IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY, MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO, MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, JORGE TOSS CAPISTRÁN, JUAN CARLOS MORENO CORREA Y JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. PONENTE: MARÍA CRISTINA PARDO VIZCAÍNO. SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO GARCÍA PALACIOS.
Xalapa-Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión del día seis de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 3/2018, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ambos con sede en esta ciudad;
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio 2826, recibido el veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio emitido por el órgano de su adscripción al resolver el recurso de queja de trabajo **********; y, el diverso **********, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz.
SEGUNDO.—Registro del expediente. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis **********; admitió a trámite la denuncia de que se trata; solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja de trabajo **********, o, en su caso, el disco compacto que la contuviera, no así al Tribunal Colegiado denunciante, por haberlo acompañado a la denuncia; asimismo, solicitó informara si el criterio sustentado en el asunto, motivo de esa denuncia de posible contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado (páginas treinta y uno a treinta y tres).
Mediante acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, informando que el criterio sustentado en el recurso de queja de trabajo **********, aún se encuentra vigente, así como también remitió copia certificada de su respectiva ejecutoria (páginas sesenta y seis y sesenta y siete).
Por acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada ante la superioridad, relacionada con el tema motivo de la posible contradicción; por lo que con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó turnar este asunto a la Magistrada ponente, para la formulación del proyecto respectivo. (páginas setenta y tres y setenta y cuatro)
Plazo que se amplió por quince días hábiles, mediante auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, en términos del numeral 28 del Acuerdo General 8/2015, previamente citado.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo y cuarto, así como en los artículos 3o. y 4o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO.—Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios son los siguientes:
1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja de trabajo **********, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, planteó que de los datos expresados en la demanda de amparo se obtenía que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de dictar los acuerdos e imponer las medidas de apremio y sanciones necesarias contempladas en la Ley Estatal del Servicio Civil, además de negarse a dictar la medida de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas, y embargar las cuentas del Ayuntamiento, señalamiento que al ser de manera genérica implicaba la inexistencia del acto reclamado, pues no se expresó cuál era el acto concreto que se reclamó, por tanto, se estaba en la hipótesis a que se contrae el artículo 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, el Juez de Distrito no estaba en aptitud de admitir la demanda de amparo, por constituir una causa de improcedencia manifiesta e indudable, actualizando la que resulta de relacionar lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; determinación que hizo bajo las consideraciones siguientes:
"CUARTO.—Estudio. Es fundado uno de los agravios planteados por el Ayuntamiento recurrente, por las razones que a continuación se exponen.
"En esencia, argumenta que le causa agravio el acuerdo en que el Juez de Distrito admitió la demanda de amparo, cuando era evidente su desechamiento por actualizarse diversas causas de improcedencia.
"El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece:
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, sostuvo:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.—El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’
"Aun cuando las consideraciones de la tesis aludida se pronunciaron interpretando el artículo 145 de la abrogada Ley de Amparo, las mismas resultan aplicables al caso en análisis, porque la ley de la materia vigente prevé disposición idéntica en su artículo 113.
"Ahora bien, expresa la recurrente que el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción (sic) XVIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, cuestión que ha dejado de hacer, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión que en esos términos se atribuyera al tribunal ejecutor.
"Además, argumenta que la demanda de amparo es improcedente, ya que los quejosos se limitan a hacer una simple narración de hechos y no señalan agravio alguno de manera precisa, sino que refieren de manera general la ejecución forzosa del laudo, lo cual es motivo para sobreseerse «en» el amparo promovido por los quejosos, citando en apoyo de su argumento, la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO.’
