IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. AL COMPRENDERSE EL OBJETO, BASE, TARIFA Y ÉPOCA DE PAGO EN LOS ARTÍCULOS 154 A 160 BIS-5 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CONSTITUYEN, EN CONJUNTO, UN SISTEMA NORMATIVO; DE AHÍ QUE LA REFORMA AL ARTÍCULO 157 PERMITA FORMULAR EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TODOS LOS PRECEPTOS QUE LO INTEGRAN.
AMPARO EN REVISIÓN 200/2014. 11 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS RESOLUTIVOS Y MAYORÍA RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES; CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ANTONIO CEJA OCHOA, QUIEN SE PRONUNCIÓ EN CONTRA DEL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: ALEJANDRO CAVAZOS VILLARREAL.
Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al once de marzo de dos mil quince.
Vistos, para resolver los autos del toca 200/2014, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por **********, a través de su representante legal, en contra de la resolución constitucional de quince de mayo de dos mil catorce, dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, dentro del cuaderno auxiliar 163/2014, derivado del juicio de amparo indirecto 175/2013, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil trece, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, **********, en nombre y representación de **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisaron de la siguiente manera:
Ver autoridades y actos
SEGUNDO.-Garantías constitucionales violadas. Las quejosas señalaron como garantías violadas en su perjuicio las establecidas en los artículos 1o., 14, 16, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Admisión y trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, la demanda de garantías se remitió al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien la admitió a trámite mediante proveído de catorce de febrero de dos mil trece; requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
El veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León celebró la audiencia constitucional y, por acuerdo de ocho de abril del propio año, de conformidad con el punto quinto del Acuerdo General 54/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que por su conducto se remitiera a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila y ésta, a su vez, lo turnara al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región.
El catorce de abril de dos mil catorce, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, tuvo por recibido el referido expediente 173/2013, y lo registró como cuadernillo auxiliar 163/2014, ordenando que en su oportunidad se dictara la sentencia correspondiente y se devolviera el expediente al juzgado de origen.
CUARTO.-Resolución constitucional. El Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dictó la resolución constitucional el quince de mayo de dos mil catorce, la que concluyó con los puntos resolutivos que a la letra dicen:
"PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados identificados con los números 1, 3, incisos a) y b), 4, inciso b), 5 y 6 del considerando segundo de esta sentencia, por las consideraciones y fundamentos precisados en los apartados tercero y quinto de la presente resolución.
"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, respecto a los actos de autoridad identificados como números 2, 3, inciso c) y 4, inciso a), del considerando segundo de la presente determinación, por las consideraciones y fundamentos precisados en el apartado sexto de esta resolución."
QUINTO.-Recurso de revisión. Inconformes con dicha determinación, las empresas quejosas, a través de su representante legal, interpusieron el presente recurso de revisión.
SEXTO.-Admisión del recurso. En auto de veinte de junio de dos mil catorce, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito admitió a trámite el recurso de revisión y lo radicó bajo el número 200/2014. En el propio auto se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento.
SÉPTIMO.-Turno. Por auto de veintisiete de junio de dos mil catorce, se turnó el asunto al Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, para la formulación del proyecto respectivo; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto, inciso B), del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en atención a que en el juicio de origen se impugnan diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y que resultan aplicables conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a los Acuerdos Generales Números 84/2000 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil y quince de febrero de dos mil trece, respectivamente, ya que se interpuso en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías.
En efecto, en el caso concreto, si bien la sentencia recurrida fue emitida por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dentro del cuaderno auxiliar 129/2014, es decir, en un lugar donde este órgano colegiado no tiene jurisdicción, también lo es que dicho juzgado está encargado de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo; que en el caso concreto, fue en auxilio del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien fue el juzgador que conoció inicialmente y dio trámite a la demanda de garantías, sobre la cual este órgano colegiado sí ejerce jurisdicción; de ahí la competencia para resolver el presente medio de impugnación.
Es ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 440, Tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA.-Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general."
SEGUNDO.-Temporalidad. El recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.
