IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2023). IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 2023).
AMPARO EN REVISIÓN 108/2024. BANCO INBURSA, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO INBURSA Y OTRAS. 19 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 108/2024, interpuesto por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como por Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y otras, en la vía adhesiva, contra la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 644/2023 (258/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México).
El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la actualización de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en el ejercicio dos mil veintitrés, así como verificar su regularidad constitucional.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, y otras, por conducto de su representante legal, presentaron demanda de amparo en la que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridades responsables
• El Congreso de la Ciudad de México.
• La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Actos reclamados
• Del Congreso de la Ciudad de México, la discusión, aprobación y expedición del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente por lo que hace al artículo 130, párrafo primero, fracción I, que contiene la tarifa con base en la que se determina el impuesto predial, y el Vigésimo Primero Transitorio, que contiene la norma de aplicación marcada con el numeral 3.
• De la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la expedición del Decreto legislativo referido en el inciso anterior, por lo que hace a las disposiciones legales reclamadas.
2. Las quejosas morales señalaron como derechos humanos vulnerados los reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal e hicieron valer dos conceptos de violación en los que, en síntesis, alegaron:
• Primero. El artículo 130, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que la fórmula que contiene para el cálculo del impuesto predial no es progresiva, ya que su aplicación genera que para inmuebles de menor valor se pague una cuota más alta que para algunos inmuebles de mayor valor.
• Segundo. La norma de aplicación marcada con el numeral 3 del artículo Vigésimo Primero Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México, que establece –de forma genérica– que el valor de los inmuebles deberá aumentar en un 8% cuando tenga instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria ya que no atiende a la verdadera capacidad contributiva, al no reconocer el valor del inmueble de manera proporcional al número y/o tipo de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias con las que cuenta, ni al incremento real del valor por la instalación de las mismas.
3. Admisión y trámite. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se registró con el número de expediente 258/2023 y se admitió a trámite.
4. En observancia al “Acuerdo General 9/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen disposiciones generales relativas al pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 en la Ciudad de México, o cualquier norma general relacionada con el pago del impuesto mencionado, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el juzgado del conocimiento remitió el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
5. El asunto se turnó al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en donde se registró con el expediente 644/2023.
6. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que, por una parte, concedió el amparo contra el artículo 130, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México y, por la otra, negó la protección constitucional contra la norma de aplicación 3 contenida en el Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Las consideraciones que sustentan dicha determinación son, en esencia, las siguientes:
• Es infundada la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México –alegada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México–, ya que la demanda de amparo se presentó en el plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Además, el hecho de que las quejosas pagaran el impuesto predial en ejercicios anteriores no implica un consentimiento tácito de la norma, pues a través del decreto reclamado se modificó la tarifa contenida en el artículo 130, fracción I.
• Es infundada la causa de improcedencia –alegada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México– relativa a que las quejosas no acreditaron ser sujetos del impuesto predial ni que los inmuebles que defienden cuenten con instalaciones especiales, elementos accesorios u otras obras complementarias, pues de las documentales exhibidas por las promoventes se advierte que son propietarias o poseedoras de tales inmuebles, que cuentan con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, y que realizaron el pago del impuesto predial por el ejercicio de dos mil veintitrés, circunstancia que acredita su interés jurídico para acudir al juicio de amparo.
• Es fundado el concepto de violación en que las quejosas alegan que el artículo 130, párrafo primero, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pues las cantidades que genera la aplicación de la tabla y rangos ahí previstos no son progresivos ya que los contribuyentes del rango A, con el inmueble de mayor valor y que ostentan una base gravable menor que los contribuyentes cuyo inmueble está en el límite inferior del rango B, pagan un tributo mayor que estos últimos y así sucesivamente, rango por rango. En razón de lo anterior, se concede el amparo por cuanto hace al citado artículo, para que se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosas, en lo presente y futuro, hasta en tanto no sea reformado; consecuentemente, la autoridad fiscal deberá devolver a las quejosas, debidamente actualizada, la cantidad que pagaron con motivo del entero del impuesto predial.
• Toda vez que la concesión de amparo respecto de la norma general estudiada tiene como consecuencia exentar a las quejosas del pago del impuesto predial, ante la falta de progresividad en su tarifa, se declaran inoperantes los conceptos de violación expuestos contra la norma de aplicación 3 del Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto reclamado. Lo anterior, pues a ningún fin práctico llevaría estudiar la constitucionalidad de esa norma, ya que no podría traer un mayor beneficio que el alcanzado; por ende, se niega el amparo contra dicha norma.
7. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la autoridad encargada de su defensa, interpuso recurso de revisión. En sus siete agravios, alega:
• Primero. La sentencia es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad porque, contrario a lo que se resolvió, la parte quejosa consintió el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal para la Ciudad de México vigente en dos mil veintitrés.
• La estructura de las tarifas contenidas en esa norma fue diseñada desde la entrada en vigor del Código Fiscal del Distrito Federal el uno de enero de dos mil diecisiete (publicado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis), reforma que constituye un nuevo acto legislativo que contiene la estructura de las tarifas aplicables al impuesto predial vigentes, sin dejar de lado que, tanto el Código Fiscal del Distrito Federal, publicado mediante Decreto el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, como el Código Financiero del Distrito Federal, contenían ya la misma estructura en cuanto a la tarifa que prevalece hasta el día de hoy (sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo de acuerdo al valor catastral del inmueble, asignándole a cada rango una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior). En ese sentido, todos los actos legislativos posteriores constituyen únicamente actualizaciones a su tarifa, no modificaciones a su estructura, pues ésta se sigue conservando.
• Las quejosas no formulan sus conceptos de violación sobre la actualización de la tarifa, sino respecto a la integración y aplicación de los rangos contenidos en la norma, siendo que con la entrada en vigor del dispositivo impugnado no se creó un nuevo acto legislativo por lo que hace a esa integración.
• Por otra parte, no existe jurisprudencia que haya declarado inconstitucional el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.
• Se puede concluir que es ilegal que se haya desestimado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa ha efectuado pagos anteriores al ejercicio fiscal de dos mil veintidós, lo que pone en evidencia que ha consentido la aplicación del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en dos mil veintitrés, desde que efectuó aquellos pagos.
• Segundo. Las quejosas, en su demanda de amparo, si bien reclaman el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, lo hacen bajo el argumento de que ese numeral vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, por no existir progresividad entre los renglones que integran la tarifa para el cálculo del impuesto predial, es decir, pretenden impugnar toda la mecánica para calcular la tarifa del impuesto predial, no la actualización a la tarifa en específico.
• Entonces, lo aducido por el a quo es contrario a los principios de congruencia y exhaustividad en virtud de que, en el considerando quinto de la sentencia que se recurre, señala que la parte quejosa reclama de manera particular la actualización a la tarifa contenida en el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, siendo que reclamó toda la mecánica para el cálculo de la tarifa.
• Tercero. El juzgador fue omiso en advertir que los conceptos de violación respecto a que el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México transgrede el principio de proporcionalidad tributaria son inoperantes, toda vez que ya existe jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se determinó que dicha norma es acorde con el principio de proporcionalidad tributaria. En específico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2017, determinó que el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México es acorde con el principio de proporcionalidad tributaria.
• No se inadvierte que en ese asunto se analizaron tarifas vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin embargo, las consideraciones ahí vertidas siguen siendo aplicables, toda vez que en los ejercicios posteriores únicamente se han actualizado las cuotas, sin que se modifique la mecánica de la tarifa.
• Cuarto. El a quo determinó ilegalmente declarar inconstitucional el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México analizando todos los rangos en relación con las tarifas aplicables para el pago del impuesto predial, sin embargo, la parte quejosa no se encuentra en todos los supuestos previstos en el citado numeral. En un supuesto sin conceder que fuera procedente el estudio del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, este únicamente se debió de realizar respecto al rango en el que tributan las quejosas.
• Quinto. La sentencia recurrida carece de exhaustividad ya que el a quo determinó conceder el amparo en razón de meras suposiciones, toda vez que para sustentar la inconstitucionalidad de las tarifas previstas en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México realizó un ejercicio en el que, sin señalar cómo obtuvo las cantidades ahí mencionadas, desarrolló cuánto debería pagar cada uno de los rangos del inmueble de mayor y menor valor y, sin mayor pronunciamiento, con base en meras suposiciones, determinó que el artículo era inequitativo y violatorio al derecho de igualdad, no obstante que el supuesto estudio realizado era respecto al principio de proporcionalidad. En todo caso, debió allegarse de un ejercicio actuarial que desarrollara cada uno de los rangos, para que a través de mismo pudiera advertir si las tarifas respetan el principio de proporcionalidad.
• Contrario a lo aducido por el a quo, las tarifas previstas en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México son proporcionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el diseño del sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades legislativas y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración política -amplio, mas no ilimitado-, reconocido a los representantes de los ciudadanos para establecer el régimen legal del tributo.
• La tarifa del impuesto predial se estructura conforme a un sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor catastral del inmueble –que constituye la base gravable– con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. En relación con lo anterior, el Pleno del más Alto Tribunal ha sostenido que, tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz –como lo es el impuesto predial–, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.
• Sexto. Es ilegal la sentencia toda vez que el a quo realizó un supuesto control ex officio, no obstante que el presente juicio de amparo se configuraba la causal de improcedencia de actos consentidos respecto al artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.
• El a quo decidió realizar una interpretación conforme del artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, cuya inconstitucionalidad reclamó la quejosa. Sin embargo, el estudio que realizó se torna incongruente, pues en el ejercicio de interpretación cayó en diversos errores que lo llevaron a concluir que había una parte de la norma que resultaba inconstitucional. Jurídicamente, de nada sirvió la supuesta interpretación conforme, porque en realidad no tuvo efectos prácticos si al final se concedió el amparo.
• Séptimo. No es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 224/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 284, Novena Época, Registro digital: 165484, de rubro: PREDIAL. EL ANÁLISIS DE EQUIDAD TRIBUTARIA RESPECTO DE TARIFAS O TABLAS (PROGRESIVAS O DECRECIENTES) OBLIGA A TOMARLAS EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD, SIN ENFOCARLO A UNO SOLO DE LOS RENGLONES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008), citada en la sentencia recurrida, pues la quejosa no formuló conceptos de violación argumentando la transgresión del principio de equidad.
8. Recurso de revisión adhesiva. La parte quejosa, por conducto de su autorizado, se adhirió al recurso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Expuso un agravio en el que, en síntesis, alegó:
• La reforma al artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, se trata de un nuevo acto legislativo que permite reclamar la tarifa a través de la que se determina el impuesto predial, aunado a que en el caso concreto la quejosa no reclamó el resto de las disposiciones de dicho ordenamiento legal que establecen los demás elementos esenciales del impuesto (sujeto objeto, base y época de pago).
• Una reforma puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal, y sólo lo que es motivo de reforma o modificación constituye el acto legislativo nuevo que da derecho a promover el amparo. Por lo que hace a los impuestos, es dable determinar que cuando una reforma afecta un elemento esencial, se da derecho a los particulares a promover el juicio de amparo en contra de dicho elemento esencial. Concretamente, por la modificación de la tasa o tarifa, es evidente que, con motivo de su entrada en vigor, o de su primer acto de aplicación, los contribuyentes tienen la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, en donde hagan valer los vicios de inconstitucionalidad que estimen pertinentes respecto a la nueva tasa o tarifa.
• La parte quejosa promovió el juicio de amparo contra la disposición normativa que modificó la tarifa prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México para determinar el impuesto predial, por lo que no existe duda de que se trata formal y materialmente de un acto legislativo nuevo.
• Además, existen las jurisprudencias 2a./J. 103/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 684, Décima Época, Segunda Sala, Registro digital: 2009871, de rubro: TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS, y PC.I.A. J/125 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo III, página 1868, Décima Época, Plenos de Circuito, Registro digital: 2017062, de rubro: IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MAS NO GENERAN EL DERECHO A RECLAMAR LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y, PARTICULARMENTE, EN LO ATINENTE A LA REDUCCIÓN O AMINORACIÓN DE LA CUOTA FIJA, que resultan directamente aplicables al caso y que confirman la procedencia del juicio de amparo. 9. Trámite de los recursos de revisión. Los medios de impugnación fueron turnados al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registraron con el número de expediente 456/2023 y se admitieron a trámite.
10. Trámite ante la Suprema Corte. En sesión privada de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó reasumir su competencia originaria para conocer del citado amparo en revisión, por lo que solicitó al tribunal de origen la remisión de los autos respectivos.(1)
11. El diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta asumió su competencia para conocer de los recursos, registrándolos bajo el número de expediente 108/2024; turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y ordenó su radicación en la Segunda Sala.
12. Avocamiento. Mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
13. Elaborado el proyecto de resolución, el presente asunto se puso a consideración de la Segunda Sala en sesión de diez de abril de dos mil veinticuatro, en la cual se determinó retirarlo. El asunto fue listado nuevamente para sesión de veinticuatro de abril siguiente y nuevamente se retiró.
14. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
II. COMPETENCIA
15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 81, fracción I, inciso e),(3) y 83 de la Ley de Amparo;(4) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023;(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado el diez de abril siguiente por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
17. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia recurrida fue notificada a la autoridad recurrente el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la cual surtió efectos el mismo día. Por tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre de dos mil veintitrés; descontándose los días veintiséis y veintisiete de agosto y dos y tres de septiembre del mismo año, por ser sábados y domingos, conforme con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
18. Entonces, si el recurso de revisión se presentó electrónicamente el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se concluye que se interpuso de forma oportuna.
19. Por otra parte, el acuerdo en que el tribunal colegiado admitió el recurso de revisión principal se notificó a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, y surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el veinticinco de septiembre de ese año; por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión adhesiva transcurrió del veintiséis de septiembre al dos de octubre de dos mil veintitrés, descontándose los días treinta de septiembre y uno de octubre ambos de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, inhábiles conforme con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ende, si el recurso de revisión adhesiva se presentó en el tribunal colegiado de origen el dos de octubre de esa anualidad, se concluye que se interpuso en tiempo.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. LEGITIMACIÓN
21. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, ya que tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo de origen; además, la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México está facultada para acudir en representación de dicha autoridad, en términos de lo ordenado en el artículo 94, fracciones II y V, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
22. Por otra parte, la quejosa cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión adhesiva, al haber obtenido resolución favorable en el juicio de amparo indirecto; aunado a que la persona que hace valer el recurso, como autorizado de las quejosas, tiene reconocido ese carácter en el amparo indirecto 258/2023.(7)
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. PROCEDENCIA
24. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el recurso de revisión es procedente, de conformidad con lo ordenado en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ya que se interpone contra una sentencia dictada en audiencia constitucional; asimismo, la revisión adhesiva resulta procedente con fundamento en el artículo 82 del propio ordenamiento.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VI. DELIMITACIÓN DE LA MATERIA
26. No es materia del recurso y, por ende, debe quedar firme la negativa del amparo contra la norma de aplicación 3 del Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto reclamado, precisada en el considerando sexto y el resolutivo primero del fallo recurrido, pues tal decisión no es combatida por la parte quejosa, que es a quien perjudica.
27. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, septiembre del dos mil seis, tomo XXIV, página 185, que dice:
REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme.
28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
29. Por ser un aspecto de orden público, en primer lugar, se analizarán aquellas causas de improcedencia que hace valer la autoridad recurrente para demostrar la improcedencia del juicio de amparo.
30. En su segundo agravio la inconforme sostiene, en esencia, que la juzgadora resolvió la controversia a partir de aspectos ajenos a la litis, pues la parte quejosa no vierte razonamiento a partir del cual pueda estimarse que reclama la actualización de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México.
31. Alega que se reclamó la totalidad de la mecánica que rige la determinación del tributo, pero no los valores que se utilizan para aumentar la tarifa ya que los argumentos de las promoventes versan sobre violación al principio de progresividad.
32. Para dar solución a dichos planteamientos conviene destacar que, en su primer concepto de violación, las quejosas expusieron una serie de argumentos que giran en torno a la idea fundamental de que las tarifas establecidas en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicable en dos mil veintitrés, presentan una desviación en su diseño que rompe la progresividad del impuesto, pues su aplicación genera cantidades que no son progresivas, por lo que resulta contrario al principio de proporcionalidad.
33. De ahí que, contrario a lo señalado por la responsable, las quejosas expusieron argumentos para evidenciar la inconstitucionalidad del artículo reclamado, lo que conlleva a declarar infundada la causa de improcedencia en estudio.
34. En el considerando cuarto del fallo recurrido, la juzga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33179-239d421a/impuesto-predial-efecto-del-amparo-contra-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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