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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR APLICABLE A LOS CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS PARA EFECTOS DE EMITIR DICTÁMENES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES O LAS OPERACIONES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES QUE REALICEN. EL ARTÍCULO 52, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE TANTO EN 2013, COMO A PARTIR DE 2014).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 484/2019. · Registro digital (IUS): 29907
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo I, Pág. 88.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 484/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 6 DE AGOSTO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de agosto de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 529-III-047/2019 presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció una posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 803/2016 y el diverso sostenido por la Segunda Sala al resolver tanto el amparo en revisión 175/2018, como el amparo directo en revisión 6387/2018.

Al efecto, el denunciante precisa que el punto de contradicción estriba en determinar si el inciso c) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, contraviene el principio de seguridad jurídica, por lo que hace al plazo que tiene la autoridad fiscal para notificar al contador público.

En auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción y ordenó su registró con el número de expediente 484/2019, requirió mediante oficio a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, informen si los criterios denunciados como discrepantes se encuentran vigentes o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberán remitir la versión digitalizada de las ejecutorias en las que se sustente el nuevo criterio. Asimismo, ordenó se turnara el asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán.

Por acuerdos de dos y tres de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, los presidentes de la Primera y la Segunda Salas, informaron que no han abandonado los criterios sustentados en las sentencias denunciadas y, por ende, siguen vigentes.

Desahogado el requerimiento de mérito, por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal determinó que el presente asunto se encontraba debidamente integrado y ordenó remitirlo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, sobre un tema de materia administrativa.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción I, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –parte recurrente en el amparo directo en revisión 6387/2018–.

TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son los siguientes:

I. Amparo en revisión 803/2016. La Primera Sala de este Alto Tribunal, en sentencia de quince de marzo de dos mil diecisiete, resolvió lo siguiente:

• Precisión de la litis constitucional. En principio, agotadas las cuestiones de procedibilidad y precisadas las consideraciones que han quedado firmes, se estableció que la litis del asunto consiste en determinar si el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil doce,(1) resulta contrario al principio de seguridad jurídica.

• Determinación de la inconstitucionalidad del precepto reclamado. Respecto de la litis constitucional planteada, se concluyó que asistía razón a la parte recurrente, ya que, contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, el artículo reclamado "no prevé de manera certera el momento específico para que la autoridad hacendaria dicte y notifique la resolución en el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de los contadores que dictaminen estados financieros, en detrimento del principio de seguridad jurídica".

Ello, toda vez que el procedimiento de mérito se sigue en fases: (I) la primera de ellas ocurre cuando la autoridad termina de revisar el dictamen fiscal elaborado por el contador público registrado; (II) posteriormente en el plazo de seis meses se debe notificar a este último la irregularidad detectada; y (III) una vez que surta efectos la notificación, el contador público cuenta con un plazo de quince días para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

• Agotado el periodo probatorio de referencia, la autoridad debe notificar la resolución al contador público, en un plazo que no debe exceder de doce meses. Sin embargo, en el inciso c) del precepto reclamado se establece que "este plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede".

La remisión que realiza el inciso impugnado a la "fracción I que antecede", hace que el procedimiento sea violatorio del principio de seguridad jurídica, pues dicha fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, regula los requisitos que deben de cumplir los contadores públicos que realicen dictámenes para poder obtener su inscripción ante las autoridades fiscales, "por lo que no existe dentro de esa fracción un momento específico que indique a partir de cuándo comienzan a transcurrir los doce meses con los que cuenta la autoridad para notificar la resolución del procedimiento sancionatorio".

• Lo anterior, hace patente que la fracción I a que hace remisión la porción normativa impugnada, "de ninguna manera da certeza respecto al momento en el cual deben comenzar a transcurrir los doce meses para que la autoridad hacendaria notifique al contador público la resolución correspondiente y, en consecuencia, resta eficacia a la existencia de un límite temporal para que la autoridad emita dicha resolución, lo cual posibilita que se incurra en arbitrariedades".

