SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN, EN VÍA JURISDICCIONAL, DEL AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN BÁSICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DEL ACUERDO A/003/98 (PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 24 DE AGOSTO DE 1998), ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL SERVIDOR PÚBLICO HAYA SOLICITADO SU EVALUACIÓN ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. SECRETARIA: MARÍA ELENA VERA VEGA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver este expediente, en términos de los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis se formuló por persona legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que la denunció el Magistrado presidente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.-Existe la contradicción de tesis denunciada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el expediente DA. 496/2012-8769, consideró:
"QUINTO.-Con el propósito de dar solución al único concepto de violación planteado por el quejoso, es conveniente informar respecto de los antecedentes relevantes del asunto, así como de las consideraciones en que se sustenta el fallo combatido.
"Por escrito de veintidós de noviembre de dos mil diez, ********** solicitó a la unidad administrativa correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,(1) el incremento a su percepción básica por concepto de antigüedad y su pago, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo A/003/98, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, percepción que afirmó no le ha sido enterada desde enero de dos mil tres.
"El director general de recursos humanos de la institución en cita dio contestación a la solicitud del demandante mediante oficio **********, de **********, en el que negó la prestación requerida con base en las siguientes consideraciones:
"• Indicó que no era posible atender a la solicitud puesto que el Acuerdo A/003/98, en que se fundó fue abrogado por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicado el once de febrero de dos mil diez, así como con la emisión del diverso instrumento A/14/2010.
"• Por otra parte, que respecto de la prestación de profesionalización, el artículo 120 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no prevé aumento, actualización o pago retroactivo alguno.
"• En relación con el incremento en la percepción básica regulada por el artículo décimo tercero del abrogado Acuerdo A/003/98, que en dicho precepto se estableció como condición que, previamente, el elemento fuera evaluado anualmente en su desempeño, circunstancia que no probó el demandante.
"En contra del oficio referido, el quejoso promovió juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, tramitado bajo el expediente **********, del índice de la Primera Sala Ordinaria, la que, por sentencia de **********, declaró su nulidad al estimar que la aplicación de evaluaciones al servidor es una atribución de la autoridad administrativa y no de aquél; asimismo, que la emisión del reglamento referido no es motivo para desestimar los derechos generados bajo la vigencia del Acuerdo A/003/98.
"En contra de esa decisión, las partes, respectivamente, interpusieron recurso de apelación ante la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional, radicados bajo el número ********** y su acumulado **********, que fueron resueltos en el fallo dictado el **********, determinación que constituye el acto reclamado.
"En el considerando V, la Sala Superior revocó la sentencia de primera instancia al estimar que era imprecisa, ya que las prestaciones previstas en el Acuerdo A/003/98, en los artículos décimo tercero -incremento en el sueldo básico por cada año de servicio hasta seis anualidades- y el trigésimo tercero -estímulo por profesionalización-, son prestaciones de naturaleza distinta y, por tanto, que sus reglas no pueden aplicarse supletoriamente una a la otra.
"En virtud de lo expuesto, revocó el fallo de primera instancia y asumió jurisdicción para emitir una nueva sentencia en la que reconoció la validez del acto administrativo impugnado con base en las consideraciones siguientes:
"El órgano colegiado de alzada estimó que era ajustada a derecho la determinación de la autoridad administrativa pues, como se precisó en el oficio controvertido, el Acuerdo A/003/98 quedó abrogado por la expedición del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicado el once de febrero de dos mil diez, así como por lo dispuesto en el diverso instrumento A/014/2010.
"Explicó que la abrogación de una norma constituye una decisión formal y solemne que deja sin efectos cualquier disposición establecida en ésta, es decir, que se trata de la supresión total de su vigencia, por lo que estimó correcto que la autoridad determinara que el instrumento en el que el actor fundó su petición quedó sin eficacia y obligatoriedad y, por ende, los beneficios que preveía.
"Idéntico criterio la condujo a desestimar el argumento relativo a que la demandada tenía la obligación, en términos del artículo trigésimo tercero (sic), de evaluar al enjuiciante, pues consideró que, al no tener eficacia jurídica dicha norma, ya no tenía carga alguna.
