IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITÁCIONÁL, NO INCIDEN EN LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y EN CONSECUENCIA, ÉSTAS NO INTEGRAN CONJUNTAMENTE CON DICHAS TARIFAS UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MAS NO GENERAN EL DERECHO A RECLAMAR LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y, PARTICULARMENTE, EN LO ATINENTE A LA REDUCCIÓN O AMINORACIÓN DE LA CUOTA FIJA.
IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITÁCIONÁL, NO INCIDEN EN LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y EN CONSECUENCIA, ÉSTAS NO INTEGRAN CONJUNTAMENTE CON DICHAS TARIFAS UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.
IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MAS NO GENERAN EL DERECHO A RECLAMAR LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y, PARTICULARMENTE, EN LO ATINENTE A LA REDUCCIÓN O AMINORACIÓN DE LA CUOTA FIJA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, GASPAR PAULÍN CARMONA, CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA. PONENTE: GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: JORGE ANTONIO SALDAÑA RECINAS.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día veinte de marzo de dos mil dieciocho.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por oficio de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, denunció la posible contradicción, entre los criterios sustentados por el órgano jurisdiccional de su adscripción(1) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(2)
SEGUNDO.—El ocurso fue recibido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente de dicho Pleno ordenó remitir el oficio de denuncia al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al estimar que a éste corresponde conocer sobre lo planteado.
TERCERO.—A través de proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito tuvo por recibidas las constancias enviadas por su homólogo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y con ellas formó los expedientes impreso y electrónico correspondientes a la contradicción de tesis 31/2017.
En el mismo proveído, el presidente de este Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que le remitiera el archivo digital de la resolución relativa al amparo en revisión 389/2015 de su índice, el cual dio origen a la tesis aislada I.1o.A.124 A (10a.); y solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no.
CUARTO.—Una vez que los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron los informes respectivos, en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo por integrada la presente contradicción de tesis y turnó el expediente virtual a la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño, representante del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
QUINTO.—Por oficio de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño solicitó una prórroga de quince días hábiles para elaborar y presentar el proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO.—El presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, concedió la prórroga solicitada por la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño.
SÉPTIMO.—El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se celebró la sesión de instalación del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para el año que transcurre, en la cual asumió el cargo de presidente del Pleno de Circuito el Magistrado José Antonio García Guillén.
OCTAVO.—El presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, returnó el asunto a la Magistrada Guadalupe Ramírez Chávez, representante del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(3) así como en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.).(4)
El asunto que nos ocupa se halla en los supuestos de hecho previstos en los preceptos y la jurisprudencia detallados en el párrafo precedente, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción del criterio sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, frente al que sostiene otro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en pugna tienen efectividad dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.
TERCERO.—Es conveniente resaltar los argumentos que constituyen los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Por una parte, al conocer del amparo en revisión administrativo 80/2017, del índice del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (al que correspondió el número de cuaderno auxiliar 409/2017), el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región resolvió:
"En el primer agravio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México manifiesta que el a quo omitió estudiar la causa de improcedencia invocada en el punto único del informe justificado, en la que expuso que el juicio de amparo es improcedente contra el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, puesto que el pago por concepto de impuesto predial, respecto del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, no es el primer acto de aplicación de la norma impugnada.—Explica que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, guarda plena identidad en los ejercicios fiscales dos mil diez a dos mil dieciséis, por lo que la norma reclamada se puede estudiar sin especificar el ejercicio fiscal respecto del cual, se realizó el pago por concepto de impuesto predial.