"Los actos reclamados por los quejosos en su demanda de amparo, fueron los siguientes:
"‘Norma general y acto que de la autoridad se reclama.—La omisión de la autoridad responsable de dictar los acuerdos e imponer las medidas de apremio y sanciones necesarias, contempladas en la Ley Estatal del Servicio Civil, así como en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, las que han sido solicitadas por los quejosos ante la rebeldía con que se conduce el **********, quien destaca la condena de los laudos dictados el 19 de agosto de 2009 y el del 15 de julio de 2010, en el expediente laboral número **********, y no obstante ello, la autoridad responsable es omisa en el cumplimiento de su obligación de dar respuesta a nuestro derecho de petición, tomando en consideración que no impone las sanciones legales eficaces, agraviando con su actitud, nuestro derecho de acceso a la justicia de manera pronta y completa.—Consta en el expediente laboral **********, que el ********** se niega de manera reiterada a pagarnos los salarios dejados de percibir desde la fecha de nuestro cese injustificado.—Se niega el ********** a expedir nuestros nombramientos como trabajadores de base, con el carácter de definitivos.—Consta, que la responsable omite imponer las medidas de apremio y sanciones legales al **********, las cuales se consideran necesarias, ello, con el objeto de que acate los laudos dictados el 19 de agosto de 2009 y el del 15 de julio de 2010.—Omisión que afecta nuestra garantía de obtener certeza en cuanto al cobro de lo que nos adeudan y obtener nuestros nombramientos como trabajadores de base, agraviando nuestros derechos laborales, considerados fundamentales.—Al negarse a dictar los acuerdos en los términos que le hemos solicitado, la responsable incumple con la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, de manera específica con los artículos 198 y 199 que se citan.—«Artículo 198. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y la Salas en su caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.—Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas.».—«Artículo 199. Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin sustanciación alguna y deberán estar fundadas y motivadas.».—Le hemos solicitado a la responsable que imponga, como sanción legal al **********, el arresto hasta por 36 horas, pero se niega a dictar esa medida de apremio que la ley de la materia establece para asegurar el cumplimiento de los laudos dictados el 19 de agosto de 2009 y el del 15 de julio de 2010, agraviando nuestros derechos humanos fundamentales.—Es aplicable a la actitud de la autoridad responsable, la cual afecta nuestras garantías constitucionales de acceso a la justicia de manera pronta y completa, por tratarse de omisiones después de concluido el juicio laboral, la jurisprudencia que se transcribe.—«ACTOS <DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.> INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE.—De la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: <AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.>, se advierte que refiere a <afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional> que califica como de carácter intraprocesal, y hace énfasis a lo que fue objeto de estudio en dicha contradicción, destacando que lo relativo a la falta de dictado del laudo no fue materia de análisis y que, en consecuencia, no abordaba su estudio pues sólo alcanzaba a las omisiones consistentes en la <falta de acordar promociones o de proseguir con el juicio>. Lo anterior, implica que la Sala del Alto Tribunal limitó el alcance de dicho criterio, al señalar que éste sólo vincula a dicho tipo de omisiones ocurridas dentro de juicio (falta de acordar promociones o de proseguir con el juicio). Luego, si la propia Sala estableció esa aclaración y de la lectura del artículo 107 de la Ley de Amparo se advierte la distinción entre los diversos tipos de actos contra los cuales procede el amparo indirecto (en concreto sus fracciones IV y V, relativas a actos fuera de juicio o una vez concluido éste, y los acontecidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación); resulta inconcuso que si la jurisprudencia analizada alude a los actos realizados en el juicio y que califica como intraprocesales, es sólo con relación a estos últimos que cobra aplicación; es decir, es inaplicable a los actos acontecidos una vez concluido el juicio.» (Cita datos de localización y precedentes).—Con sus omisiones, la responsable deja sin efectos la norma expedida por el Legislador del Estado de Veracruz. Es decir, nulifica los artículos 198 y 199 de la Ley Estatal del Servicio Civil, lo que no le está permitido.—El ********** viola el artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, en su fracción XII, donde establece como una obligación de las entidades públicas, cumplir con las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.—Cuando una entidad pública incumple con una obligación legalmente impuesta, la autoridad responsable debe obligarla a acatar y respetar lo resuelto, imponiéndole todas las medidas de apremio, lo que aún no acontece.—La autoridad responsable, no dicta e impone aquellas medidas necesarias para obligar al **********, a que nos pague los salarios y nos expida nuestros nombramientos como trabajadores de base.—Está demostrado en este asunto, que la reiteración de imponer una sanción de carácter económica no tiene como consecuencia inmediata que se nos pague lo adeudado por concepto de salarios y prestaciones.—Imponer multas económicas al ********** deviene en una sanción ineficiente. Esta medida de apremio es insuficiente para obligar al demandado a que nos pague nuestros salarios adeudados y a que nos expida nuestros nombramientos como trabajadores de base.—Respecto del adeudo salarial, la autoridad responsable se niega a dictar acuerdo favorable a nuestra solicitud, consistente en el embargo de cuenta que el ********** tiene aperturadas en diversas instituciones bancarias, mencionando la prohibición establecida en el artículo 442, segundo párrafo, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz.—Esta prohibición no puede aplicar cuando se trata de pago de salarios.—Las cuentas bancarias que hemos pedido sean embargadas contienen recursos privados, los cuales pueden ser enajenados, pero, la responsable presume que esas cuentas bancarias contienen recursos públicos, sin tener certeza de ello.—La omisión de la responsable afecta los derechos sustantivos de carácter laboral de los quejosos, consistentes en recibir los salarios y demás prestaciones que nos adeudan y en que se nos expidan nuestros nombramientos como trabajadores de base, con el carácter de definitivo, derechos protegidos por los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17 y 123, apartado «B» de la Constitución Federal.—Todas las consecuencias que de hecho y de derecho se hayan derivado, se deriven o puedan derivarse del acto reclamado.’ (véanse las páginas 45 a 49, del expediente de garantías).