En ese contexto, el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal Federal "transgrede el principio de seguridad jurídica, pues no se encuentra establecido con un grado de certeza constitucionalmente exigible el momento a partir del cual debe computarse el plazo para dictar y notificar la resolución en el procedimiento para sancionar al contador público". De esta forma, el gobernado no sabe a qué atenerse en cuanto a dicho aspecto.

• No pasa inadvertido que el legislador reformó el artículo 52 del Código Fiscal Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil once, para adicionar el procedimiento previsto en el artículo 65 del reglamento de dicho ordenamiento tributario, mismo que fue abrogado mediante la publicación de un nuevo reglamento el dos de abril de dos mil catorce y que ya no contiene la regulación del procedimiento para imponer sanciones a los contadores públicos.

• Sin embargo, dicha reforma "lejos de otorgar un mayor nivel de seguridad jurídica al gobernado, en este caso los contadores públicos registrados, dejó a éstos en un estado de incertidumbre", ya que al indicar que la resolución del procedimiento administrativo sancionador se notificará en un plazo que no excederá de doce meses "contados a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede", lo hace de manera errática, pues en la fracción I de dicho artículo 52 a la que remite, no se establece ningún plazo relacionado con el procedimiento sancionatorio a seguir por la autoridad fiscal, para el efecto de que notifique la resolución al procedimiento sancionador iniciado al contador público registrado.

• Por tanto, no se sostiene la interpretación "lógica" que respecto del precepto reclamado se efectuó en la sentencia recurrida, pues el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, no prevé con precisión a partir de qué momento deben computarse los doce meses para que se notifique y en consecuencia sea dictada la resolución en el procedimiento administrativo sancionador que regula, máxime que la remisión a la fracción I de dicho precepto legal nada tiene que ver con ese tipo de procedimiento.

Por el contrario, asumir la interpretación "lógica" atribuida por el Juez de Distrito "sería tanto como trasladar a los particulares la carga de interpretar contra legem una disposición que claramente remite a una fracción que no tiene relación alguna con el procedimiento administrativo sancionador de que se trata", y si bien las normas jurídicas no pueden ser interpretadas de manera aislada, sino en función del sistema en el cual están inmersas, "ello no puede llegar al extremo de exigir que las personas tengan que subsanar, mediante un ejercicio hermenéutico, las deficiencias legislativas en que incurra el legislador democrático".

• Decisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, procede modificar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional en contra del precepto reclamado para el efecto de que sea desincorporado de la esfera jurídica del quejoso hasta en tanto no sea reformado. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada 1a. CXLIV/2017 (10a.), que es del tenor literal siguiente:

"SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 52, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO C), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2013, TRANSGREDE ESTE PRINCIPIO. El precepto de referencia establece el procedimiento a seguir por la autoridad fiscal cuando un contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones que le son aplicables. Dicho procedimiento se sigue en fases, la primera de ellas ocurre cuando la autoridad termina de revisar el dictamen fiscal elaborado por el contador público registrado, posteriormente en el plazo de seis meses se debe notificar a este último la irregularidad detectada. Una vez que surta efectos la notificación, el contador público cuenta con un plazo de quince días para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes. Agotado el periodo probatorio, la autoridad debe notificar la resolución al contador público, en un plazo que no debe exceder de doce meses. Sin embargo, en el inciso c) de la porción normativa mencionada se establece que este último contará a partir del día siguiente a aquel en que se agote el plazo señalado en ‘la fracción I que antecede’. Esta remisión resulta errática, pues la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación regula los requisitos que deben cumplir los contadores públicos que realicen dictámenes para poder obtener su inscripción ante las autoridades fiscales, por lo que no existe dentro de esa fracción un momento específico que indique a partir de cuándo comienzan a transcurrir los doce meses con los que cuenta la autoridad para notificar la resolución del procedimiento sancionatorio. Por tanto, el precepto referido vulnera el principio de seguridad jurídica al propiciar que los particulares no conozcan con certeza a qué atenerse en relación con el momento en el que la autoridad debe dictar y notificar la resolución del procedimiento administrativo sancionador, y si bien las normas jurídicas no pueden ser interpretadas de manera aislada, sino en función del sistema en el cual están inmersas, ello no puede llegar al extremo de exigir que las personas tengan que subsanar, mediante un ejercicio hermenéutico, las deficiencias legislativas en que incurre el legislador."

II. Amparo en revisión 175/2018. La Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sentencia de seis de junio dos mil dieciocho, resolvió lo siguiente:

• Precisión de la litis constitucional. En principio, se precisó que el recurso de revisión se constriñe a determinar si el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil quince,(2) resulta contrario al principio de seguridad jurídica.

• Inoperancia de los agravios expuestos. Respecto de la litis constitucional planteada, se concluyó, por una parte, que eran ineficaces los agravios de la parte recurrente, pues por una parte, la Juez de Distrito "sí analizó la regularidad constitucional de la norma impugnada en los términos propuestos en su demanda de amparo" y, por otra, la recurrente "no realiza manifestación alguna para desvirtuar las razones particulares que tomó en consideración la Juez de Distrito" para estimar que el precepto reclamado no resulta inconstitucional, esto es, no combate la consideración de la sentencia recurrida en la cual se establece que "el plazo de doce meses que se concede a la autoridad fiscalizadora para emitir la resolución correspondiente, inicia a partir del día siguiente a aquel en que se agota el plazo conferido al interesado para que alegue y pruebe lo que a su derecho convenga".

Asimismo, se declaró inoperante el agravio en el cual se adujo que el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, resulta contrario al principio de igualdad, ya que no prevé plazos precisos para la revisión de estados financieros dictaminados por contadores públicos registrados, lo cual sí acontece tratándose de revisiones efectuadas directamente a los contribuyentes.

•La inoperancia del anterior motivo de disenso radica en el hecho de que "la alegada vulneración al principio de igualdad no fue planteada en la demanda de amparo, ni fue introducida oficiosamente por la Juez de Distrito, por lo que es dable concluir que tal aspecto resulta novedoso y, en consecuencia, no puede ser materia de análisis en la presente instancia".

• Decisión. En consecuencia, se negó el amparo solicitado contra el precepto reclamado y se dejó a salvo la competencia del Tribunal Colegiado del conocimiento para que analizara las cuestiones de legalidad.

III. Amparo directo en revisión 6387/2018. La Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sentencia de ocho de mayo de dos mil diecinueve,(3) resolvió lo siguiente:

• Precisión de la litis constitucional. En principio, se precisó que el recurso de revisión se constriñe a determinar si el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil dieciséis,(4) resulta contrario al principio de seguridad jurídica.

• Determinación de la inconstitucionalidad del precepto impugnado. Respecto de la litis constitucional planteada, se precisó que si bien "de una interpretación literal del inciso c) reclamado se podría concluir que el contador público no tiene certeza respecto del momento a partir del cual se deberá contar el plazo de doce meses con que cuenta la autoridad fiscal para notificar la resolución del procedimiento administrativo sancionatorio", toda vez que la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación no hace referencia a ningún plazo y, por ende, se podría suponer que la porción normativa reclamada contraviene el derecho a la seguridad jurídica.

Lo cierto es que, atendiendo a una interpretación conforme, "es conveniente agotar otros métodos de interpretación para determinar el contenido de la porción normativa reclamada que sea más compatible con la norma fundamental y que en consecuencia, respete los derechos humanos de los sujetos obligados".

• Así, de la aplicación de los métodos de interpretación "histórica y teleológica", se concluye que "la fracción I contenida en la exposición de motivos del Ejecutivo correspondería al actual inciso a) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación", por ende, el plazo que la autoridad fiscal tiene para notificar al contador público registrado la resolución del procedimiento administrativo sancionatorio "se computa a partir del día siguiente al en que transcurrieron los quince días con que cuenta para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas correspondientes".

En este sentido, con el fin de preservar dentro del sistema jurídico la porción normativa reclamada "y de una interpretación histórica y teleológica, se debe entender que la fracción I a la que se hace referencia en el inciso c) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación en realidad corresponde al inciso a) de ese mismo párrafo".

