AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, SALVADOR CASTRO ZAVALETA, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, HERLINDA FLORES IRENE, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, JORGE FARRERA VILLALOBOS, RICARDO RIVAS PÉREZ, RICARDO CASTILLO MUÑOZ, ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ, HÉCTOR LANDA RAZO, SERGIO PALLARES Y LARA, CASIMIRO BARRÓN TORRES Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. DISIDENTE: JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ. PONENTE: FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ. SECRETARIO: LUIS JOSÉ GARCÍA VASCO RIVAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 94, párrafo séptimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1, 3, 9 y 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.
TERCERO.-Criterios cuya contradicción se denuncia. En primer término, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el recurso de revisión ********** interpuesto por **********, por conducto de su apoderado, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil catorce, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO.-Los agravios que hace valer el recurrente resultan inatendibles e infundados.-Lo primero (inatendible), respecto a lo que argumenta el inconforme en la parte final de su primer agravio, en lo atinente a que la autoridad laboral no acordó lo solicitado en la diligencia actuarial de veintiocho de junio de dos mil trece; esto es así, dado que de la demanda de garantías se aprecia que los quejosos no se inconformaron con el sentido del acuerdo de dos de septiembre de dos mil trece, por el cual, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje acordó la diligencia practicada por el actuario comisionado, de fecha veintiocho de junio de dos mil trece; motivo por lo que lo así alegado no puede ser materia de estudio en la presente instancia; además, como lo estimó el a quo en la sentencia recurrida, los quejosos fueron omisos en precisar un acto concreto que contenga la dilación reclamada, puesto que de manera genérica tan sólo señalaron que la autoridad responsable no dicta los acuerdos y diligencias en los términos y plazos previstos en la ley.-Bajo diverso contexto, no asiste la razón al inconforme, respecto de los agravios en que sostiene que la resolución recurrida es contradictoria, ya que las autoridades responsables aceptaron la certeza de los actos reclamados, y el Juez Federal determinó que, por tratarse de un acto genérico a su parecer, es un acto inexistente al momento de presentar la demanda, lo que -sostiene el recurrente- es incorrecto, en virtud de que en autos existe copia certificada del laudo condenatorio, del que se advierte que data de más de nueve años y que a la fecha no se ha ejecutado, a pesar de diversas diligencias que se han emitido fuera de los términos legales, pues refiere que del informe justificado se aprecia que no se ha ordenado la ejecución del laudo y sin que el acto fuera reclamado de manera genérica como lo estimó el Juez Federal; agravios que se estudian de manera conjunta por la relación que guardan entre sí.-Esto es así, en virtud de que de la sentencia recurrida, de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, que obra a fojas ochenta y seis a noventa y dos del cuaderno de amparo, se aprecia que el Juez Federal sobreseyó en el juicio de garantías, al estimar que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa fue omisa en precisar un acto concreto que contenga la dilación reclamada o que hubiese originado alguna abstención por parte de la autoridad responsable, ya que el acto reclamado era inexistente, lo que fue ajustado a derecho.-Ciertamente, de la demanda de garantías se aprecia que el quejoso, ahora recurrente, señaló como autoridades responsables a la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, su presidente y, actuario y, como acto reclamado, la omisión de ejecutar el laudo de manera pronta y completa en los plazos y términos que fijan las leyes del trabajo, ya que sostuvo que no se ha ejecutado. Por su parte, las autoridades responsables rindieron sus informes justificados en los que negaron los actos reclamados y ofrecieron como pruebas diversos proveídos de fechas diecisiete de enero, tres de octubre de dos mil doce, doce de junio y dos de septiembre de dos mil trece, que obran a fojas cuarenta y uno a cincuenta y tres del cuaderno de amparo, en los que se aprecia, en el último de los mencionados, que la autoridad laboral ha realizado diversos actos con el propósito de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral número ********** tramitado ante la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al señalar en una parte de dicho proveído lo siguiente: ‘... Es preciso señalarle, que a través de diversos acuerdos y diligencias actuariales, esta autoridad ha requerido el cumplimiento de lo anterior, imponiéndole las medidas de apremio que la ley de la materia faculta a esta Sala para hacer cumplir sus determinaciones, como lo es la imposición de multas hasta por mil pesos e, incluso, se ha procedido a dar vista al Ministerio Público de la Federación, para que conozca de la posible comisión del delito de desobediencia, prevista en el artículo 183 del Código Penal Federal.