Lo anterior es así, ya que la sentencia recurrida, de quince de mayo de dos mil catorce, se notificó a las recurrentes el cuatro de junio del mismo año (foja 3568), misma que surtió efectos al día siguiente, de conformidad con el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, el término de diez días a que se refiere el artículo 86 del citado ordenamiento legal, inició a partir del seis de junio de dos mil catorce y concluyó el diecinueve del propio mes y año, descontándose de dicho cómputo los días siete, ocho, catorce y quince de junio de dos mil catorce, por ser sábados y domingos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por consiguiente, si el recurso de revisión se interpuso el doce de junio de dos mil catorce, se concluye que fue interpuesto dentro del término que la ley concede para tal efecto.
TERCERO.-Resolución impugnada. La resolución controvertida se apoya, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
Ver consideraciones
CUARTO.-Agravios. Las recurrentes hicieron valer los siguientes agravios:
Ver agravios
QUINTO.-Antecedentes. Los principales antecedentes del asunto son los siguientes:
El doce de febrero de dos mil trece, las personas morales **********, promovieron juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de las que reclamaron la discusión, aprobación y expedición del Decreto 37, por el que se reformó la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, específicamente plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 154 a 160 bis-5 de ese ordenamiento legal; la aprobación del Decreto legislativo número 28, por el cual se expide el Decreto de Fomento al Empleo; la aprobación del Decreto 45, por el cual se expide la Ley de Ingresos del Estado, y la aprobación del Decreto 47, mediante el cual se expide la Ley de Egresos.
Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil trece, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado admitió a trámite la demanda de garantías con el número de expediente 175/2013, solicitó a las responsables los informes justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
El veinticinco de marzo de dos mil catorce se celebró la audiencia constitucional, y el ocho siguiente, con base en la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, establecida en el oficio STCCNO/244/2014, de veinte de enero de dos mil catorce, y de conformidad con el Acuerdo General 54/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez de Distrito ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Estado, para que por su conducto lo remitiera, a su vez, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, para que fuera turnado al Juzgado Primero de Distrito de la Décima Región, para el dictado de la sentencia respectiva.
El catorce de abril de dos mil catorce se radicó el asunto en el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, y con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 41/2011, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, formó el cuaderno de antecedentes y el quince de mayo del mismo año dictó la resolución constitucional en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.
En la referida resolución, en el considerando tercero, el Juez de Distrito decretó la inexistencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación del artículo 154, párrafos tercero, cuarto y quinto, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, y artículos cuarto y séptimo del Decreto de Fomento al Empleo, al no advertir ninguna prueba que demuestre la aplicación de esos preceptos, pues de las documentales que allegaron las quejosas únicamente se advierte que realizaron el pago del impuesto sobre nóminas con motivo de los trabajadores que tienen a su disposición, mas no por el hecho de la contratación de servicios personales.
Al respecto, indicó que las personas morales quejosas allegaron al juicio las siguientes pruebas:
1. Trece copias certificadas del acta constitutiva de cada una de las empresas solicitantes del amparo; así como siete copias certificadas de actas de cambio de denominación o razón social.
2. Trece copias certificadas, consistentes en formato del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contienen propuestas de cédulas de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones del sexto bimestre de dos mil doce, de cada una de las quejosas.
3. Trece copias certificadas, consistentes en la inscripción en el Registro Estatal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, respecto de cada una de las quejosas.
4. Trece recibos de pago del impuesto sobre nóminas correspondientes al ejercicio fiscal de enero de 2013, uno respecto de cada una de las quejosas (los mismos se describen a detalle en el siguiente considerando).
Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, al constituir documentos públicos, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
De lo anterior, señaló el juzgador que conforme al numeral 197 del código procesal se desprende que las quejosas son personas morales empleadoras de trabajadores, según se advierte de esas probanzas, y que realizaron el pago del impuesto sobre nóminas en el periodo apuntado, con motivo del pago de nóminas realizado a sus trabajadores.