• De ahí que el inciso c) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación "no contraviene el principio de seguridad jurídica, toda vez que la autoridad fiscal tiene un plazo determinado para notificar al contador público registrado la resolución derivada del procedimiento administrativo sancionatorio" y, por ende, el contador tiene conocimiento de antemano que dentro de un plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente en que concluya el plazo de quince días para realizar las manifestaciones respecto de las irregularidades detectadas, se le deberá notificar la resolución correspondiente.

Además el artículo reclamado no le ocasiona perjuicio alguno al quejoso, pues la resolución derivada del procedimiento administrativo sancionatorio se emitió dentro del plazo de doce meses previsto en la porción normativa reclamada.

• En efecto, el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad notificó al quejoso las irregularidades de su actuación profesional respecto del dictamen fiscal que emitió de los estados financieros de Grupo Agropecuario Plan de Ayala, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; el siete de septiembre de dos mil dieciséis, el contador público registrado realizó las manifestaciones correspondientes y el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se le comunicó la suspensión por un año de su registro.

Es decir, la notificación de la suspensión de su registro para dictaminar estados financieros se realizó con anterioridad al plazo de doce meses a que hace referencia el inciso c), antepenúltimo párrafo, del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

• Decisión. En consecuencia, se revocó la sentencia recurrida y se reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para dar contestación a los argumentos de legalidad.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(5) Así, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:

I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(6)

II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.

III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(7)

A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener, en principio, que no existe la contradicción de tesis denunciada entre el criterio sostenido por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 803/2016 y lo resuelto por la Segunda Sala al resolver el diverso amparo en revisión 175/2018.

Es así, pues si bien en tales precedentes se reclamó el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que la Segunda Sala no fijó criterio alguno respecto a la regularidad constitucional de dicho enunciado normativo –es decir, no estableció si tal precepto resulta o no contrario a la Constitución Federal–.

Es así, pues en tal amparo en revisión, la Segunda Sala se limitó a declarar inoperante el agravio de la recurrente en el cual se combatió tal precepto normativo, ya que, por una parte, la Juez de Distrito sí analizó la regularidad constitucional de la norma impugnada en los términos propuestos en su demanda de amparo y, por otra, porque no realizó manifestación alguna para desvirtuar las razones particulares que tomó en consideración la Juez de Distrito para concluir que la norma reclamada no transgrede el principio de seguridad jurídica.

En ese sentido, se considera que, por lo que hace a los citados precedentes, no se actualiza la contradicción de tesis denunciada, pues si la Segunda Sala no examinó la constitucionalidad de la norma reclamada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos y, en cambio, la Primera Sala sí analizó la regularidad constitucional de tal precepto jurídico y determinó que éste resulta violatorio del principio de seguridad jurídica, luego, "es claro que no se da la oposición de criterios ya que en las sentencias ... no se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicción de tesis".

Resulta aplicable, de manera análoga, la tesis 2a. CLXXIII/2001, que se lee bajo al rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA."(8)

Una vez precisado lo anterior esta Corte Constitucional estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el criterio sustentado por la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 803/2016, y el diverso contenido en el amparo directo en revisión 6387/2018 del índice de la Segunda Sala, ya que al resolver los asuntos de sus respectivos índices, ambas Salas se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, resulta contrario al principio de seguridad jurídica.

Tan es así que, incluso, al analizar la procedencia del amparo directo en revisión 6387/2018, la Segunda Sala reconoció que el asunto revestía las características de importancia y trascendencia, porque al examinar la regularidad constitucional de tal dispositivo fiscal, los contadores públicos registrados "sabrán con certeza a partir de qué momento se computará el plazo de doce meses con que cuenta la autoridad para emitir la resolución del procedimiento [relevancia]. Aunado a que únicamente la Primera Sala de este Alto Tribunal se ha pronunciado sobre el tema [novedad]".