"Por otra parte, determinó que, contrario a lo afirmado por la enjuiciante, el pago de las percepciones solicitadas no constituyen derechos adquiridos, sino meras expectativas de derecho, pues la petición del incremento se efectuó con posterioridad a la abrogación del Acuerdo A/003/98, esto es, que el servidor público no ejerció su derecho para obtener el beneficio pretendido durante la vigencia de la norma, lo que trajo como consecuencia que no se generara a su favor ni entrara en su patrimonio.
"Apoyó su determinación en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’, así como en la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2001, intitulada: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES, NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’
"Para combatir la decisión de la responsable, el quejoso alega que es ilegal la consideración relativa a que debido a la expedición del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ya no podía surtir efectos en su beneficio el Acuerdo A/003/98.
"Expresa que, si bien el escrito de solicitud se presentó con posterioridad a la fecha en que se abrogó el acuerdo citado, lo cierto es que las funciones por las que solicitó el derecho al incremento en su percepción las efectuó durante la vigencia de dicha normatividad, generando derechos adquiridos e irrenunciables que no deben desconocerse.
"Refiere que se encontraba impedido legal y jurídicamente para que se le practicaran las evaluaciones de las que se hace depender el aumento solicitado, incluso, que era un aspecto ajeno a su voluntad, puesto que la autoridad es quien tiene la obligación de realizarlas anualmente.
"Asimismo, considera que las evaluaciones sí se efectuaron, tan es así que continúa laborando para la institución demandada, lo que a su juicio corrobora que ha cumplido con sus obligaciones como servidor, entre éstas, las de aprobar los exámenes a los que ha sido sometido.
"Finalmente, sostiene que la autoridad debió acceder a otorgar los incrementos por profesionalización en tiempo y forma, y no esperar hasta que efectuara el reclamo correspondiente.
"Precisado lo anterior, se advierte que la controversia a dilucidar se circunscribe a determinar si procede el pago de las prestaciones solicitadas derivadas del Acuerdo A/003/98, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, o si bien, en virtud de la abrogación de esa norma, los derechos que de él se desprendieron no pueden concretarse en la esfera jurídica del gobernante (sic) al haber quedado sin efectos.
"Además, de ser aplicable el acuerdo en mención, si para acceder a las prestaciones era requisito indispensable que el demandante haya sido evaluado.
"Para dar solución al tema planteado, se tiene presente que la solicitud se negó bajo la perspectiva de que ésta era improcedente en virtud de que el Acuerdo A/003/98, que las preveía fue abrogado por diversas normas.
"Asimismo, que la petición se hizo con posterioridad a la abrogación referida, esto es, que no se efectuó durante la vigencia de la normatividad base de la pretensión.
"Precisión hecha, no deben pasar inadvertidos dos aspectos importantes, a saber: a) que el ingreso del quejoso como trabajador a la procuraduría demandada fue el uno de enero de dos mil; y, b) que en el escrito de petición se hizo referencia a que la prestación solicitada no le ha sido pagada desde enero de dos mil tres.
"También es importante tomar en consideración que el instrumento A/003/98, estuvo vigente a partir del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho al once de febrero de dos mil diez, en que cobró vigencia el reglamento citado.
"De lo anterior se colige que, independientemente de si la norma que establecía el beneficio quedó abrogada por una disposición posterior, en todo caso, el momento en que debió nacer el derecho solicitado corresponde a aquel en que estuvo vigente el acuerdo.
"En ese orden de ideas, es incorrecto que se niegue la prestación al quejoso bajo la perspectiva de que a la fecha de su solicitud el acuerdo citado ya no tenía vigencia, pues se pierde de vista que el derecho a obtener la prestación no se configura con la petición, sino que se gestó desde que el demandante comenzó a prestar sus servicios en la institución en el dos mil.
"Así, carece de sustento lo resuelto por la Sala, en el sentido de que el derecho al aumento salarial surge con la petición que al efecto realice cada servidor público, ya que en nada trasciende el momento en que ésta se efectuó, mucho menos que el ordenamiento legal conforme al que se exigió el pago haya dejado de surtir sus efectos, sino que basta con que se hubieran satisfecho los requisitos establecidos por la normatividad para que fuera acreedor al beneficio económico pretendido para así tener por constituido ese derecho.
