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Modo: Corpus Pro

NOTARIO PÚBLICO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO CALCULA, RETIENE Y ENTERA LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y LOS IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ADICIONALES, CON MOTIVO DE LA FORMALIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2014. · Registro digital (IUS): 26439
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-07-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Pág. 1338.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, JUAN JOSÉ FRANCO LUNA Y JUSTINO GALLEGOS ESCOBAR. DISIDENTE Y PONENTE: ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA. SECRETARIO: EDUARDO ALBERTO OLEA SALGADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en vigor desde el tres de abril de dos mil trece, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este circuito, y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito discrepantes; por un Juez de Distrito que resolvió diversos juicios de amparo indirecto, de los que derivan las resoluciones que contiene los criterios contradictorios; así como por diversos autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de las partes dentro de los asuntos que la motivaron.

TERCERO.-Antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias que contienen los criterios discordantes.

1. Amparo en revisión en materia administrativa 272/2014, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el dieciséis de octubre de dos mil catorce.

La quejosa reclamó, vía de amparo, entre otros actos, la inconstitucionalidad de los artículos 77, fracción II, y 78, fracciones I y V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los artículos 94 Bis al 94 Bis-12 y del 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado.

Por razón de turno, correspondió conocer del amparo a la Juez Cuarto de Distrito en esta entidad federativa y, seguido el juicio en sus trámites legales, el veintitrés de junio de dos mil catorce, dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor.

Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito indicado, cuyas consideraciones medulares son las siguientes:

"Aun cuando para efectos de la procedencia del juicio de amparo debe tenerse como acto de aplicación del artículo 77, fracción II, y 78, fracciones I y V, de la Ley General de Hacienda del Estado, el realizado por el notario público al llevar a cabo la retención de pago del derecho respectivo; es necesario para que comience el término para la interposición de la demanda de amparo, que en ambos supuestos se acredite de forma fehaciente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del fundamento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cual fue el concepto y el sustento legal de esa actuación.

"Apoyan lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citadas en la sentencia impugnada y en los agravios, de rubros y textos:

"‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.-De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cual fue el concepto de la retención y su fundamento legal.’

"‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley.’

"En ese sentido, si bien la mencionada escritura contiene cláusula de pagos de diversas contribuciones a cargo del quejoso, tal circunstancia no implica que ésta (sic) conociera plenamente de los preceptos legales que reclama, ni del cobro de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad que tilda de inconstitucionales, particularmente porque tal actuación carece del respectivo sustento legal.

"No obsta que el fedatario público precisara en el apartado identificado como ‘YO, EL NOTARIO DOY FE’, que: ‘IV. De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento y explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo, firmándolo, y estampando la huella digital de su pulgar derecho en comprobación el día veintinueve de agosto de dos mil ocho, haciéndoles sabedores de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad ...’; pues, se reitera, no citó los preceptos que señalan los elementos ni base para calcular la contribución destacada.

"Tampoco es acertado decir que con el recibo de pago en comento puede establecer el término para la promoción del juicio de amparo, en virtud de que únicamente acreditan que el notario público ingresó la contribución reclamada al erario en la fecha de su expedición; empero, no tiene el alcance de vincular al órgano de amparo para tomar en cuenta la oportunidad de la presentación de la demanda, en la medida que no contiene fundamento. Lo mismo debe decirse del recibo de pago expedido por el aludido escribano, por carecer de fundamento.

"De ahí que, si en este asunto se tildan de inconstitucionales los artículos 77, fracción II, y 78, fracciones I y V, de la Ley General de Hacienda del Estado, los cuales fueron reclamados en su carácter de norma heteroaplicativa, o sea, con motivo de su primer acto de aplicación; y si la parte quejosa refirió que tuvo conocimiento de los actos reclamados el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, es esa fecha la que debe considerarse para computar el plazo para presentar la demanda de amparo, pues no está contradicha en autos, respecto de lo que deben hacerse las siguientes precisiones:

"La Juez de Distrito estableció en la resolución revisada, que el quejoso debió comprobar su afirmación de que tuvo conocimiento de los actos reclamados en la fecha citada en la demanda, conforme al principio general que dice: ‘quien afirma se encuentra obligado a probar’, recogido en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, no lo hizo ni aun de manera indiciaria.

"Consideración incorrecta, en virtud de que la aludida ley reglamentaria del juicio de amparo, no prevé ninguna disposición legal que exija al promovente probar su afirmación, tan es así, que no es citada por la resolutora, y la que invoca como supletoria tampoco es aplicable, por el contrario, su apreciación contraviene la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"‘DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.-Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.’

"Es así, porque aun cuando el criterio obligatorio que se cita, se refiere a los supuestos del artículo 21 de la abrogada ley de la materia, su contenido es similar al del numeral 18 de la actual legislación, en la que se sientan las bases para el cómputo del término para interponer la demanda de garantías, a partir del día siguiente:

"1. A aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y,

"2. A aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de ejecución.

