NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA. NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, TODOS DEL CUARTO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ Y LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. DISIDENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. PONENTE: JORGE MEZA PÉREZ. SECRETARIA: MARÍA INOCENCIA GONZÁLEZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El artículo 227, fracción III,(3) de la ley de la materia establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,(4) podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En el caso, la denuncia de contradicción la formula el consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en ausencia del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, quien fue señalado como autoridad responsable en los amparos en revisión 162/2013-III, 158/2013-II, 153/2013 y 202/2013, resueltos, respectivamente, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Cuarto Circuito, por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 162/2013-III, en sesión de doce de diciembre de dos mil trece, consideró lo siguiente:
"QUINTO. Corrección oficiosa de incongruencia cometida en la sentencia. Antes del examen de los agravios expuestos en el recurso de revisión en contra de la sentencia recurrida, es necesario destacar y corregir oficiosamente una incongruencia interna cometida en la sentencia recurrida, con la finalidad de resolver con la mayor claridad posible y precisión en esta ejecutoria, de conformidad con el texto del artículo 77 de la Ley de Amparo.
"Para evidenciar ese extremo, se parte de que la doctrina procesal señala que las sentencias contienen dos clases de requisitos: externos o formales, e internos o sustanciales.
"Los primeros son aquellos que establecen las leyes sobre la forma que debe revestir la sentencia y, en esencia, se refieren a la sentencia como documento y al efecto se señala que deben contener el lugar, fecha y Juez o tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen, así como el objeto del pleito; los preceptos legales o principios jurídicos, conforme a los cuales se resuelve y los puntos resolutivos correspondientes; mientras que los segundos, internos o sustanciales, son aquellos que conciernen ya no al documento en sí, sino al acto mismo de la sentencia, que son, entre otros, la congruencia y exhaustividad.
"A este respecto, la otrora Tercera Sala de este Alto Tribunal, al referirse a la congruencia interna y externa de las sentencias, pronunció el siguiente criterio:
"‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’ (se transcribe)
"Conforme a lo anterior, debe destacarse que los principios de congruencia y exhaustividad son comunes a todos los procedimientos jurisdiccionales en general, por lo que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías no pueden quedar excluidas de tales principios.
"Tratándose del juicio de amparo, en especial, el texto de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, contenidos en su capítulo X, denominado ‘De las sentencias’, revela que los principios de exhaustividad y congruencia, en términos generales, y desde luego vinculados con las sentencias de amparo, implican que se atienda o agote todo lo pedido y que exista relación y coherencia entre lo pedido y lo resuelto; así como entre las consideraciones que informan el fallo y los puntos resolutivos.
"Del texto de los preceptos en comento, se desprende que en las sentencias que se dicten en esos juicios se deberá fijar de manera clara y precisa el acto o actos reclamados, apreciar adecuadamente las pruebas ofrecidas para tenerlos o no por demostrados e invocar los fundamentos en que se apoye el sentido de la resolución correspondiente y, desde luego, como se precisó, en tales sentencias los puntos resolutivos deben corresponder a los actos reclamados, expresándose los preceptos legales que le den sustento a la resolución correspondiente, lo que implica que esas resoluciones deben ser congruentes consigo mismas.
"Sirve de apoyo el criterio jurídico establecido en la tesis 1a. X/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.’ (se transcribe)
"Precisado lo anterior, conviene recordar que, en la especie, la persona jurídica quejosa señaló como actos reclamados, esencialmente, los artículos 154 al 160, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, relativos al ‘Impuesto sobre nóminas’, y en el capítulo VII de la demanda, nombrado ‘Procedencia’, señaló, expresamente, que se impugnaban todas esas normas legales con motivo de la modificación hecha a la Ley de Hacienda mediante el Decreto Núm. 037, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León del treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el que se aumentó la tasa sobre la cual ese tributo se causaría, lo que, en su concepto, modificó sustancialmente la determinación y cálculo del impuesto y permitía reclamar todo el sistema tributario.
"De esos preceptos, destaca el 154, conforme al cual, el objeto del impuesto es la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación de un patrón, dentro del territorio del Estado.