-Asimismo, se le informa de la gravedad en que ha incurrido, ya que con su negligencia ha obstaculizado la justicia laboral y vulnerado el interés de la sociedad en que se cumplan las resoluciones de este tribunal, atento a lo dispuesto en los artículos 46, 47, fracciones I, XXI y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 146, 147 y 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.-En virtud de lo anterior, se le solicita a usted **********, jefe del Gobierno del Distrito Federal, se sirva en su calidad de superior jerárquico del delegado en Miguel Hidalgo, lo conmine para que a la brevedad posible cumpla con las condenas establecidas en el laudo, reiterándole nuestras más atentas y distinguidas consideraciones. ...’; asimismo, en diverso acuerdo de la misma data señaló fecha y hora para que el ahora recurrente se presentara ante la unidad de actuarios de dicho tribunal federal, a efecto de requerir a la demandada en el principal, delegación Miguel Hidalgo, para el cumplimiento del referido laudo, lo que implica que efectivamente como lo estimó el a quo, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente.-Se afirma lo anterior, dado que de la lectura integral de la demanda de garantías, se observa que los quejosos, de forma genérica, señalaron que la autoridad laboral no dicta los acuerdos y diligencias en los términos y plazos previstos en la ley, sin que precisaran tales omisiones, lo que evidencia que el juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente, al presentarse la demanda y, además, de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la Sala responsable.-Sin embargo, opuesto a esto, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la concesión, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.-Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 15/2011 (10a.), Décima Época, materia común, visible en el Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.-Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.’; y la diversa tesis aplicada en lo conducente y por analogía la número 2a./J. 16/2011 (10a.), Décima Época, materia laboral, visible en el Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, en la página 734, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.-El título quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.’.-Con lo cual, se evidencia que como lo estimó el Juez Federal, se actualizó la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 63, fracción IV, que señalan: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’ y ‘Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.’.-Asimismo, resulta infundado lo que alega el inconforme, respecto a que la autoridad responsable viola el artículo 17 constitucional, toda vez que, como se vio, la Sala responsable ordenó la ejecución forzosa del laudo dictado en el expediente laboral, pues inclusive acreditó que por acuerdo del diecisiete de enero de dos mil doce (foja cincuenta del cuaderno de amparo) tuvo por cumplido el laudo respecto del quejoso **********.-Tampoco asiste la razón al recurrente en lo que alega en otra parte de sus agravios, que la diligencia practicada el veintiocho de junio de dos mil trece fue acordada el catorce de enero de dos mil catorce; esto es así, en virtud de que de la copia certificada del acuerdo de dos de septiembre de dos mil trece, ofrecida por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se constata que en esa data se acordó dicha diligencia, al señalar la Sala responsable lo siguiente: ‘... Expediente **********. México, Distrito Federal, a dos de septiembre de dos mil trece.-Vista la razón actuarial de fecha 28 de junio de 2013 (f. 4413), de la cual se advierte que se constituyeron el apoderado legal de los actores ********** y **********, con la actuaria designada por este tribunal, en la Jefatura de Unidad de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección de Personal en la Delegación Miguel Hidalgo del Gobierno del Distrito Federal. ...’.-En lo relativo al argumento que señala el inconforme respecto a que el Juez Federal tiene conocimiento de lo que establecen diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues sostiene que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar los acuerdos y diligencias en los términos y plazos, ya que el artículo 151 de la citada ley dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla con la resolución, por lo que, refiere el inconforme, la sentencia recurrida resulta inacertada, por no haberse ocupado de dichos motivos de inconformidad.-Ello es así, toda vez que de la sentencia en comento se aprecia que opuesto a lo que se alega, el a quo consideró lo que establecen los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al considerar que para ejecutar un laudo debe existir el consecuente impulso procesal del trabajador, lo que se advierte de los numerales antes citados que establecen: ‘Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.’.-‘Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.’; por tanto, no fue ilegal la consideración del Juez Federal, como lo sostiene ahora el inconforme.-Finalmente, resulta infundado lo que señala el recurrente en el tercer agravio, respecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a una tutela efectiva, por lo que sostiene que lo pretendido se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que, como se vio, de la demanda de garantías no se aprecia que los quejosos hayan precisado alguna omisión de la autoridad laboral, pues lo hicieron de forma genérica, además, que la Sala responsable con sus pruebas ofrecidas en su informe justificado acreditó la inexistencia del acto reclamado, al demostrar que ha ordenado diversas diligencias para obtener la ejecución del laudo dictado en el juicio principal.-Con base en lo anterior, y ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, debe confirmarse en sus términos la sentencia materia del presente recurso. ..." (fojas 132 a 143 del expediente de denuncia de contradicción de tesis 3/2014)
