COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. LAS COMUNICACIONES GENERADAS EN HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN INFORMACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE SU OBJETO SOCIAL, NO ESTÁN AMPARADAS POR EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS.
AMPARO EN REVISIÓN 531/2024. BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 19 DE MARZO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: FABIÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 531/2024, interpuesto por la quejosa Bank of America México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, contra la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitida por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en el juicio de amparo 72/2021.
El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, Bank of America México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple (a quien se identifica como BOFA en la resolución reclamada), por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto de los actos que a continuación se indican:
III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.
V. ACTOS RECLAMADOS:
Del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reclama la resolución del 14 de enero de 2021 en la que se determina que mi representada es responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y II, del artículo 9 de la Ley Anterior, en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano y se le impuso una multa por la cantidad de $5,286,108.90 (cinco millones doscientos ochenta y seis mil ciento ocho pesos 90/100). Asimismo, en términos del artículo 28, fracción VII del vigésimo párrafo de la CPEUM se reclaman las violaciones procesales cometidas en el expediente IO-006-2016, desde el inicio del procedimiento de investigación y en el procedimiento seguido en forma de juicio que trascienden en la resolución reclamada y que se desarrollan en los conceptos de violación respectivos.
2. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo titular por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno registró con el número 72/2021 y admitió a trámite, señalando que ejercería control constitucional respecto de: “la resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente IO-006-2016, en la que se determinó la responsabilidad de la parte quejosa en la práctica monopólica absoluta investigada, imponiéndole una sanción económica. Acto atribuido al Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica”.(1)
3. Sentencia. Seguidos los trámites legales, el juzgado de distrito celebró la audiencia constitucional el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y dictó sentencia el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la que negó la protección de la Justicia Federal solicitada.
4. Recurso de revisión. Contra esa sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo Presidente lo admitió a trámite por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés bajo el número de expediente 800/2022.
5. Revisión adhesiva. Por su parte, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso revisión adhesiva, el cual se admitió a trámite por el Tribunal Colegiado por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés.
6. Facultad de atracción. Mediante auto de trece de junio de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al Tribunal Colegiado que en sesión de doce de junio del mismo año, determinaron ejercer su facultad de atracción(2) para conocer del citado amparo en revisión 800/2022, por lo que solicitó los autos para su trámite correspondiente.
7. Trámite ante este Alto Tribunal. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó a conocer de los recursos de revisión y adhesiva, los registró con el número 531/2024, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán; así como ordenó que se radicara en la Sala de su adscripción.
8. Avocamiento. Por auto de doce de agosto de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del expediente y, en consecuencia, lo remitió a su ponencia para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
9. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, párrafo segundo y 86 de la Ley de Amparo; así como 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de la Segunda Sala.
II. OPORTUNIDAD
10. El recurso de revisión principal fue presentado de manera oportuna, toda vez que la sentencia de amparo indirecto le fue notificada electrónicamente a la parte quejosa, ahora recurrente, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós,(3) misma que surtió efectos ese día, por tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del siete al dieciocho de noviembre del mismo año, descontando los días doce y trece de noviembre, por corresponder a sábado y domingo, inhábiles conforme al artículo 19 de esa legislación y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sobre esa base, si el medio de impugnación se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se concluye que se interpuso de forma oportuna.
11. Por otra parte, en relación con el recurso de revisión adhesivo, se advierte que el auto admisorio del recurso principal se notificó por oficio a la autoridad responsable Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés;(4) de modo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del mismo año, descontando los días veinticinco y veintiséis de febrero de la citada anualidad, por ser sábado y domingo, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si el escrito se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, se considera que se hizo de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
12. El recurso de revisión principal fue planteado por parte legitimada, toda vez que fue interpuesto por Ricardo Juanes Laviada, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que fue reconocida por el juzgado de distrito mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós.(5)
13. De igual manera, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión adhesivo Carmen Alor Arriaga, delegada del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, autoridad señalada como responsable; cuyo carácter le reconoció el a quo por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno.(6)
IV. CUESTIONES PREVIAS
14. Antecedentes. A fin de resolver los planteamientos aducidos en los medios de impugnación, resulta conveniente reproducir los antecedentes que en la sentencia recurrida precisó el juez de distrito:
1. El dieciocho de mayo de dos mil quince, se presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica, una solicitud proveniente de un agente económico, para acogerse al beneficio de reducción de sanciones previsto en los artículos 103 de la Ley Federal de Competencia Económica y 114 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 9º de la legislación citada en primer término, en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
2. El once de abril de dos mil dieciséis, el Titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica otorgó de manera condicional al solicitante el beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, respecto del mercado investigado, beneficio que se extendió a través del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.
3. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el Titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica emitió el acuerdo de inicio de la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-006-2016, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 53 de la vigente Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
4. El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “AVISO por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno Mexicano.”
5. Mediante acuerdos de cuatro de mayo y siete de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, así como de veintiocho de mayo y treinta de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, se amplió el periodo de investigación por la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, la autoridad de referencia emitió el acuerdo de conclusión de la investigación, publicándolo el dieciocho de junio siguiente en la página de internet del órgano regulador.
6. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad investigadora emitió el dictamen de probable responsabilidad, en el que se estableció la probable participación de diversos agentes económicos, entre ellos, Bank of America México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas previstas en las fracciones I y II del artículo 9 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
El dictamen fue presentado al Pleno del órgano constitucional autónomo de referencia, el mismo día de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la vigente Ley Federal de Competencia Económica.
7. El tres de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, tuvo por presentado en tiempo el Dictamen de Probable Responsabilidad y ordenó al Titular de la Secretaría Técnica, dar inicio al procedimiento seguido en forma de juicio, mediante el emplazamiento a las personas señaladas como probables responsables, en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley Federal de Competencia Económica.
8. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, se emplazó a la parte quejosa con el dictamen de probable responsabilidad, quien mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dio contestación al referido dictamen y ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes.
9. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió un acuerdo mediante el cual, entre otras cuestiones, tuvo por presentadas en tiempo las contestaciones al dictamen de probable responsabilidad de todos los emplazados, incluido el quejoso, y ordenó dar vista a la autoridad investigadora para que en el plazo máximo de quince días hábiles se pronunciara respecto de los argumentos y pruebas ofrecidas por éstos, lo cual ocurrió el veintiuno de febrero de dos mil veinte.
10. Mediante diversos acuerdos las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Competencia Económica proveyeron lo conducente en relación con diversas solicitudes formuladas en el expediente administrativo, así como de las pruebas ofrecidas por los emplazados al procedimiento seguido en forma de juicio, ordenando realizar las diligencias correspondientes a efecto de tener por desahogados los medios de convicción ofertados de su parte.
11. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió un acuerdo a través del cual, entre otras cosas, otorgó un plazo de diez días para que los emplazados formularan sus alegatos y los agentes económicos con interés en el procedimiento tuvieran acceso a las constancias del procedimiento que correspondieran. La parte quejosa presentó el escrito de alegatos el diez de noviembre siguiente.
12. El once de noviembre de dos mil veinte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió un acuerdo en el que, entre otras cuestiones, tuvo por formulados los alegatos de las personas físicas y morales que indicó, precisó que el expediente administrativo quedó integrado el diez de noviembre de dos mil veinte y proveyó lo conducente en relación con la solicitud de una audiencia oral mediante el uso de medios electrónicos formulada por una de las personas físicas emplazadas, misma que aconteció el quince de diciembre de dos mil veinte.
13. El once de diciembre de dos mil veinte, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ‘Acuerdo mediante el cual el Pleno resuelve que ciertos días serán inhábiles y que no correrán los plazos de algunos procedimientos tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica’, en el que se determinó en el punto de acuerdo ‘Primero’ que serían inhábiles los días cuatro a ocho de enero de dos mil veintiuno, por los motivos ahí expuestos.
14. Una vez agotada la secuela procesal, mediante resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que había quedado acreditada la responsabilidad de diversas personas físicas y morales en la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en el artículo 9, fracciones I y II, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, y se les impuso sendas sanciones económicas.
En el caso de Bank of America México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, la sanción ascendió a la cantidad $5’286,108.90 (cinco millones doscientos ochenta y seis mil ciento ocho pesos 90/100 moneda nacional).
15. Adicionalmente, respecto de la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente IO-006-2016, del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica se precisa lo siguiente:
(...)
II. Consideraciones de Derecho.
Primera. Competencia del Pleno. El Pleno es competente para resolver este asunto, con fundamento en los artículos citados en el proemio de esta resolución y con base en los razonamientos que se exponen.
Algunos agentes económicos argumentaron que esta Comisión es incompetente para conocer los hechos investigados y que derivaron en el DPR y la probable responsabilidad de los agentes económicos emplazados, toda vez que a su criterio la CNBV es la autoridad competente y la regulación sectorial excluye la aplicación de la LFCE 2012, por lo que al ser materia de un previo y especial pronunciamiento por este órgano de gobierno, se procede a su análisis y calificación:
(...)