Sin embargo, adujo que ninguna de dichas pruebas resulta eficaz para demostrar que se haya aplicado el artículo 154, párrafos tercero, cuarto y quinto, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
Ello es así, atento a que dicha porción normativa señala que también será objeto del impuesto sobre nóminas, el pago realizado por los empleadores a los prestadores de servicios personales, siempre que por dichos servicios no se pague el impuesto al valor agregado, además que debe de tratarse de un prestador de servicios cuyos ingresos recibidos por el prestatario representen más del cincuenta por ciento del total de los obtenidos por la prestación de servicios independientes, y que el prestador le comunique este hecho al empleador a quien le presta servicios personales.
Luego, señaló que de las probanzas descritas no se advertía que alguna de las morales quejosas realizó el pago del impuesto sobre nóminas por encontrarse en el supuesto previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto, del artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
Como se señaló, únicamente se advierte que las quejosas realizaron el pago del impuesto sobre nóminas con motivo de los trabajadores que tienen a su disposición, mas no por el hecho de la contratación de servicios personales.
Por lo que hace al artículo cuarto del Decreto de Fomento al Empleo, se advierte que para gozar de los estímulos contemplados en dicho decreto, deberá solicitarse por escrito a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
Luego, al confrontar esta premisa con el caudal probatorio ya señalado, no es posible acreditar la aplicación del artículo cuarto del Decreto de Fomento al Empleo, máxime que la prueba idónea para acreditar la aplicación de la presente premisa hubiere sido la solicitud a que alude dicho precepto.
Por último, por lo que hacía al artículo séptimo del Decreto de Fomento al Empleo, el mismo estableció que de dicha porción normativa se advertía que la autoridad hacendaria estatal podrá cancelar los estímulos otorgados a los contribuyentes cuando advierta que no cumplen con los requisitos para gozar de los mismos.
Asimismo, refirió que para cancelar dichos estímulos fiscales se tendrá que otorgar el derecho de audiencia al afectado.
Agregó el juzgador, que del caudal probatorio y de lo que se advierte del mismo, no era posible acreditar que a alguna de las morales quejosas se le haya cancelado algún estímulo fiscal otorgado, es decir, no se advertía la aplicación del artículo séptimo del Decreto de Fomento al Empleo, ya citado.
En tales condiciones, sobreseyó el juicio respecto de los actos de autoridad precisados en el inciso 6 del considerando anterior, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.
En el considerando cuarto precisó la certeza de los actos reclamados al Congreso, gobernador, secretario general de Gobierno, titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, todos del Estado de Nuevo León, en razón de que en los respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en los actos legislativos precisados en los incisos 1, 2, 3 y 4 del considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, además de que los ordenamientos de carácter general no son objeto de prueba.
Precisó el juzgador que las constancias aportadas a las que concedió valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultaban eficaces para demostrar que cada una de las quejosas realizó el pago del impuesto sobre nóminas en la fecha que se señala en cada una de las constancias.
Determinó que si las quejosas efectuaron el pago de la contribución reclamada, como consta en el recibo de pago del impuesto a su cargo, correspondiente al ejercicio fiscal del mes de enero de dos mil trece, es inconcuso que, dado su ámbito de competencia, sí existen los actos que se les reclaman.
Lo anterior al considerar que al efectuar el pago del impuesto impugnado, la quejosa se autoaplicó las disposiciones normativas de la Ley de Hacienda referente al tributo controvertido, indicadas en el inciso 5 del considerando segundo, por contener aspectos relacionados directamente con el tributo en mención, lo que genera la conformación de un sistema normativo.
En el considerando cuarto analizó las causas de improcedencia que advirtió de oficio.
Señaló que al margen de las manifestaciones que sobre el particular expresó el consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, mediante su informe justificado, estimó actualizada la causal de improcedencia respecto del acto precisado en el inciso 1 del considerando segundo, consistente en el Decreto 45, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, en cuanto a su numeral 1o., inciso A), punto número 4, subinciso a), pues advirtió la causa de improcedencia consistente en la omisión de expresar conceptos de violación por parte de las quejosas, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; también decretó el sobreseimiento por lo que respecta al Decreto 37, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, por lo que hace a sus artículos 154, párrafos primero y segundo, 155, 156, 158, 159, 159 Bis, 160, 160 Bis, 160 Bis-1, 160 bis-2, 160 bis-3, 160 bis-4 y 160 bis-5, pues de las constancias se advertían que al menos desde el año dos mil doce las quejosas resintieron la aplicación de las normas que tildaron de inconstitucionales, con excepción del diverso 157 de la propia ley, en términos del artículo 74, fracción III, en relación con el diverso 73, fracciones IV, XII y XVIII, relacionado con los numerales 21 y 116, fracción V, todos de la Ley de Amparo.
