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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA ECONÓMICA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMEN ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES CONTRARIAS A LA LEY FEDERAL RELATIVA, Y POSTERIORMENTE SE EMITA EL OFICIO DE PROBABLE RESPONSABILIDAD QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN, NO PROVOCA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2013. · Registro digital (IUS): 25096
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-06-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 856.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTES: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ Y LUZ CUETO MARTÍNEZ. PONENTE: CLEMENTINA FLORES SUÁREZ. SECRETARIO: EDUARDO GARIBAY ALARCÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 9 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

TERCERO. En principio, conviene determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Para ello, es necesario traer a contexto las consideraciones en que se sustenta el amparo en revisión RA. 268/2012-4383, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que son las siguientes:

"OCTAVO. Por ser una cuestión de orden público, este tribunal procede al análisis de la parte preliminar a la exposición de agravios en la que se desprende que la autoridad recurrente hizo valer una causal de improcedencia superveniente, prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica de la quejosa, derivado de la conclusión de la etapa de investigación dentro del expediente IO-005-2009-I, en que fue dictado el acto reclamado.

"Para acreditar los argumentos expuestos en el recurso, la autoridad exhibió: I) el acuerdo por el que el secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia ordenó dividir el expediente IO-005-2009-I, en las cuerdas IO-005-2009-Ia y IO-005-2009-Ib, de fecha veintiséis de enero de dos mil doce; y, II) Los oficios de probable responsabilidad emitidos en las cuerdas ‘a’ y ‘b’, de fechas doce de abril y veintiuno de marzo, ambos de dos mil doce, con sus respectivas cédulas de notificación (fojas veinticinco a setenta y seis del presente toca).

"Los oficios de probable responsabilidad emitidos en las cuerdas ‘a’ y ‘b’, del expediente IO-005-2009-I, señalan, en la parte que nos ocupa, lo siguiente: (se transcriben).

"En relación con lo anterior, en el recurso de revisión adhesiva, la recurrente sostiene la inexistencia de la causal de improcedencia invocada por la autoridad en base a las siguientes consideraciones:

"- Porque la naturaleza de la violación invocada y reconocida en la sentencia recurrida implica la imposibilidad de un cambio de situación jurídica, pues perdura en el tiempo y el espacio, y es de tal magnitud que el sobreseimiento, en términos de los artículos 73, fracción X y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, transgrediera los derechos humanos de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia de Bachoco previstos en el artículo 17 constitucional.

"- Porque Bachoco interpuso su demanda de amparo con fecha veintiocho de julio de dos mil once y la audiencia constitucional se difirió al menos 5 veces. Muchas de esas veces obedeció a que la Cofeco no rendía su informe respectivo y con ello provocaba el diferimiento de la audiencia respectiva. Igualmente, la sentencia recurrida tardó cerca de 5 meses en ser dictada, por lo que no puede argumentarse un cambio de situación jurídica cuando la audiencia constitucional fue celebrada con al menos 2 meses de anticipación al acto que la Cofeco pretende aducir como un cambio de situación jurídica.

"- Porque la violación esencial y toral que fue reclamada por Bachoco, tiene como consecuencia que:

"- (i) Todo acto de investigación, o incluso tendiente a la continuación del procedimiento, ya sea en su parte inquisitiva o contenciosa, que haya formulado la autoridad con posterioridad al catorce de julio de dos mil once sea extemporáneo e ilegal.

"- (ii) Si el periodo de investigación feneció fatalmente el catorce de julio de dos mil once -pues el mismo no fue legalmente prorrogado-, el plazo de 60 días previsto en el artículo 41 del RLFCE, para emitir en su caso los oficios de probable responsabilidad, transcurrió del quince de julio de dos mil once al veintiuno de octubre de dos mil once, por lo que los oficios de presunta responsabilidad son extemporáneos.

"- De lo anterior concluye que, dada la naturaleza de la violación invocada y reconocida en la sentencia recurrida, existe una imposibilidad material y jurídica para que la situación jurídica de Bachoco cambie.

