COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ABROGADA, NO VULNERA EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS.
AMPARO EN REVISIÓN 349/2025. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, CON PRECISIONES, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, CON PRECISIONES, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN SE SEPARÓ DE LOS PÁRRAFOS 58 AL 60, 62 Y DEL 65 AL 71 Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 349/2025, interpuesto por ********** y otros (parte quejosa) y la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante “COFECE”), contra la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, en el juicio de amparo indirecto ********** y acumulados **********, ********** y **********.
El problema que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si los artículos 24, fracción II, y 33, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada vulneran el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones y los principios de presunción de inocencia y no autoincriminación.
I. ANTECEDENTES
1. Resolución administrativa. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica dictó resolución en el expediente **********, en la que tuvo por acreditada la responsabilidad de diversas personas físicas y morales, entre ellas, **********, **********, ********** y **********, en la comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de guantes de látex para cirugía y exploración adquiridos por el sector salud durante el plazo transcurrido del cinco de marzo de dos mil nueve al ocho de abril de dos mil quince; en específico, por concretar con otros agentes económicos las posturas que presentarían en las licitaciones públicas del sector salud para adquirir guantes de látex, por lo que les impuso diversas multas.(1)
2. Demanda de amparo indirecto. Inconformes con la resolución anterior, las personas físicas y moral antes mencionadas promovieron demanda de amparo en la que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridades responsables
• El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
• La Cámara de Diputados.
• La Cámara de Senadores.
• El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• La Comisión Federal de Competencia Económica por conducto de su presidente.
• El Secretario de la Función Pública.
• El Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
Actos reclamados
• La resolución que puso fin al procedimiento en forma de juicio número ********** por las ilegalidades cometidas en la propia resolución y durante el procedimiento (de investigación y seguido en forma de juicio al no poderse impugnar éstas de forma autónoma) además de las normas generales tildadas de inconstitucionales aplicadas en el mismo.
• El artículo 33 del abrogado Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica por lo que ve a la facultad de la autoridad investigadora de separar el expediente de investigación, pues el mismo excede la facultad reglamentaria.
• El artículo 60 del abrogado Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica por lo que ve a la facultad de la autoridad investigadora de “regularización del procedimiento”, pues el mismo excede la facultad reglamentaria.
• El artículo 33 fracción II, segundo párrafo de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica al ser violatorio del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 constitucional aplicado al derecho administrativo sancionador.
• El artículo 24 fracción II de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica al ser violatoria del derecho de inviolabilidad de las comunicaciones.
• El artículo 17 fracción V del Estatuto de la Comisión Federal de Competencia Económica.
• La exposición de los quejosos a través de los medios de comunicación, así como en la página de internet de la Comisión Federal de Competencia Económica, como responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de guantes de látex para cirugía y para exploración adquiridos por el sector salud en territorio nacional, sin que dicha resolución constituya cosa juzgada ni siquiera haberlo decidido un juez perteneciente al Poder Judicial de la Federación, violando con ello el principio de presunción de inocencia extraprocesal.
3. Los quejosos señalaron como derechos humanos vulnerados los reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20 apartado B, fracciones I, II, IV, VI y 22 de la Constitución Federal e hicieron valer los conceptos de violación siguientes:
• Primero. Violación al principio de presunción de inocencia extraprocesal, aplicado al derecho administrativo sancionador en virtud de que en la versión pública de la resolución y en los comunicados de prensa, se hicieron públicos los nombres de las personas multadas. Asimismo, se vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso legal.
• Segundo. Violación al principio de presunción de inocencia, toda vez que en la resolución reclamada se consideró que el emplazado no pudo desvirtuar la conducta atribuida, es decir, se enfocó en el emplazado, y no en la autoridad investigadora quien debió probar la supuesta práctica ilícita.