De igual manera, decretó el sobreseimiento por lo que respecta a los artículos 154, párrafos tercero, cuarto y quinto, del Decreto 37 y cuarto y séptimo del Decreto 28, que contiene el diverso Decreto de Fomento al Empleo, ya que de las pruebas allegadas por las morales quejosas y del contenido de las mismas, únicamente se advertía que éstas realizaron el pago del impuesto sobre nóminas por concepto del pago realizado a sus trabajadores, mas no por el hecho de haber realizado pagos a prestadores de servicios personales, y por lo que hace a los actos atribuidos al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, pues estableció que la autoliquidación no es un acto de aplicación atribuible a las autoridades ejecutoras.
En el considerando sexto, el Juez de Distrito analizó el fondo del asunto y desestimó los conceptos de violación planteados por las quejosas, por lo que negó la protección constitucional respecto del Decreto 47, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León, en particular su numeral 21; el Decreto 37, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, específicamente el artículo 157, y los artículos cuarto y séptimo del Decreto 28, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene el diverso Decreto de Fomento al Empleo.
Inconformes con la resolución constitucional reseñada en el párrafo anterior, las quejosas promueven el presente recurso de revisión en el que plantean los siguientes agravios:
En el primero se inconforman porque el Juez de Distrito, a su parecer, soslayó que en la sesión de la que derivó el proceso legislativo que reformó el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no cumplió con las reglas establecidas para su celebración dentro de la legislación aplicable.
Refieren que es evidente la violación cometida por el Juez de Distrito en la sentencia reclamada, al considerar que si bien existen violaciones de carácter formal, las mismas son intrascendentes para considerar que existe una invalidez e inconstitucionalidad de los artículos reclamados, pues contrario a ello sí se cometió una violación formal que se considera trascendente, provocando su invalidez.
En el agravio segundo insisten en la inconstitucionalidad del Decreto 37, pues el aumento sobre nóminas no está destinado al gasto público.
En el agravio tercero aducen que resulta infundado lo manifestado en el considerando quinto por el Juez de Distrito, porque el Decreto de Fomento al Empleo, al considerarlo un estímulo fiscal, sí se encuentra directamente vinculado a los elementos del impuesto sobre nóminas, por lo que sí forma parte del sistema tributario.
Refieren que tratándose de exenciones establecidas por el órgano legislativo no puede corresponder a un órgano del ejecutivo la precisión o modificación de sus elementos o alcances.
En el agravio cuarto se inconforman con el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 154, 155, 156, 158, 159, 159 Bis, 160 Bis, 160 Bis-1, 160 bis-2, 160 bis-3, 160 bis-4 y 160 bis-5 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; al respecto, alegan que contrario a la apreciación del juzgador, el acto legislativo consistente en el Decreto de Fomento al Empleo tiene naturaleza y efecto de una exención y, en consecuencia, dicho acto legislativo constituye una modificación al sistema tributario que compone el impuesto sobre nóminas, por lo que consideran procedente el amparo.
En los agravios marcados como quinto y sexto, aducen que el Juez de Distrito no estudió de manera integral los conceptos de violación vertidos en su demanda, pues no obstante de la claridad de su tercer y cuarto conceptos de violación, el juzgador omitió pronunciarse en forma integral, al señalarse en el referido argumento que existe extralimitación del Ejecutivo para determinar quiénes serán los beneficiarios del no pago o reducción del impuesto sobre nóminas y quiénes al final de cuentas se traducen en sujetos del impuesto, aunado a que el Congreso del Estado no cuenta con facultades para establecer contribuciones que no sean estrictamente indispensables para satisfacer las necesidades del Estado y Municipios.