"Igualmente, se considera necesario precisar que la parte quejosa señaló como hechos de su demanda, los siguientes:
"‘Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2008, ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los suscritos demandamos del **********, nuestras reinstalaciones, el pago de los salarios y prestaciones que dejáramos de percibir desde la fecha de nuestros ceses injustificados y hasta la de aquella en que se cumpliera el laudo que se dictara en este asunto, y, a expedir nuestros nombramientos como trabajadores de base, con el carácter de definitivos.—2. Iniciado el procedimiento legal se le asignó como número de expediente laboral el **********. Las partes acudimos a juicio para deducir nuestros derechos, cumpliendo el proceso judicial con todas sus etapas.—3. Tramitado en sus términos el juicio se dictó laudo el 19 de agosto de 2009, en donde se condenó al **********, únicamente a reinstalar a la quejosa ********** en mi categoría de **********, adscrita a la dirección de **********; a pagarme mis salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de mi cese injustificado y a expedirme mi nombramiento como trabajadora de base definitivo.—4. Inconforme con el laudo, los quejosos **********, interpusimos demanda de amparo, obteniendo la protección y amparo de la Justicia Federal.—5. La autoridad responsable dictó nuevo laudo el 15 de julio del 2010, en donde condenó al ********** a reinstalarnos: al suscrito **********, corno **********, adscrito a la regiduría **********; al suscrito **********, como **********, adscrito a la dirección de **********; al suscrito **********, como **********, adscrito a la regiduría **********; al suscrito **********, como **********, adscrito a la regiduría **********; al suscrito ********** como **********, adscrito a la casa ********** y a la suscrita **********, como **********, adscrito (sic) a la regiduría **********; además de que tenemos derecho a los incrementos y mejoras que se hubiesen otorgado durante nuestras ausencia y a que nos expidan nuestros nombramientos como trabajadores de base, definitivos.—6. El patrón demandado, en uso de su derecho consagrado en las normas jurídicas interpuso recursos de amparo directo, los que le fueron negados porque no existieron elementos para que procedieran sus recursos.—7. Resuelto el juicio, el ********** ha dado parcial cumplimiento al laudo, toda vez que hemos sido reinstalados en fecha 14 de octubre de 2011 y la suscrita **********, el 18 de junio de 2010, pero, a la fecha se niega a pagamos nuestros salarios y prestaciones adeudados, y, se niega a expedir nuestros nombramientos como trabajadores de base, con el carácter de definitivos.—6. Los hoy quejosos hemos insistido en que se cumpla el laudo en sus términos, porque es un derecho que nos corresponde y garantiza la Constitución. Pero, a pesar de existir acuerdos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de haber sido requerido formalmente en varias ocasiones, el **********, se niega a dar cumplimiento total al laudo condenatorio en el expediente laboral referido.—7. La negativa del **********, de cumplir y/o acatar de forma favorable los requerimientos que se le han hecho, contraviene disposiciones constitucionales, porque nos priva de un derecho fundamental, dado que no accedemos a la justicia de manera pronta y completa.—8. Derivado de esa negativa del **********, tenemos derecho a pedir y es obligación de la autoridad responsable dictar y aplicar los medios de apremio contemplados en la ley específica, para asegurar que se cumpla con su propio laudo, lo que aún no acontece, agraviando nuestras garantías y derechos humanos ...’ (páginas 49 a 51, ídem).