En segundo lugar, cabe hacer alusión al criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que, al resolver el recurso de queja ********** interpuesto por **********, por conducto de su apoderado, en lo tocante al tema de contradicción, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-Estudio de los agravios. En el único agravio, el inconforme argumenta que, al emitirse la resolución recurrida no se llevó por el Juez de Distrito un análisis íntegro de la demanda de amparo, como para asegurar que existía una notoria y manifiesta causa de improcedencia como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que el juzgador apoyó su determinación en el hecho de que de la demanda no se advierte un acto en concreto que contenga la dilación reclamada o que hubiese originado alguna abstención por parte de la autoridad responsable, aunado a que no se advirtió que existiera solicitud a la autoridad responsable actual del quejoso, en el que se solicitara ejecutar el laudo de que se encuentra pendiente de cumplimiento; sin embargo, adverso a lo establecido por el a quo, se señalaron como actos concretos de la autoridad responsable las diversas omisiones en que ha incurrido y, en particular, la omisión de ejecutar el laudo.-El agraviado agrega el hecho de que el Juez de Distrito, sin sustento alguno, asegura que no existe ninguna solicitud actual por el quejoso para determinar la improcedencia del juicio constitucional cuando la autoridad responsable ha incurrido en omisiones, pasando inadvertido que dicha solicitud se puede evidenciar del informe justificado que rinda la autoridad responsable, es más, dichos aspectos pueden ser probados en el periodo probatorio, y al no permitírselo, se le coartó su derecho; en ese sentido, ante la duda, el Juez Federal debió ordenar, en su caso, la aclaración de la demanda y no desecharla.-Dichos agravios resultan fundados, por lo siguiente: De los antecedentes del acto recurrido se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de ejecutar el laudo dictado el diecisiete de junio de dos mil cuatro, en el juicio laboral 3458/2002, promovido por el quejoso en contra del Gobierno del Distrito Federal y otros.-En la resolución recurrida se decretó el desechamiento de la demanda de amparo, porque el Juez consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo (los transcribe en nota al pie), bajo dos argumentos torales: a) Que se requería que el solicitante de amparo en el escrito de demanda precisara los actos concretos, cuya omisión o dilación se reclamaban y que implicaron un retraso en el procedimiento de ejecución por parte de la autoridad responsable.-b) Que al reclamarse en forma genérica se está ante un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, porque la ejecución forzosa del laudo depende básicamente de la previa petición del ejecutante.-Ahora, por lo que se refiere al primero de los argumentos que el Juez Federal establece, en el sentido de que la quejosa debió precisar los actos concretos cuya omisión o dilación reclamó, pues sólo precisó en forma genérica la omisión de ejecutar el laudo que puso fin al juicio laboral generador del actor reclamado; si bien se justifica en el sentido de que el acto reclamado efectivamente es genérico; no menos cierto resulta que lo que debió generar dicha irregularidad no fue el desechamiento de la demanda de amparo, sino su aclaración, en el sentido de que se precisaran el acto de omisión en concreto, como lo sería la cita de los acuerdos y diligencias que no se dictaron en los términos y plazos establecidos en la ley, y qué apercibimientos no se hicieron efectivos.-Lo anterior, porque del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo (lo transcribe en nota al pie), se viene a conocimiento que procede un requerimiento previo a la admisión de una demanda de amparo, bajo el apercibimiento de tenerla, en su caso, por no interpuesta, cuando exista irregularidad en el escrito en que se formula, por omisión, entre otros, de que no se indique con precisión el acto reclamado.-En esas condiciones, ante la irregularidad del señalamiento del acto reclamado concreto de la omisión o dilación reclamados, lo que procedía era que el Juez a quo mandara aclarar la demanda en el sentido de que se precisaron los actos reclamados y, al no hacerlo, inobservó lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo.-Ahora, en relación al argumento considerado por el Juez de Distrito, en el sentido de que el acto reclamado es jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, porque la ejecución forzosa del laudo depende básicamente de la previa petición del ejecutante, para su justificada determinación se requiere de un análisis de fondo, propio de una sentencia, y teniendo a la vista las constancias del juicio laboral, pues sólo así se podría determinar con certeza para la pretendida inexistencia; de modo que no existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que motive desechar de plano la demanda de amparo.