COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE) PARA REQUERIR INFORMES Y DOCUMENTOS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 565/2023. 7 DE FEBRERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: ********** es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas, cuyo objeto social es la compraventa, arrendamiento, permuta, adquisición, construcción y acondicionamiento, así como la importación y exportación de todo tipo de instrumental, productos, aparatos y equipo médico y quirúrgico, para uso o venta en clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios, farmacias, almacenes, centros de investigación y experimentación, tanto privados como públicos.
El diez de marzo de dos mil dieciséis, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de las empresas **********, **********, **********, **********, ********** y **********. Después de llevar a cabo visitas de verificación y formular requerimientos de información, el siete de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión Federal de Competencia Económica inició el procedimiento seguido en forma de juicio y emplazó a los agentes económicos responsables.
El nueve de julio de dos mil veinte el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica dictó la resolución que puso fin al procedimiento, en la que determinó que quedó acreditada la responsabilidad de diversas personas físicas y morales en la comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema de salud en el territorio nacional.
Inconformes con la determinación anterior, **********, ********** Y ********** promovieron juicio de amparo indirecto, en el que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica a la luz del principio de seguridad jurídica, así como la legalidad de la resolución del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica que determinó su responsabilidad por prácticas monopólicas absolutas e impuso una multa a los quejosos.
El veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, dictó sentencia en el amparo indirecto ********** mediante el cual determinó negar el amparo a los quejosos. Inconformes con lo anterior, los ahora recurrentes interpusieron recurso de revisión, controvirtiendo, por un lado, la determinación del Juez de Distrito respecto a la constitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica y, por otro, la declaración de legalidad de la resolución del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica que determinó la responsabilidad de los recurrentes.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 565/2023, promovido en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república en el juicio de amparo **********.
2. El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si resulta inconstitucional que el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica no prevea un plazo máximo dentro del que la autoridad pueda ejercer sus facultades de requerimiento de información necesaria para realizar sus investigaciones a la luz del principio de seguridad jurídica.
I. ANTECEDENTES
3. 1.1. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA QUEJOSA. ********** es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas, cuyo objeto social es la compraventa, arrendamiento, permuta, adquisición, construcción y acondicionamiento, así como la importación y exportación de todo tipo de instrumental, productos, aparatos y equipo médico y quirúrgico, para uso o venta en clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios, farmacias, almacenes, centros de investigación y experimentación, tanto privados como públicos.
4. 1.2. DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de las empresas **********, ***********,**********, **********, ********** Y **********. El uno de abril de dos mil dieciséis, el denunciante presentó dos escritos de ampliación de la denuncia.
5. 1.3. INICIO DE INVESTIGACIÓN. El uno de abril de dos mil dieciséis, el Titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, ordenó el inicio de la investigación correspondiente en el expediente **********, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema nacional de salud, mismo que constituyó el mercado investigado.
6. 1.4. PUBLICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN. El trece de abril de dos mil dieciséis, se publicó el aviso de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de internet de la Comisión Federal de Competencia Económica.
7. 1.5. VISITA DE VERIFICACIÓN. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, personal de la Autoridad Investigadora de la COFECE se presentó en el domicilio de ********** con la finalidad de llevar a cabo la visita de verificación, derivada de la orden de veintidós de noviembre de ese año; visita que se llevó a cabo al tenor del Acta de Visita de Verificación correspondiente.
8. 1.6. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se notificó a ********** el oficio **********, de once de octubre previo, dictado en el expediente ********** por el Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la COFECE, por medio del cual fue requerida diversa información y documentación.
9. 1.7. ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Titular de la Autoridad Investigadora dictó el acuerdo de conclusión de la investigación radicada en el expediente. Un extracto del acuerdo se publicó en la página de internet de la Comisión el nueve de noviembre de dos mil dieciocho.
10. 1.8. EMISIÓN DE DICTAMEN DE PROBABLE RESPONSABILIDAD Y ORDEN DE EMPLAZAMIENTO. El quince de febrero de dos mil diecinueve, el Titular de la Autoridad Investigadora emitió el dictamen de probable responsabilidad, por medio del cual ordenó emplazar por la probable comisión de las conductas contempladas en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, a los siguientes agentes económicos:
Por la probable violación al artículo 53, fracciones IV(1) y V,(2) de la Ley Federal de Competencia Económica:
A. **********, sociedad anónima de capital variable, **********, y sus representantes **********, ********** y **********.