"Luego, la carga de la prueba impuesta al peticionario de garantías, de acreditar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, es contraria a jurisprudencia, pues, como se ha visto, el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, ni el 18 de la norma que entró en vigor el tres del citado mes y año, contemplan la exigencia señalada por la a quo; por el contrario, el Alto Tribunal del País precisó, entre otras hipótesis, que el término para la interposición de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

"Lo que significa, en otras palabras, que si no obran en el juicio de amparo elementos objetivos que demuestren de modo directo, el pleno conocimiento de los actos reclamados, a partir de los cuales pueda computarse el plazo para promoverlo -como ocurre en el caso específico-, debe tenerse como tal, la fecha que la aludida parte externó en que se hizo sabedora de ello y no el día siguiente de la fecha en que firmó la escritura pública mencionada, ni cuando fue expedido el referido recibo de pago, pues no basta la aplicación de los dispositivos legales que se tildan de inconstitucionales, sino es indispensable que el afectado tenga conocimiento fehaciente de éstos, al encontrarse proscrito inferirlo a base de presunciones, como lo hace la juzgadora, al señalar que se informó al adquirente aquí quejoso, el sujeto, objeto y base gravable del pago que debía realizar por concepto del pago de derechos registrales, de acuerdo a la cláusula sexta y apartado identificado como ‘YO, EL NOTARIO DOY FE’; pues esto último, se traduce en una sola inferencia sin sustento probatorio, en la medida que el citado instrumento notarial y recibos, como se examinó en párrafos previos y se reitera, de ninguna manera contienen, ni precisan el fundamento legal en que se apoyó la retención o cobro de los derechos registrales.

"En ese tenor, el proceder de la resolutora también se aparta de la jurisprudencia de la referida Segunda Sala -que cobra vigencia en tanto no ha sido superado ni modificado-, que establece:

"‘ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.-El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.’

"Por virtud de lo anterior, es inexacto que la manifestación del quejoso sobre la fecha en que se ostentó sabedor de los actos que se combaten, quebrante el principio de buena fe que debió observar al promover el juicio indirecto; porque, como ya se analizó, no existe en autos ninguna prueba que desvirtúe su dicho, esto es, que revele y justifique que ocultó ese dato para hacer oportuna la demanda de amparo, y de ese modo que actuó contrario a derecho.

"Luego, se colige que la demanda de amparo de que se trata, se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues el término para la presentación oportuna comprendió del uno al veinticuatro de abril de este año, con exclusión de los días cinco, seis, doce, trece, quince a veinte, por haber sido inhábiles, en términos de lo dispuesto por el numeral 19 del citado ordenamiento legal, y el escrito se interpuso el veintiuno del citado mes y año (folio 2).

"No es obstáculo que la juzgadora haya ponderado en su resolución para justificar la actualización de la extemporaneidad, el menoscabo que pudiera sufrir el erario de las responsables ejecutoras; toda vez que esa circunstancia no forma parte de la hipótesis normativa en que fundó su determinación, que es la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya interpretación es estricta.

"Orienta a lo expuesto, por no oponerse a la Ley de Amparo, en términos del transitorio sexto, la tesis sustentada por la mencionada Segunda Sala, que dispone:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.-Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el Juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el Juez de amparo.’

"En esas condiciones, al no encontrarse plenamente probada la causal de improcedencia invocada por la Juez de Distrito, prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resultan fundados los agravios que se examinan y a continuación se examinarán las causales de improcedencia invocadas y no estudiadas por aquélla, de conformidad con la fracción I del artículo 93 de la Ley de Amparo.

"Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.-Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.’

"Similar criterio adoptó este tribunal federal, al resolver los recursos de revisión RA. 328/2013, RA. 69/2014, RA. 72/2014, RA. 174/2014, RA. 183/2014 y QA. 137/2014.

"Para terminar, la función protectora de los Tribunales Constitucionales no es buscar causas de improcedencia, es proteger los derechos de las personas cuando se ven afectadas por leyes inconstitucionales, más, si éstas ya han sido objeto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No se pasa por alto que la juzgadora haya señalado que sus consideraciones son iguales a las del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 41/2014; sin embargo, este tribunal federal no comparte ese criterio, ya que, según se dijo, las jurisprudencias mencionadas establecen de modo coincidente que el quejoso tiene pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma siempre y cuando se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal, siendo que esto último no se colmó en el particular, pese a que es un requisito jurisprudencial sine qua non.

"Luego, como el diverso órgano tripersonal sustenta que la cita del precepto no es necesaria para que se pueda tener al quejoso como conocedor del acto de aplicación de la norma impugnada, es necesario denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de este circuito, en términos de los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo."