"- Que lo anterior cobra mayor relevancia, si se toma en consideración que la audiencia constitucional del juicio de amparo de origen se celebró desde el diecinueve de enero de dos mil doce, es decir, antes de la emisión de los referidos oficios de probable responsabilidad (marzo y abril de 2012), y ello implica la imposibilidad de que los oficios de probable responsabilidad exhibidos por la autoridad junto con su recurso de revisión, verifiquen un cambio en la situación jurídica de Bachoco.

"- Que resultan inaplicables las tesis transcritas por la autoridad en su recurso de revisión, por lo siguiente:

"- ‘CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.’, porque: (i) Los actos reclamados por Bachoco en su demanda inicial de amparo (oficio de requerimiento de información) y su ampliación (acuerdo de reiteración), no emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, según reconoce la misma autoridad; (ii) Los oficios de probable responsabilidad no constituyen resoluciones que tengan a bien cambiar la situación jurídica de Bachoco; (iii) No existe autonomía o independencia entre el oficio de requerimiento de información y los oficios de probable responsabilidad, ya que el primero es emitido por el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión (‘director’), y el segundo es emitido por el secretario ejecutivo de la comisión junto con su presidente. Sin embargo, el director se encuentra subordinado al secretario ejecutivo (artículos 23, fracción II y 24 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia ‘RICFC’), debido a que se encuentra sujeto a los poderes de nombramiento y mando del secretario ejecutivo.

"‘CUOTA COMPENSATORIA, RESOLUCIÓN PROVISIONAL QUE IMPONE UNA. SÍ SE DICTÓ LA DEFINITIVA QUE LA MODIFICA, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LA PROVISIONAL QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.’, debido a que: (i) El diseño institucional de la Cofeco y su procedimiento, difieren radicalmente del diseño institucional de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía (‘UPCI’) y su procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda (antidumping); (ii) La autoridad pretende indebidamente equiparar al oficio de probable responsabilidad en materia de competencia económica con la resolución final en materia antidumping. Sin embargo, es jurídicamente imposible e inviable desde dos puntos de vista: a. Material. En el procedimiento antidumping, la resolución final (como su nombre lo indica) determina en definitiva la situación jurídica de una persona en el procedimiento antidumping; mientras que en el procedimiento de competencia económica, el oficio de probable responsabilidad no determina en definitiva la situación jurídica de una persona en dicho procedimiento; b. Diseño institucional. En el procedimiento antidumping, tanto la resolución preliminar como la resolución final son dictadas por el mismo órgano de naturaleza resolutoria (y, por ende, capaz de cambiar la situación jurídica de una persona) que decidirá en definitiva la situación jurídica de una persona en el procedimiento: la Secretaría de Economía a través de la UPCI (artículos 3o., 52, 57 y 59 de la Ley de Comercio Exterior). Por su parte, en el procedimiento de competencia económica el oficio de probable responsabilidad es indebidamente dictado por un órgano de naturaleza acusadora: la secretaría ejecutiva con la participación del presidente de la comisión y, por ende, incapaz de cambiar la situación jurídica de las personas, pues tal cuestión corresponde al Pleno de la comisión; y, (iii) El cambio de situación jurídica no se ocasiona por un simple cambio nominal de fases, cuestión que no ocurre en el oficio de probable responsabilidad.

"- ‘EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000).’, resulta inaplicable en la forma que pretende la autoridad, debido a que: (i) El procedimiento de extradición es un solo procedimiento seguido en forma de juicio que tiene tres fases; mientras que el procedimiento de competencia económica implica dos procedimientos: uno inquisitorio o de investigación y otro contencioso seguido en forma de juicio, cada uno con sus respectivas fases; (ii) En virtud de lo anterior, las fases del procedimiento inquisitorio no implican cambio de situación jurídica respecto del procedimiento contencioso seguido en forma de juicio, pues la situación jurídica de los agentes económicos investigados permanece igual desde el inicio de la investigación hasta que pueda realmente ser modificada en una etapa ulterior.