B. **********, y sus representantes ********** e **********.
C. **********, y sus representantes ********** y **********.
D. **********, y sus representantes ********** y **********.
E. **********, y su representante **********.
F. ********** y **********, y sus representantes ********** por ambas fracciones, ********** únicamente por la fracción IV, y ********** únicamente por la fracción V.
Por la probable violación al artículo 53, fracción IV,(3) de la Ley Federal de Competencia Económica:
G. **********.
H. **********, **********, ********** y **********, y su representante **********.
11. 1.9. INICIO DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. El siete de marzo de dos mil diecinueve, el Pleno de la Comisión instruyó al Secretario Técnico para dar inicio al procedimiento seguido en forma de juicio y emplazar a los agentes económicos responsables. De igual forma, la Comisión Federal de Competencia Económica allegó, de manera oficiosa, diversos medios de convicción al expediente.
12. 1.10. RESOLUCIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. El nueve de julio de dos mil veinte, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica dictó la resolución que puso fin al procedimiento, en la que determinó que quedó acreditada la responsabilidad de diversas personas físicas y morales en la comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53, fracciones IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema de salud en el territorio nacional. Dicha actuación se notificó por comparecencia a la parte quejosa el veintitrés de julio de dos mil veinte.
13. 1.11. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. Inconforme con la determinación anterior, por escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de agosto de dos mil veinte; y, recibido al día hábil siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, **********, ********** y **********, éstos últimos por propio derecho, promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Ver autoridades y actos reclamados
14. En dicha demanda, se expresaron como preceptos vulnerados los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. Asimismo, se expresaron como conceptos de violación, en esencia, los siguientes:
Concepto de violación relacionado con un estudio de constitucionalidad:
a. El artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica es violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello, pues el precepto legal establece que la autoridad investigadora está facultada para requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones. Sin embargo, no prevé un plazo máximo dentro del cual la autoridad pueda ejercer esa facultad, lo que genera incertidumbre al particular sobre el tiempo que debe conservar la información y los documentos para el debido cumplimiento de los requerimientos que le sean formulados. En el caso, la aplicación del precepto normativo que se tilda inconstitucional causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de los quejosos, pues sirvió como base para la emisión de la resolución impugnada de la COFECE.
Conceptos de violación relacionados con un estudio de legalidad:
b. La investigación que se llevó a cabo en contra de los quejosos, en el expediente **********, es violatoria de los principios constitucionales de legalidad, así como fundamentación y motivación.
Ello, pues 1) la autoridad investigadora y la Dirección General de Investigaciones y Prácticas Monopólicas Absolutas de la COFECE fueron totalmente omisas en señalar si la supuesta denuncia, con base en la cual se abrió la investigación, cumplió o no con los requisitos establecidos por los artículos 68 y 69 de la LFCE; 2) en el acuerdo de inicio de investigación de 1o. de abril de 2016 la autoridad omitió señalar la causa objetiva por la que se ordenó el inicio de la investigación, tal como lo ordena el artículo 71 de la LFCE; 3) la autoridad fue omisa en precisar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 53 de la LFCE considera actualizada en el caso y, en consecuencia, también omitió manifestar las razones que motivaran el inicio de la investigación.
c. La resolución reclamada es violatoria de los principios de seguridad jurídica y debida fundamentación, irretroactividad y exacta aplicación de la ley, dado que aplicó en manera retroactiva, en perjuicio de los quejosos, la LFCE vigente a partir del 7 de julio del 2014.
No resulta procedente aplicar el plazo de caducidad de diez años a que se refiere la LFCE que entró en vigor a partir del siete de julio del dos mil catorce respecto de conductas prohibidas supuestamente realizadas durante la vigencia de la Ley anterior que establecía un plazo de caducidad de cinco años. A su juicio, no es válido argumentar que las conductas cesaron hasta el año dos mil quince, como lo pretende la autoridad responsable, pues debe estimarse que el inicio del cómputo del plazo de extinción de facultades es el de realización de la práctica monopólica, no de su cesación.
d. La resolución reclamada es violatoria de los derechos humanos de progresividad, irretroactividad de la ley, legalidad y debida fundamentación y motivación, consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales.