• Tercero. Violación al principio de presunción de inocencia, al valorar las negativas contenidas en el escrito de contestación al oficio de probable responsabilidad y relevar de la carga de la prueba a la Autoridad Investigadora. El Pleno de la COFECE parte de una premisa falsa, al tratarse de un procedimiento administrativo sancionador, las personas físicas y moral quejosas no están obligadas a desvirtuar la supuesta conducta antijurídica, sino que era la autoridad la encargada de probar fehacientemente la conducta.
• Cuarto. Violación al derecho de defensa en el procedimiento seguido en forma de juicio al ocultarle información, al no permitirle a la parte quejosa el acceso a toda la información para su defensa.
• Quinto. Violación al derecho de defensa en el procedimiento seguido en forma de juicio, al haber repuesto el procedimiento sin fundamento para hacerlo, esto es, si la Ley Federal de Competencia Económica abrogada establece en su artículo 33, fracción II, que el agente económico emplazado tendrá un plazo de treinta días hábiles para contestar el Oficio de Probable Responsabilidad, contados a partir de que se le notificó el pliego, es evidente que la autoridad por ningún motivo puede ir más allá de la regla y ampliar ese plazo a las partes, mucho menos por el doble del término, utilizando la institución de la “regularización del procedimiento”, por lo que es arbitrario que la autoridad lo ampliara por otros treinta días sin que se solicitara.
• Sexto. Inconstitucionalidad del artículo 60 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, respecto de la facultad de la autoridad investigadora de “regularizar el procedimiento”, pues excede la facultad reglamentaria.
• Séptimo. Violación al derecho de defensa en el procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de haber tenido por contestados los oficios de probable responsabilidad, por parte de los demás agentes económicos emplazados ya que contaron con el doble de plazo para integrar su contestación.
• Octavo. No se notificó a la parte quejosa el cambio de Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues a pesar de que no existe obligación prevista en la Ley Federal de Competencia Económica, se debe otorgar seguridad jurídica a las partes de la persona que está instruyendo el procedimiento.
• Noveno. Violación al derecho de defensa al no haberle permitido a la parte quejosa conocer el lugar de trabajo de uno de los testigos, porque se tuvo que poner a la vista dicha información para cuestionar la credibilidad y parcialidad del testigo, al ser trabajador de una empresa competidora en el mercado del sector salud.
• Décimo. No se desahogaron la totalidad de los interrogatorios y posiciones de ofertados por la parte quejosa, violando los derechos de prueba, sobre todo el de contradicción e inmediatez.
• Décimo primero. Violación al derecho de defensa derivado del desechamiento de la ampliación de los pliegos de posiciones con los que se pretendía demostrar el desvanecimiento de la imputación formulada en el oficio de probable responsabilidad. El Pleno de la COFECE sustentó su determinación en el artículo 46, primer párrafo y fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, señalando que las pruebas deben ofrecerse con el escrito a que se refiere el numeral 33 de la propia ley, y que al ofrecer la prueba confesional debe acompañarse “el pliego que contenga las posiciones que habrán de absolverse”, y que existe obligación de dicha autoridad de desahogar las pruebas confesionales únicamente respecto de los pliegos de posiciones presentados al momento de contestar los oficios de probable responsabilidad, por lo que el Pleno violentó su derecho a probar, al no reponer el procedimiento y actuó contra la normatividad de la materia, basándose supuestamente en principios de economía procesal.
• Décimo segundo. Violación al derecho de defensa derivado de la negativa de citar forzosamente a declarar a testigos de cargo de la autoridad investigadora con los que se pretendía demostrar el desvanecimiento de la imputación formulada en el oficio de probable responsabilidad.
• Décimo tercero. El Pleno de la COFECE determinó no designar a un perito tercero en discordia dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, sin embargo, si una de las contendientes señaló un determinado punto en su estudio técnico y la otra discordó totalmente de ello, lo idóneo era que se desahogara un tercer estudio científico técnico con el fin de que el Pleno contara con mayores elementos de prueba a su alcance.