"Asimismo, dicho numeral precisa, en su segundo párrafo, que para efectos de ese gravamen se considerarán remuneraciones al trabajo personal, todas las contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, comisiones, premios, gratificaciones, fondo de ahorro, donativos, primas, aguinaldo, tiempo extra, despensas, alimentación y otros conceptos de naturaleza semejante, aun cuando se eroguen en favor de personas que, teniendo su domicilio en Nuevo León, por motivo de su trabajo, presten trabajo personal subordinado fuera del Estado. Son también objeto de este impuesto los pagos realizados a los directores, gerentes, administradores, comisarios, miembros de los consejos directivos o de vigilancia de sociedades o asociaciones; y que también son objeto de este impuesto, los pagos que se realicen por concepto de honorarios a personas físicas que presten servicios personales preponderantemente a un prestatario, siempre que por dichos servicios no se pague el impuesto al valor agregado.
"En una parte del primer concepto de violación, inciso c), puntos 4 y 5, de la demanda de amparo, la quejosa expresó que el aumento de la tasa impacta el derecho humano al desarrollo integral, porque implicaba una carga tributaria excesiva en relación con todas las contribuciones que deben pagar por sus trabajadores, ya que se grava la misma fuente de riqueza relativa a las aportaciones de seguridad social, siendo su objeto es la relación de trabajo donde se obliga al pago del servicio.
"Asimismo, refirió que se transgrede el derecho humano de propiedad o posesión del patrimonio, consagrado en los artículos 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se grava una capacidad contributiva inexistente, consistente en las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal, gravando un gasto y no una manifestación de riqueza, máxime que no podía asegurarse que el gasto proviniera directamente de la quejosa, ya que podría derivar de financiamientos o de la descapitalización de la propia entidad, e incluso que se gravaban conceptos que no debían pagarse por ley, como bonos, tiempo extra, salarios, y que ni siquiera derivaban de una relación laboral, como los pagos a administradores.
"Hasta lo aquí descrito se advierte que en el concepto de violación en comento, aun cuando de manera inicial se afirma que el aumento de la tasa resulta violatoria de derechos fundamentales, la causa de pedir consiste, esencialmente, en que al gravarse todas las remuneraciones al trabajo personal subordinado se crea una carga excesiva para el patrón y se afectan los derechos fundamentales de posesión o propiedad del patrimonio, atendiendo a las demás obligaciones que derivan del pago mismo de salarios, como el entero de las prestaciones y cuotas de seguridad social; e incluso, que la fuente de riqueza gravada es ficticia; lo que evidencia que tales planteamientos se vinculan de manera directa con el establecimiento del objeto del impuesto contenido en el artículo 154 antes referido, en tanto que refiere a una tributación excesiva sobre la misma fuente de riqueza de que derivan las aportaciones de seguridad social, y que no se permite que se incentive la creación de empleos, al gravarse conceptos extralegales otorgados a los trabajadores.
"Por su parte, el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, consideró que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de todos los artículos impugnados, excepto el 157, porque en autos obraba la copia certificada de la declaración del impuesto sobre nóminas correspondiente al mes de abril de dos mil diez correspondiente a la quejosa, del diecisiete de mayo del mismo año y con sello de recepción de una determinada institución bancaria, porque concluyó que al menos desde esa fecha, se resintió la aplicación de dichos numerales, y su impugnación era extemporánea, actualizándose así el consentimiento tácito en términos del primer numeral indicado.
"No obstante lo anterior, en el diverso punto considerativo sexto, si bien precisó que se analizaría el fondo del asunto únicamente respecto del artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, realizó el examen del primer concepto de violación, inciso c), puntos 4 y 5, y los declaró infundados, básicamente, porque se parte de la premisa equivocada de que el aumento de la tasa es inconstitucional, porque la contribución tiene el mismo hecho imponible que las aportaciones de seguridad social, cuando el objeto del tributo en ambos casos no es el mismo; y porque el impuesto cumple con el principio de proporcionalidad ya que no grava el ingreso, capital o patrimonio de las personas, sino que recae sobre el gasto o el egreso que revelan capacidad para contribuir al gasto público.
"De ello deriva que el a quo incurrió en una evidente incongruencia interna al dictar la sentencia recurrida, porque, por una parte, decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los artículos 154, 155, 156, 158, 159, 159 bis y 160, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal de dos mil trece, con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente, y por otra, si bien precisó que analizaría los conceptos de violación solamente respecto del artículo 157 de dicho ordenamiento, que fue reformado únicamente en el sentido de aumentar la tasa del impuesto del 2% al 3%, sobre la base gravable, realmente se pronunció respecto de argumentos que se vinculan directamente con el artículo 154, que establece el objeto del impuesto, en los términos antes precisados.
