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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2015. · Registro digital (IUS): 25873
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 2946.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTE: GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL. SECRETARIA: YADIRA ELIZABETH MEDINA ALCÁNTARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril de dos mil trece, ya que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, puesto que fue formulada por Magistrados integrantes el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Antecedentes relevantes. Para estar en aptitud de resolver la denuncia de contradicción, es preciso tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones que los sustentan, los cuales se advierten de las ejecutorias respectivas, y son los que se precisan enseguida:

Amparo en revisión RA. 293/2013, del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1) Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por derecho propio, reclamó de la Asamblea Legislativa, jefe de Gobierno, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas y director general Jurídico y de Estudios Legislativos, todos del Distrito Federal, la expedición, promulgación, refrendo y publicación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en particular, la reforma del artículo 130, fracciones I y II, del ordenamiento indicado.

2) La demanda de amparo se turnó al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil trece, la admitió a trámite, registrándola con el número 251/2013; se solicitaron de las autoridades responsables los informes con justificación, se admitieron las pruebas ofrecidas y se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito intervención.

3) El tres de junio de dos mil trece, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, la cual concluyó el tres de septiembre del mismo año con el dictado de la sentencia en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, sustentado, en cuanto hizo al fondo de la litis, lo siguiente:

• La quejosa planteó como concepto de violación que el artículo 130, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal transgredía en su perjuicio los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, al establecer un trato diferente a personas que se encontraban en una misma situación ante el objeto del gravamen, puesto que aquellos que tuvieran propiedades de uso habitacional que se ubicara en los rangos A, B, C y D de la tarifa, tendrían derecho a la reducción del impuesto predial, en tanto que los propietarios de inmuebles con valor mayor a $976,444.70 (novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) no podrían acceder a beneficio alguno, sin que existiera justificación para que se establecieran regímenes especiales de tributación; argumentos que el Juzgado de Distrito consideró fundados.

• De esta forma, el Juez de Distrito desarrolló el principio de equidad tributaria, para lo cual citó las tesis de jurisprudencia P./J. 24/2000 y P./J. 42/97, de rubros: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES."

• Después, analizó el artículo 130, fracciones I y II, del Código Fiscal del Distrito Federal y determinó que el sistema de aminoración del impuesto predial que preveía ese precepto, atendía al destino del inmueble -uso habitacional- y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo -reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate-, mediante un esquema regresivo de cuotas fijas; sin embargo, solamente pueden acceder a la disminución de la cuota fija los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos A al D y no los que se ubicaran en los renglones E al P de la tarifa respectiva, como sucedía con la quejosa.

• Así, el Juez de control de constitucionalidad concluyó que esa situación vulneraba el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no se estableció un esquema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles, cuyo valor estuviese comprendido en los rangos E al P de la tarifa respectiva, incluso, cuando cumplieran con el parámetro elegido por el legislador para la actualización del beneficio, esto es, que el inmueble fuera de uso habitacional.

• Asimismo, el Juez Federal consideró que el hecho que los rangos E al P de la tarifa del impuesto predial no estuvieran comprendidos en la tabla de descuentos, los excluía injustificadamente del régimen especial de tributación, previsto para los inmuebles de uso habitacional, colocándolos en el régimen general, lo que se traducía en un trato desigual entre sujetos que se ubicaban en la misma situación, sin que existiera una razón objetiva para ello, y que si bien, en cumplimiento al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario podía válidamente establecer un sistema regresivo de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles de uso habitacional, conforme al cual, el beneficio disminuye en la medida en que aumenta el valor catastral, empero, a partir de esa razón no se podía excluir del sistema a determinados inmuebles con motivo de un valor superior.

• Para sustentar la base expositiva, el Juez de Distrito citó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 225/2009, de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE UNA REDUCCIÓN DEL 0% PARA INMUEBLES DE USO HABITACIONAL CUYO VALOR CATASTRAL ESTÉ COMPRENDIDO EN LOS RANGOS DEL ‘K’ AL ‘P’ DE LA TARIFA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DE ESE PRECEPTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008)."

• De esta manera, en el juicio de amparo, en la primera instancia, se concedió la protección de la Justicia Federal para el efecto que no se aplicara a la quejosa la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto no se reformara o derogara y, en su caso, se le devolvieran las cantidades que, en cumplimiento a aquella,(1) hubiera enterado, precisando que la parte quejosa debería aplicar a la mecánica del cálculo del impuesto predial la tarifa fija preferente, prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, por ser el último previsto en la tabla referida.