"Lo que en todo caso se tuvo que verificar para definir respecto de la procedencia o improcedencia de lo solicitado, era si el funcionario requirente, en el tiempo en que era susceptible de gestarse el derecho, cumplió con los requisitos que para tal efecto imponía la normatividad vigente en esa temporalidad.
"Aunado a lo anterior, debe precisarse que, si bien el artículo tercero transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establecía que todas las disposiciones anteriores cuyo contenido quedaba regulado por ese ordenamiento se entenderían abrogadas, lo cierto es que tal previsión se refiere a disposiciones normativas, no así a situaciones jurídicas generadas por hechos suscitados con anterioridad a su emisión.
"Además, no pasa inadvertido que no hay disposición transitoria en el referido reglamento, ni en el Acuerdo A/14/2010, por el que se abrogó expresamente el diverso instrumento A/003/98, que prevea que las situaciones jurídicas creadas con anterioridad con base en éste debieran dejar de surtir efectos con motivo de la pérdida de su vigencia.
"Por lo expuesto, queda de manifiesto que los argumentos del quejoso son fundados; sin embargo, deben declarase inoperantes, puesto que se advierte que no se surten los supuestos normativos necesarios para que sea acreedor a las prestaciones pretendidas.
"Para demostrar lo anterior, se hace necesario dejar establecido cuál fue la pretensión deducida del escrito de veintidós de noviembre de dos mil diez presentado ante la demandada, el que si bien no obra en autos de los expedientes relativos a la instancia contencioso administrativa, éste fue transcrito en su parte sustancial en el oficio por el que se dio contestación a dicha petición y el demandante no objetó dicha reproducción (fojas ********** del expediente relativo al juicio de nulidad).
"En esa documental, la demandada precisó que el promovente solicitó el pago de las prestaciones referidas en el Acuerdo A/003/98, las que no le han sido enteradas desde enero de dos mil tres.
"No obstante, del análisis integral de autos, se advierte que las partes se refieren en concreto a las derivadas de los artículos décimo tercero y trigésimo tercero del instrumento en cita, puesto que, tanto en la demanda de nulidad, la de amparo y en el propio acto reclamado, se hace referencia en forma conjunta a los beneficios económicos previstos en los preceptos en cita; por tanto, es conveniente precisar el contenido y alcance de tales prestaciones.
"En el Acuerdo General A/003/98, emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, se establecieron las bases y lineamientos para la operación institucional del servicio público de carrera y para el desarrollo del Programa de moralización, regularización y profesionalización de los servicios del Ministerio Público y sus auxiliares directos, Policía Judicial y peritos, adscritos a dicha dependencia.
"Los artículos décimo tercero y trigésimo tercero de dicha normatividad establecían:
"‘Décimo tercero. A cada cargo en el servicio público de carrera en el Ministerio Público, Policía Judicial y servicios periciales corresponderán las percepciones que determine el tabulador respectivo, sin perjuicio de los estímulos al desempeño que para el efecto se precisen. Los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial y los peritos tendrán derecho recibir un aumento en su percepción básica por cada año de antigüedad, hasta los seis años y previa evaluación anual.’
"‘Trigésimo tercero. El personal que reúna los requisitos para permanecer en la institución y apruebe el examen que se alude este acuerdo, será regularizado, sin perjuicio de sus derechos adquiridos conforme al catálogo general de cargos precisados, reconociendo su antigüedad y permanencia en el empleo. Será obligación correlativa de la procuraduría garantizar el derecho del servidor público a las promociones, al reconocimiento de su productividad, al desempeño sobresaliente, a los estímulos consecuentes, a las prestaciones laborales y a la permanente capacitación. Una vez regularizado, la mejoría en el ingreso directo del personal sustantivo de la institución, por concepto de profesionalización, se sumará al sueldo del servidor público, con base en el tabulador de percepción mensual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la normatividad aplicable.’
