COMPETENCIA ECONÓMICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DEL DIVERSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
COMPETENCIA ECONÓMICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DEL DIVERSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 505/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente caso, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
En la especie, es aplicable la tesis P. I/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene legitimación para ello.
Sin que obste a lo anterior que en los párrafos primero y segundo de la referida fracción XIII se señale que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del mismo circuito, y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pues atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular, a través de la disposición constitucional de que se trata, y siendo que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se estima que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar contradicciones de tesis ante este Alto Tribunal, incluso, respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Juez de Distrito denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dos de agosto de dos mil doce el amparo en revisión ********** (improcedencia), determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"QUINTO. Es sustancialmente fundado el agravio de la recurrente en el que afirma que, en el caso, no se está ante una causa notoria y manifiesta de improcedencia que origine el desechamiento de la demanda de amparo, pues para llegar a tal conclusión el juzgador realizó un análisis que se considera propio de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional. Afirma que, tal como lo resolvió el secretario en funciones de Juez, si el oficio de presunta responsabilidad concluye el procedimiento de investigación, entonces, contra dicho acto resultaba procedente el juicio, por ser la resolución que le puso fin. A efecto de iniciar el estudio del agravio sintetizado con anterioridad, se estima pertinente hacer la siguiente precisión: El único motivo por el que resultaría procedente desechar de plano la demanda de garantías, sería porque se actualice alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende del criterio puramente subjetivo del juzgador, sino que, para ello, debe analizarse si, en el caso, se surte alguna de las causas reguladas en el artículo 73 de la ley invocada u otra prevista en un precepto legal relacionado con la fracción XVIII de esa norma. Al respecto, debe decirse que las causas de improcedencia del juicio de amparo son los motivos de inejercitabilidad del juicio. Por su parte, el Diccionario Enciclopédico Larousse define los vocablos indudable y manifiesto de la siguiente manera: ‘Indudable, indubitable o indubitado. Que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro o evidente.’. ‘Manifiesto. Evidente, cierto.’. Teniendo en cuenta lo anterior, el requisito relativo a lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y de los documentos que se anexan, mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate opera en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 128/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 803, que dice: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA» PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.’ (se transcribió). En el caso, el secretario en funciones de Juez sostuvo que la demanda de amparo resultaba notoriamente improcedente, porque del análisis a los preceptos relativos de la Ley Federal de Competencia Económica (sic), el oficio de presunta responsabilidad concluía el procedimiento de investigación y daba inicio al contencioso, por lo que se consideraba un acto intraprocesal y, en consecuencia, la quejosa debía esperar hasta la emisión de la resolución que le pusiera fin para promover el juicio de amparo, actualizando la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Agregó que el oficio de referencia no causaba perjuicios de imposible reparación a la quejosa, por lo que los vicios de los que pudiera adolecer podrían impugnarse hasta que se dictara la sentencia definitiva en dicho procedimiento. Ahora, a fin de determinar si la causa invocada por el juzgador se considera notoria y manifiesta para desechar la demanda de amparo, es conveniente dejar establecido que de los antecedentes narrados por la quejosa se advierte que mediante oficio de dos de diciembre de dos mil nueve, el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia ordenó el inicio del procedimiento de investigación de oficio por prácticas monopólicas absolutas, bajo el expediente genérico identificado con el número **********, ello con fundamento en el artículo 30 de la Ley Federal de Competencia Económica. Derivado de dicho acuerdo, la autoridad administrativa realizó una serie de actos dirigidos a investigar las conductas que podrían derivar en prácticas monopólicas, y el veintiuno de marzo de dos mil doce, el presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia emitieron el oficio de presunta responsabilidad, que constituye uno de los actos reclamados en la demanda de amparo, pero que fue apoyo para desechar la demanda de amparo. Ahora, los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica que establecen el procedimiento de investigación, son del siguiente tenor literal: ‘Artículo 30.’ (se transcribió). ‘Artículo 31.’ (se transcribió). ‘Artículo 33.’ (se transcribió). Como se advierte, el procedimiento de investigación por prácticas monopólicas, a cargo de la Comisión Federal de Competencia, inicia con un acuerdo emitido por el secretario ejecutivo, en el que se podrá requerir información y documentación y citar a aquellas personas que considere (sic) relacionadas con los hechos a investigar, la comisión deberá emitir un acuerdo de conclusión del periodo de investigación y de considerar que existen elementos suficientes para determinar la presunta responsabilidad del agente económico investigado, se iniciará el procedimiento contencioso, con la emisión del oficio de presunta responsabilidad. Ahora, en el acuerdo desechatorio, por una parte, se consideró que el oficio de presunta responsabilidad concluía el procedimiento de investigación y, por otra, que iniciaba el procedimiento contencioso ante la misma comisión, por lo que la quejosa debía esperar hasta que se emitiera la resolución correspondiente para combatir los vicios que pudiera contener. Sin embargo, este tribunal considera que la causa por la que se desechó la demanda no es notoria ni manifiesta, pues para llegar a esa conclusión el Juez efectuó una interpretación de los preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica, incluso, con base en dicha interpretación, determinó que la etapa de investigación concluyó con el oficio de presunta responsabilidad. Ahora, si el juzgador consideró que la etapa de investigación concluyó con el oficio de presunta responsabilidad, entonces, debe examinar si, en efecto, tal oficio pudiese ser la resolución definitiva contra la que procediera el juicio de amparo. Pero ello debe hacerse con un análisis más exhaustivo, propio de la sentencia. La anterior circunstancia es, precisamente, la que evidencia que la causa de improcedencia invocada por el secretario en funciones de Juez no es notoria ni manifiesta. Más aún si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis P. VII/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, abril de 2004, Novena Época, página 257, que la facultad investigadora de la Comisión Federal de Competencia es autónoma e independiente del procedimiento contencioso ante la misma comisión, entonces, la resolución que le ponga fin al procedimiento de investigación podría hacer procedente el juicio de amparo. La tesis de referencia es del siguiente tenor: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ANTE LA MISMA COMISIÓN.’ (se transcribió). Por otro lado si, a juicio del a quo, el oficio de presunta responsabilidad concluye el procedimiento de investigación, entonces, forma parte de dicha etapa y, para la procedencia del juicio, se debió atender a la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CVIII/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, agosto de 2000, Novena Época, página 103, que aun cuando haya interpretado preceptos diferentes a los ahora vigentes, su contenido es similar, lo que se advierte del contenido de la tesis en comento. ‘COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE INVESTIGACIÓN DE ACTOS QUE SE ESTIMAN LESIVOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTICULARES, QUE EFECTÚA DICHO ÓRGANO, NO ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.’ (se transcribió). Atendiendo a las consideraciones vertidas a lo largo de esta ejecutoria, se concluye que la causa de improcedencia invocada por el juzgador no es notoria ni manifiesta, pues para llegar a la conclusión de desechar la demanda, realizó una interpretación de los preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica y, por ese solo hecho, ya no puede considerarse que sea evidente, clara y fehaciente. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, mayo de 2005, página 47, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’ (se transcribió). Más aún si se toman en cuenta las conclusiones a las que llegó el juzgador, después de su interpretación de los preceptos de la ley, como es la relativa a que el oficio de presunta responsabilidad concluyó el procedimiento de investigación. Es decir, para analizar la causal de improcedencia invocada por la Juez (sic), en principio, se tendría que verificar si el oficio de referencia, efectivamente, forma parte del procedimiento de investigación pues, de ser así, de acuerdo con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado anteriormente, la etapa de investigación efectuada por la Comisión Federal de Competencia Económica (sic) no es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, si el oficio en comento no forma parte de dicho procedimiento y, entonces, resolver la interrogante en el sentido de si el juicio de amparo es procedente en su contra. Tampoco debe pasar inadvertido que en el auto de desechamiento el secretario en funciones de Juez también sostuvo que la quejosa reclamaba diversos actos emitidos en el procedimiento de investigación, como, por ejemplo, el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación de dos de diciembre de dos mil nueve, que son diversos al oficio de presunta responsabilidad, pues, se insiste, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE INVESTIGACIÓN DE ACTOS QUE SE ESTIMAN LESIVOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTICULARES, QUE EFECTÚA DICHO ÓRGANO, NO ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.’, si la fase de investigación no es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, entonces no se considera notoria y manifiesta la causa de improcedencia que invocó el juzgador para desechar la demanda, por tanto, procede revocar el acuerdo recurrido para que el a quo, de no existir diversa causa que considere operante, admita a trámite la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, julio de 2002, página 448, que precisa qué se debe entender por los vocablos ‘manifiesto’ e ‘indudable’ a que hace referencia el artículo 145 de la Ley de Amparo. La tesis en mención es de la literalidad siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribió). Cabe aclarar que este tribunal no prejuzga sobre la actualización de la causal de improcedencia invocada por el Juez, sino, simplemente, que no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que dicho estudio corresponde a la sentencia de fondo, en la medida en que requiere de un análisis más profundo que no es propio del auto desechatorio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 190, 191 y 192, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."
Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el cuatro de octubre de dos mil doce el amparo en revisión ********** (improcedencia), sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"SEXTO. Antes de analizar los conceptos de agravio expuestos, brevemente se relatan los antecedentes del asunto para su mejor comprensión: 1. El dos de diciembre del dos mil nueve, el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia dio inicio, de oficio, al procedimiento de investigación ********** por prácticas monopólicas atribuidas a **********. 2. Posteriormente, el veinticuatro de mayo del dos mil once, el propio secretario ejecutivo ordenó que se dividiera el referido expediente, dado que existía una pluralidad de hechos, para quedar conformado de la manera siguiente: Expediente **********, en el que se seguiría la investigación por prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9o., fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en territorio nacional. Expediente **********, en el cual la investigación se centraría en prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 9o., fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en diversas regiones del Estado de Quintana Roo. 3. Por acuerdo de veintiséis de enero del dos mil doce, el secretario ejecutivo ordenó que, a su vez, el expediente ********** se dividiera en dos expedientes, ********** y **********, dado que existía pluralidad de hechos, conductas y agentes económicos relacionados con ese expediente, que hacían compleja su tramitación. Así, en el expediente ********** se investigarían prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en la ciudad de **********. Por su parte, en el expediente **********, se investigarían prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en la ciudad de **********. 4. Ambos procedimientos culminaron con la emisión del oficio de probable responsabilidad, por lo que la sociedad mercantil investigada promovió juicios de amparo en donde, entre otras cosas, reclamó diversas actuaciones emitidas en éstos. 5. Del juicio de garantías promovido en contra de actos dictados en el procedimiento **********, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se registró bajo el número ********** y, previa prevención, por auto de treinta y uno de mayo del dos mil doce, se desechó por notoriamente improcedente, al estimarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no afectaban derechos sustantivos de la quejosa, debido a que eran actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio y, en ese sentido, constituían violaciones de carácter procesal. Además, el juzgador aseveró que, al ser improcedente el juicio contra dichos actos, también lo era contra las normas aplicadas. 6. Disconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso el presente medio de defensa. SÉPTIMO. Por cuestión de técnica, los agravios se analizarán en un orden diverso al propuesto. En el segundo agravio, la recurrente sostiene que el auto impugnado es contrario a los principios de congruencia y exhaustividad, consagrados en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque no obstante que en la demanda de amparo no impugnó la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 9o. de la Ley Federal de Competencia Económica, se hace referencia al supuesto reclamo de éste. El tópico reseñado es inoperante, ya que si bien es cierto que el secretario en funciones estableció en el auto recurrido que se hacía extensivo el desechamiento de la demanda a los artículos reclamados, en los que incluyó la fracción III del numeral 9o. de la Ley Federal de Competencia Económica, siendo que éste no tenía ese carácter, también lo es que esa imprecisión en nada afecta a la ahora recurrente, ni al sentido del auto recurrido, puesto que existió pronunciamiento respecto de todos los actos que reclamó en el juicio que se revisa. Por otra parte, en el primer agravio, la recurrente aduce que el auto impugnado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 4o., 77, 78 y 145 de la Ley de Amparo, puesto que no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia que estimó actualizada el a quo, ya que para llegar a tal conclusión realizó un análisis que se considera propio de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional. Asimismo, en el segundo agravio, la recurrente sostiene que el auto impugnado es contrario a los principios de congruencia y exhaustividad consagrados en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados fueron emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio y que, por ello, no eran impugnables, sino hasta la resolución definitiva; sin embargo, de los criterios jurisprudenciales que invocó para sustentar esa determinación se advierte lo contrario. Dichas tesis son de rubros: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL OFICIO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).’ y ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 21, 31, Y 33 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SON DIFERENTES Y AUTÓNOMOS ENTRE SÍ (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).’. Considera esto último, porque en la tesis de rubro: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ANTE LA MISMA COMISIÓN.’, el Pleno de la Suprema Co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24267-4930a1aa/competencia-economica-es-improcedente-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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