TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por un Juez de Distrito, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO.-Síntesis de consideraciones. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones contrarias respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Registro: 164120
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Con base en lo anterior, se analizará si existe o no la contradicción de tesis, para lo cual es conveniente atender a los antecedentes y consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. AR. **********.
Los antecedentes del recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado mencionado, son los siguientes:
La persona moral quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra: "la reforma realizada el treinta y uno de diciembre de dos mil doce al impuesto sobre nóminas contenida en los artículos 154 al 160 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León".
Tal asunto fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien consideró, en la materia de esta contradicción: que lo procedente era sobreseer en el juicio por lo que hace a los numerales 154, 155, 156, 158, 159, 159 bis y 160 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, pues estimó que el solo incremento del 2% al 3% de la tasa contenida en el artículo 157, no daba lugar a impugnar el resto de los artículos que integran el impuesto.
En contra de dicha resolución, la quejosa, el Congreso y el gobernador del Estado interpusieron recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que consideró, en lo que interesa:
Que en una nueva reflexión en torno a la procedencia del juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad del impuesto sobre nóminas, estimó que debe entenderse que implícitamente se impugna el tributo como una unidad normativa; lo que condujo a abandonar el criterio que ese órgano jurisdiccional venía sosteniendo en cuanto al consentimiento tácito de los preceptos legales que integran ese impuesto y que no fueron reformados.
Ello en atención a que el incremento de la tasa del tributo, al constituir uno de sus elementos esenciales, sí faculta a los contribuyentes para impugnar el contenido del resto de las disposiciones en las que se establece, porque constituyen una verdadera unidad y, por tanto, podrían resultar afectadas por la reforma de aquél.
Sostuvo que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 114/99,(1) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es procedente en contra de un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal y en él pueden controvertirse también los diversos preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que, por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía.
En atención a ello, adujo que como el impuesto sobre nóminas fue concebido y estructurado por el legislador en una base normativa conjunta, para su eficacia requiere de la vinculación de todos los preceptos que forman el referido tributo entrelazados entre sí, pues no podrían existir por sí solos; por lo que estimó que la reforma del artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León que modificó la tasa del impuesto de 2% a 3%, en realidad implicó la reforma a toda la unidad normativa del impuesto sobre nóminas contenida en el capítulo octavo.
Así, consideró que dicha reforma sí da derecho a la quejosa a demandar la inconstitucionalidad de todos los artículos de dicho ordenamiento relacionados con el impuesto sobre nóminas, aun aquellos en los que no se precisa específicamente alguno de sus elementos esenciales, porque constituyen una unidad normativa, no obstante que previamente se hubieran consentido, toda vez que el incremento de la tasa altera la mecánica para la determinación del propio tributo, en la medida en que afecta su sentido y alcance, porque en todo caso el sujeto pasivo de la obligación debe determinar el pago, aplicando la nueva tasa, para lo cual, a su vez, debe tenerse en consideración cuál es el objeto de dicha obligación.
Pues estimó que como con el aumento de dicha tasa sí se varían el objeto, los sujetos, la base y la época de pago del impuesto, porque para el cálculo del tributo debe atenderse al contenido de todos y cada uno de dichos elementos; resulta incongruente que los quejosos sí puedan impugnar en el juicio de amparo el aumento de la tasa, pero no controvertir los preceptos legales en los que se establecen los demás elementos esenciales del tributo.
En ese contexto, dijo que, contrario a la apreciación del Juez de Distrito, el numeral reformado que establece la tasa del impuesto sí incide en el eficaz funcionamiento del sistema tributario que otorga a los preceptos vinculados con los demás elementos de la contribución un sentido, alcance o entendimiento diferente al que se había realizado antes de la reforma en comento.
II. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. RA. **********.
Los antecedentes del asunto contendiente en la contradicción de tesis son los siguientes:
El quejoso promovió el veinticuatro de diciembre de dos mil siete, juicio de amparo contra: "la reforma al artículo 183 del Código Financiero del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de diciembre de dos mil seis".
De dicho asunto conoció el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien determinó sobreseer en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente en esa época, pues estimó que la demanda de amparo no se promovió dentro del plazo de quince días previsto en la ley de la materia.
Inconforme con dicha determinación, el quejoso promovió recurso de revisión; del cual conoció el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en sesión de veintisiete de agosto de dos mil ocho, determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseer y negar el amparo al recurrente.