"Mediante oficio presentado ante este Tribunal Colegiado el diecisiete de enero de dos mil trece, el delegado de las autoridades recurrentes manifestó que el cambio de situación jurídica se actualizó al haberse concluido la etapa de investigación -en donde fue dictado el acto reclamado en el amparo indirecto-, Industrias Bachoco, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, dejó de tener el carácter de ‘agente económico relacionado’ con la investigación, situación que quedó reforzada con la terminación del procedimiento contencioso en el expediente IO-005-2009-Ib, en donde se le tuvo como ‘responsable’ de haber participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

"Para demostrar lo anterior, la autoridad anexó copia certificada de la resolución de treinta de octubre de dos mil doce, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia en el expediente IO-005-2009-Ib, que obra a fojas doscientos cincuenta a cuatrocientos cuarenta y seis del presente toca, cuyo apartado de resolutivos se reproduce enseguida: (se transcribe).

"Por su parte, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil trece, en relación a la documental exhibida, la quejosa expuso argumentos que van enderezados a demostrar la imposibilidad jurídica y material para el cambio de situación jurídica, por considerar que la continuación del procedimiento administrativo en su fase contenciosa dada la violación es fruto de actos viciados, al dictarse el oficio de probable responsabilidad fuera del plazo de sesenta días establecido en el artículo 41 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica; también hace valer la ausencia de facultades de la Comisión Federal de Competencia (sin especificar a qué tipo de facultades se refiere); así como la inexistencia del cambio de situación jurídica derivada de un acto autónomo e independiente de los actos reclamados, sin que dichos argumentos sean suficientes para desacreditar la existencia de la causa de improcedencia que se actualiza.

"Así las cosas, el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece: (se transcribe).

"El numeral invocado establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

"La figura referida ha sido motivo de análisis en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica, en los siguientes términos:

"‘CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.’ (se transcribe)

"Como se puede apreciar de la tesis transcrita, por regla general, son cuatro las condiciones requeridas para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, a saber; que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en la fecha de promoción del amparo; que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada; y, que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución.

"Cabe decir que esta figura no sólo es propia de la materia administrativa, también ha sido materia de pronunciamiento con mayor claridad en los procedimientos de índole penal, como se advierte del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por contradicción de tesis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página doscientos setenta, que a la letra dice:

"‘SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe)

"Así las cosas, la idea general de las tesis transcritas se vincula con el hecho de que este cambio de situación jurídica se actualiza cuando, posteriormente al acto reclamado, se emite una resolución que sustituye a la resolución originalmente reclamada, y en vía de consecuencia deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que en la especie acontece.

"En la especie, el procedimiento de investigación y su culminación, por parte de la comisión, se regula en los artículos 30, 31 y 33 de la Ley Federal de Competencia, así como en lo dispuesto por los artículos 28 y 41 del reglamento de dicha ley, mismos que, en su texto aplicado, señalan lo siguiente: (se transcriben).

"De los artículos transcritos se desprende que la Comisión Federal de Competencia, dentro de sus atribuciones, cuenta con la facultad de investigar actos que puedan constituir posibles infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, de oficio o a petición de parte, que empieza con el dictado del acuerdo de inicio de investigación, el cual contendrá cuando menos la probable violación a investigar y el mercado en el que se realiza.

"El periodo de investigación no será menor a treinta días ni exceder ciento veinte días, plazo que podrá ampliarse hasta en cuatro ocasiones, si existen causas justificadas para ello; en ese periodo, la comisión podrá requerir los informes y documentos que estime pertinentes, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos investigados, así como solicitar a la autoridad judicial la autorización de practicar visitas de verificación en cualquier domicilio de los agentes investigados.

"Concluido el plazo, la Comisión Federal de Competencia, dentro del término legal, dictará el acuerdo de conclusión de investigación, en donde se determinará si existe o no la probable responsabilidad de los agentes investigados; de existir elementos para determinar la probable responsabilidad de alguno de los agentes investigados, se emitirá el oficio de probable responsabilidad ‘opr’, con el cual inicia la diversa etapa de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

"Así las cosas, ciertamente, en la especie la quejosa reclamó diversos actos emitidos en la etapa de investigación de prácticas monopólicas, como lo son, entre otros, el oficio número DGIPMARCI-10-096-2011-164 de fecha veinticuatro de junio de dos mil once y el acuerdo de reiteración de fecha diez de agosto de dos mil once, lo que no constituye propiamente un procedimiento seguido en forma de juicio.