"De lo anterior se advierte que se trata de dos prestaciones de naturaleza diversa, pues la contenida en el artículo décimo tercero se refiere a un estímulo consistente en el aumento de la percepción básica del trabajador hasta por seis años en el servicio, para cuyo goce se requiere que el funcionario sea evaluado cada año.
"Por su parte, la percepción referida en el diverso trigésimo tercero, consiste en sumar al sueldo del servidor público el concepto de profesionalización, beneficio del que será acreedor una vez que sea regularizado en el servicio, al reunir los requisitos para permanecer en la institución y acreditar los exámenes respectivos en términos de lo indicado en el acuerdo analizado, sin que respecto de éste se prevea incremento alguno.
"Por lo que hace a la prestación por concepto de profesionalización, debe decirse que el promovente no puede obtenerla por lo siguiente:
"El artículo trigésimo tercero forma parte del capítulo V del Acuerdo A/003/98, que se denomina: ‘De la regularización’. En ese apartado se reglamentó el procedimiento mediante el cual, los servidores públicos que, a la fecha de expedición de dicho acuerdo, ya formaban parte de la procuraduría y debían incorporarse al ‘naciente’ servicio público de carrera -regularización en el servicio-, situación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso vigésimo séptimo contenido en idéntico apartado, que establece:
"‘Vigésimo séptimo. La regularización es el procedimiento mediante el cual los servidores públicos que a la fecha de expedición del presente acuerdo se desempeñen en algún cargo o comisión relativo al servicio público del Ministerio Público, Policía Judicial y peritos, se ajustarán a las condiciones del servicio público de carrera a que hace referencia el capítulo II de este acuerdo.’
"De lo expuesto se infiere que la suma del concepto de profesionalización al sueldo de los trabajadores es un beneficio al que sólo puede acceder un sector específico de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre los que no se encuentra el quejoso, pues se trata de una prestación a la que únicamente son acreedores los individuos que anteriormente a la emisión del acuerdo ya formaban parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que acreditaron el curso, así como los exámenes con los cuales ‘se regularizaron en el servicio’.
"Así, si se toma en consideración que la fecha en que ingresó a la institución el enjuiciante fue posterior al veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, momento en que entró en vigor el acuerdo que previó la prestación en consulta, es evidente que no le corresponde el beneficio por profesionalización derivado del artículo trigésimo tercero del acuerdo materia de la controversia.
"Lo anterior se corrobora con la constancia de veinticinco de febrero de dos mil once, emitida por el encargado de la Subdirección de Enlace Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (folio 30 del expediente relativo al juicio de nulidad), en la que se precisó que el ingreso del quejoso a dicha institución data del uno de enero de dos mil, bajo el cargo de oficial secretario del Ministerio Público.
"Por su parte, el demandante tampoco puede ser beneficiado con la prestación derivada del artículo décimo tercero, en razón de que no se surten los presupuestos que el propio precepto impone para su concesión.
"De la lectura del diverso décimo tercero se deduce que los funcionarios sujetos al servicio público de carrera en la Procuraduría de Justicia local tendrían derecho a recibir un aumento en su percepción básica por cada año de antigüedad en el servicio, hasta los seis años, generándose esa prestación por la actualización de dos circunstancias:
"1. Que el funcionario estuviera sujeto al servicio profesional de carrera en la procuraduría.
"2. Que se le practiquen evaluaciones anuales, y de ellas se desprenda un desempeño sobresaliente por parte del servidor público evaluado.
"Es importante precisar que, aun cuando la redacción del artículo analizado refiere que la prestación obedece hasta seis años de ‘antigüedad’ en el servicio, ésta no corresponde a aquella que para efectos pensionarios debe considerarse como ‘prima de antigüedad’ o ‘quinquenios’; en realidad se trata de un estímulo económico de naturaleza autónoma con el que se pretender incentivar el óptimo desempeño en la procuración de justicia, y que se otorga en forma temporal, es decir, sólo durante los primeros seis años en el ejercicio de las funciones.
"Atendiendo a lo expuesto, el aumento salarial que se pretende debió abarcar el periodo comprendido entre enero de dos mil y enero de dos mil seis, tomando en cuenta que el ingreso del quejoso a la institución se efectuó en la primer fecha citada, para lo cual era indispensable que se le hubieran realizado las evaluaciones a su desempeño por cada año del lapso citado.
