expediente)

SEGUNDO. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil doce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente número CT. 68/2012, con el oficio y copias certificadas de la denuncia de posible contradicción de criterios formulada y la admitió a trámite.

TERCERO. En ese mismo proveído se acordó turnar el asunto a la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, y se ordenó notificar a la procuradora general de la República para el efecto de que formulara su opinión, si lo estimaba pertinente.

CUARTO. El agente del Ministerio Público de la Federación designado por la procuradora general de la República emitió su opinión.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible oposición de criterios entre los sustentados por las dos Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza una de las partes que intervino en los juicios en que los criterios fueron sostenidos.

TERCERO. Consideraciones sustentadas en las sentencias.

I. Amparo en revisión ********** del índice de la Primera Sala, fallado por mayoría de tres votos el ********** (con el voto en contra de los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia):

"SEXTO. En el primer concepto de violación se argumenta, en síntesis, que los artículos 52, primer y antepenúltimo párrafos y la fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 52, primer párrafo, fracción II, inciso c), 57, fracción II, inciso a) (vigentes en dos mil cinco) y 65 (vigente en dos mil diez), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, violan la garantía de seguridad jurídica, inviolabilidad del domicilio y papeles, contenida en el artículo 16 constitucional, al no prever un plazo para que la autoridad hacendaria revise los papeles de contadores públicos autorizados para dictaminar, ya que carecen de un requisito esencial como lo es el plazo límite para que la autoridad responsable lleve a cabo la revisión de la actuación profesional del dictaminador; pues una vez iniciada la revisión de papeles por parte de las autoridades fiscales, son ellas quienes decidirán sin límites y a su arbitrio, cuánto tiempo ejecutarán sus facultades de revisión.

"A juicio de esta Primera Sala, ese argumento del quejoso resulta fundado, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"En principio es menester subrayar que al resolver los amparos directos en revisión ********** y **********, esta Sala sostuvo que cuando una norma prevé un procedimiento de fiscalización sin establecer un plazo delimitador de su duración resulta inconstitucional. Lo anterior, porque, en el ámbito concreto de la configuración jurídica de los procedimientos fiscales, la garantía de seguridad jurídica constriñe al legislador a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de dos objetivos primordiales, a saber:

"1. La posibilidad de que el gobernado sujeto a dicho procedimiento pueda hacer valer sus derechos;

"2. Que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

"Tales requisitos se derivan del contenido del criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que comparte esta Primera Sala, y es de rubro y texto:

"‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.’ (se transcribe)

"De acuerdo con lo anterior, un procedimiento será constitucional desde la perspectiva de la garantía de seguridad jurídica, si su regulación -sin importar el grado de detalle de la norma efectivamente establecida- logra crear un mecanismo por el cual, por un lado, el particular pueda hacer valer sus derechos, otorgándole las vías necesarias para ello y, por otro, impedir que la autoridad actúe de manera arbitraria, definiendo un marco de actuación en cuanto a sus facultades.

"Esta interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal, ha sido individualizada por esta Suprema Corte, en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptibles de culminar en la privación de derechos a los particulares, de la siguiente manera: si la garantía de seguridad jurídica se hace patente en la prohibición a la autoridad de actuar con arbitrariedad, entonces las etapas y plazos que dividan y ordenen un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellos, pues de no ser así, las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarias -por ejemplo- se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica.

"Dichas consideraciones se reflejan en la tesis aislada 1a. LXXXVII/2005, transcrita enseguida:

"‘PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA 2003, AL NO SEÑALAR UN LÍMITE PARA LA DURACIÓN DEL QUE SE PRACTIQUE A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)

"En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los particulares no puedan ser molestados en su persona, papeles o domicilio; pero el propio precepto permite a las autoridades causar tales actos de molestia, a fin de que puedan cumplir con sus atribuciones, previo cumplimiento de los requisitos que debe contener todo acto de molestia.

"Por ello, debe entenderse que esos actos están delimitados temporalmente, esto es, que deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así se volverían en una molestia constante o en una permanente intromisión a la esfera jurídica, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional.

"Ahora bien, lo anterior no significa que siempre y en todos los casos, la falta de un plazo específico para un determinado procedimiento generaría en automático la inconstitucionalidad de alguna norma, ya que el legislador puede establecer un plazo que sea común a un conjunto de procesos, sin tener que relacionar en todo momento uno en lo individual para cada procedimiento que exista en el orden jurídico.

"Corrobora lo expuesto, la tesis aislada 1a. XXXVII/2008, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tenor inserto enseguida:

"‘INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe)

"En ese orden, cabe mencionar que el plazo común establecido por el legislador para un conjunto de procedimientos mantiene la nota de ser el prudente para la consecución de los fines de dichos procedimientos, y así evitar la arbitrariedad de la autoridad, tal vez porque todos los procedimientos sujetos a uno mismo, comparten características similares o bien porque son de la misma naturaleza.

"Ahora bien, el antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos en que el contador público registrado para dictaminar para efectos fiscales se hará acreedor a una exhortación, amonestación o suspensión hasta por dos años de los efectos de su registro, conforme al reglamento de dicho código, de igual forma determina el caso en que procederá la cancelación del referido registro.