4) Por oficios recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veintitrés y veinticuatro de septiembre de dos mil trece, **********, apoderado general para pleitos y cobranzas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de junio de dos mil trece concluida el tres de septiembre del mismo año, por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 251/2013.

5) Por cuestión de turno, correspondió conocer de los recursos al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien, por auto de presidencia de cuatro de octubre de dos mil trece, los admitió a trámite, se registraron con el número de toca RA. 251/2013 y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

6) En sesión del veintiséis de febrero de dos mil quince, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que:

• Resultó fundado el segundo concepto de agravio hecho valer por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el que, en esencia, argumenta que la sentencia fue ilegal, porque al declarar la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, el Juez de Distrito no tomó en cuenta que las reducciones ahí contenidas atendían a un fin extrafiscal, el cual se hizo patente en la exposición de motivos del ordenamiento, por lo que los beneficios previstos en esa fracción encontraban justificación y no violaban el principio de equidad tributaria.

• Aunque en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito consideró inconstitucional el artículo 130, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal, porque solamente podían acceder a la disminución de la cuota fija los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos A al D, y no así los que se ubicaran en los renglones E al P de la tarifa respectiva, como sucedía con la quejosa, lo que vulneraba el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional; el apartado B del capítulo de "Política tributaria", denominado "Estímulos fiscales" de la exposición de motivos correspondiente a la "Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal" dispone que: "... En materia de impuesto predial se propone establecer cuotas fijas en tratándose de uso habitacional para los contribuyentes cuyos inmuebles se ubiquen en los rangos A, B, C y D de la tarifa respectiva, por tratarse de los grupos más vulnerables de la ciudad, en zonas de mayor rezago en servicios y menores ingresos per cápita, con lo cual no se da un trato inequitativo respecto de los otros contribuyentes, donde su capacidad contributiva es superior. ..."

• Por ende, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (por mayoría de votos), estimo que el Juez, al conceder el amparo a la parte quejosa, no tomó en cuenta que el legislador, al establecer la reducción en el pago del impuesto predial derivado de la disminución de la cuota fija para quienes se ubicaran en los rangos A, B, C y D, tratándose de inmuebles de uso habitacional, justificó la medida en la exposición de motivos, en la cual precisó que el beneficio se hacía por tratarse de los grupos más vulnerables del todavía Distrito Federal,(2) en zonas de mayor rezago en servicios y menores ingresos; de lo que se infirió que quedó justificado el tratamiento diferente respecto de los otros contribuyentes, atendiendo a un fin extrafiscal constitucionalmente válido.

• Así, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado consideró que, contra lo estimado por el Juez Federal, el uso habitacional del inmueble no fue la única razón que se tomó en cuenta para establecer la reducción, sino también que el valor del inmueble en los rangos A, B, C y D constituía indicador de los propietarios, que formaban parte de los grupos más vulnerables de la ciudad, en zonas de mayor rezago en servicios y menores ingresos per cápita y, en consecuencia, debió estimarse que la reducción reclamada cumplió la función prevista en el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional, por cuanto a que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para que las familias puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ya que, en el caso, precisamente, se trató de una reducción en el pago del impuesto predial dirigido a los grupos más vulnerables respecto de la vivienda; de ahí que, como lo adujo en su momento la autoridad recurrente, el beneficio tuviera una justificación objetiva y razonable y, por tanto, no pudiera considerarse violatorio del principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

• Máxime que, dijo el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la reducción que previó el legislador incide exclusivamente en la cuota fija que prevé la tarifa del impuesto prevista en la fracción I del artículo analizado, sin que liberara a los destinatarios de la aplicación del resto de la mecánica para obtener el impuesto a pagar; de ahí que tampoco se tratara de una disminución excesiva, puesto que se mantuvo la progresividad de la tarifa prevista en la tabla de la fracción I.

• Así, el Tribunal Colegiado votó por mayoría de votos la propuesta de solución, en cuanto al fondo del asunto, contra el voto de la Magistrada Amanda Roberta García González.

Amparo en revisión RA. 505/2011, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1) Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil once en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno, el secretario de Gobierno, el secretario de Finanzas, el director general Jurídico y de Estudios Legislativos, todos del otrora Distrito Federal, reclamando; y señaló como acto reclamado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, del veinte de diciembre de dos mil diez, específicamente, por lo que hizo a la reforma del artículo 130, fracciones I y II, de ese ordenamiento.