En la materia de esta contradicción, dicho Tribunal Colegiado sostuvo las siguientes consideraciones:
Precisó que la reforma impugnada únicamente modificó el monto de la cuota fija por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos importados al país, contenida en la fracción II del artículo 183 del Código Financiero del Distrito Federal; es decir, el elemento esencial de dicho tributo consistente en la cantidad a pagar, y quedó intocada la parte del precepto legal en la que se prevé que se pagará ese impuesto por los vehículos importados al país de acuerdo al año o modelo.
Así, estimó que la reforma al artículo en comento no modificó en forma alguna el sistema general del tributo, previsto desde la reforma de dos mil tres, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, y tampoco afectó en su sentido, alcance o aplicación a otros preceptos ajenos a ese decreto, pues el legislativo manifestó su voluntad sobre la porción normativa o hipótesis del precepto que fue reformada, ya que el resto, es decir, la parte o hipótesis que no es motivo de modificación ya existía, lo que demuestra que respecto de éstos, el legislador no tomó decisión alguna.
En ese sentido, concluyó que como la reforma constituyó un acto legislativo nuevo sólo en cuanto a la modificación de la cuantía de la tasa fija aplicable a la base del impuesto; esa hipótesis consistente en la decisión de legislador local de incrementar la cuota a pagar para el caso de vehículos importados al país, de año o modelo posterior a mil novecientos sesenta y cuatro, podía ser impugnada en la vía de amparo.
Por otra parte, estableció que dicha reforma no confería al quejoso el derecho a impugnar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que ya hubieran sido consentidos al haberle sido aplicados y no haberlos reclamado dentro de los plazos previstos.
Por ello, estimó que el quejoso no podía reclamar la inconstitucionalidad de la totalidad del sistema del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos local, es decir, todos los elementos esenciales de dicho tributo previstos en los artículos 182 y 183 del Código Financiero del Distrito Federal.
Expuso que la modificación de la tasa no altera la naturaleza del impuesto, sino sólo se relaciona de manera ordinaria con el elemento cuantitativo del tributo consistente en la tasa o tarifa aplicable a la base.
Adujo que si bien es cierto que la cuota, tasa o tarifa es un elemento esencial de todo impuesto, también lo es que la reforma de mil novecientos noventa y seis a la fracción II del artículo 183 del Código Financiero del Distrito Federal no incide de manera directa en la manera de determinar la cuota del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos local; es decir, en la circunstancia de que se exprese en una cuota fija que atiende a la base, puesto que únicamente prevé un incremento de dicha cuota; de ahí que no se justifique la procedencia del juicio de amparo contra todos los elementos esenciales del impuesto de que se trata previstos en los artículos 182 y 183 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en el dos mil siete.
En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó por lo que hace al numeral 182 del código citado, y por las fracciones I, III, IV y V del artículo 183 en comento al determinar que la reforma de la fracción II del artículo 183 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil siete consistente en el aumento de la tarifa a pagar, no otorgaba al quejoso el derecho de cuestionar la constitucionalidad del sistema del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos ni las previsiones previstas en ese precepto legal relacionadas con otros elementos del tributo.
De dicha ejecutoria emanó la tesis aislada siguiente:
"Registro: 168249
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXVIII, diciembre de 2008
"Materia: administrativa
"Tesis: I.15o.A.111 A
"Página: 1091
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DE IMPORTACIÓN. LA REFORMA A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 183 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO PERMITE CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODO EL SISTEMA DE ESE TRIBUTO, CUANDO PREVIAMENTE FUE CONSENTIDO, SINO SÓLO EL INCREMENTO DE LA CUOTA RELATIVA QUE CONSTITUYÓ LA DISPOSICIÓN MODIFICADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007).-Es criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la reforma de una disposición legal implica un acto legislativo nuevo, aun cuando reproduzca el contenido de la norma de vigencia anterior, o tenga con ella similitudes o diferencias esenciales o accidentales, así como que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal confiere derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese mandato específico del legislador y, además, los preceptos que con ese pronunciamiento se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. Al tenor de esas premisas se pondera que desde el año 2004, el artículo 183 del Código Financiero del Distrito Federal prevé la base y las cuotas correspondientes al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, particularmente, en su fracción II se refiere a los vehículos importados de años o modelos posteriores a 1964, que con motivo de la reforma de 2006 vigente para el 2007, únicamente fue modificada en el sentido de incrementar el monto de la cuota correspondiente a ese tributo, dejándose inalterados los demás elementos esenciales de esa contribución. Por consiguiente, como la reforma en comento no modificó el sistema general del impuesto ni afectó en su sentido, alcance o aplicación a los demás elementos esenciales del tributo, pues sólo incidió en la modificación de la cuota fija a pagar, tal acto legislativo sólo puede considerarse como nuevo en cuanto a esa transformación, no así respecto al sujeto pasivo del tributo, el objeto y la base relativos, los cuales no fueron tocados. En esos términos, la reforma de 2006 no otorga a los gobernados que hayan consentido previamente la contribución, el derecho de cuestionar la constitucionalidad del sistema del tributo ni las previsiones de ese precepto legal relacionadas con otros elementos de aquél, como un nuevo conjunto normativo, sino sólo la cuota que fue objeto de modificación."