-Lo anterior, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo (lo transcribe en nota al pie) establece que el Juez de Distrito examinará ante todo la demanda de amparo; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.-El vocablo manifiesto implica que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual conlleva que al juzgador le bastaría apreciar el acto reclamado y su naturaleza, para determinar que no tiene ningún caso sustanciar el procedimiento, pues a la postre la causa de improcedencia no variaría ni con más argumentos ni mediante otras pruebas.-Entretanto, lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto se ubica exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia.-Al respecto, se comparte la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, materia común, página 730, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA».’ (la transcribe en nota al pie).-Así, en el caso, para considerar que en la ejecución del laudo no ha mediado la petición del ejecutante, se requiere de mayores elementos y, por ende, de un análisis más profundo, pues de la demanda de amparo se obtienen indicios de la posible existencia de esa petición, pues de un estudio preliminar de la narración que verificó el accionante de los antecedentes del acto reclamado en su demanda de amparo, se advierte que se han venido dictando por la Sala responsable actos dirigidos a la ejecución del laudo e, incluso, se ha señalado al menos una fecha para la diligencia de reinstalación del actor, lo que genera incertidumbre en el sentido de si esas actuaciones se emitieron a petición de parte, o de manera oficiosamente por la autoridad; de ahí que en el juicio constitucional no existen constancias que convaliden la afirmación del Juez de Distrito y, como se vio, hay elementos que dan indicio de lo contrario.-En abundamiento a lo anterior, debe establecerse que en criterio de este tribunal, es claro que la premisa normativa de la previa solicitud de impulso del ejecutante, se obtuvo por el Juez de Distrito de la interpretación sistemática de los artículos 114, fracción III, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (los transcribe en nota al pie), pues de ellos -a juicio del a quo- se advirtió que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de ejecutar el laudo una vez dictado, pero a condición de que la parte actora lo solicite en términos del enunciado contenido en el último de los numerales citados, a saber, ‘cuando se pida’, aunado a la figura de la prescripción de las acciones para ejecutar las resoluciones del mencionado tribunal, ya que de no impulsar el procedimiento en dos años, la acción para ejecutarlo prescribirá.-Luego, del estudio de la demanda de amparo, el Juez de Distrito puntualizó que el quejoso fue omiso en precisar un acto concreto de la Sala responsable en la que se contengan los actos concretos cuya omisión o dilación se reclamaron; por lo que, en tal supuesto, el Juez de amparo se encontraba impedido para actuar oficiosamente, ya que se dejaría en estado de indefensión a la autoridad responsable y ‘derivaría en un desequilibrio procesal contrario al principio de certeza jurídica’.-Por tal motivo, el Juez de Distrito determinó que, al no encontrarse en la demanda de amparo la manifestación del quejoso en el sentido (sic) hubiere solicitado la ejecución del laudo, lo procedente era desechar la demanda de amparo, por estar ante la presencia de un acto jurídicamente inexistente.-Sin embargo, este Tribunal Colegiado considera incorrecta esta decisión del Juez, pues además de que no es un hecho notorio y manifiesto, se estima que es inexactamente aplicable la premisa normativa en que se funda, relativa a la previa solicitud de impulso del ejecutante, por lo siguiente: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de donde derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2008, página 227, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.’, determinó que la primera actuación en el procedimiento de ejecución, por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (lo transcribe en nota al pie).-Además -se dice en dicho precedente-, el artículo 150 de la misma legislación ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes a ese fin ejecutivo.-Por lo que si bien la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos ha de realizarse -según se ha dicho-, ello no implica que el tribunal deba, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder apercibiendo al demandado con la imposición de multa, el artículo 150 le vincula a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean idóneas.-De todo lo cual, la Segunda Sala concluyó que para limitar la actuación del tribunal bastaría la disposición contenida en el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; lo cual, haría irrelevante el artículo 150, que otorga al tribunal amplias facultades para actuar, permitiéndole tomar todas las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes.-Por ello, este Tribunal Colegiado estima inexacta la decisión del Juez de Distrito, en razón de que, además de que n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25842-65f3493a/amparo-indirecto-debe-sobreseerse-cuando-se-reclama-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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