• Décimo cuarto. Violación a los derechos de seguridad jurídica, defensa y a las formalidades esenciales del procedimiento porque el Pleno de la COFECE resolvió que no era necesario reponer el procedimiento, avalando diversas irregularidades durante el procedimiento seguido en forma de juicio.
• Décimo quinto. Violación a los derechos de seguridad jurídica debido a que no existió causa objetiva para el inicio de la investigación de guantes de látex para exploración y cirugía adquiridos por el sector salud ya que, en todo caso, se debió de iniciar un nuevo procedimiento de investigación.
• Décimo sexto. Inconstitucionalidad del artículo 33 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica y del artículo 17, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Comisión, que facultaba a la autoridad investigadora para separar expedientes de investigación, ya que dicha institución no se contempla en la abrogada Ley Federal de Competencia Económica.
• Décimo séptimo. Violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica por los vicios cometidos al iniciar el procedimiento de investigación con base en documentos certificados por el Secretario Ejecutivo de la COFECE, sin tener facultades para ello.
• Décimo octavo. Violación al derecho de debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad al emitir la orden de visita de verificación de dieciocho de marzo de dos mil quince, toda vez que se fundamentó en el artículo 31, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual menciona que será el Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica quien designe en la orden de visita a los visitadores (funcionario que ya no existe en el organigrama pertinente). Además, la autoridad investigadora no citó el precepto del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica que, en todo caso, le permite designar a los visitadores que habrán de actuar en el procedimiento de verificación.
• Décimo noveno. Violación al derecho de debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, ya que en la orden de visita de verificación se habilitaron días y horas inhábiles sin que se colmaran los requisitos y condiciones necesarias.
• Vigésimo. Violación a las garantías de seguridad jurídica, inviolabilidad e intimidad del domicilio, con motivo de las irregularidades cometidas al ejecutar la orden de visita de verificación en las instalaciones de la empresa quejosa, toda vez que ingresaron doce funcionarios públicos de la Comisión, cuando únicamente firmaron el acta once de éstos.
• Vigésimo primero. Violación a las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio por falta de identificación de los servidores públicos que realizaron la visita de verificación, pues no cumplieron con lo establecido en diversas jurisprudencias de la Suprema Corte.
• Vigésimo segundo. Violación al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas previsto en el artículo 16 constitucional, debido a que la autoridad administrativa obtuvo comunicaciones privadas a través de un correo electrónico.
• Vigésimo tercero. Violación al derecho de legalidad al no haber valorado adecuadamente las comparecencias de los agentes competidores de la parte quejosa, lo cual atenta contra los principios de fundamentación y motivación.
• Vigésimo cuarto. Violación a las garantías de fundamentación y motivación al desestimar los argumentos vertidos contra los requerimientos de información realizados por la autoridad investigadora, pues no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento que deben imperar en los procedimientos de investigación.
• Vigésimo quinto. Violación a las garantías de fundamentación y motivación toda vez que el Pleno de la Comisión confirmó la definición de mercado investigado, al no haber analizado dicho concepto y sesgado la información de las compras públicas para que a conveniencia de la autoridad quedaran los porcentajes que según ella se dividían entre los emplazados.
• Vigésimo sexto. Violación al derecho de seguridad jurídica, al haber determinado que las conductas sancionadas iniciaron desde el año dos mil uno y haber tomado en consideración antecedentes con base en un modelo holístico de los hechos, pues la autoridad debió fundar su determinación únicamente en los supuestos hechos acontecidos dentro del periodo investigado.
• Vigésimo séptimo. Violación al derecho de seguridad jurídica ya que se investigaron y sancionaron hechos que todavía no acontecían al momento de emitir el acuerdo de inicio, por lo que la autoridad se excedió en sus facultades de comprobación.
• Vigésimo octavo. Violación al derecho de seguridad jurídica al no haber analizado debidamente los argumentos de la parte quejosa, respecto del diseño de las licitaciones públicas centralizadas investigadas.