Ello, puesto que la autoridad responsable acudió ilegalmente a los principios penales de conducta continuada y de prescripción de la acción penal para revestir de una aparente validez las facultades ya extintas de la Comisión para iniciar investigaciones que pudieran derivar en responsabilidad, así como imponer sanciones respecto de supuestos hechos acontecidos en cinco licitaciones, sin embargo, en el caso, no está acreditado como la conducta de los quejosos constituye una "conducta continuada".
e. La resolución reclamada es violatoria del principio constitucional de debida motivación.
Esto, al determinar que la supuesta actuación de los quejosos debe considerarse como una sola conducta continuada, sin embargo, no se encuentra demostrado que la supuesta actividad de los quejosos, en las distintas licitaciones, hubiera tenido unidad de propósito, en la medida que la autoridad responsable es omisa en justificar la manera en que las conductas desplegadas durante un proceso licitatorio pudiesen haber tenido como fin o propósito la obtención ilícita de un beneficio en un proceso licitatorio diverso, ni que ello fuera con motivo de la integración de un grupo delictivo.
f. Las pruebas valoradas por la autoridad responsable no resultan aptas ni suficientes para probar con certidumbre los hechos secundarios (participación de los quejosos en el "grupo de los seis" y en las comunicaciones entre los competidores), porque carecen de valor probatorio plano, dado que se otorga valor probatorio a documentos privados de terceros, que fueron debidamente objetados, y a declaraciones de testigos que no cumplen con requisitos legalmente establecidos.
No hay un nexo causal entre los hechos secundarios y la conducta imputada, que justifique de manera suficiente la conclusión hipotética que arriba la autoridad responsable, pues las pruebas indiciarias resultan ineficientes para probar que los quejosos participaron en las reuniones o en las comunicaciones que actualizaron las conductas sancionadas. Existen diversas pruebas que acreditan que los quejosos no participaron en la práctica monopólica, las cuales no fueron valoradas por al responsable.
g. La resolución reclamada es violatoria de los principios de seguridad jurídica y debida motivación.
Por un lado, es incongruente en sí misma y, por otro, porque otorga valor demostrativo a pruebas carentes de fiabilidad.
h. La resolución reclamada es violatoria del principio de presunción de inocencia.
La autoridad responsable no logró una estructura demostrativa para desvanecer y destruir dicha presunción.
i. La resolución reclamada es violatoria del principio constitucional de debida motivación, consagrada en el artículo 16 de la Carta Magna, puesto que la autoridad responsable, para desestimar los argumentos de los quejosos por los que se controvierten el DPR, omite realizar un verdadero análisis jurídico que justifique su determinación.
Es decir, la responsable, lejos de dar contestación puntual y directa a los argumentos planteados, se limitó a realizar afirmaciones categóricas, para lo que enumeró una serie de pruebas, sin acudir de manera precisa a su contenido y, sobre todo, sin realizar su concatenación.
j. El acto reclamado violó el derecho a la presunción de inocencia de Guillermo Hermosillo, puesto que la autoridad no identificó clara y específicamente, aquellas conductas que cada uno de los sujetos llevó a cabo y cómo ello se tradujo en una práctica monopólica.
Además, ni durante la etapa de investigación, como dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, existió información, documentación ni ningún otro medio de prueba del que se desprenda la supuesta participación del quejoso en las prácticas monopólicas imputadas.
k. La multa impuesta a los quejosos es ilegal al haberse impuesto en contravención a los principios de debida motivación y, al ser excesiva, en violación a los artículos 14 y 22 constitucionales.
16. 1.12. Registro de la demanda y formulación de prevención. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, se ordenó su registro bajo el número ********** y se formuló prevención a la parte quejosa para que exhibiera las copias necesarias del instrumento notarial con el que el promovente acreditó su personalidad.
17. 1.13. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Previo desahogo de la prevención formulada, por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, la demanda se desechó parcialmente por la reforma al artículo 28, párrafo veinte, fracción VII, de la Constitución, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo.