"Siendo que esto no obsta para que se presente un caso análogo que justifica la actualización de la hipótesis de improcedencia invocada, habida cuenta que la causal de improcedencia, consistente en el cambio de situación jurídica, tiene su ratio en la sustitución que de facto se da en los diversos procedimientos, cuando por su prosecución, se van dictando diversas resoluciones que modifican la situación del quejoso y que derivado de ello no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que impera y, por ende, que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo.

"En ese sentido, se tiene que ser muy puntual en que las violaciones se consideran irreparablemente consumadas, en la medida que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que impera, independientemente de que sus efectos se prorroguen en el tiempo.

"Aunado a lo anterior, cabe decir que no obstante el procedimiento de probable responsabilidad, en principio, tiene su origen en el procedimiento de investigación, lo cierto es que refieren a facultades diversas contenidas en las fracciones I y IV del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica aplicable, esto es, por un lado, se establece la facultad de investigación y, por el otro, el sancionar administrativamente la violación a la ley.

"Tal consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis aislada P. VII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 257, cuyos rubro y texto señalan:

"‘COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FACULTAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ANTE LA MISMA COMISIÓN.’ (se transcribe)

"Así las cosas, al derivar el dictado del oficio de probable responsabilidad y emplazamiento al procedimiento de infracción del cierre de la investigación, ello implica que los actos de molestia que fueron ordenados en dicha etapa, relacionados con la propia investigación en sí ya no sean ejecutables, sea porque en su oportunidad se dio cumplimiento por parte del agente económico o, en su caso, porque la investigación fue concluida sin el desahogo del requerimiento, por lo que, al haberse cerrado la etapa correspondiente, la quejosa ahora queda sujeta a las cargas procesales derivadas del diverso procedimiento instaurado en su contra, máxime que en su escrito de ampliación de demanda, la parte quejosa manifiesta que ad cautélam desahogó los diversos requerimientos de la autoridad.

"En ese sentido, se demuestra el cambio de situación jurídica del quejoso, pues los actos reclamados en el amparo indirecto se encuentran relacionados con la etapa de investigación regida por el artículo 30 de la Ley Federal de Competencia, en donde la quejosa tenía el carácter de agente económico involucrado (en el oficio de información se le designó como agente relacionado) con la investigación, estatus jurídico que ya no se encuentra vigente, al habérsele emplazado a los procedimientos administrativos tramitados en las cuerdas ‘a’ y ‘b’, del expediente IO-005-2009-I, en su carácter de ‘probable responsable’ de las prácticas monopólicas investigadas.

"De lo relatado se colige que operó un cambio de situación jurídica en relación con los actos reclamados por la quejosa, en virtud de haber tenido lugar durante la etapa de investigación a diversos agentes económicos relacionados con posibles prácticas monopólicas, los cuales quedaron subsumidos procesalmente con la emisión de los oficios de probable responsabilidad (en donde se emplazó a la quejosa al procedimiento administrativo), e incluso obra en autos la resolución que puso fin al procedimiento seguido en el expediente IO-005-2009-Ib, de treinta de octubre de dos mil doce.

"Bajo esa tesitura, se aprecia que existió un cambio en la situación jurídica de la quejosa, en relación con los actos reclamados derivados de la etapa de investigación; por ende, existe imposibilidad jurídica para examinar la legalidad de los actos que reclaman, sin afectar la nueva situación jurídica que se gestó con los oficios de probable responsabilidad y emplazamiento al procedimiento administrativo, siendo que ya se emitió la resolución dictada en el expediente IO-005-2009-Ib, de treinta de octubre de dos mil doce; y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.

"Sin que con la anterior determinación se deje en estado de indefensión a la quejosa, toda vez que la resolución que recaiga a los procedimientos administrativos que nos ocupan, y que culminen con la imposición de una sanción, tendrán sustento en la investigación efectuada por los funcionarios competentes, puesto que la finalidad de tales etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad de los agentes económicos investigados.