"El requisito de las evaluaciones no es una hipótesis que pueda pasarse por alto en razón de que, en el Acuerdo A/003/98, subyace el interés de la sociedad para que el desempeño de la procuración de justicia esté a cargo de personal capacitado; consecuentemente, es evidente que la labor del juzgador no puede ir en contra de esa norma jurídica ni debe soslayarse la exigencia mencionada, es decir, que para obtener el beneficio salarial el interesado haya acreditado previamente las respectivas evaluaciones.
"Esto es, contrariamente a lo que afirma el enjuiciante, la sola omisión de los encargados de realizar las evaluaciones de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no lo hace acreedor a la prerrogativa demandada.
"Lo anterior, pues de adoptar la conclusión opuesta, se llegaría al extremo de permitir que se otorgara a cualquier empleado, por el simple transcurso del tiempo e independientemente de su desempeño, una prestación que corresponde sólo a aquellos que han cumplido con su encargo de manera constante y sobresaliente.
"En ese tenor, con independencia de a quién correspondía efectuar las evaluaciones, lo objetivamente cierto es que, conforme al artículo décimo tercero del acuerdo consultado, es necesario que el personal de la procuraduría citada cumpla con ellas y, lógicamente, que las hubiera satisfecho, a fin de que pudiera obtener el aumento salarial.
"Al respecto, este órgano colegiado advierte que de las constancias que integran los autos del juicio de nulidad y del expediente de apelación, no obra elemento alguno del que sea factible inferir que **********, fue evaluado en los términos precisados, mucho menos que, de haber sido examinado, acreditara esas pruebas; de ahí que no sea fundada su pretensión de incremento salarial.
"No pasa inadvertido lo que sostiene el promovente en el sentido de que su correcto desempeño se desprende de que continúa en su puesto, pues de tener registradas faltas o quejas administrativas ya hubiera sido destituido; no obstante, la circunstancia que pone de relieve el agraviado únicamente demuestra su permanencia en el cargo, mas no el ejercicio destacado de sus funciones públicas.
"Además, no debe perderse de vista que en el Acuerdo A/006/2000, del procurador general de Justicia del Distrito Federal, se reguló la forma en que debían hacerse en específico las evaluaciones con base en las que se otorgaría el aumento salarial previsto en el artículo décimo tercero del diverso instrumento A/003/98, y en qué supuestos se entenderían aprobadas.
"Basta para corroborar lo anterior, atender, en la parte que interesa, a las consideraciones que sustentaron la emisión de dicho instrumento, así como a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del ordenamiento referido en primer término, en el que se establece:
"‘Considerando ... Que el artículo décimo tercero del Acuerdo A/003/98 emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal establece que los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Judicial y los peritos tendrán derecho a recibir un aumento en su percepción básica por cada año de antigüedad en el servicio, hasta los seis años y previa evaluación anual de su desempeño y que es necesario precisar los criterios para dicha evaluación anual ...
"‘Artículo 14. Para tener derecho al aumento en la percepción básica por cada año del servicio a que hace referencia el artículo décimo tercero del Acuerdo A/003/98 del procurador y a los estímulos y reconocimientos materia de este acuerdo, los servidores públicos que en el mismo se mencionan deberán, durante el periodo de evaluación: ...
"‘Artículo 15. La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos actualizará semestralmente las percepciones por antigüedad a que hace referencia el artículo anterior, para que entren en vigor el primero de febrero y el primero de agosto del año correspondiente, para lo cual, la Dirección General de Política y Estadística Criminal, oportunamente le remitirá los índices respectivos de productividad, la contraloría interna las sanciones que haya impuesto, la visitaduría general, los resultados de sus visitas y las Subprocuradurías de Averiguaciones y de Procesos, las consignaciones y procesos correspondientes.’
"Con lo citado se reafirma que era indispensable probar la realización de las evaluaciones correspondientes para así obtener una decisión favorable a los intereses del quejoso, aunado a que esos exámenes se hubieran efectuado en los términos normativos previstos para ello.