—Añade que el referido precepto ha sido aplicado a la parte quejosa desde su creación, en el año dos mil diez, por lo que la actualización en el año dos mil dieciséis, de las cuotas de dicho impuesto, al no modificar el sistema para la determinación del impuesto predial, no puede generar que el pago realizado por la parte quejosa respecto del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, se tome en cuenta para el primer acto de aplicación, puesto que se trata de uno ulterior.—Invoca las tesis aisladas de rubros: ‘IMPUESTO PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, NO DA LUGAR A RECLAMARLO SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ.’; «2a. LXX/2002» ‘AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.’ y ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.’; así como las jurisprudencias tituladas: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.’ y ‘LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.’.—Estos argumentos son infundados.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución 142/94, determinó que la extinción de un acto legislativo (vía derogación), se produce a través de otro acto dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento a aquél –principio conocido como de autoridad formal de la ley–, que conduce forzosamente a la conclusión de que el efecto de una sentencia de amparo contra leyes únicamente protege al gobernado en contra del acto legislativo que dio origen al texto declarado inconstitucional, pero no lo protege en contra de actos legislativos ulteriores.—En este sentido, añadió, basta considerar que el efecto del amparo se constriñe a una norma legal, tal como resultó redactada con motivo de un acto legislativo concreto, para concluir que cualquier modificación de ese texto legal derivada de un acto legislativo posterior, no queda comprendida dentro de la eficacia protectora del fallo, ni siquiera en el supuesto de que pueda parecer que dicha modificación no altera en esencia el contenido de la regla original tal como fue declarada inconstitucional por el Juez de amparo, porque el nuevo texto de la norma ha resultado de un nuevo procedimiento legislativo y de otro pronunciamiento del legislador.—Agregó que la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal declarado inconstitucional por una sentencia de amparo, hace procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo por todos aquellos que se vean afectados por el mismo, incluyendo a quienes hayan obtenido una sentencia de amparo en contra del texto vigente con anterioridad a dicha reforma, porque se trata de actos distintos que deben ser objeto de distintas acciones impugnativas.—Indicó que este criterio garantiza con toda plenitud la defensa de los gobernados, en cuanto les permite impugnar cada pronunciamiento del órgano legislativo, no sólo cuando reforma parcial o totalmente un texto preexistente, sino inclusive cuando reproduce en términos idénticos un texto anterior –como acontece, por ejemplo, tratándose de leyes tributarias de vigencia anual–, lo que hace procedente la acción de amparo en aquellos casos en que se reclama una ley, a pesar de que la quejosa se haya sometido a una ley anterior de igual contenido.—Lo anterior, como así se sostuvo en la jurisprudencia 3, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, del Informe 1985, Parte I, Séptima Época, registro «digital»: 806235, de rubro y texto siguientes: ‘CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO.’ (se transcribe).—Este criterio, aplicado al presente caso, en el que está en discusión la procedencia del juicio de amparo indirecto, permite establecer que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese pronunciamiento específico del legislador.—Luego, si en la especie los quejosos controvirtieron el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de diciembre de dos mil quince, concretamente el artículo 130, fracciones I y II, punto 1, con motivo del acto de aplicación consistente en el pago del impuesto predial que realizaron para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; es dable advertir que se está, formal y materialmente, ante un nuevo acto de autoridad, que afecta la vigencia del entero de la obligación tributaria del impuesto predial; lo que legitima a los quejosos a promover el juicio de amparo en contra de esa disposición.—Es aplicable la jurisprudencia P./J. 114/99 –que invoca la autoridad recurrente–, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro «digital»: 192910, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 18, cuyos rubro y texto indican: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.’ (se transcribe).—Así como la jurisprudencia 2a./J. 124/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro «digital»: 192789, de rubro y texto siguientes: ‘LEYES TRIBUTARIAS. LA MODIFICACIÓN DE UN RANGO, TASA O CUOTA DE UNA TARIFA APLICABLE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS CONTRIBUYENTES.’ (se transcribe).—Por lo expuesto, no se comparte la tesis aislada que cita la autoridad recurrente, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número I.1o.A.124 A (10a.), correspondiente a la Décima Época, con número de registro «digital»: 2012274, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016, página 2583, del contenido siguiente: ‘IMPUESTO PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, NO DA LUGAR A RECLAMARLO SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ.’ ..."