"Por tanto, al existir vinculación en las etapas de investigación y de determinación de responsabilidad en la comisión de prácticas monopólicas, los vicios o irregularidades acontecidos en el periodo de investigación que pudieran trascender en el resultado de la resolución final respectiva, son susceptibles de hacerse valer al momento de impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, lo que, se insiste, ocurrió en la cuerda ‘b’ del expediente administrativo referido, ya fue dictada la resolución que tuvo por acreditada la responsabilidad de Industrias Bachoco, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, por haber participado en la comisión de las prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

"Sobre ello, cabe decir que, incluso, pudiera darse el caso que el quejoso alegue que no tuvo conocimiento de los actos del procedimiento de investigación y, no obstante ello, merced al dictado del oficio de probable responsabilidad estaría obligado a impugnar dichos actos al concluir el procedimiento respectivo, con lo que se robustece la conclusión de que al haberse emitido el oficio de probable responsabilidad, las violaciones cometidas en el procedimiento de investigación serán impugnables hasta que se dicte la resolución final del procedimiento, máxime que, como se dijo, la propia quejosa expone que desahogó los requerimientos de la autoridad.

"Tal consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 24/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicarse, cuyo contenido es el siguiente:

"‘COMPETENCIA ECONÓMICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DEL DIVERSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN.’ (se transcribe)

"Así como por identidad de razón se cita, la jurisprudencia 2a./J. 8/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y seis, cuyo epígrafe y texto son del tenor siguientes:

"‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe)

"En esa guisa, al resultar fundada la causal de improcedencia propuesta por la autoridad recurrente, ante la existencia de un cambio de situación jurídica en el estatus de la quejosa, procede revocar la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio.

"Sin que en el caso sea determinante para el presente fallo, el que hubiese existido diversos diferimientos de la audiencia constitucional ni la dilación en el dictado de la sentencia, pues esos no son aspectos jurídicos a considerar para la actualización de la causal de improcedencia, aunado a que la procedencia del juicio al ser de orden público, se puede analizar incluso con medios de convicción supervenientes ofrecidos en la revisión.

"Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 64/98, perteneciente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, materia común, página 400, que dice:

"‘PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe)

"Derivado de lo anterior, no es dable hacer mayor pronunciamiento respecto de los diversos aspectos no abordados en la revisión adhesiva presentada por Industrias Bachoco, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, pues al haberse actualizado una causal de improcedencia merced al cambio de situación jurídica, no existe materia sobre la cual pueda realizarse algún análisis de la sentencia revisada.

En las relatadas condiciones, al haber resultado fundada la causal de improcedencia propuesta en el recurso, lo procedente es, en la materia de la revisión, revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio."

Por su parte, al resolver el amparo en revisión 413/2012, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo lo siguiente:

"31. Actos que no constituyen la resolución definitiva del procedimiento. En el inciso b) la recurrente argumenta, en esencia, que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva del procedimiento de investigación incoado por la Cofeco, y este procedimiento de investigación no es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que deba respetarse la garantía de audiencia, pues sólo se emiten actos de molestia pero no privativos.

"32. Es infundado el agravio. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 505/2012, estableció, entre otras consideraciones, que se citarán posteriormente, que el procedimiento de investigación de la Cofeco genera actos de molestia que deben satisfacer la exigencia de fundamentación y motivación. Que esos actos, como un requerimiento de información o una visita, son susceptibles de afectar por sí mismos derechos sustantivos como el derecho a la privacidad y el domicilio, y que, por ello, se sitúan en la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de las autoridades administrativas, prevista en la primera parte de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por lo que la quejosa no tiene que esperar a que se dicte una resolución definitiva para promover el amparo, siempre que se afecte su interés jurídico.

"33. Por tanto, en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable, porque la quejosa no tiene que esperar a que se dicte una resolución definitiva en el procedimiento de investigación, siempre que los actos reclamados afecten a sus intereses jurídicos o legítimos.

"...

"44. Por ser ilustrativo de este punto y por ser de utilidad para las consideraciones de esta ejecutoria, conviene citar desde ahora parte de las consideraciones efectuadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 505/2012, en relación con el procedimiento administrativo para determinar la existencia de prácticas monopólicas absolutas que puede llevar a cabo la Cofeco: (se transcribe).

"45. A partir de esta base, es posible afirmar que el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolut

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25096-5b3e5a7d/competencia-economica-la-circunstancia-de-que-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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