PREDIAL. LA NORMA DE APLICACIÓN 3 DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 (PREVISTA ACTUALMENTE EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL LOCAL), AL INCREMENTAR EN 8% EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 19 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, LUZ CUETO MARTÍNEZ Y ADRIANA ESCORZA CARRANZA. PONENTE: FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA (EN LA FECHA DE LA SESIÓN NO INTEGRÓ EL PLENO DE CIRCUITO). SECRETARIA: YENNY DOMÍNGUEZ FERRETIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril y quince de diciembre, ambos de dos mil quince, dado que dicha contradicción se generó entre Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue denunciada por la Magistrada presidenta del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De la jurisprudencia preinserta se aprecia que para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, los cuales pueden derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegando a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios, materia de la denuncia, no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 209/2015, en sesión de veintidós de octubre de dos mil quince, por mayoría de votos, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"NOVENO.-El argumento de la quejosa recurrente en el sentido de que es ilegal la determinación de la Juez de Distrito respecto de que no acreditó en el juicio que los inmuebles de los que es poseedora o propietaria contengan instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, para incrementar en 8% la base del impuesto, y que por ello no probó ubicarse en la hipótesis reclamada y, en consecuencia, era inoperante el concepto de violación relacionado con dicho incremento, es fundado.-En efecto, del análisis integral de las documentales que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa exhibió diversas probanzas, dentro de las cuales se encuentran las propuestas de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial de los inmuebles que defiende (fojas 153, 156 y 159 del juicio de amparo), de cuya lectura se advierte claramente que para la determinación del valor catastral de los mismos sí se tomaron en cuenta las instalaciones especiales que pudieran tener, pues expresamente se incrementó el 8% al valor de la construcción.-Y a fin de corroborar lo anterior, se procede a analizar, a manera de ejemplo, la propuesta de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial del inmueble ubicado en calle **********, relativa a los bimestres uno a seis de dos mil quince, cuyo contenido, en la parte que interesa, es el siguiente: (foja 153 del juicio de amparo)
"**********
"De lo anterior se advierte que, respecto del primer renglón, se determinó que el valor unitario por metro cuadrado es de $3,302.87 (tres mil trescientos dos pesos 87/100 moneda nacional), por lo que si el inmueble tiene 3,678.87 (tres mil seiscientos setenta y ocho punto ochenta y siete) metros de construcción, al multiplicarse por el valor unitario da como resultado el valor de la construcción en cantidad de $12,150,829.36 (doce millones ciento cincuenta mil ochocientos veintinueve pesos 36/100 moneda nacional), y si a dicho valor se le resta el importe de demérito da como resultado la cantidad de $11,786,304.48 (once millones setecientos ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos 48/100 moneda nacional), cantidad cuyo 8% corresponde al monto de $942,904.36 (novecientos cuarenta y dos mil novecientos cuatro pesos 36/100 moneda nacional), por lo que si se suman las cantidades de $11,786,304.48 y $942,904.36, dan como resultado el valor catastral de la construcción $12,729,208.84 (doce millones setecientos veintinueve mil doscientos ocho pesos 84/100 moneda nacional).-Por ende, contrario a lo determinado por la Juez de Distrito, no era necesario que la quejosa acreditara que los inmuebles que defiende tuvieran instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, para acreditar estar en el supuesto de la norma, en virtud de que es evidente que el incremento del 8% reclamado, sí le fue aplicado a la quejosa para la determinación del impuesto predial base valores unitarios de suelo y construcción, como se desprende de las propuestas de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial de los inmuebles que defiende.-Por ende, si con dichas documentales el quejoso acreditó la aplicación del incremento del 8% que reclama, es evidente que sí se ubicó en el supuesto de la norma y, por ende, era procedente analizar los argumentos que hubiera hecho valer al respecto, y no declararlos inoperantes.-En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 93, fracción V,(1) de la Ley de Amparo, este tribunal procede a analizar el argumento de la parte quejosa contenido en el segundo concepto de violación y que la Juez de Distrito determinó como inoperante.