"El texto de la referida disposición, en la parte que interesa establece lo siguiente:

"‘Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

"‘...

"‘Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, o no aplique las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado, o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme al reglamento de este código. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, o no exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la federación de colegios profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión. ...’

"Como se advierte de la anterior reproducción, el antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación no establece un límite de tiempo al ejercicio de la facultad de la autoridad fiscal para emitir una resolución que determine la sanción aplicable al contador público autorizado para dictaminar para efectos fiscales.

"La falta de ese plazo en la ley, puede traer como consecuencia la actuación arbitraria por parte de la autoridad fiscal, al quedar bajo su criterio la determinación del momento en el cual emitirá la resolución correspondiente, lo que implica que la autoridad pueda retardar el dictado del fallo respectivo por un periodo prolongado de tiempo, lo cual ocasionaría incertidumbre en el gobernado.

"A mayor abundamiento, se señala que aun cuando esta Primera Sala en algún momento había considerado que la falta de plazo en este tipo de asuntos se podría sustituir con el límite temporal que impone la caducidad de las facultades de las autoridades que señala el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que la propia Sala se ha apartado de dicho criterio, con sustento esencialmente en dos razones: en primer término, la caducidad tiene una función esencialmente diversa a la de un plazo; y, en segundo lugar, la caducidad, en sustitución de un plazo, no impide que la autoridad actúe con arbitrariedad.

"A ese respecto, debe mencionarse que la caducidad es una institución que aborda los límites temporales de las facultades de las autoridades y, por tanto, no abarca aquella función a la que se dirigen los plazos, esto es, no se establece por el legislador para crear una extensión temporal prudente en la cual se logre la satisfacción del objetivo legal de un procedimiento, por ejemplo, en función de la materia de su objeto de estudio, pues aborda de forma general la interrogante de cuál debe ser el límite temporal de las facultades de las autoridades -que pueden desplegarse en una heterogeneidad de procedimientos inconexos- y no se preocupa por la extensión prudente de cada tipo de procedimiento en función de sus características relevantes.

"Por ello, la caducidad no logra sustituir a un plazo en la función constitucional que tienen estos últimos: no logra proscribir la arbitrariedad de la autoridad.

"Ello es así, pues si la caducidad no se hace cargo de la extensión prudente en el cual se debe cumplir el objetivo de un procedimiento, sino que se trata de un límite temporal que sólo trata de una forma muy general este objetivo, la autoridad podrá determinar el momento en el cual desplegar sus facultades, según el criterio que más le convenga.

"Es por todo lo anterior, que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, resulta inconstitucional al violar el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues no establece un límite temporal para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades.

"En términos similares se resolvieron los amparos en revisión: **********, en sesión de **********, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, por unanimidad de cinco votos; **********, en sesión de **********, bajo la ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza, por unanimidad de cuatro votos, el **********, en sesión de **********, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por mayoría de tres votos, en contra de los emitidos por los señores Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo; así como el AR. **********, en sesión de **********, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por mayoría de tres votos, en contra de los emitidos por los señores Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

"Cabe precisar que no se cita como precedente de la determinación que antecede, la ejecutoria emitida por esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de **********, bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por unanimidad de cuatro votos, pues en tal asunto fue otro el vicio concreto de inconstitucionalidad que se determinó frente al antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (y del diverso 58 de su reglamento -vigente hasta el siete de diciembre de dos mil nueve- que también se analizó en ese fallo), tanto es así que se hizo consistir en que la falta de previsión de ‘un plazo de inicio y conclusión del procedimiento sancionador que regula ese numeral’ transgrede la garantía de seguridad jurídica.

"Debe precisarse que no es óbice para considerar la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación materia de esta ejecutoria, el que en el numeral 65 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del ocho de diciembre de dos mil nueve, se disponga que la resolución correspondiente al procedimiento a que se refiere la citada porción normativa de aquel precepto legal, se emitirá en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir de que se agote el plazo de quince días, previsto en la fracción I del mismo dispositivo reglamentario, para que el contador público registrado manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes; porque, finalmente, de cualquier modo, lo cierto es que el plazo para el dictado de la resolución correspondiente, no está previsto en una ley formal y material.

"Sobre el punto, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 4/2010, emitida por el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 56/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que fijó criterio en el sentido de que la garantía de seguridad jurídica impide que la autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades, dando certidumbre al gobernado sobre su situación y, que por ello, es necesario que existan los plazos legales correspondientes para que la autoridad cumpla con el objetivo de que se trate.(1)

"Además, esta Primera Sala ha considerado que a través de la emisión de normas reglamentarias no puede subsanarse alguna irregularidad del legislador federal que convalide el vicio de inconstitucionalidad que pudiera tener la ley; así se sustentó al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de **********, por unanimidad de cuatro votos, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, criterio que dio origen a la tesis CXIII/2011.(2)

"En virtud de lo anterior, al haberse declarado la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del numeral 52 del Código Fiscal de la Federación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada respecto del sistema legal combatido, integrado por los artículos 52, primer y antepenúltimo párrafos y, la fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 52, primer párrafo, fracción II, inciso c), 57, fracción II, inciso a) (vigentes en dos mil cinco) y 65 (vigente en dos mil diez) del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; así como respecto del acto de aplicación contenido en el oficio número ********** de fecha ********** emitido por el administrador central de operación de la Fiscalización Nacional de la Administración General de Auditoría Fiscal.