• Vigésimo noveno y Trigésimo. Violación al derecho de defensa derivado de la determinación del Pleno de desestimar los argumentos expresados al contestar el oficio de probable responsabilidad, en el sentido de que no se acreditó el acuerdo imputado a nivel directivo y operativo.
• Trigésimo primero. Inconstitucionalidad del artículo 24, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que la COFECE no está facultada para obtener comunicaciones privadas como lo es un correo electrónico, pues en materia administrativa no es posible por existir prohibición expresa.
• Trigésimo segundo. Imprecisiones de las supuestas reuniones del personal de la empresa moral quejosa y los canales de comunicación con base en los cuales se tuvo por acreditada la conducta.
• Trigésimo tercero. Violación a la garantía de fundamentación y motivación derivada de las conclusiones económicas establecidas en el oficio de probable responsabilidad y validadas por el Pleno de la COFECE.
• Trigésimo cuarto. Violación a la garantía de fundamentación y motivación del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica al desvirtuar diversas irregularidades hechas en el oficio de probable responsabilidad.
• Trigésimo quinto. Inconstitucionalidad del artículo 33, fracción II, párrafo segundo, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica al ser violatorio de los principios de presunción de inocencia y de no autoincriminación, pues establece que si no se contesta en determinado sentido el oficio de probable responsabilidad, se deben tener por ciertos los hechos imputados.
• Trigésimo sexto. Violación al derecho de defensa por la indebida valoración de las pruebas para tener por acreditada la práctica monopólica absoluta.
• Trigésimo séptimo. Violación generada por los argumentos a partir de los cuales el Pleno tuvo por acreditada la práctica monopólica absoluta.
• Trigésimo octavo. Violación al principio de presunción de inocencia debido a que no quedó demostrada la participación de la parte quejosa, por lo que se le debió absolver.
• Trigésimo noveno. Violación al principio de legalidad y seguridad jurídica por haber tenido por acreditada la práctica monopólica en el periodo de vigencia de la actual Ley Federal de Competencia Económica, pues nunca se probó la forma mediante la cual, después de dos mil trece, los agentes económicos continuaron con los supuestos acuerdos.
• Cuadragésimo. Violación al principio de irretroactividad de las leyes por haber aplicado de forma retroactiva la nueva Ley Federal de Competencia Económica, toda vez que la autoridad responsable reconoce que en dos mil catorce no se licitaron los guantes de látex de forma consolidada y fue hasta dos mil quince cuando se volvieron a incluir en las licitaciones consolidadas y no se acreditó que la conducta sea continuada para efectos de fundamentar su sanción.
• Cuadragésimo primero. Violación al principio de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva debido a que la autoridad responsable sancionó hechos acontecidos en el periodo comprendido de dos mil nueve a dos mil doce, lo cual la deja en libertad ilimitada para imponer sanciones por hechos acontecidos desde antes de la resolución.
• Cuadragésimo segundo. Violación al principio de proporcionalidad de las sanciones y a la motivación de los actos de autoridad cometida al graduar la multa impuesta.
4. Admisión y trámite. Las demandas de amparo fueron turnadas al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, donde se registraron con el número de expediente ********** y acumulados **********, **********y **********, y se admitieron a trámite.
5. Ampliaciones de demanda. Durante la tramitación del juicio, la parte quejosa presentó once ampliaciones de demanda(2) en las que reclamó actos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica relacionados con la publicación de sus datos como responsable de prácticas monopólicas absolutas.
6. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro el Juez de Distrito dictó sentencia en la que, por una parte, negó el amparo contra los artículos 24, fracción II, y 33, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada; 33 y 60 de su Reglamento y 17, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica; por otra parte, concedió la protección constitucional contra la resolución reclamada, al considerar que en una de las visitas de verificación que llevó a cabo la autoridad ocurrió una violación procesal que trascendió al resultado de dicha resolución. El Juez ordenó a la responsable dictar una nueva determinación en la que declarara fundado el argumento relacionado con dicha violación.