-DÉCIMO.-La quejosa en el segundo concepto de violación indicó que las disposiciones reclamadas eran contrarias a los mandatos constitucionales en materia de proporcionalidad tributaria, ya que incrementan la base del impuesto en un ocho por ciento (8%), sin que se justifique dicho incremento con valores reales, ni mucho menos justificando el reflejo de la capacidad contributiva de los contribuyentes que se ubican en dicha hipótesis, ya que el incremento surge sólo por el hecho de que el inmueble objeto del tributo tenga alguna instalación especial, elemento, accesorio u obra complementaria, sin importar de qué tipo sea o cuántas tenga, es decir, sin señalar un valor específico, el sujeto está obligado a incrementar en un ocho por ciento (8%) la base de la contribución, con lo que no se reconoce su verdadera capacidad contributiva.-Ahora bien, en primer término, es importante conocer el contenido de la porción normativa que reclama el quejoso, esto es, el artículo vigésimo transitorio, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de diciembre de dos mil catorce, así como el punto tres de las normas de aplicación de dicho ordenamiento: ‘Artículo vigésimo. Para los efectos de emisión de valores unitarios del suelo, construcciones adheridas a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 129 del Código Fiscal del Distrito Federal, se presentan a continuación las siguientes tablas, cuya aplicación se hará conforme a las definiciones y normas que se indican: ... ‘Norma de aplicación ... 3. Cuando el inmueble cuente con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, el valor resultante de aplicar lo señalado en el numeral 2, se incrementará en 8%.-Instalaciones especiales, aquellas que se consideran indispensables o necesarias para el funcionamiento operacional del inmueble de acuerdo a su uso específico, tales como, elevadores, escaleras electromecánicas, equipos de calefacción o aire lavado, sistema hidroneumático, equipos contra incendio.-Elementos accesorios, son aquellos que se consideran necesarios para el funcionamiento de un inmueble de uso especializado, que sí se convierten en elementos característicos del bien analizado como: caldera de hoteles y baños públicos, espuela de ferrocarril en industrias, pantalla en un cinematógrafo, planta de emergencia en un hospital, butacas en una sala de espectáculos, entre otros.-Obras complementarias, son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble como son: bardas, celosías, andadores, marquesinas, cisternas, equipos de bombeo, gas estacionario, entre otros ...’.-Por otra parte, conviene destacar que el principio de proporcionalidad tributaria consiste, esencialmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, esto es, de acuerdo con la potencialidad real de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a aquellas de medianos y reducidos recursos.-Ahora bien, conforme al mecanismo de determinación del impuesto predial, se tiene presente que para determinar el valor de la construcción de un inmueble, debe ajustarse en el tipo (habitacional o no habitacional) y clase (de acuerdo con las características propias de sus espacios, servicios, estructuras y acabados) que le correspondan.-Determinado lo anterior, deberá acudirse a las matrices de características y puntos correspondientes, en donde las primeras califican a la construcción por su estructura y acabados, atendiendo a siete columnas que se refieren a los muros, altura de entrepisos, cubiertas, claros, pisos, fachadas, recubrimientos en baños y cocinas, así como muebles de baño y, a su vez, existen siete filas que describen determinadas características de un inmueble en relación con los elementos descritos.-Así, el contribuyente deberá ubicar, en cada columna, la fila que describa las características correspondientes al inmueble por el cual pagará el impuesto predial, y hecho que sea, deberá remitirse a la tabla de matriz de puntos y verificar cuál es la cantidad de puntos que corresponde a la fila que eligió dentro de cada columna de la matriz de características, sumarlos y obtener el total de puntos que correspondan al inmueble.-Con el resultado de la suma de los puntos obtenidos, se ubicará al inmueble en uno de los rangos de la denominada ‘tabla de puntos’, para así determinar cuál es la clase correspondiente de las siete posibles.-Atendiendo a la clase en que se ubique el inmueble (1 a 7) y al número de niveles que tenga, se identificará el valor unitario por metro cuadrado que corresponde en términos de lo que prevé la tabla de valores unitarios de las construcciones y se multiplicará por los metros cuadrados de la construcción, con lo que se obtendrá el valor total de la edificación.-A valor resultante del procedimiento anterior, se le aumentará el ocho por ciento cuando el inmueble cuente con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias.-Del procedimiento que se describió en párrafos precedentes, se advierte que para determinar el valor unitario por metro cuadrado de construcción, a través de las matrices de características y puntos, se toman en consideración elementos de la construcción, consistentes en muros, altura de entrepisos, cubiertas, claros, pisos, fachadas, recubrimientos en baños y cocinas, así como muebles de baño.-Por lo tanto, en relación con la variación de calidad respecto de tales características se otorga un valor unitario de construcción diverso, es decir, se atiende a la mayor o menor calidad de los elementos del inmueble, para que les corresponda un valor unitario más o menos alto y que así el gobernado tribute respecto del valor catastral que corresponde al inmueble que es de su propiedad o que posee.-De lo expuesto, este Tribunal Colegiado determina que la norma reclamada no viola el principio de proporcionalidad, si se toma en cuenta que los valores unitarios de la construcción se aplican sobre el aprovechamiento que tiene el inmueble (habitacional o no habitacional), considerando las características de sus propios espacios, servicios, estructuras, acabados e instalaciones especiales, por lo que un inmueble con mejores características deberá pagar un impuesto mayor, en atención a que ello demuestra una capacidad contributiva más alta y, por lo tanto, la aplicación del porcentaje previsto resultará un monto diferente a pagar según el valor del inmueble.-En efecto, el hecho de que la norma en pugna disponga que se debe aplicar un incremento del ocho por ciento al valor que resulte de las construcciones, por instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, de ninguna manera implica que sea desproporcionado, en virtud de que es evidente que tal porcentaje al aplicarse al valor resultante del procedimiento para el cálculo del impuesto predial, es proporcional en cuanto al valor, por ello, con independencia del número de instalaciones especiales, accesorios y obras complementarias que tenga un inmueble, el porcentaje grava de manera general en virtud de que la aplicación de dicho porcentaje resultará un monto diferente a pagar según el valor de cada inmueble, por lo que si un inmueble por sus características, tiene un mayor valor al aplicarse el porcentaje de referencia, tendrá que pagar un monto mayor que aquel inmueble que tenga un valor menor.-En ese contexto, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, la norma en cuestión sí atiende a la capacidad contributiva de los sujetos del impuesto, en virtud de que aun cuando el porcentaje que ésta dispone debe aplicarse en un ocho por ciento (8%) para todos aquellos inmuebles que cuenten con uno o más elementos de construcción especiales, es evidente que no todos pagarán lo mismo, sino que dependerá del valor de construcción que haya resultado de su inmueble, pues es a éste, al que debe aplicarse ese porcentaje.-Además, resulta lógico considerar que si un inmueble cuenta con una o más obras complementarias, que son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble, es decir, que a diferencia de las instalaciones especiales y elementos accesorios no se consideran indispensables o necesarias para el funcionamiento operacional de un inmueble, no podrá considerarse de la misma plusvalía que un inmueble que sólo tenga una o más instalaciones especiales o elementos accesorios o incluso, una sola obra complementaria, lo que se verá reflejado en el valor total de construcción que le haya resultado, por lo que, conforme al primer caso, es claro que el sujeto deberá pagar más que el sujeto del segundo supuesto, ya que, el primero, atendiendo a las características de su inmueble, es evidente que su poder adquisitivo es mayor que el del segundo caso, por lo que es proporcional que el primero pague más que el segundo.-Motivos por los cuales, se concluye que las normas de aplicación previstas en el artículo vigésimo transitorio, en especificó, la relativa al aumento del ocho por ciento cuando el inmueble cuente con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, atiende al principio de proporcionalidad tributaria en la medida que atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues, como quedó demostrado, debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción.-Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia número P./J. 109/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.’ (Novena Época. Registro «digital»: 192849. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 109/99, página 22).-Cabe señalar que, tratándose de normatividad fiscal, como la que se analiza, no se exige al legislador local una motivación reforzada, sino únicamente la apreciación de fines o situaciones razonables que justifiquen su proceder.