2) Por auto de veinticinco de enero del año indicado, la (entonces) Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien, por razón de turno, correspondió conocer de la demanda, la cual quedó registrada con el número 51/2011, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

3) El treinta y uno de octubre de dos mil once, la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal emitió sentencia, en la que concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso.

4) Inconforme con la determinación, la subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente, en auto de ocho de diciembre de dos mil once, lo admitió a trámite y ordenó formar el toca RA. 505/2011.

En sesión de cuatro de mayo de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió sentencia en la que confirmó la concesión del amparo, con apoyo en las consideraciones que se relatan enseguida:

• Los argumentos formulados por la recurrente, en parte, se dirigieron a justificar la reducción del impuesto predial otorgada a los inmuebles que se encuentran en los rangos A al D; sin embargo, la litis no se circunscribió a la constitucionalidad de la reducción otorgada para los contribuyentes que fueran titulares de esos inmuebles, sino al hecho consistente en que de tal beneficio quedaran excluidos los poseedores o propietarios de los inmuebles que se encontraran en los rangos del E al P.

• Por otra parte, se tuvo presente que el impuesto predial recae sobre una manifestación aislada de riqueza que se refleja a través del valor catastral del inmueble, pero que permite considerar otros aspectos distintos, como lo son el uso y el destino del inmueble y, sólo en algunos supuestos, la situación personal del contribuyente, por lo que es posible que ese tributo grave indistintamente, a través de tasas fijas o de tarifas progresivas, tal como lo ha establecido la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Pero, tratándose de bienes inmuebles con destino de uso habitacional, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 225/2009, se sostiene que en atención al derecho que establece el quinto párrafo del artículo 4o. constitucional, es atinado establecer un régimen especial de tributación del impuesto para esa clase de inmuebles, por lo que el legislador no puede excluir materialmente de ese régimen a algunos inmuebles por tener valores catastrales altos, dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucional no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo.

• Por lo que si bien, en una parte de la exposición de motivos (de la norma controvertida), el legislador señaló como justificación del precepto, el fin extrafiscal, consistente en que: "... En materia de impuesto predial se propone establecer cuotas fijas en tratándose de uso habitacional para los contribuyentes cuyos inmuebles se ubiquen en los rangos A, B, C y D de la tarifa respectiva, por tratarse de los grupos más vulnerables de la ciudad, en zonas de mayor rezago en servicios y menores ingresos per cápita, con lo cual no se da un trato inequitativo respecto de los otros contribuyentes, donde su capacidad contributiva es superior. ..."

• No obstante, el hecho de que el legislador y la recurrente refirieran que la exclusión de los inmuebles descritos en los rangos E al P del beneficio contenido en la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, fuera equitativa, ya que se buscó proteger a los grupos más vulnerables de la Ciudad de México, y que los contribuyentes que tienen inmuebles de mayor valor catastral cuentan con mayor capacidad contributiva, ello no fue suficiente para validar la constitucionalidad del precepto.

• Lo anterior, porque no se advirtió una razón objetiva para la exclusión que contiene el precepto legal reclamado y esta, tal como lo enfatizó la Juez, se hubiese evitado con el establecimiento de una reducción decreciente en función al valor catastral, para todos los inmuebles destinados a uso habitacional y, por lo demás, desde la tarifa establecida en la fracción I del precepto examinado, se tomó en cuenta la diversa capacidad contributiva.

• Con apoyo en las consideraciones indicadas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la materia del recurso, confirmó la sentencia recurrida.

CUARTO.-Objeto de la denuncia de contradicción. La interrogante a responder, en el caso de que, efectivamente, exista la contradicción de criterios, estriba en determinar si el artículo 130, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal, al prever una reducción en el pago del impuesto predial para los contribuyentes que se ubican en el supuesto que prevé la ley (beneficio fiscal), viola o no el principio de equidad tributaria, como principio de justicia fiscal, tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obsta que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó el texto de la porción normativa indicada, vigente en dos mil trece, y el Segundo Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito, la porción normativa vigente en dos mil once, ya que en ambos casos la previsión normativa es la misma, en tanto que en los dos supuestos se prevé la reducción y lo que varía es el monto de la cuota, pero, se insiste, el "favor" fiscal permitido por el autor de la norma, es el mismo.