7. En relación con la negativa del amparo –tópico que es la materia del presente recurso–, el Juez de Distrito consideró infundados e inoperantes los conceptos de violación en que la quejosa alegó que los artículos 24, fracción II, y 33, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada vulneran los derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la presunción de inocencia. Las consideraciones que sustentan dicha determinación son, en esencia, las siguientes:
• Las personas quejosas alegaron que el artículo 24, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada vulnera el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, pues –de acuerdo con la interpretación de la autoridad- faculta a la Comisión a intervenir comunicaciones sin que exista una autorización judicial para tal efecto; sin embargo, este argumento es inoperante toda vez que parte de una premisa errónea.
• El artículo reclamado no autorizaba la intervención de comunicaciones privadas, sólo proporcionaba a la autoridad administrativa una herramienta para allegarse de los elementos necesarios para integrar sus indagatorias para que, en un momento dado, con base en éstos pudiera ejercer sus facultades sancionatorias, sin que ello implicara una permisión para usar cualquier clase de información sin cumplir con el marco legal aplicable al supuesto de que se tratara, como proponen los quejosos.
• Así pues, el hecho de que en la ley no se estableciera expresamente que en las visitas de verificación la autoridad debía excluir información relacionada con comunicaciones privadas no torna inconstitucional el precepto legal reclamado, pues ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el legislador no puede prever todas las circunstancias futuras de la aplicación de la ley, por lo que es posible que emplee conceptos indeterminados, cuyas condiciones de aplicación dependerán de la apreciación de las circunstancias particulares, lo que no significa que la autoridad tenga la facultad de actuar arbitrariamente, pues sus actos se encuentran sometidos en todo momento a los límites constitucionales.
• Asimismo, las quejosas argumentaron que el artículo 33, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada vulnera los derechos a la presunción de inocencia y a la no incriminación, previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Si bien la porción normativa reclamada contiene una presunción legal en el sentido de que, ante la omisión del probable responsable de pronunciarse respecto de alguno de los hechos, la autoridad está facultada para tenerlos por ciertos, no se debe perder de vista que también, de manera expresa, prevé que ello únicamente podrá suceder si no existe prueba en contrario.
• Se advierte que el procedimiento que establecía la ley de la materia, actualmente abrogada, respetaba el principio de presunción de inocencia, por lo que son infundados los argumentos planteados.
• Por lo que hace a la violación aducida respecto del derecho a la no autoincriminación, el concepto de violación es inoperante, pues además de que no se explicó de qué manera el precepto legal reclamado vulnera tal principio, ese derecho no es aplicable al derecho administrativo sancionador.
8. Recursos de revisión. Inconformes con la anterior sentencia, la parte quejosa y las autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica interpusieron recursos de revisión. Los quejosos controvirtieron la negativa del amparo y la desestimación que hizo el juzgador de algunos de sus conceptos de violación; las responsables se inconformaron por la protección otorgada contra la resolución reclamada.
9. En los ocho agravios que expuso la parte quejosa, alegó:
• Primero. El supuesto previsto en el artículo 24, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica, en donde bajo la interpretación del Juzgador habilita a la autoridad administrativa a obtener correos electrónicos, es inconstitucional, puesto que es contrario a los principios de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, toda vez que implica que un tercero -en este caso la autoridad investigadora- tenga acceso a una comunicación privada de la que no fue parte, sin autorización judicial y tratándose de una materia como la administrativa, que la propia Constitución Federal lo prohíbe expresamente, sumado a que ninguna de las partes intervinientes en la supuesta comunicación avaló el conocimiento antijurídico de un tercero, como lo es la autoridad investigadora.
• Segundo. Contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, el artículo 33, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica es violatorio de las garantías fundamentales de presunción de inocencia y no autoincriminación previstas en el artículo 20, inciso A) de la Constitución Federal, aplicables al derecho administrativo sancionador, pues no basta con que se le otorgue un plazo para defenderse, sino que la inconstitucionalidad radica en que el gobernado no tiene por qué desvirtuar la acusación formulada por la autoridad investigadora, sino es ésta quien tiene que probar su acusación y no se pueden tener por ciertos los hechos que presuntamente no fueron desvirtuados.