"Lo que se corrobora, al advertirse que para dar respuesta a tales planteamientos, y determinar que el establecimiento del impuesto, en general, no violentaba los derechos fundamentales referidos en la demanda de amparo, ni siquiera hizo alusión a la tasa establecida en el numeral respecto del que sí procedió el amparo, sino a la determinación del objeto del impuesto previsto en el artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
"En ese contexto, es evidente que el Juez, habiendo decretado la improcedencia del juicio y el sobreseimiento en relación al precepto citado en último término, incongruentemente examinó la constitucionalidad del objeto del impuesto que aquél contiene, al disponer que no se gravaba el mismo hecho imponible que las aportaciones de seguridad social y que era proporcional, pues se estableció respecto de los gastos o egresos del contribuyente que revelan cierta capacidad contributiva; cuando no debía hacerlo ante el impedimento derivado de ese sobreseimiento que técnicamente puso fin al juicio respecto a dicha disposición.
"Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice textualmente:
"‘SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL.’ (se transcribe)
"Por consiguiente, a fin de reparar la incongruencia relativa, procede dejar sin efectos ese apartado de la sentencia en el que se examinaron esos conceptos de violación; sin que sea obstáculo a lo anterior, que en el agravio primero de la revisión se plantee la ilegalidad del sobreseimiento decretado por el Juez de referencia, pues como se verá en el siguiente apartado de consideraciones de esta ejecutoria, ese argumento es infundado.
"SEXTO. Estudio del agravio vinculado con la procedencia del juicio. En el agravio primero, la parte quejosa expresa que el Juez parte de un análisis incorrecto, al decretar el sobreseimiento del juicio respecto de los actos reclamados, pues la reforma del artículo 157 de la Ley de Hacienda, sí modificó un elemento del impuesto que afecta el sentido y alcance de los demás, pues varían las situaciones que prevalecían para la base, objeto y sujeto.
"Precisa que el artículo 157 de la Ley de Hacienda inicia una conexión normativa expresa que vincula las consecuencias jurídicas de sus porciones normativas con las consecuencias previstas en los demás artículos que forman parte del mismo cuerpo, al referir que el impuesto se causará con la tasa del 3% sobre la base a que refiere el artículo anterior; remitiéndose expresamente al 156; luego, el 156 remite expresamente al 154, que contiene otro elemento esencial, como el objeto; y el artículo 155 prevé los sujetos del impuesto. Asimismo, expone que los artículos 154, 155 y 156 de la Ley de Hacienda del Estado contienen una relación estrecha con el 157, pues contienen los demás elementos esenciales del impuesto.
"También dice que el Juez pierde de vista que el sistema de un tributo se conforma por las disposiciones relativas a sus elementos esenciales, y tratándose de una misma categoría de causantes de un mismo impuesto, los elementos conforman el sistema impositivo a que se sujeta y que es un todo, por lo que carece de sustento la afirmación de que la tasa del impuesto es un elemento accidental o variable que está fuera del sistema de causación, porque afecta el alcance normativo de las porciones que regulan los demás elementos.
"Asimismo, que no puede concluirse que la tasa sea sólo una mera referencia, mención o correlación con los demás artículos, ya que su aumento repercutió en su sentido y alcance de forma directa a la obligación, de forma que se permite partir de esa relación para controvertir disposiciones generales, aunque no haya sido aplicadas en perjuicio del quejoso o desde su sola vigencia, como lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 100/2008, de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYEN UNA VERDADERA UNIDAD.’, y añade que esto se robustece porque los efectos de una posible concesión del amparo acarrearían la protección contra todo el cuerpo normativo que contiene el impuesto.
"Como se precisó en la última parte del considerativo anterior, estos argumentos son infundados.
"Para llegar a esta determinación, conviene traer a colación lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2321/97, en sesión del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve.