Segunda. Análisis del DPR. En el DPR se analizaron principalmente los elementos que a continuación se resumen:
Causa objetiva
El dieciocho de mayo de dos mil quince, la AI recibió una solicitud para acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en el artículo 103 de la LFCE 2014. En este sentido, un solicitante proporcionó a la Comisión información relevante que permitió iniciar la investigación tramitada bajo el expediente por una serie de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el mercado mexicano.
Una vez seguido el procedimiento referido en el artículo 103 de la LFCE 2014 y cumplidos los requisitos establecidos en éste, la Comisión otorgó de manera condicional el beneficio de reducción de sanciones respectivo a un solicitante, informándole su obligación de apegarse a lo dispuesto en la fracción II del artículo antes referido. Con base en la información proporcionada por un solicitante, la AI inició el procedimiento de investigación respectivo, mediante el Acuerdo de Inicio.
Conducta investigada
Conforme al DPR, las conductas investigadas se refieren a diferentes contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, esto es, entre Barclays, Santander, Bancomer, JP Morgan, Banamex, Deutsche y Bofa, mediante sus traders, y a través de plataformas de mensajería instantánea o chats de Bloomberg y/o Reuters, con el objetivo y/o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio, y establecer una obligación de no comercializar o adquirir valores gubernamentales.
Asimismo, el DPR indica que dichas conductas podrían resultar violatorias del artículo 9, fracciones I y II, de la LFCE 2012, pues éstas habrían iniciado durante el año de dos mil diez prolongándose hasta, por lo menos, el año dos mil trece, durante la vigencia de la LFCE 2012.
Periodo de Investigación
Conforme al DPR, el periodo de investigación comprendió desde el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, con la emisión del Acuerdo de Inicio, hasta el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, fecha de emisión del acuerdo de conclusión.
Mercado investigado
De acuerdo con el DPR y el Acuerdo de Inicio, el mercado investigado es el de “la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”. Agentes Económicos Investigados
El DPR identificó a los agentes económicos investigados que fueron emplazados como probables responsables, como participantes en el mercado investigado conforme a lo siguiente:
(...)
Características del Mercado Investigado
En este apartado el DPR indica que el mercado investigado de intermediación de valores de deuda del gobierno mexicano se compone de: (i) un mercado primario en el que se colocan nuevos valores de deuda emitidos por la SHCP, y donde el gobierno federal recibe directamente el dinero por la compra de dichos instrumentos financieros; y (ii) un mercado secundario en el que se realizan futuras transacciones de compra, venta, préstamo y reporto de valores sobre valores gubernamentales que ya fueron colocados y emitidos en el mercado primario. Asimismo, el DPR señala que los valores gubernamentales emitidos son Cetes, MBonos, Bondes y UdiBonos.
En ese sentido, el DPR analiza el mercado investigado mediante los siguientes apartados: (i) sistema financiero mexicano; (ii) mercado de valores gubernamentales; (iii) mercado primario; (iv) mercado secundario; (v) plataformas de servicios asociados a la negociación de valores gubernamentales; (vi) traders, y (vii) argot financiero.
Analisis de las conductas investigadas
• Los bancos son competidores entre sí
El DPR señala que la acreditación de prácticas monopólicas absolutas está supeditada a que los agentes económicos que realicen contratos, convenios, arreglos o combinaciones que actualicen alguna de las fracciones del artículo 9° de la LFCE 2012, sean competidores entre sí.
En ese sentido, con base en la actividad económica que desempeñan, así como en el reconocimiento mutuo como competidores, el DPR concluye que Banamex, Barclays, Bancomer, Bofa, Deutsche, Santander y JP Morgan son competidores entre sí, de conformidad con los siguientes razonamientos:
Ver razonamientos
• Existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre los bancos
De acuerdo con lo señalado en el DPR, las conductas consistieron en probables contratos, convenios, arreglos o cualquier combinación entre éstos con el objeto y/o efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra al que se ofrecen o demandan los productos pertenecientes al mercado investigado, así como de intercambiar información con dicho objeto y/o efecto, y establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios del mercado investigado.
El DPR señala que los elementos de convicción que obran en el expediente para sustentar las conductas imputadas es la información obtenida a través de los requerimientos de información formulados a los bancos y a los brokers, las manifestaciones de empleados y ex-empleados de los bancos, así como chats proporcionados por los bancos y aquellos integrados al expediente mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve.