"Lo anterior, para el efecto de que dichas disposiciones legales no le sean aplicadas al particular en el futuro.

"Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 112/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita enseguida:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ (se transcribe)

"Por todo ello, resulta innecesario analizar los restantes conceptos de violación que se enderezaron contra el antepenúltimo párrafo del numeral 52 del Código Fiscal de la Federación, pues a nada práctico se llegaría, dados los alcances de la protección constitucional otorgada."

II. Amparo en revisión **********, del índice de la Primera Sala, resuelto en sesión de **********, por mayoría de tres votos (votaron en contra los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia):

"QUINTO. Estudio de fondo. Por razón de método, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá a analizar, en primer lugar, el tercer agravio que hizo valer el recurrente quejoso, sintetizado en parte del punto 3.2. del considerando cuarto de esta ejecutoria.

"A través de ese agravio se señaló, en esencia, que es incorrecto lo que se resolvió en el considerando séptimo de la sentencia de primer grado frente al sexto concepto de violación, en virtud de que no se tomó en cuenta lo realmente planteado en éste, debido a que el quejoso nunca alegó que por virtud de lo previsto en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación se afectara su derecho para acudir a los tribunales a fin de que se le administrara justicia, sino que lo que planteó es que existe una violación de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional y al principio de reserva de ley, en razón de que dicho reglamento prevé plazos y términos que deberían estar plasmados en una ley formal y material y no en un acto administrativo, ya que en ese precepto de la propia Constitución Federal se señaló que ‘los plazos y términos deben de estar en ley’, cuestión que la Juez de Distrito no analizó.

"Sobre el punto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que es fundado el referido agravio porque en el fallo que se revisa, ciertamente la a quo desestimó el sexto concepto de violación habiendo malinterpretado lo que en verdad planteó el quejoso a través de éste, puesto que sólo estableció que no se viola tal precepto constitucional por el hecho de que se señalen los plazos y términos del procedimiento al que se sujeta el contador público registrado para sancionarlo (sea en el artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el siete de diciembre de dos mil nueve, como en el numeral 65 del mismo reglamento pero en su vigencia a partir del ocho del mismo mes de diciembre, a los que se contrae el concepto de violación referido), bajo el único argumento de que ello no impide de manera alguna que, una vez dictada la resolución correspondiente, el quejoso pueda acudir ante los tribunales para hacer valer sus derechos y para que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

"Con lo así considerado, es claro que no se dio respuesta al planteamiento que efectivamente se formuló, porque, como se advierte de la glosa hecha en el punto 1.4., del mismo considerando cuarto de esta ejecutoria, en el sexto concepto de violación el quejoso argumentó que los artículos 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el siete de diciembre de dos mil nueve y su correlativo artículo 65, pero vigente a partir del ocho de diciembre del mismo año, violan la garantía de seguridad jurídica, así como lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal y el principio de reserva de ley, ya que al establecerse en los referidos preceptos reglamentarios, los plazos y términos del procedimiento para sancionar al contador público autorizado para dictaminar para efectos fiscales, se deja de observar el deber estatuido por el constituyente en el sentido de que los plazos y términos deben estar contenidos en una ley, lo que se afirma, excluye las normas reglamentarias cuya inconstitucionalidad se reclamó.

"Luego, lo procedente es que esta Sala retome el estudio del referido concepto de violación, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo.

"En ese sentido debe partirse de la base siguiente:

"‘El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que al tema interesa, prevé la garantía de la tutela judicial efectiva, conforme al cual, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.’

"La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

"El derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna fue instituido por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales para que éstos le administren justicia, por lo cual, la jurisdicción es un principio del orden jurídico constitucional impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos. Esta garantía individual consigna a favor de los gobernados el disfrute de los derechos a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

"En este tenor, el precepto constitucional referido previene que la impartición de justicia debe darse en los ‘plazos y términos que fijen las leyes’.

"Acerca de este último lineamiento, se ha considerado por esta Suprema Corte, lo siguiente:

"1. Que responde a una exigencia razonable consistente en la necesidad de ejercitar la acción en un lapso determinado, de manera que de no ser respetados debe entenderse precluida la facultad del particular para impulsar la actuación de los tribunales.(3)

"2. Que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, pero que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.(4)

"3. Por otro lado, también ha sustentado esta Primera Sala que los órganos pertenecientes al Poder Judicial, no son los únicos encargados de realizar las funciones de administración e impartición de justicia, porque aun cuando es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

"Esta situación llevó a considerar a esta Primera Sala, que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24313-ed132ff5/contadores-publicos-dictaminadores-de-estados-financieros-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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