"En el considerando séptimo de esa resolución, en lo que interesa, el Alto Tribunal decretó la improcedencia respecto de los artículos 1o., 2o., 5o., 5o. A, 5o. B y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, en el contexto de que los planteamientos formulados por la quejosa se encaminaban a cuestionar elementos esenciales del impuesto contenidos en los preceptos mencionados, por lo que el común denominador de la argumentación jurídica expuesta en los conceptos de violación era la impugnación del establecimiento mismo del tributo; es decir, aspectos esenciales vinculados con la obligación tributaria relativa al impuesto al activo, en los cuales se comprendían, inclusive, las reformas introducidas a la Ley del Impuesto al Activo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
"Señaló que el texto de los artículos 2o., 5o., 5o. A, 5o. B y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, no fue tocado por esta última reforma, por lo que en principio estos preceptos legales rigen la situación de la quejosa, por lo menos desde el once de mayo de mil novecientos noventa y seis, en que entró en vigor la reforma inmediata anterior a la del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, esto es, aquella publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis.
"Luego, expuso que sobre esas premisas, era necesario establecer que el sistema de causación previsto en la Ley del Impuesto al Activo, en términos generales, permaneció inalterado pese a las reformas del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por cuanto hacía a los artículos 2o., 5o., 5o. A, 5o. B y 9o.; sin que se pudiera considerar que cualquier sujeto del impuesto estuviera en aptitud jurídica de impugnar en la vía de amparo la totalidad de las disposiciones integrantes de la ley relativa, si ya habían consentido los preceptos no reformados, para lo cual era indispensable esclarecer, si la reforma o adición parcial de un ordenamiento daba derecho a los afectados para poder impugnar, además de las disposiciones legales reformadas o adicionadas, todos los demás preceptos de tal ordenamiento y los ordenamientos reglamentarios relativos.
"Añadió que para dilucidar esa cuestión, debía traerse a colación el criterio que había sustentado al resolver el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de votos, el incidente de inejecución 142/94, consistente básicamente en que la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal declarado inconstitucional por una sentencia de amparo, hacía procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo por todos aquellos que se vieran afectados por el mismo, incluyendo a quienes hubieran obtenido una sentencia de amparo en contra del texto vigente, con anterioridad a dicha reforma, porque se trataba de actos distintos que deben ser por tanto objeto de distintas acciones impugnativas.
"Después, concluyó que ese criterio aplicado al caso, en el que estaba en discusión la procedencia del juicio de amparo indirecto, permitía establecer que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese pronunciamiento específico del legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía; mas no aquellos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria, común y corriente con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.
"En el mismo orden de ideas, destacó que la razón por la que se admitía la procedencia del juicio de garantías en contra de un artículo reformado, es la de que conforme al artículo 72, inciso F, de la Constitución General de la República, dicho precepto reformado constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que sólo respecto de él se actualizaba la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos del relativo ordenamiento jurídico, que debían estimarse ya consentidos por el gobernado, si por su sola vigencia causaron perjuicio (llamados de naturaleza autoaplicativa) o si requiriendo de un acto de aplicación para causar perjuicio (heteroaplicativos), fueron aplicados, y en cualquiera de esas hipótesis no se reclamaron oportunamente en el juicio de amparo.
"Y, finalmente, consideró que no bastaba que se actualizara la reforma o adición de un precepto de determinado ordenamiento legal, para que pudieran combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás del relativo cuerpo normativo que guardaran una relación ordinaria con el reformado, en virtud de la integración que debía tener cualquier sistema legal, pues lo que autorizaba su impugnación constitucional paralela a la reforma legislativa era la existencia del cambio formal que, desde el punto de vista constitucional, lo convertía en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también pudieran reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercutiera directamente la reforma, como ya se indicó.
"De este criterio jurídico que, posteriormente, fue reiterado en los amparos en revisión 3224/97, 2695/96, 2914/96 y 2913/96, derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 114/99, que dice textualmente:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.’ (se transcribe)
"Tomando en cuenta este criterio interpretativo, obligatorio para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, ahora es conveniente acudir al texto de los artículos 154 al 160 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León: (se transcriben)
"Como se advierte de lo anterior, el impuesto sobre nóminas se determina mediante una mecánica de tributación sencilla, en la que el sujeto pasivo de la obligación tiene que determinar, en primer lugar, la base para efectos del impuesto, que se constituye por el total de los pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro del territorio del Estado; y luego, después de que el sujeto de la obligación ha determinado esa base, quedará simplemente aplicar la tasa para conocer el impuesto causado, y realizar el pago a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquel al que corresponda; en la inteligencia de que hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil doce, se mantuvo la tasa con un valor del 2% pero, a partir del primero de enero de dos mil trece, se dispuso en el propio artículo 157, que esa tasa sería del 3%.