El DPR indica que los traders que celebraron los arreglos probablemente colusorios, en representación o por cuenta y orden de los bancos, utilizaron el servicio de mensajería instantánea (chats) proporcionado por las plataformas de Bloomberg y Reuters, para la realización de dichos arreglos, de acuerdo a lo siguiente:
(...)
Finalmente, el DPR concluye que existen los suficientes elementos de convicción en el expediente que permiten acreditar lo siguiente:
1) Banamex, Bofa, Bancomer, Deutsche, Santander, JP Morgan y Barclays son competidores entre sí en el mercado investigado;
2) La probable existencia de arreglos bilaterales entre Banamex, Bofa, Bancomer, Deutsche, Santander, JP Morgan y Barclays con el objeto y/o efecto de: i) manipular el precio de algunos valores gubernamentales y ii) no comercializar y/o adquirir ciertos valores gubernamentales;
3) Los traders que actuaron en representación o por cuenta y orden de los bancos son: (...)
4) Las principales características de los probables arreglos indicados habrían sido las siguientes:
a. La manipulación de precios de algunos valores gubernamentales al desplegar conductas coordinadas relacionadas con dichos valores. Dichas coordinaciones afectaron las tasas de rendimiento de los valores gubernamentales referidos e impidieron la libre formación de precios, lo que podría constituir una manipulación de dichos precios.
b. Algunos habrían consistido en abstenerse de comprar y/o vender valores gubernamentales, teniendo como resultado el no comercializar y/o adquirir ciertos valores gubernamentales.
(...)
V. MARCO NORMATIVO
16. Para resolver el presente asunto, es necesario precisar cuál será el marco normativo de referencia.
17. En primer lugar, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala que el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto de reforma en materia de simplificación orgánica que modifica, entre otros, diversos párrafos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que el Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; por lo que contará con las facultades necesarias para cumplir con su objeto, tales como ordenar medidas a fin de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
18. Sin embargo, en sus artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del referido decreto se estableció lo siguiente:
Décimo. Las modificaciones a los párrafos décimo quinto a vigésimo del artículo 28 que se reforman en el presente Decreto, entrarán en vigor en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia; y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de esta Constitución.
La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos.
Décimo Primero. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirán al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con el artículo Décimo transitorio. Los actos emitidos por dichos órganos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio, surtirán todos sus efectos legales.
Los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, en términos del artículo Décimo transitorio.
19. En esa tesitura, dado que la resolución reclamada fue emitida por la COFECE, para la solución del presente asunto se debe atender al texto del artículo 28 constitucional anterior a la reforma mencionada, así como a los ordenamientos legales en materia de competencia que citó dicha Comisión en su determinación.
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
20. Toda vez que esta Segunda Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 800/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la litis consiste en determinar si la sentencia recurrida de tres de noviembre de dos mil veintidós dictada en el juicio de amparo 72/2021 se encuentra ajustada a derecho, en relación con los agravios hechos valer por la recurrente principal.
VII. ESTUDIO DE FONDO
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
21. Agravio primero. Sostiene la recurrente que el a quo realizó un inadecuado estudio del tercer concepto de violación, porque se limitó a sintetizar los argumentos del quejoso sin ofrecer razonamientos lógicos jurídicos sobre su análisis de fondo.
22. Refiere que el juez estudió la incompetencia planteada confundiendo los elementos del reclamo de la quejosa, toda vez que el punto a dilucidar no era cuál es el ámbito de competencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante COFECE), sino determinar si los actos investigados por la autoridad responsable y la manipulación o simulación (sic) correspondían a la competencia de la CNBV, ya que es la entidad facultada para regular, conducir y sancionar el mercado de valores, por lo que su competencia es especial en oposición a la competencia genérica de la COFECE.
23. Los agravios sintetizados son ineficaces.
24. Para advertir lo anterior, es oportuno tener presente que de la demanda de amparo se advierte que, en el tercer concepto de violación, la quejosa adujo, esencialmente, que en las manifestaciones expuestas al desahogar el dictamen de probable responsabilidad argumentó que la COFECE era incompetente para llevar a cabo el procedimiento en disputa, puesto que de conformidad con la Constitución Federal, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la única autoridad competente para regular y, en su caso, sancionar las conductas realizadas por los integrantes del sistema financiero era la CNBV, ad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33206-14b0a620/comision-federal-de-competencia-economica-las-comunicaciones-generadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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