En similares términos decidió el Tribunal Colegiado en cita los amparos en revisión 361/2014 y 368/2014. Siendo pertinente agregar que en este último asunto expuso la salvedad que se enfatiza en el párrafo que se transcribe a continuación:

"En contrario a lo que resuelve la Juez de Distrito, no es dable sustentarse en los recibos de pago, ni en la escritura pública para el cómputo del plazo legal para la promoción del juicio de amparo, porque aquellos comprobantes oficiales únicamente acreditan que las contribuciones reclamadas fueron ingresadas al erario público en la fecha de su expedición, sin que tengan el alcance de vincular al órgano de amparo para tomar en cuenta tal fecha en la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, ya que no citan los fundamentos legales que contengan los elementos de los tributos tildados de inconstitucionales, con independencia de si se trata de un acto de autoridad o no."

2. Recurso de queja 41/2014, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el quince de mayo de dos mil catorce.

El recurso de queja en cita, fue interpuesto en contra del auto por el cual, la Juez Cuarto de Distrito desechó de plano la demanda de garantías en la que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, fracción II, y 78, fracciones I y II, la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que prevé el cobro de derechos por servicios registrales, así como los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 -vigente hasta el seis de noviembre de dos mil trece- y del 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal, relativo al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional; al estimar que se actualizó de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso el recurso de queja del Tribunal Colegiado de Circuito indicado, cuyas consideraciones medulares son las siguientes:

"Son ciertos en parte los motivos de agravio previamente reseñados, aunque a la postre se tornan insuficientes para los fines pretendidos.

"En efecto, asiste razón a la disidente, al señalar que, si bien es verdad que en tratándose de derechos registrales, la retención que efectúa el notario público puede ser considerada el primer acto de aplicación en perjuicio de los artículos que prevén su pago, no menos verdad resulta que será así, siempre y cuando de ella se pueda deducir, sin lugar a dudas, el concepto de la retención y su fundamento legal, y en lo atinente al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, la escritura pública en la que se consigna el acto traslativo también se considerará el primer acto de aplicación cuando en ella se contengan los fundamentos legales correspondientes.

"Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos treinta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 2, correspondiente al mes de abril de dos mil trece, Décima Época, materia común, que dice:

"‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.-De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cual fue el concepto de la retención y su fundamento legal.’

"Y la diversa 2a./J. 5/2006, sostenida por la referida Sala, consultable en la página seiscientos cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de febrero de dos mil seis, Novena Época, materia administrativa, que dice:

"‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley.’

"Conforme con lo anterior, se considera que es verdadero el argumento únicamente en cuanto a que la fecha de protocolización de la escritura pública número 2587, no puede tenerse como aquella en que los impetrantes conocieron la aplicación de los artículos ahora impugnados, pues, de acuerdo con los criterios previamente reproducidos, no basta con tener por acreditado el solo hecho de la retención de los derechos en comento, sino que, además, es necesario que se encuentre demostrado fehacientemente que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación, es decir, que se pueda deducir, sin lugar a dudas, cuales fueron el concepto de la retención y el sustento legal de esa actuación, lo que en el caso a estudio no acontece, dado que en dicho acto no se proporcionó a los ahora impetrantes tal información.

"No obstante lo anterior, tal como lo sostuvo la a quo, en el expediente de amparo existen constancias con pleno valor probatorio que desvirtúan la afirmación de los impetrantes respecto a la fecha en que, dicen, tuvieron conocimiento del acto de aplicación de las normas impugnadas.

"En primer término, es de destacarse que en la protocolización del contrato de compraventa celebrado el diecinueve de abril de dos mil ocho, en las cláusulas segunda, tercera y octava, se asentó que el acto que ahí se consignó causa el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la cantidad de ********** pesos, que resulta de aplicar al valor de la operación la tasa del dos punto cinco por ciento; que la parte adquirente quedaba enterada de la obligación que tiene del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) y los derechos de registro que causa la inscripción de esa escritura ante el Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado, y que por tal motivo consentía su cobro, así como que los honorarios, gastos, derechos e impuestos que causara esa escritura, eran a cargo de la parte compradora (fojas 86 y 87 del expediente).

"Asimismo, en el apartado J de la escritura referida, se especificó que les había sido leída a los comparecientes, a quienes, además, se explicó el valor y consecuencias legales de su contenido (foja 89 del expediente), sin que pase desapercibido que en momento alguno se asentó el o los fundamentos legales en que se apoyó el pago de los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad, así como los preceptos relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, cuya constitucionalidad se reclama en la demanda de amparo intentada.

"Sin embargo, como es de verse, en la escritura relativa, el fedatario público les hizo saber a los adquirentes los pagos de impuestos y derechos que actualizaba dicha operación, aun cuando no especificó los numerales en que se sustentaba tal actuación.

"Empero, no debe perderse de vista que la a quo sustentó su determinación no sólo en la protocolización del contrato respectivo, sino que, además, destacó el hecho fundamental de que en autos obra la constancia de que la quejosa **********, el veinte de noviembre de dos mil ocho, recibió el testimonio y copias de la escritura pública, así como de los comprobante

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26439-67870471/notario-publico-no-es-autoridad-para-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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