"Con base en lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la reforma al artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no da derecho a la quejosa a demandar la inconstitucionalidad de todos los artículos de dicho ordenamiento relacionados con el impuesto sobre nóminas, cuando previamente se hubieran consentido, toda vez que el solo incremento de la tasa no altera la mecánica para la determinación del propio tributo, ni afecta su sentido y alcance, porque en todo caso el sujeto pasivo de la obligación debe determinar, en primer lugar, la base del impuesto -para lo cual debe tenerse en consideración cuál es el objeto de dicha obligación-, y después, únicamente tendrá que aplicar a dicha base la nueva tasa; sin que por el simple aumento de dicha tasa exista alguna variación en cuanto a los demás elementos esenciales del tributo normativamente establecidos.
"Lo que evidencia plenamente que, por el incremento de la tasa no varían el objeto, los sujetos, la base y la época de pago del impuesto, pues el primero (objeto) sigue siendo la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, dentro del territorio del Estado; así como los pagos que se realicen por concepto de honorarios a personas físicas que presten servicios personales preponderantemente a un prestatario, siempre que por dichos servicios no se pague el impuesto al valor agregado; los sujetos siguen siendo las personas físicas, las morales o las unidades económicas que realicen los pagos a los que se refiere el artículo 154, así como la Federación, el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados, fideicomisos y demás entidades públicas; la base también es el monto total de los pagos a que se refiere el precepto mencionado, y la época de pago sigue siendo a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquel al que corresponda dicho pago.
"En ese contexto, como lo determinó el Juez Federal en la sentencia recurrida, la relación que guarda el numeral reformado que establece la tasa del impuesto sí es de naturaleza ordinaria, en tanto que no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sin que de modo alguno conduzca a su alteración, ni mucho menos a otorgar a los preceptos vinculados con los demás objetos del tributo, como los sujetos, el objeto, la base y la época de pago, un sentido, alcance o entendimiento diferente al que se había realizado antes de la reforma en comento; es decir, que las hipótesis de observancia o de aplicación por parte del receptor de la ley, no cambiaron.
"Además, el hecho de que en los preceptos relativos se haga una referencia a otro que contiene un elemento esencial del tributo distinto, como el 157 (tasa), que remite expresamente al numeral anterior (156 relativo a la base), que a su vez hace referencia al 154 (objeto), como lo destaca la recurrente, si bien evidencia la relación que dichos numerales guardan como un sistema normativo, no es justificativo para que se permita la impugnación de todos, aun cuando hayan sido consentidos por la reforma a la tasa, en tanto que en los términos expuestos, esta última no varió su sentido ni alcance.
"Máxime que, contrario a lo afirmado por el recurrente, el a quo en ningún momento expresó que el precepto reformado fuera una mera referencia, mención o correlación con los demás artículos que estuviera fuera del sistema de causación, ni soslayó que éste se conforma por todos sus elementos esenciales, ya que claramente precisó que aun cuando la tasa fuera un elemento esencial del tributo, la función de los restantes dispositivos no se veía alterada por su modificación, al utilizarse del mismo modo en que lo venían haciendo, criterio que este tribunal comparte.
"En la parte restante del agravio, el recurrente expresa que la tesis citada por el Juez de Distrito, de rubro: ‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO.’, no era aplicable al caso concreto, porque en ese caso se impugnaba la Ley de Ingresos para los Municipios de Guanajuato, de vigencia anual, en relación con la Ley de Hacienda Municipal de dicho Estado, cuando en la especie se controvierte que la reforma al artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado tenía incidencia directa en todo el cuerpo normativo relativo al impuesto sobre nóminas, que constituía una verdadera unidad; y que la diversa de rubro: ‘PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO DA LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DE ESE ORDENAMIENTO, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ SU APLICACIÓN.’, tampoco era aplicable, porque en ese caso sólo se había actualizado la tarifa por virtud de la inflación, cuando en el caso -reitera- se reformó sustancialmente el régimen del impuesto, lo que no era comparable, porque se incrementa el impuesto para proveer recursos a la seguridad pública.
"Estos argumentos también son infundados.
"En primer lugar, conviene acudir al texto de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:
"‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO.’ (se transc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25343-c829c506/nominas-el-procedimiento-legislativo-que-dio-origen-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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