18. Por otro lado, en dicho acuerdo se dejaron de tener como actos reclamados los consistentes en el acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis y el oficio **********, de once de octubre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente **********; y, como autoridades responsables al Titular de la Unidad de Investigación y al Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo anterior, al tratarse de actos intraprocesales.
19. Asimismo, se admitió la demanda respecto del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica y la resolución de nueve de julio de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo **********; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento como tercero interesado del Instituto Mexicano del Seguro Social y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
20. En ese sentido, la autoridad precisó que los actos reclamados materia del juicio de amparo indirecto serían los siguientes: 1) el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, acto que se atribuye tanto al Congreso de la Unión, como al Presidente de la República; y 2) la resolución de nueve de julio de dos mil veinte dictada en el expediente ********** a través de la cual se determinó la responsabilidad de los quejosos por participar en la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 53, fracciones IV y V de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con éstos, contratados por el sistema nacional de salud en el territorio nacional; y, la consecuente imposición de una multa, acto que se atribuye al Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. 21. 1.14. Suspensión de plazos y términos procesales. A través de la circular SECNO/29/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y del público en general el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", en el que, entre otras cuestiones, se determinó que durante el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno quedaban suspendidos los plazos y términos procesales y únicamente se daría trámite a los juicios de amparo calificados como urgentes y a los que se tramitarán bajo la modalidad de juicio en línea.
22. 1.15. Ampliación de suspensión de plazos y términos procesales. En las circulares SECNO/1/2021, SECNO4/2021 y SECNO/6/2021, de ocho, dieciséis y veintitrés de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se amplió la suspensión de plazos y términos procesales, durante el periodo comprendido del doce de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno.
23. 1.16. Reanudación de actividades. A través de la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar al esquema establecido en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.
24. 1.17. Audiencia. Seguidos los trámites de ley, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional.
25. 1.18. Sentencia de amparo indirecto. Mediante sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Juez de Distrito determinó negar el amparo. Lo anterior, en esencial, a partir de los siguientes razonamientos:
• Respecto al planteamiento de constitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de competencia Económica: La autoridad concluyó que la falta de previsión de un plazo para ejercer las facultades de requerimiento previstas en el citado artículo no configura una transgresión al principio de seguridad jurídica, pues en la propia ley se encuentran acotadas las facultades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica, en concreto, en el artículo 137(5) de la misma.
A razón de lo anterior, sostuvo que es evidente que la autoridad puede ejercer sus facultades para requerir información o documentos relacionados con un procedimiento de investigación, siempre que las facultades para investigar los hechos no se encuentren prescritas.
• Respecto a los argumentos relacionados con la legalidad de la resolución dictada en el expediente **********: Consideró infundados e inoperantes los argumentos, esencialmente, a partir de lo siguiente:
- A partir de un estudio de diversos criterios jurisprudenciales, consideró correcta la decisión de la autoridad responsable sobre la naturaleza de la conducta investigada, esto es, que la práctica monopólica sancionada constituyó una conducta continuada. Ello, puesto que las dos conductas sancionadas consisten en el establecimiento de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los miembros del denominado grupo G6, consistentes en: 1) concretar o coordinar posturas o la abstención de éstas en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y bancos de sangre convocadas por el IMSS y el ISSTE; y 2) intercambiar información con el objeto o efecto de establecer, concretar o coordinar posturas o la abstención en dichas licitaciones. Prácticas anticompetitivas que se encuentran previstas en el artículo 53, fracción IV y V, de la Ley Federal de Competencia Económica. En ese sentido, estimó que la conducta colusoria investigada es continuada; y, por ende, debe aplicarse la norma vigente al momento de su conclusión, pues concurrieron con carácter general los siguientes requisitos: a) unidad de propósito; b) pluralidad de conductas; c) unidad de sujeto pasivo; y d,) violación al mismo precepto legal.
- La unidad de propósito se encuentra acreditada debido a que diversos agentes económicos incurrieron en una práctica monopólica absoluta, derivado de la colusión que llevaron a cabo durante un determinado lapso que abarca los concursos licitatorios realizados desde dos mil ocho y hasta el dos mil quince (existencia de un "pacto de no agresión"). Dicho pacto subsistió y se materializó a través de la toma de acuerdos y acciones específicas en cada una de las licitaciones que tuvieron lugar a partir de dos mil ocho y hasta dos mil quince, pudiendo variar la ejecución de acuerdo con factores tales como: los requerimientos establecidos en cada una de las licitaciones, los retos logísticos y financieros que se generaban para los participantes, los parámetros considerados para realizar los acuerdos de distribución.