• Tercero. Los artículos 33 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica y 17, fracción V, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica contravienen la facultad reglamentaria al establecer supuestos procesales no previstos por la ley de la materia, como son la de regularizar el procedimiento y la de separar el expediente administrativo para “su mejor manejo”.
• Cuarto. La causa de pedir de la quejosa no es que no existiera una causa objetiva para iniciar la investigación tratándose de guantes de látex, el argumento radica en que al momento en que se inició la investigación solamente existió la causa objetiva para la investigación de condones y sondas y respecto de los competidores de la quejosa, no así por guantes de látex, ni por los agentes económicos, ahora recurrentes.
• Asimismo, es inconstitucional el acuerdo de separación de expedientes, pues no se cumplieron con los requisitos previstos en el artículo 33 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica, toda vez que no existió causa objetiva para la investigación de los guantes de látex adquiridos por el sector salud, y si es un nuevo mercado, son hechos independientes a los originalmente narrados (y que motivaron y fueron la causa objetiva de la investigación), los agentes económicos investigados son distintos, y los hechos también son diferentes, no se abrió un nuevo expediente cumpliendo con las formalidades del procedimiento.
• En cumplimiento al principio de publicidad, el acuerdo de separación al ser de suma trascendencia en el procedimiento se debió publicar en el Diario Oficial de la Federación.
• Quinto. El Juez del conocimiento partió de una premisa falsa y no analizó el informe justificado de la autoridad responsable en el cual confiesa expresamente que existió un error en la denominación del servidor público que supuestamente certificó las constancias, por lo que es violatorio al derecho de seguridad jurídica, ya que con dicha certificación se dio inicio al procedimiento.
• El juzgador no puede dar por hecho circunstancias que no están debidamente probadas, como lo es que el fedatario tuvo a la vista el expediente original para llevar a cabo la certificación. Lo anterior, lo sustenta en que la certificación de diversas constancias la realizó una autoridad incompetente, de la certificación no se desprende por qué medio se cercioró que era fiel del original ni si tenían firma autógrafa.
• Sexto. El artículo 34 del abrogado Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica es de naturaleza competencial y no procedimental, como afirmó el juzgador. Luego entonces, la orden de visita de verificación se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues se citó el numeral referido, que ya no tiene aplicación en el entorno en que se invocó, al estar abrogada.
• El artículo 31, fracción I, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica resulta una norma compleja, pues se desprende una pluralidad de competencias y facultades, y la autoridad responsable no citó adecuadamente su determinación.
• La autoridad responsable no señaló el carácter con el que fue ordenada la visita, lo que causó inseguridad jurídica a las quejosas.
• Finalmente, la orden de visita de verificación carece de fundamentación y motivación y es violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal, puesto que la misma no reunió los requisitos constitucionales para su expedición, es decir, no fue dirigida al representante legal, no se solicitó la autorización al Pleno de la COFECE como lo establece la norma abrogada que rigió el procedimiento administrativo de origen y no se señaló la calidad con que se visitaba al gobernado.
• Séptimo. La autoridad investigadora debió justificar cuándo se habilitarán los días y horas inhábiles, desde la orden de visita, pues al concluir en un horario inhábil sin que se haya expresado la necesidad de así concluirla, es que contraviene los artículos 31, fracción II 51, de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada y 17, fracción IX, del Estatuto Orgánico de la Comisión, vulnerando la garantía fundamental de inviolabilidad del domicilio.
• Octavo. La sentencia del juzgador es incongruente ya que reconoció implícitamente que la COFECE actuó de manera inconstitucional al publicar y difundir lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33913-43f89b8e/competencia-economica-el-articulo-24-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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