"Por su parte, si la omisión de efectuar las evaluaciones fue imputable a la autoridad, el motivo de inconformidad debió plantearse desde esa perspectiva, es decir, su petición no debió versar simplemente respecto de la falta del pago sino que, en su momento, debió solicitar ser evaluado para así tener los elementos necesarios para que con posterioridad estuviera en aptitud legal de solicitar el aumento materia de la controversia, bajo el argumento de que fue la autoridad quien omitió examinarlo a pesar de así haber sido solicitado.
"Para robustecer esa determinación, se cita el artículo 21 del multicitado Acuerdo A/006/2000, del procurador general de Justicia del Distrito Federal:
"‘Artículo 21. En el supuesto de que un servidor público de los contemplados en el presente acuerdo acredite, con la documentación respectiva, que cuenta con índices de productividad suficientes para merecer un estímulo o que ha participado relevantemente en la determinación o resolución de un caso, para merecer un reconocimiento, podrá presentar la solicitud correspondiente de otorgamiento de reconocimiento o estímulo al comité de profesionalización, por conducto de su secretario técnico, y el comité determinará lo conducente, previo análisis. La terminación que adopte el comité será inapelable.’
"De lo citado se advierte que los servidores que consideraran contar con los requisitos suficientes para acceder al beneficio que ahora se debate, debían presentar la solicitud correspondiente al comité de profesionalización para que éste resolviera lo conducente, lo que es suficiente para inferir que el quejoso tuvo los medios legales adecuados con base en los cuales pudo solicitar en tiempo el pago de la percepción y, de estimar que no había sido evaluado, para requerir que la autoridad lo hiciera.
"Sin embargo, el demandante se limitó a efectuar la petición de pago sin alegar algo en relación con la falta de evaluación; además, tal solicitud se efectuó el veintidós de noviembre de dos mil diez, esto es, casi cinco años después del último en que debió generarse su derecho, lo que evidencia que no fue su intención realizar las gestiones necesarias para ser evaluado en el momento que correspondía.
"En relación con lo anterior, no pasa inadvertido que el promovente al efectuar la petición de pago indicó que éste no se le había hecho desde el año dos mil tres, afirmación de la que se sigue que dicha prestación le fue enterada por lo menos en dos años de los seis a los que tuvo derecho -dos mil uno y dos mil dos-, con lo cual, se evidencia que tuvo conocimiento de la restricción en la percepción reclamada con muchos años de anterioridad a su solicitud y que, en todo caso, estuvo en aptitud de realizar las gestiones necesarias a fin regularizar éste desde el momento en que se vio afectado.
"Por otro lado, es inconducente la pretensión del quejoso relativa a que se ordene ser evaluado para así acceder a la prestación reclamada, pues se advierte que al promover el juicio de nulidad únicamente señaló como autoridad demandada al director general de Recursos Humanos, sin que se demostrara que éste estuviera facultado para efectuar los exámenes.
"Por el contrario, el contenido de los 15 y 21 (sic) del Acuerdo A/006/2000, sugiere que los encargados de tal encomienda son otras unidades como lo es el comité de profesionalización al que se ha hecho referencia, la Dirección General de Política y Estadística Criminal, la Contraloría Interna, la Visitaduría General y las Subprocuradurías de Averiguaciones y de Procesos, todas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes coadyuvan en el análisis del desempeño de los funcionarios mediante la remisión de cierta información a su cargo.
"En ese sentido, si el promovente consideró que las referidas autoridades fueron omisas en cumplir con su obligación, es claro que debió señalarlas como demandadas y requerir de éstas, en vía de pretensión, el cumplimiento de su deber.
"Por consiguiente, aun cuando fue erróneo que la responsable decidiera que el derecho al incremento anual en la percepción básica solicitado surge con la petición elevada por el servidor público respectivo, lo cierto es que el quejoso no demostró ser acreedor a tales aumentos.
"Ello no prejuzga respecto del rendimiento en el ejercicio de sus funciones, pero debe tenerse en cuenta que lo aquí resuelto parte del caud
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26277-6131bf2a/servicio-publico-de-carrera-de-la-procuraduria-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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