En el séptimo agravio las recurrentes insisten en que el Juez de Distrito no estudió el octavo concepto de violación en el que alegaron argumentos tendentes a controvertir la constitucionalidad del artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en específico las garantías de seguridad jurídica y legalidad en materia tributaria.
Finalmente, en el octavo agravio se inconforman con el sobreseimiento respecto de los artículos 154, 155, 156, 158, 159, 159 Bis, 160 Bis, 160 Bis-1, 160 bis-2, 160 bis-3, 160 bis-4 y 160 bis-5 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, pues los pagos realizados por cada una de las quejosas derivan de la expedición de las reformas impugnadas.
SEXTO.-Agravios relacionados con la procedencia del juicio.
En los agravios tercero, cuarto y octavo, que se analizan de manera conjunta por estar estrechamente vinculados, las recurrentes se inconforman con el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 154 a 160 bis-5 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; con excepción del diverso 157 del propio ordenamiento legal. Al respecto alegan que, contrario a la apreciación del juzgador, el acto legislativo constituye una modificación al sistema tributario que compone el impuesto sobre nóminas, por lo que consideran procedente el amparo, y porque los pagos realizados por cada una de las quejosas derivan de la expedición de las reformas impugnadas.
Los motivos de disenso de previa reseña son fundados pero inoperantes, por insuficientes para revocar el sobreseimiento decretado.
En principio, es pertinente aclarar que este tribunal venía sosteniendo el criterio consistente en que cuando en el juicio de amparo se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 154 a 160 bis-5 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, únicamente resulta procedente el juicio respecto del 157, en razón de que el resto no sufrió modificación alguna mediante el Decreto 37, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, ya que en éste sólo se incrementó la tasa del impuesto del dos al tres por ciento prevista en aquél, lo que implica el consentimiento tácito de los que no se reformaron, dado que las quejosas pagaron el tributo en ejercicios fiscales previos a la promoción del juicio de amparo, resintiendo desde entonces, en su esfera jurídica, el contenido de esos preceptos legales, sin haberlos controvertido oportunamente.
El criterio de referencia se estructuró con base en la jurisprudencia 2a./J. 158/2002, de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO.", así como en la ejecutoria que le dio origen.
En relación con lo anterior, es importante destacar que la jurisprudencia aludida hace referencia a una contribución cuya tasa se encuentra prevista en un ordenamiento legal diverso a la Ley de Hacienda de León, Guanajuato, de vigencia anual, y en la ejecutoria respectiva se partió de la necesidad de definir si el hecho de que uno de los elementos esenciales (tasa) de la contribución se previera en cada ejercicio fiscal a través de la Ley de Ingresos respectiva, por ese solo hecho se podía impugnar también la ley hacendaria que establecía los demás elementos. Aunado a que para la conformación de ese criterio se retomó lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares, tratándose de la Ley del Impuesto al Activo y la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en el caso, no se verifica la dualidad de ordenamientos a que se refiere la jurisprudencia invocada; además de que se trata de un impuesto distinto, respecto del que la superioridad no ha establecido si las normas que lo integran forman una unidad normativa o si gozan de autonomía entre sí.
Atendiendo a lo anterior, una nueva reflexión en torno a la procedencia del juicio de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad del impuesto sobre nóminas, que nace del planteamiento formulado por las quejosas en el que se encuentra implícita la impugnación del tributo como una unidad normativa, conduce a abandonar el criterio que este órgano jurisdiccional venía sosteniendo, en cuanto al consentimiento tácito de los preceptos legales que integran ese impuesto y que no fueron reformados, en atención a que se estima que el incremento de la tasa del tributo, al constituir uno de sus elementos esenciales, sí faculta a los contribuyentes para impugnar el contenido del resto de las disposiciones en las que se establece, porque constituyen una verdadera unidad y, por tanto, podrían resultar afectadas por la reforma de aquél.
En efecto, de conformidad con la jurisprude
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25793-4899c74e/impuesto-sobre-nominas-al-comprenderse-el-objeto-base · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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