- Existió una pluralidad de conductas, respecto de los acuerdos, convenios, o arreglos entre diversos agentes económicos, dedicados a la misma actividad, toda vez que el lapso investigado en el procedimiento administrativo existió participación en diversas licitaciones para el sector salud, para la prestación de los servicios integrados de laboratorio y bancos de sangre.
- Además, Es evidente la existencia de una unidad de sujeto pasivo, en virtud de que el sujeto pasivo en los acuerdos que dieron origen a la materialización de la práctica monopólica absoluta en la que participaron diversos agentes económicos, fue el sector salud del Estado Mexicano.
- Asimismo, existe una violación al mismo precepto legal, es decir, al artículo 53, fracciones IV y V de la nueva Ley Federal de Competencia Económica.
- Al tratarse de una conducta continuada, debe aplicarse la norma vigente al momento en que concluyó la práctica monopólica, esto es, la nueva Ley Federal de Competencia Económica.
- Así, si en el dictamen de probable responsabilidad; y, posteriormente, en la resolución reclamada se determinó que las conductas por las que se imputó la probable responsabilidad, de acuerdo con la información que obra en el expediente, cesaron, por lo menos, hasta dos mil quince y dos mil dieciséis, respectivamente, la autoridad investigadora tenía expeditas sus facultades para investigar la citada conducta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la legislación vigente. Por lo anterior, resultan ineficaces los argumentos relacionados con la aplicación retroactiva del citado artículo, pues se sustentan en la premisa de que la conducta sancionada no es continuada, sino de consumación instantánea.
- La autoridad responsable reconoció fuerza probatoria plena a los documentos después de un análisis particular de los siguientes aspectos: 1) la fiabilidad del método en el que la prueba fue generada, comunicada, comunicada, recibida, o archivada; 2) si es posible atribuir a los agentes económicos el contenido de la información que obra en la prueba; y 3) si la prueba se encuentra accesible para su ulterior consulta. Además, la autoridad valoró cada uno de los documentos de manera adminiculada junto con otras pruebas; y, en esa medida, les reconoció valor probatorio a efecto de que puedan considerarse indicios de la práctica monopólica y de la participación de los quejosos.
- No resulta exigible que la autoridad valore las pruebas siguiendo las reglas procesales previstas en los artículos 203 a 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que, en principio, la autoridad cuenta con facultades amplias para realizar la valoración de elementos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimientos Civiles, siempre que su determinación se encuentre debidamente fundada y motivada.
- En segundo término, porque debe atenderse a la naturaleza del procedimiento en el que se actúa, que es un procedimiento de investigación de una práctica monopólica, no así un procedimiento que resuelva una controversia entre los particulares, aunado a que debe considerarse la manera en que la prueba se allegó al procedimiento. Además, conforme a la normativa aplicable, la autoridad no está impedida a otorgar valor probatorio plano a las manifestaciones contenidas en las comparecencias de otros agentes económicos competidores. En el caso, fueron varios elementos probatorios los que se tomaron en cuenta, de manera adminiculada, para concluir la existencia de la responsabilidad atribuida a los quejosos. Además, se consideró correcta la decisión de la autoridad responsable relativa a que algunas de las respuestas de la prueba pericial ofrecida por el quejoso no controvierten las consideraciones del dictamen de probable responsabilidad.
- De la relación de pruebas realizada, la participación del quejoso ********** se determina con base en la información contenida en los Desahogos ********** y en las comparecencias rendidas por ********** y por **********.
- La autoridad responsable expuso una serie de consideraciones que justifican la determinación de cada uno de los parámetros establecidos en el artículo 130 de la Ley Federal de Competencia Económica, para la individualización de las multas. Motivos y fundamentos que, a su vez, sustentan la decisión de la autoridad de cuantificar la multa en el máximo legalmente permitido.
26. 1.19. Interposición del recurso de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32465-ca20f242/competencia-economica-el-articulo-73-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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