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. De acuerdo con las consideraciones que sostuvieron los Tribunales Colegiado contendientes, al resolver los amparos en revisión referidos, se advierte la existencia de la contradicción de tesis denunciada por el Juez referido, toda vez que dos órganos jurisdiccionales han adoptado criterios discrepantes a través de argumentaciones de índole lógico jurídicas sobre un mismo punto de derecho.
Ello, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, sostuvo que la reforma del elemento esencial tasa o tarifa de un impuesto, constituye una alteración a la naturaleza, sentido y alcance del mismo; y por ello, es procedente demandar la inconstitucionalidad de todo el sistema de dicho tributo.
Por otro lado, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, manifestó que la modificación de la tasa o tarifa que debe pagarse por un impuesto, no confiere al quejoso el derecho a impugnar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del tributo que hubiere consentido; puesto que dicha reforma no altera la mecánica ni naturaleza del mismo.
Así, puede concluirse que existe la contradicción de tesis aquí precisada, ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.
En ese contexto, es claro que el tema de contradicción consiste en determinar si la modificación del elemento esencial de la tasa o tarifa de un impuesto, afecta al resto de los elementos esenciales, de modo que otorgue derecho a impugnar mediante juicio de amparo todo el tributo.
No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que uno de los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito no constituyan jurisprudencia ni estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:
"Registro: 189998
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XIII, abril de 2001
"Materia: común
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"Registro: 190917
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XII, noviembre de 2000
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"Página: 319
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
QUINTO.-Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, en razón de las siguientes consideraciones:
Primero, es pertinente señalar que el impuesto o tributo constituye un complejo de elementos relacionados lógicamente. Dichos elementos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos o mesurables.
Los elementos cualitativos del tributo, calificados así por la doctrina en atención a que acotan o definen el campo de aplicación de cada institución tributaria en particular, son, por ejemplo: el objeto o el sujeto pasivo del impuesto.
Mientras que los elementos mesurables o cuantitativos tienen como fin fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto y que implican operaciones o aspectos técnicos. Éstos son, fundamentalmente: la base y la tasa o tarifa aplicable.
De entre los elementos cuantitativos del impuesto, importa significar para el caso, la tasa o tarifa; que es el factor que cuantifica el monto a pagar por el tributo.
La tarifa expresa cuotas fijas que se traducen en cantidades de dinero. La tasa se expresa en porcentajes y puede ser fija o variable. La tasa fija es la que se establece en una suma invariable por cada hecho cualquiera que sea el monto de la riqueza involucrada en el mismo; es decir, en los tributos con tasa fija la ley, directamente, indica el porcentaje que se debe pagar. En cambio, en los tributos con tasa variable, ésta se fija en función de dos elementos: la base y el tipo de gravamen. En este caso, la ley señala el porcentaje a pagar de acuerdo con las dimensiones de la base.
Por otra parte, existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.
Además, por el tipo de relación que los elementos guardan entre sí y con la unidad normativa, ésta puede ser de carácter ordinaria o directa o esencial.
Se dice que se está ante una relación ordinaria de los elementos del tributo cuando la modificación a alguno no incide en su eficaz mecánica y funcionamiento; en cambio, si tal transformación altera estos aspectos, el sentido o alcance de alguna o varias partes del impuesto, se estará ante una relación de carácter directa.
Ahora bien, debe decirse que un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que, por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y, cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.
En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio directo o formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/99 sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyos datos de identificación, rubro y texto, indican:
"Registro: 192910
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo X, noviembre de 1999
"Materia: constitucional
"Tesis: P./J. 114/99
"Página: 18
"AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.-La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legisla
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25813-b31b2386/tasa-o-tarifa-de-un-impuesto-su-modificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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