Tampoco obsta que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al examinar los agravios vertidos por la autoridad en el recurso de revisión, haya incluido en el pronunciamiento el derecho a la "vivienda digna", que tutela el artículo 4o. constitucional, ya que el análisis que abordó de manera frontal se circunscribió al derecho fundamental, relativo al principio de equidad que tutela el artículo 31, fracción IV, del Ordenamiento Supremo.

QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Como cuestión previa, debe determinarse si la posible contradicción de tesis reúne o no los requisitos respecto de su existencia.

Lo anterior se encuentra satisfecho, puesto que:

• Los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron sobre la constitucionalidad del artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal del Distrito Federal y, aunque el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó el texto vigente en dos mil trece, y el Segundo Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, el prevaleciente en dos mil once; en los dos casos se examinó la reducción que prevé la porción normativa, respecto del impuesto predial, y el elemento que varía en esos supuestos es (exclusivamente) la cantidad que corresponde a cada cuota (de los rangos A al D, prevista en el propio numeral, fracción I), pero la reducción se prevé en los mismos términos.

• Si bien examinaron la misma reducción en el impuesto, el primero de los tribunales contendientes la estimó constitucional, en tanto que el segundo de los tribunales, al confirmar la sentencia de primera instancia, estimó que la reducción es inconstitucional.

• Los dos órganos jurisdiccionales continúan sosteniendo el criterio contradictorio, puesto que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado, al presentar la denuncia de contradicción, reconoce que ese es el criterio mayoritario que prevalece en ese operador jurídico, y por cuanto hace al Segundo Tribunal Colegiado, así lo manifestó, al rendir el informe que se encuentra digitalizado en la página oficial respectiva.

No obsta que, como ya se estableció, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al examinar la constitucionalidad de la disposición, se remitió al derecho fundamental tutelado en el artículo 4o. constitucional, relativo a la "vivienda digna", empero, el estudio frontal que abordó se refirió al principio de equidad que tutela el numeral 31, fracción IV, de la Norma Decisoria, tal y como lo hizo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que, se estima, el estudio que abordaron esos operadores jurídicos se efectuó en términos afines.

En este contexto, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(3) sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Por tanto, es existente la contradicción de criterios.

SEXTO.-Determinación del criterio que debe regir en el Primer Circuito en Materia Administrativa, con carácter de jurisprudencia. Para determinar cuál de los criterios contendientes debe permanecer vigente o, inclusive, especificar un tercer criterio, es necesario realizar las precisiones siguientes:

El sistema tributario mexicano se encuentra estructurado de conformidad con lo que al efecto establece el Ordenamiento Supremo en diferentes preceptos.

Así, de acuerdo con la fracción IV del artículo 31 constitucional, existen cuatro fiscos (variantes): el federal, el estatal, el del Distrito Federal y el municipal.

Estos diversos fiscos pueden acudir a gravar, en forma simultánea, una misma fuente tributaria, sin que ello ocasione ninguna afectación de tipo constitucional. Para tal efecto se indica que el precepto constitucional antes señalado establece la obligación de las personas de pagar (ya sea en forma simultánea o alternativa) contribuciones a cuatro diferentes personas jurídicas de derecho público: la Federación, el Distrito Federal (actualmente equiparable a una entidad federativa), los Estados y los Municipios.

Los beneficios tributarios susceptibles de ser aplicados en todo régimen fiscal, pueden estudiarse desde diversos puntos de vista, dependiendo de los elementos que los integren, ya sean estos materiales, legales, de tiempo o de lugar, o bien, de las finalidades que se persigan con el beneficio otorgado, ya sea este: económico, social, político o de simple equidad tributaria.

El tema ha sido estudiado abundantemente por la doctrina y la jurisprudencia, pero se ha enfocado a las exenciones, las cuales no constituyen el único beneficio tributario en favor de los contribuyentes; por ende, atento a la materia de la contradicción de tesis, se emprenderá un breve estudio de los distintos tipos y alcances de los beneficios tributarios.

• Beneficios tributarios objetivos. Son aquellos que encuentran la razón de su existencia en determinados hechos o situaciones, los cuales, al realizarse, originan que el sujeto que figure como autor de tales hechos quede eliminado como contribuyente. Ejemplo de este tipo de beneficios (vigentes en la actualidad o en el pasado) son, en el caso del impuesto sobre la renta: el salario mínimo que se paga a los trabajadores, las prestaciones que se otorgan a los propios trabaj

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25873-2868cdf7/predial-el-articulo-130-fraccion-ii-punto-1 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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