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sustenta el criterio plasmado en la tesis aislada I.1o.A.124 A (10a.), del tenor siguiente:
"IMPUESTO PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, NO DA LUGAR A RECLAMARLO SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ. La reforma relativa al artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil quince, no actualiza el derecho del quejoso a reclamar en amparo dicho precepto si previamente consintió el vigente a partir del uno de enero del dos mil diez, ya que fue éste el que impuso el deber de pagar el impuesto predial bajo determinadas condiciones, en tanto que la reforma relativa al dos mil quince sólo tuvo por efecto actualizar la tarifa aplicable por los efectos de la inflación, sin alterar la mecánica para determinar la base de la citada contribución."(5)
Es conveniente destacar que la tesis aislada recién transcrita, derivó de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA. 389/2015-6903 que, en la parte que interesa para el estudio que nos ocupa, expresa lo siguiente:
"Ahora bien, la quejosa reclamó la fracción II, numeral 1, de la citada disposición conforme a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de diciembre del dos mil catorce, y que entró en vigor el uno de enero del dos mil quince. El texto de este precepto es: ‘Artículo 130.’ (se transcribe).—Como puede advertirse, la disposición reformada contiene el mismo mandato que el previsto en la original, es decir, la vigente a partir del uno de enero del dos mil diez, ya que el actual precepto establece en su fracción I el mismo procedimiento para calcular el impuesto predial, mientras que en la fracción II prevé que la tarifa correspondiente puede ser reducida en los casos en que el valor catastral de los inmuebles de uso habitacional, se ubique en los rangos A a D, debiendo pagarse únicamente una cuota fija por las sumas de $41.00 (cuarenta y un pesos), $48.00 (cuarenta y ocho pesos), $58.00 (cincuenta y ocho pesos), y $69.00 (sesenta y nueve pesos), respectivamente.—La única diferencia que se observa es que la norma vigente hace referencia a cantidades actualizadas, pues mientras la original disponía que las cuotas fijas a pagar con base en la reducción regulada en la fracción II son de $34.00 (treinta y cuatro pesos), $39.00 (treinta y nueve pesos), $48.00 (cuarenta y ocho pesos) y $58.00 (cincuenta y ocho pesos), el nuevo precepto menciona las siguientes sumas: $41.00 (cuarenta y un pesos), $48.00 (cuarenta y ocho pesos), $58.00 (cincuenta y ocho pesos), y $69.00 (sesenta y nueve pesos).—Con base en lo expuesto, se concluye que la hipótesis legal reclamada por la quejosa sólo fue actualizada, respecto de los montos tarifarios, pero no sufrió alguna reforma en sus elementos esenciales ni alteró el universo de contribuyentes beneficiarios de la prerrogativa en cuestión.—Así pues, a partir de lo expuesto, se obtienen dos conclusiones: 1. El Código Fiscal del Distrito Federal publicado el treinta y uno de diciembre del dos mil nueve en la Gaceta Oficial de la entidad no previó el privilegio de reducción del impuesto predial para los contribuyentes propietarios de inmuebles de uso habitacional con valor catastral superior al determinado en el rango D, sin que la ahora quejosa hubiera pedido amparo en su contra.—2. La reforma al artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, publicada el veintidós de diciembre del dos mil catorce en la Gaceta Oficial de la entidad sólo implicó la actualización de las tarifas fijas que por concepto de impuesto predial deberán pagar los propietarios de inmuebles de uso habitacional con valor catastral inferior al determinado para el rango D, sin alterar el universo de contribuyentes beneficiarios de esa prerrogativa.—Consecuentemente, es de asumirse que si el decreto reclamado no previó algún descuento al impuesto predial para los inmuebles de uso habitacional con valor catastral superior al identificado en el rango D, como es el caso de los que pertenecen a la quejosa, tal circunstancia es consecuencia directa e inmediata del hecho de que el legislador decidió que, a partir del dos mil diez, tales predios no gozaran del citado beneficio.—Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 61.’ (se transcribe).—La disposición transcrita establece, como regla general, que los actos no reclamados dentro del plazo legal aplicable se entenderán consentidos, salvo el caso de amparo contra leyes autoaplicativas, pues no obstante que no se hubiera promovido amparo con motivo de su entrada en vigor, no se tendrán por consentidas sino sólo en el caso de que tampoco se promueva el juicio con motivo de su primer acto concreto de aplicación.—El Alto Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones que el juicio de amparo también es improcedente cuando el acto que se reclame sea consecuencia inmediata y directa de otro que se hubiera consentido, es decir, cuando se trate de actos derivados de otros consentidos.—Los criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal han previsto que la configuración de tal causa de improcedencia requiere dos supuestos: 1. La existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación a los intereses jurídicos del quejoso para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional; y, 2. La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél.—Pues bien, conforme a los antecedentes reseñados, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consistente en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil quince, es un acto derivado de otro consentido, ya que si bien dicha disposición no prevé algún descuento al impuesto predial para los inmuebles de uso habitacional con valor catastral superior al identificado en el rango D, como es el caso de los que pertenecen a la solicitante del amparo, tal circunstancia es consecuencia directa e inmediata del hecho de que el legislador decidió que, a partir del dos mil diez, tales predios no gozaran del citado beneficio.—De ahí que se actualice la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y deba sobreseerse al respecto con apoyo en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento.—No es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el informe correspondiente al año 1985, de la Séptima Época, Parte I, página 367, que establece: ‘CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO.’ (se transcribe).—En términos de la tesis transcrita, no puede estimarse consentida una ley por el simple hecho de que retome el texto de una anterior que no fue impugnada, por tratarse de actos legislativos distintos.—El tribunal advierte que dicho criterio no es aplicable en la especie, pues en el decreto reclamado no se modificó el texto del artículo 130, fracción II, numeral 1, sino que sólo se actualizaron, conforme a la inflación, las tarifas previstas por dicha disposición.—Es decir, no se está en presencia de un acto legislativo que retoma íntegramente el texto de una disposición previa, sino únicamente de la actualización de las tarifas aplicables a hipótesis que no son materia del nuevo acto legislativo.—En todo caso, la reforma a la tarifa, prevista en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero del dos mil quince no da derecho a la quejosa a cuestionar el esquema de descuentos establecidos por el legislador en materia del impuesto predial consentidos con anterioridad. La modificación de la tarifa por efectos de la inflación no altera los sujetos destinatarios de los descuentos previstos en materia del impuesto predial.—Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 41/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 738, que establece: ‘PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO DA LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DE ESE ORDENAMIENTO, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ SU APLICACIÓN.’ (se transcribe).—Bastan las explicaciones anteriores para concluir que lo procedente es, en la materia del recurso, revocar la sentencia recurrida y sobreseer al respecto."
CUARTO.—Una vez precisados los criterios sobre los que versa la denuncia que dio origen al asunto que se resuelve, corresponde verificar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis planteada.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se configura una contradicción de tesis cuando los tribunales contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, sostienen criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas de los casos que generan esos criterios no sean iguales.
Dicho criterio se encuentra contemplado en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Alto Tribunal, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(6)
Así las cosas, de la lectura de las posturas que propiciaron esta contradicción de criterios, transcritas en el considerando que antecede, se obtiene:
a. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en apoyo del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estimó que las reformas a las cuantías de las cuotas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta de diciembre de dos mil quince, impactan en la obligación tributaria relativa al pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, establecida en las fracciones I y II del referido precepto, lo que legitima a los quejosos a promover juicio de amparo contra esas disposiciones, al estar frente a un nuevo acto de autoridad.
b. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que la reforma a la cuantía de la tarifa,(7) contenida en el artículo 130, fracció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27860-c9474c7a/impuesto-predial-las-reformas-que-recaen-exclusivamente-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPUESTO PREDIAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR ACTUALIZARSE L (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EXCUSA DE UN INTEGRANTE DEL PLENO DE CIRCUITO PARA C (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO (PC.I.A. J/125 A (10a.))
- IMPUESTO PREDIAL. NO ES PROCEDENTE RECLAMAR A TRAVÉS DE UN NUEVO JUICIO DE AMPARO EL PAGO EFECTUADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA (I.20o.A. J/5 A (10a.))
- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA EN EL ACTO RECLAMA (I.7o.C.5 K (11a.))
- AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. (38)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis