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Modo: Corpus Pro

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 71, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. EN LA INTEGRACIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS, NO SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL ACUSATORIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 676/2024. · Registro digital (IUS): 33454
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.1026.

AMPARO EN REVISIÓN 676/2024. CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Y OTROS. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.

SÍNTESIS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en contra de diversas personas morales y físicas por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema nacional de salud. Sustanciada la etapa de investigación, así como el procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno de la COFECE determinó la existencia de los hechos denunciados, así como sanciones económicas a las personas responsables. Inconformes, Centrum Promotora Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) y dos personas físicas, promovieron juicio de amparo indirecto al considerar que la valoración probatoria practicada por la COFECE había sido ilegal, y que los artículos 71, párrafo cuarto, 84 y 115, párrafo segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), así como 59, 60, 81, 101, 102 y 164 de sus Disposiciones Regulatorias (DRLFCE) eran inconstitucionales. En su determinación, el juzgado de distrito del conocimiento resolvió negar el amparo solicitado. En contra, Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V. y otros interpusieron recurso de revisión. El tribunal colegiado del conocimiento determinó reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver los temas de constitucionalidad planteados.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 123/2024 interpuesto en contra de la resolución dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República el treinta de enero de dos mil veinticuatro, en el juicio de amparo indirecto 348/2020.

El problema jurídico por resolver en la Segunda Sala de esta SCJN consiste en verificar la constitucionalidad de los artículos 71, párrafo cuarto, 84 y 115, párrafo segundo, de la LFCE, así como 59, 60, 81, 101, 102 y 164 de las DRLFCE conforme a los agravios planteados por la recurrente.

ANTECEDENTES

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en contra de diversas personas morales y físicas, entre ellas, Centrum Promotora Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), ********** y **********.

2. El uno de abril de dos mil dieciséis, la autoridad investigadora de la COFECE ordenó el inicio de la investigación bajo el número de expediente DE-011-2016, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema nacional de salud.

3. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad investigadora dictó el acuerdo de conclusión de la investigación. Posteriormente emitió el dictamen de probable responsabilidad por medio del cual ordenó emplazar por la probable comisión de las conductas contempladas en el artículo 53 de la LFCE, a los agentes económicos investigados.

4. El nueve de julio de dos mil veinte, el Pleno de la COFECE dictó resolución en la cual determinó la responsabilidad de diversas personas físicas y morales. El monto de las multas fue el siguiente:

A. Para Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., la multa asciende a $********** (**********), que equivale al 100% (cien por ciento) de la multa máxima prevista para la conducta sancionada.

B. Para **********, la multa asciende a $**********), que equivale al ********** (**********) de la multa máxima prevista para la conducta sancionada.

C. Para **********, la multa asciende a $**********), que equivale al ********** (**********) de la multa máxima prevista para la conducta sancionada.

5. Demanda de amparo indirecto. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., así como ********** y ********** promovieron demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame.

(...)

Del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica se reclama:

1. La resolución definitiva de fecha nueve de julio de dos mil veinte, emitida dentro del procedimiento seguido en forma de juicio ante esa Comisión, bajo el número de expediente DE-011-2016.

(...)

2. Del ciudadano titular del Poder Ejecutivo Federal, el Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la iniciativa, promulgación, y orden de publicación del Decreto que contiene la Ley Federal de Competencia Económica, particularmente los artículos 71 tercer y cuarto párrafo, 84, 115 segundo párrafo y 121;

a. Asimismo, se reclama la iniciativa, promulgación, y orden de publicación del Decreto que contiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente los artículos 96, 199, fracción III, 215 y 216.

3. De la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión y aprobación del decreto que contiene la Ley Federal de Competencia Económica, particularmente los artículos 71 tercer y cuarto párrafo, 84, 115 segundo párrafo y 121; y

a. Asimismo, se reclama la discusión y aprobación del decreto que contiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente los artículos 96, 199, fracción III,215 y 216.

4. De la Cámara de Senadores del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión y aprobación del decreto que contiene la Ley Federal de Competencia Económica, particularmente los artículos 71 tercer y cuarto párrafo, 84, 115 segundo párrafo y 121.

a. Asimismo, se reclama la discusión y aprobación del decreto que contiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente los artículos 96, 199, fracción III, 215 y 216.

6. En su demanda, las personas quejosas expusieron argumentos de legalidad en los cuales adujeron que la integración y valoración hecha a diversos elementos de convicción —comparecencias, comunicaciones privadas, documentos electrónicos— había sido ilegal por violar diversos principios, entre ellos, el de inviolabilidad en las comunicaciones y el de igualdad de armas. Además, atacaron la forma en la que la COFECE configuró las prácticas monopólicas supuestamente cometidas, así como la aplicación retroactiva de la LFCE publicada en dos mil catorce. Asimismo, hicieron valer los argumentos de constitucionalidad siguientes:

• Los artículos 84 y 121 de la LFCE, 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE y 96, 199, fracción III, 215 y 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), son inconstitucionales por ser contrarios a los principios de contradicción, inmediación, igualdad de armas y no autoincriminación.

• Los artículos impugnados permiten valorar comparecencias realizadas en la etapa de investigación como confesionales y testimoniales, sin que tengan que volver a desahogarse en el procedimiento seguido en forma de juicio. Esto implica que se integren diligencias en las que las personas investigadas se hayan auto incriminado.

• El artículo 81 de las DRLFCE establece que los probables responsables pueden presentar un interrogatorio para los comparecientes en el momento de la contestación del dictamen de conclusión de la investigación. Ello constituye una falsa garantía de audiencia.

• Las declaraciones rendidas en la etapa de investigación deben ser sometidas a las formalidades que prevé la ley. Su desahogo tuvo que haberse hecho por la COFECE, órgano que tiene el mandato de conducirse imparcialmente. De ahí que los artículos controvertidos violen el principio de inmediación.

• Las normas impugnadas impiden analizar a las declaraciones rendidas en la etapa de investigación mediante un ejercicio contradictorio, dado el impedimento para plantear interrogantes que controviertan la credibilidad de la versión proporcionada por el imputado.

• El artículo 115, párrafo segundo de la LFCE es contrario al principio de seguridad jurídica porque le confiere a la COFECE discrecionalidad para determinar sus días inhábiles.

• Esta facultad le otorga a la autoridad una herramienta para que pueda extender sus plazos y términos legales, sin que existan parámetros con los cuales se dote de certeza a las personas investigadas sobre la determinación de los días inhábiles. El legislador debe establecer lineamientos específicos para el ejercicio de esa facultad.

• Así, la norma no establece límites a la autoridad para que suspenda labores o cierre sus oficinas. Lo que puede ser usado discrecionalmente con la finalidad de dilatar procedimientos de investigación.

• El artículo 71 de la LFCE es contrario al artículo 16 constitucional en tanto no establece cuáles son los elementos para que la autoridad pueda ampliar el periodo de investigación.

• El precepto citado no establece cuáles son los elementos mínimos, ni las causas debidamente justificadas que deben actualizarse a fin de que la autoridad amplíe el periodo de investigación.

• La facultad del legislador ordinario para regular procedimientos administrativos no es irrestricta, sino que se encuentra limitada a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y tratados internacionales.

• El legislador debió prever el mecanismo, así como las circunstancias específicas para que la autoridad ejerza la facultad que le confiere el artículo impugnado.

• El sistema normativo de notificaciones conformado por los artículos 59, 163, 164 y 165 de las DRLFCE es inconstitucional en tanto no considera que debe notificarse de manera personal el acuerdo de ampliación de la investigación.

• El derecho de la quejosa a ser notificada personalmente se traduce en una formalidad esencial del procedimiento toda vez que tiene por objeto darle aviso real y oportuno sobre las actuaciones de la autoridad.

• Los acuerdos de ampliación deben ser conocidos plenamente por los interesados en tanto constituyen actos de trascendencia para el proceso administrativo sancionador por prácticas monopólicas absolutas.

• Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 1/2018 (10a.) de la SCJN, todo apercibimiento debe notificarse personalmente a quien esté dirigido, a fin de hacerlo efectivo.

• Igualmente, resulta inconstitucional que se prevea que la notificación del acuerdo de ampliación debe hacerse en la página de internet de la COFECE, pues ésta debe hacerse de manera personal a fin de garantizar un mayor beneficio para las personas investigadas.

7. Sentencia de amparo indirecto. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el número de expediente 348/2020. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, el juzgado determinó, por una parte, sobreseer en el juicio respecto de los artículos 121 de la LFCE; y 96, 199, fracción III, 215 y 216 del CFPC, y por otra, negar el amparo a los quejosos por considerar infundados sus conceptos de violación de constitucionalidad y de legalidad. Sobre las normas tildadas de inconstitucionales, emitió las consideraciones siguientes:

• No se tienen como actos reclamados los artículos 163 y 165 de las DRLFCE, debido a que el reclamo de la quejosa es que dicho ordenamiento no incluye al acuerdo de ampliación del periodo de la investigación dentro del listado de supuestos en los que la notificación debe realizarse personalmente, aspecto que se encuentra normado en el artículo 164.

• Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII ambos de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 121 de la LFCE; y 96, 199, fracción III, 215 y 216 del CFPC, ya que no se formularon conceptos de violación en su contra.

• Es infundado el argumento relativo a que el artículo 71, cuarto párrafo de la LFCE es inconstitucional, ya que no es contrario al debido proceso y al principio de seguridad y certeza jurídica.

• Dicha norma prevé que el período de investigación podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones, cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la autoridad investigadora.

• La porción reclamada acota de manera razonable las facultades de la autoridad investigadora para ampliar el período de investigación, pues si bien prevé una facultad de ejercicio potestativo, debe existir una causa debidamente justificada para que la autoridad proceda en ese sentido.

• El hecho de que la norma no establezca un catálogo específico de las hipótesis en los que la autoridad estará habilitada para ampliar el periodo de investigación, de manera alguna implica su inconstitucionalidad. Esto es así, porque el legislador no puede conocer todas las circunstancias futuras de aplicación de las normas.

• Es infundado e inoperante el argumento relativo a que el artículo 115, párrafo segundo, de la LFCE transgrede el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 16 constitucional.

• Este precepto prevé que cuando se suspendan labores o cuando las oficinas de la autoridad permanezcan cerradas, dichos días serán considerados como inhábiles, para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación expresa para la realización o práctica de diligencias.

• La norma no confiere facultades a la COFECE para suspender labores, únicamente establece que la consecuencia para el caso de que se actualice dicho supuesto será considerar que los días serán inhábiles. De ahí que este precepto no sea inconstitucional.

• Es infundado el concepto de violación relativo a que los artículos 84 de la LFCE; y 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE, son inconstitucionales por violar los principios de contradicción, inmediación, igualdad procesal y de seguridad jurídica.

• El artículo 84 de la LFCE dispone la facultad de la COFECE de valorar con libertad las pruebas rendidas. Si bien este precepto prevé en favor de la autoridad un sistema de libre apreciación de los medios de convicción, ello no implica el desconocimiento del principio de seguridad jurídica, porque no la exime de fundar y motivar su conclusión.

• La discrecionalidad que otorga el precepto únicamente se refiere a la posibilidad de la autoridad para valorar las pruebas, pero no la exime de exponer los razonamientos para desestimar u otorgar valor probatorio a los elementos de convicción. De ahí que el artículo sea constitucional.

• Por su lado, los artículos 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE disponen diversos lineamientos sobre los medios de prueba y de convicción recabados, ofrecidos o desahogados tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento seguido en forma de juicio.

• Los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal derivan del derecho penal acusatorio. Estos principios no resultan aplicables a la materia administrativa, debido a que son incompatibles con la naturaleza de los distintos procedimientos que la conforman.

• El procedimiento para la sanción de prácticas monopólicas absolutas tiene su propio diseño en la LFCE, por lo que no debe pretenderse que el mismo se desahogue conforme a los principios propios del proceso penal acusatorio.

• El hecho de que los preceptos impugnados permitan que las declaraciones obtenidas en la etapa de investigación se valoren como una prueba confesional o testimonial no transgreden los derechos de debido proceso, audiencia y presunción de inocencia.

• Lo anterior debido a que la propia norma prevé la posibilidad de que los probables responsables puedan ofrecer interrogatorio o puntos de observación respecto de las inspecciones.

• Es infundado el concepto de violación relativo a que los artículos 59 y 164 de las DRLFCE son contrarios al principio de seguridad jurídica.

• El artículo 59 de las DRLFCE establece que debe publicarse un extracto del acuerdo de ampliación del periodo de la investigación en el sitio de internet de la Comisión a más tardar el día del vencimiento del plazo del periodo inmediato anterior. Por su parte, el artículo 164 dispone un listado de supuestos en los que la notificación debe realizarse de manera personal, dentro del cual no se incluye a los acuerdos de ampliación del plazo de la investigación.

• De la lectura de diversas disposiciones de la LFCE se desprende que, en la etapa de investigación de un procedimiento por prácticas monopólicas, aún no existe la identificación de los hechos, ni de aquellas personas que tienen la calidad de probables responsables de su comisión.

• En este sentido, los acuerdos de ampliación del periodo de investigación son el resultado de la potestad que tiene la autoridad investigadora para emitir actos tendientes a que la investigación no se suspenda. Al dictarse dentro de la etapa de investigación, estos acuerdos no se dirigen a una persona en lo particular.

• De ahí que la previsión de publicar en la página de internet de la Comisión un extracto de los acuerdos de ampliación resulta acorde con el momento procesal en que se produce esa actuación.

• El hecho de que tratándose de las notificaciones personales se entregue copia certificada o resolución a notificar y tratándose de la notificación por lista como es la de los acuerdos por los que se amplía la etapa de investigación, no causan incertidumbre jurídica, toda vez que dichos actos no se dirigen a una persona en particular.

• Por lo que no se actualizan los vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen a los artículos 59 y 164 de las DRLFCE.

8. Recurso de revisión. En contra de esta determinación, las personas quejosas interpusieron recurso de revisión en el que reiteraron sus argumentos de legalidad y de constitucionalidad. Sobre los últimos, adujeron los agravios siguientes:

• Primero. El artículo 71, párrafos tercero y cuarto de la LFCE resulta inconstitucional porque atenta contra el principio a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la CPEUM.

• Dicho precepto no regula de manera clara los parámetros que deben verificarse, ni el procedimiento que seguirá la autoridad para ejercer la facultad que le es conferida, relativa a la ampliación del periodo de investigación.

• La norma debería contener elementos o parámetros mínimos, así como las causas justificadas para determinar en qué casos se puede ampliar el periodo de investigación. El hecho de que no los tenga, permite que la autoridad ejerza sus facultades de manera arbitraria.

• Segundo. El artículo 115 de la LFCE es contrario al principio de seguridad jurídica, toda vez que permite un actuar doloso y arbitrario por parte de la autoridad.

• El precepto impugnado sí le confiere facultades a la COFECE, pues le da el poder de considerar como inhábil cualquier día que así lo estime.

• La norma no establece algún lineamiento objetivo para que las labores sean suspendidas. Además, tampoco dispone que la autoridad deberá fundar y motivar la decisión relativa a dicha suspensión.

• La COFECE omitió precisar su competencia material para suspender labores en un acuerdo de suspensión. • Tercero. El artículo 84 de la LFCE y los numerales 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE son inconstitucionales por ser contrarios a los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

• De la LFCE no se desprende que el legislador haya impuesto un sistema de valoración probatorio para la autoridad responsable, pero sí estableció la supletoriedad del CFPC en lo no previsto por la propia LFCE y por las DRLFCE.

• Las DRLFCE son de carácter reglamentario y son emitidas por la propia COFECE. No se puede pretender que se juzgue a las quejosas con base en dicha normativa y no conforme a un sistema de valoración establecido en la ley.

• El artículo 84 de la LFCE resulta inconstitucional en la medida que prevé un sistema de valoración probatoria muy amplio que llega a la discrecionalidad. Dicha amplitud permite recabar, valorar pruebas ilegales, y dotarlas de mayor valor probatorio que las aportadas por alguna de las partes.

• Contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, los principios del derecho penal acusatorio sí resultan aplicables al derecho administrativo sancionador.

• El artículo 81 de las DRLFCE es contrario a los principios de igualdad de armas, de contradicción y de inmediación. Esto, en la medida en la que las personas investigadas no pueden impugnar las comparecencias realizadas en la etapa de investigación en las que se hayan auto incriminado. Además, las DRLFCE le dan valor de confesional y testimonial a dichas comparecencias, sin que éstas sean conocidas por el Pleno de la COFECE, sino por su autoridad investigadora.

• Cuarto. El sistema normativo compuesto por los artículos 59, 163, 164 y 165 de las DRLFCE es contrario al principio de seguridad jurídica.

• El juzgado de distrito violó el principio de exhaustividad pues omitió considerar que las personas quejosas atacaron a los preceptos citados como un sistema normativo que regula la forma en la cual se llevan a cabo las notificaciones.

• Dicho sistema no prevé que los acuerdos de ampliación de la investigación por prácticas monopólicas sean notificados de manera personal, lo que impide que las personas investigadas puedan conocer de la existencia de dichos acuerdos.

• La etapa de investigación está relacionada con la denuncia de agentes económicos a los que se señale de la supuesta comisión de hechos monopólicos. Por lo que, contrario a lo aducido por el juzgado de distrito, esta etapa sí identifica a personas a quienes se les debe notificar.

• El juzgado de distrito no consideró que en la demanda de amparo se atacó el hecho de que las normas no definen en qué medio electrónico se tiene que publicar el acuerdo de ampliación de la etapa de investigación, lo que genera incertidumbre jurídica en las personas investigadas.

9. Recurso de revisión adhesivo. Por su parte, el Pleno de la COFECE interpuso recurso de revisión adhesivo. En su escrito, la COFECE hizo valer los argumentos de constitucionalidad siguientes:

• Deben mantenerse firmes las consideraciones del juzgado de distrito que tuvieron como actos no reclamados a los artículos 163 y 165 de las DRLFCE, ya que estas disposiciones no están relacionadas con el acuerdo de ampliación del periodo de investigación.

• Es infundado el argumento de las personas recurrentes principales relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE. Al respecto, los principios del derecho penal acusatorio —igualdad de armas, contradicción e inmediación— no resultan aplicables a la etapa de investigación por prácticas monopólicas absolutas.

• Es infundado el agravio que sostiene la inconstitucionalidad de los artículos 59 y 164 de las DRLFCE. Esto, en la medida en la que los acuerdos de ampliación de la etapa de investigación no afectan el interés jurídico de las personas investigadas. De ahí que la autoridad no está obligada a notificar estos acuerdos, pues sólo debe motivarlos y fundamentarlos.

10. Resolución del tribunal colegiado de circuito. Del recurso correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el número de expediente del amparo en revisión 123/2024.

11. En sesión de dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, el tribunal colegiado dictó resolución en la cual determinó reservar la jurisdicción del asunto a esta SCJN, a efecto de que se pronunciara sobre la constitucionalidad de los artículos 71, párrafo cuarto, 84 y 115, párrafo segundo de la LFCE, así como 59, 60, 81, 101, 102 y 164 de las DRLFCE.

12. Trámite ante esta SCJN. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN determinó asumir la competencia originaria para conocer del recurso de revisión y del recurso de revisión adhesivo, registró el asunto con el número de expediente de amparo en revisión 676/2024, instruyó su turno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, y ordenó su radicación en la Segunda Sala de esta SCJN.

13. Avocamiento. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la Ministra Ponente.

14. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

15. La Segunda Sala de esta SCJN es competente para conocer y resolver este recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a, de la CPEUM; 83, párrafo primero de la Ley de Amparo; 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF); así como de conformidad a lo previsto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril de ese mismo año, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala, cuya resolución no amerita la intervención del tribunal pleno.(1) Lo anterior, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad de una norma federal respecto de la cual que no existe jurisprudencia.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

16. Esta Segunda Sala considera innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y legitimación del recurso de revisión y del recurso de revisión adhesivo, en virtud de que el tribunal colegiado del conocimiento atendió esos aspectos en los puntos considerativos segundo, tercero y cuarto de su ejecutoria.

III. PROCEDENCIA

17. Esta Segunda Sala no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, por lo que el presente asunto amerita el estudio de fondo correspondiente.

IV. ESTUDIO DE FONDO

18. Materia de análisis. Esta Segunda Sala analizará los agravios de constitucionalidad formulados por las personas quejosas en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el amparo indirecto 348/2020.

19. Las personas quejosas sostienen la inconstitucionalidad de los artículos 71, párrafo cuarto, 84 y 115, párrafo segundo, de la LFCE, así como 59, 60, 81, 101, 102, 163,164 y 165 de las DRLFCE, por considerarlos contrarios al principio de seguridad jurídica, y a los principios del derecho penal acusatorio.

20. Esta Segunda Sala de la SCJN debe resolver si el artículo 71, párrafo cuarto de la LFCE es violatorio del principio de seguridad jurídica por establecer la facultad de la autoridad investigadora para emitir los acuerdos de ampliación del periodo de investigación. Además, debe analizar si el artículo 115, párrafo cuarto es acorde al artículo 16 de la CPEUM, en tanto establece que los días en los que se suspendan labores y en los que cierren las oficinas de la autoridad se considerarán como inhábiles.

21. Igualmente, deberá determinar si los artículos 84 de la LFCE y 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE son contrarios al principio de seguridad jurídica y a los principios del derecho penal acusatorio toda vez que establecen un sistema de libre apreciación, obtención y desahogo de los medios de convicción. Finalmente, tendrá que resolver si los artículos 59 de la LFCE y 164 de las DRLFCE son violatorios del artículo 16 de la CPEUM al no establecer que los acuerdos de ampliación del periodo de investigación deben notificarse de manera personal.

22. Por otro lado, esta Segunda Sala no analizará la constitucionalidad de los artículos 163 y 165 de las DRLFCE, toda vez que no regulan aspectos relacionados con la notificación de los acuerdos de ampliación del periodo de investigación ni con las notificaciones que deben realizarse de manera personal, es decir, dichos preceptos no constituyen actos reclamados.

23. Además, esta Segunda Sala no estudiará la constitucionalidad de los artículos 121 de la LFCE; y 96, 199, fracción III, 215 y 216 del CFPC toda vez que tales normas fueron sobreseídas por el juez de distrito y la quejosa no controvirtió tal determinación, de ahí que se considere firme su sobreseimiento.

24. Así, en atención a los agravios formulados por las personas recurrentes, el desglose del estudio de la constitucionalidad de los artículos impugnados se hará de la manera siguiente: (I) artículo 71, párrafo cuarto, de la LFCE; (II) artículo 115, párrafo segundo, de la LFCE; (III) artículos 84 de la LFCE y 60, 81, 101 y 102 de las DRLFCE; y, (IV) artículos 59 y 164 de las DRLFCE.

(I) Constitucionalidad del artículo 71, párrafo cuarto de la LFCE

25. Es infundado el argumento de las personas recurrentes relativo a que el artículo 71, párrafo cuarto de la LFCE es c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33454-63564f5b/practicas-monopolicas-la-ampliacion-del-periodo-de-investigacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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