-Así es, la libertad de configuración en materia fiscal que reconoce el Texto Constitucional, debe entenderse bajo la idea de la política tributaria, en virtud de que no se encuentran establecidas en la Carta Magna las distintas opciones de los modelos impositivos, ni, por consiguiente, algún parámetro de las tarifas aplicables a los impuestos y, por consiguiente, el análisis de éstas es procedente sólo con base en los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino a gasto público previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como el respeto a los derechos humanos.-De los anteriores razonamientos derivó la jurisprudencia 1a./J. 55/2011, de la Primera Sala, Novena Época, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: ‘RENTA. DEBEN DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA DECISIÓN DEL LEGISLADOR DE ELEVAR LA TASA DEL 28% AL 30% DE ESE TRIBUTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Congreso de la Unión goza en materia tributaria de un amplio margen de libertad derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática, dentro de los límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente previstos en su artículo 31, fracción IV. En ese sentido, la libertad de configuración del legislador en materia fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse bajo la idea de que en ella se da espacio para diversas políticas tributarias, en virtud de que no se encuentran previamente establecidas las opciones de los modelos impositivos, ni las tasas aplicables a los impuestos. En congruencia con lo anterior, los conceptos de violación y agravios en los que se impugnen los artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y segundo, fracción I, inciso a), del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta -entre otras-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, por considerar que infringen la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyados en cuestiones referidas al mérito político de la decisión del legislador de elevar la tasa del 28% al 30%, deben desestimarse.’ (Novena Época. Registro «digital»: 161994. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, tesis 1a./J. 55/2011, página 146).-Por lo tanto, si ya quedó demostrado que el precepto atiende a la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de ninguna manera vulnera la garantía de proporcionalidad, de ahí que el concepto de violación que se analiza sea ineficaz.-En consecuencia, atento a lo anterior y al no existir argumento alguno pendiente de analizar, se modifica la sentencia recurrida, y se niega el amparo a ********** ... Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 84, 86, 87, 88, 89, 91 a 93, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos consistentes en la recepción del impuesto predial, el refrendo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de diciembre de dos mil catorce y la aprobación del Manual de Procedimiento y Lineamiento Técnicos de Valuación Inmobiliaria, así como de autorización y registro de personas para practicar avalúo, que fueron reclamados a las autoridades tesorero del Distrito Federal y secretario de Finanzas del Distrito Federal.-SEGUNDO.-Se modifica la sentencia recurrida.-TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por los motivos expuestos en el considerando décimo de esta resolución.-CUARTO.-Queda sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.-Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el toca.-Así lo resolvió el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Luz María Díaz Barriga (ponente) y Germán Eduardo Baltazar Robles, quien votó con salvedades por considerar que las personas morales no son titulares de derechos humanos ni se establece cuáles le sean aplicables por su naturaleza, en contra del voto de la Magistrada Amanda Roberta García González (presidenta), quien formula voto particular. Firman los Magistrados con la secretaria de tribunal Mónica Patricia Romo León, quien autoriza y da fe."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver el amparo revisión RA. 397/2010, en sesión de cuatro de mayo de dos mil diez, por unanimidad de votos, determinó, en la parte conducente, lo siguiente:
"NOVENO.-En ese orden de ideas, la parte quejosa, medularmente, aduce en el segundo concepto de violación, parte II (fojas 47 y 48 del escrito inicial de demanda), que el numeral 3 de las normas de aplicación contenidas en el artículo segundo del decreto reclamado contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que establece un aumento del 8% al valor de los inmuebles que cuenten con instalaciones especiales, elementos, accesorios u obras complementarias, empero, no diferencia los que cuenten con una de los que cuenten con varias, por lo que man
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26332-0d4c05fc/predial-la-norma-de-aplicacion-3-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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