"Y, en los conceptos de violación expresó, en lo que interesa:
"‘Concepto fundamental de violación.—Viola la autoridad responsable, con omisión de dictar e imponer las medidas de apremio legales, tendentes a hacer cumplir en su totalidad con sus laudos emitidos el 19 de agosto de 2009 y 15 de julio de 2010, en el expediente laboral **********, los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17, 107, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), porque no protege nuestros derechos laborales, humanos y fundamentales, mismos que derivan de un procedimiento legal, tramitado en todas sus etapas procesales, en el cual el patrón demandado, **********, fue oído y vencido.—La Constitución Federal en su artículo 1o., dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como las garantías para su protección y que este ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca.—Como personas tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil acorde al artículo 123 constitucional, y lo que de él deriva, como es el pago de nuestros salarios y prestaciones adeudadas. Tenemos derecho a la inamovilidad en el empleo mediante la expedición de nuestros nombramientos como trabajadores de base, con el carácter de definitivos.—Añade el artículo 1o., que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia, precisando que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.—El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), del que nuestro país es parte, también protege nuestros derechos humanos fundamentales al garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de sus decisiones resueltas, como es el caso de los laudos aludidos, por lo que, la omisión de la autoridad responsable para hacerlos cumplir en sus términos nos agravia y viola este artículo (se transcribe).—Al negarse el Ayuntamiento demandado a cumplir con lo resuelto, la responsable tiene obligación de dictar e imponer las medidas de apremio legales y efectivas, con el objeto de obligarlo a acatar sus resoluciones.—A la fecha la responsable incumple con su obligación de proteger a los quejosos, al no garantizar de forma eficiente el cumplimiento de sus laudos emitidos el 19 de agosto de 2009 y 15 de julio de 2010.—Las medidas de apremio señaladas en el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil, tienen por objeto asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales: 1. Multa; II. Presentación de la persona con el auxilio de la fuerza pública, y, III. El arresto hasta por treinta y seis horas.—Consta en el expediente natural que hemos pedido a la responsable, que imponga al ********** el arresto hasta por 36 horas, sin que a la fecha acuerde favorable nuestro derecho de petición.—Se trata de una sanción, el arresto, que tiene por objeto inhibir la actitud de quien se niegue a acatar una resolución judicial dictada en su contra, porque con ella sí es posible que la persona que obtuvo en juicio (sic) acceda a la justicia de manera pronta y completa. Medida de apremio que la autoridad responsable se niega a dictar e imponer sin causa justificada.—La única medida de apremio que impone consiste en multas económicas, pero, con multas no se concreta el cumplimiento de los laudos, al continuar el demandado con su actitud rebelde de desacatar el mandamiento judicial.—La responsable se niega a dictar acuerdo en los términos que de forma reiterada le hemos solicitado, agraviando nuestras garantías constitucionales, porque nos impide el acceso a la justicia de manera pronta y completa.—Tomando en consideración que son omisiones después de concluido el juicio laboral, tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: «ACTOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE.» (ya transcrita).—Ante la actitud del **********, la autoridad responsable debe imponer todas las medidas de apremio previstas en los artículos 198 y 199 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de **********, pero se niega a hacerlo, por lo que aún no se cumple su laudo.—Abundando, las prácticas que tratan de impedir el acceso a la justicia, deben ser evitadas por el juzgador, se cita la jurisprudencia: «ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO.—A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.».—Como el **********, se niega a pagar nuestros salarios adeudados, hemos solicitado que trabe formal embargo en ciertas cuentas que tiene aperturadas en instituciones bancarias, pero la responsable menciona que el artículo 442, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, se lo prohíbe, al señalar ese artículo que no podrán embargarse las cuentas bancarias a nombre del municipio.—En caso de existir algún impedimento contenido en una norma inferior, debe la autoridad responsable desaplicarla, como forma de que se cumpla el bien mayor, consistente en que los suscritos obtengamos lo que se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28314-4c3eb532/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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