Siendo que las Salas de este Alto Tribunal arribaron a conclusiones disímiles, ya que la Primera consideró que el referido precepto fiscal "no prevé de manera certera el momento específico para que la autoridad hacendaria dicte y notifique la resolución en el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de los contadores que dictaminen estados financieros, en detrimento del principio de seguridad jurídica".

Ello, pues resulta errada la remisión que el enunciado normativo hace a "la fracción I", ya que tal fracción del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en realidad, regula los requisitos que deben de cumplir los contadores públicos que realicen dictámenes para poder obtener su inscripción ante las autoridades fiscales, "por lo que no existe dentro de esa fracción un momento específico que indique a partir de cuándo comienzan a transcurrir los doce meses con los que cuenta la autoridad para notificar la resolución del procedimiento sancionatorio".

En cambio, la Segunda Sala determinó que el citado precepto jurídico no viola el principio de seguridad jurídica, ya que atendiendo a una interpretación histórica y teleológica, se colige que "la fracción I a la que se hace referencia en el inciso c) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación en realidad corresponde al inciso a) de ese mismo párrafo".

En otras palabras, el aludido dispositivo normativo admite una interpretación que lo hace conforme al principio de seguridad jurídica, pues al entenderse que, para efectos del cómputo respectivo, debe estarse a lo previsto por el inciso a) del precepto 52 del Código Fiscal de la Federación, es claro que el contador "tiene conocimiento de antemano que, dentro de un plazo de doce meses contados a partir del día siguiente en que concluya el plazo de quince días para realizar las manifestaciones respecto de las irregularidades detectadas, se le deberá notificar la resolución correspondiente".

Atendiendo a lo anterior, resulta inconcuso que existe la disidencia de criterios denunciada, únicamente por lo que hace a los referidos precedentes judiciales. Sin que resulte óbice a la conclusión alcanzada, el hecho de que las Salas hayan analizado el mismo precepto jurídico, pero vigente en diversas anualidades.

En efecto, si bien la Primera Sala examinó el artículo 52, antepenúltimo párrafo, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, conforme a su texto vigente en dos mil trece, mientras que la Segunda Sala analizó esa misma disposición conforme a su redacción normativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, lo cierto es que, ello no constituye un impedimento para la existencia de la presente contradicción de tesis, ya que, como se demostrará a continuación, ambas disposiciones presentan un idéntico contenido normativo.

En principio, debe tenerse en cuenta que la finalidad con que fue creada la contradicción de tesis radica, esencialmente, en preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que tiende a garantizar la seguridad jurídica.

De ahí que cuando se analicen ejecutorias en donde se advierta la particularidad de que se aplicaron, respectivamente, una disposición jurídica derogada y otra vigente, "esa sola circunstancia no da lugar a declararla inexistente, siempre y cuando el examen de los preceptos aplicables para definir el criterio contradictorio arroje como resultado que, pese a la modificación legislativa, siguen manteniendo idéntico o coincidente contenido jurídico"; de ahí que, en ese supuesto, "lo conducente sea pronunciarse sobre el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia".

Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. LXXIX/2015 (10a.) intitulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE POR EL HECHO DE QUE EN LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES SE HUBIEREN APLICADO, RESPECTIVAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRECEPTOS SEAN IGUALES O COINCIDENTES."(9)

Similarmente, la Primera Sala ha sostenido que, para declarar la inexistencia de una contradicción de tesis, cuando los criterios denunciados como disidentes se fundan en normas de distinta vigencia, es necesario verificar además que se esté en presencia de textos normativos "cuyo contenido no coincide", ya que en tales casos, su resolución no tendría fin jurídico o práctico alguno.

Así lo prevé la tesis 1a. V/2004, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA SE FUNDAN, UNO EN UNA NORMA VIGENTE Y EL OTRO EN UNA DEROGADA, CUYO CONTENIDO NO COINCIDE."(10)

Como se aprecia de lo anterior, en tratándose del enfrentamiento de precedentes judiciales disidentes, en dond

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29907-0fd94637/procedimiento-sancionador-aplicable-a-los-contadores-publicos-registrados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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