NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LES RECLAME LA OMISIÓN DE ENTREGAR UNA ESCRITURA PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS Y LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JESÚS ROJAS IBÁÑEZ.
Tema de la posible contradicción de tesis: verificar si es existente la contradicción de tesis y, en su caso, determinar si los notarios públicos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando no hacen entrega de una escritura pública.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 24/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por un lado, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el otro.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en verificar si existe la contradicción de tesis y, en su caso, determinar si los Notarios Públicos tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando no hacen la entrega de una escritura pública.
I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido electrónicamente el doce de febrero de dos mil veintiuno, **********, autorizado en términos amplios por la quejosa ********** dentro del juicio de amparo ********** y recurrente en el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado, por un lado, y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el otro.
2. La denuncia atendió a que en el recurso de revisión en el que la denunciante fue la recurrente (cuya resolución se emitió el veinte de enero de dos mil veintiuno), se resolvió que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado, consecuentemente los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando se les reclama la tramitación de una escritura protocolizada, como es la inscripción y los avisos preventivos en el Registro Público de la Propiedad, así como la entrega del testimonio correspondiente, los cuales no implican la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de actos administrativos para dar seguimiento a la formalidad del instrumento notarial ante terceros, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes.
3. Mientras que, en lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, se resolvió que, el notario público es un organismo descentralizado por colaboración. Que, de la regulación integral de la Ley del Notariado, se advierte que el particular primero debe tener el carácter de aspirante a la función notarial, luego obtener el nombramiento de notario y colegiarse obligatoriamente para realizar sus funciones, además, entre otros requisitos, debe rendir protesta de ley, otorgar depósito en efectivo ante el colegio, proveerse a su costa del protocolo y sello de autorizar y su firma. Esto último es muy importante, porque la unilateralidad del acto del notario se manifiesta, precisamente, cuando coloca su sello y firma autorizando o no, con la razón de "no pasó", en las actas y escrituras correspondientes de su protocolo, y que significa la aprobación por el notario del acto o hecho jurídico pasado ante su fe, lo que es independiente de la relación de coordinación por la que los particulares solicitan su actuación, en virtud de que el autorizar o no un instrumento notarial, es un acto de supra a subordinación, de carácter obligatorio y sustentado en una norma general, como la Ley del Notariado y que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en beneficio o perjuicio de los gobernados.
4. Además, que el acto impugnado es equivalente a un acto de autoridad, porque si bien el notario, en un principio es contratado por el particular para dar fe de un acto o hecho jurídico, lo cierto es que su actuación central es autorizar o no, con su sello y firma, el instrumento notarial respectivo, para lo cual no incide en la voluntad del particular, pues no obstante que el notario fue contratado, puede no autorizar la escritura o el acta correspondiente y, desde esa óptica, está actuando frente al particular en un plano de supra a subordinación, dado que este último tiene que acatar la decisión unilateral del notario, de autorizar o no el instrumento, lo que lleva a cabo con apoyo en una normativa general (Ley del Notariado y legislación aplicable al caso concreto), por sí y ante sí, sin necesidad de que alguna autoridad homologue su determinación, con un efecto de imperium, porque su decisión está investida de fe pública y con la consecuencia de que esa autorización de la escritura o del acta, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a favor o en detrimento de un particular.
5. Estas notas distintivas se actualizan, en la especie, porque el notario autorizó la escritura y, la consecuencia jurídica era inscribirla en el Instituto de la Función Registral y entregar al comprador el testimonio correspondiente, pero si no lo hace, es una omisión equivalente a un acto de autoridad y, por ende, impugnable en el juicio de amparo.
6. Lo anterior, dio como resultado la tesis aislada II.2o.C.9 K (10a.),(1) de rubro: "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL."
7. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la presente contradicción de tesis; solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes la remisión de las versiones electrónicas de las ejecutorias relativas y si dichos criterios se encontraban vigentes o informaran la causa para tenerlos por superados o abandonados. Finalmente, se turnó el asunto para su estudio al Señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
II. COMPETENCIA
8. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, esta Primera Sala resulta competente para determinar si existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por un lado, y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el otro, en virtud de que se trata de una denuncia suscitada entre tribunales colegiados de diverso circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala, por lo que se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II, del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, al ser realizada por el autorizado en términos amplios de la recurrente en el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que es uno de los órganos contendientes.
IV. CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES
10. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como verificar que el estudio de la misma es procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.
11. El veinte de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resolvió el amparo en revisión **********, en el que determinó confirmar la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla dentro de los autos del juicio de amparo indirecto **********.
A. Antecedentes procesales:
a) **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Notario No. 3 del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, por la omisión de entregarle el testimonio del instrumento notarial **********, concerniente a la compraventa de un inmueble en la que la quejosa fue la compradora.
b) La demanda se radicó con el número ********** ante el Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en donde se desechó, al considerarse que al Notario Público Número 3 del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.
c) Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso el recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo resolvió en el sentido de declararla fundada, al considerar que el auto inicial no era el momento adecuado para analizar el motivo de improcedencia que se invocó.
d) En consecuencia, se admitió a trámite la demanda de amparo y el catorce de enero de dos mil veinte el Juez dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.
e) En contra de esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en donde se registró bajo el número ********** y cuya resolución emitida el veinte de enero de dos mil veintiuno es contendiente en la presente contradicción de tesis.
B. Criterio:
1) De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la afectación que se dice sufre la quejosa es la omisión por parte del notario público señalado como autoridad responsable, de entregarle el testimonio de un instrumento notarial relativo a una operación de compraventa de un bien inmueble. En esa medida, el acto reclamado no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación.
2) Sobre el particular, debe tenerse en consideración lo que establecen los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo para determinar si el acto reclamado al Notario Público número 3 de Tehuacán, Puebla, puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta útil el criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a.CCIV/2001, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", que pone de manifiesto que la Suprema Corte considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado.
3) Autoridad es todo aquel ente del Estado que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
4) De acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es dable aseverar que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
5) Del criterio de referencia se advierte que para que los particulares sean considerados como autoridades para efectos de amparo se requiere que actúen de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los gobernados.
6) Aun cuando en algunas ocasiones el Estado puede obrar como autoridad y en otras como persona de derecho privado, no debe confundirse que, en uno y otro caso, los actos positivos, negativos u omisivos que se le atribuyen, puedan reclamarse en el juicio de amparo, pues en el primer supuesto, actúan como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargada de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, y en el segundo actúa al igual que los individuos particulares ejecuta actos que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares.
7) Resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.
8) La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
9) En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo.
10) Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
11) Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
12) Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.
13) Como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, tenemos las siguientes: a) La existencia de un ente del Estado de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales –positivos, negativos u omisivos– a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.
14) Por lo anterior, es importante destacar la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO."
15) La circunstancia de que la Ley de Amparo contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implicó la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo.
16) Para fijar con precisión si se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos impugnables en el juicio de derechos fundamentales (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. 17) La tramitación de una escritura protocolizada ante un notario público, como es la inscripción y los avisos preventivos en el Registro Público de la Propiedad, así como la entrega del testimonio correspondiente, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de actos administrativos para dar seguimiento a la formalidad del instrumento notarial ante terceros, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen.
18) En consecuencia, con independencia de que la jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida se refiera a un supuesto diverso, se estima apegado a derecho lo resuelto por el juez de distrito en el sentido de que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 relacionado con la fracción II del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el fedatario público no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.
12. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al emitir la resolución del amparo en revisión **********, vertió las siguientes consideraciones.
A. Antecedentes procesales:
a) ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del notario público número 33 del Estado de México, por la falta de entrega de la escritura debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Atizapán de Zaragoza, que contiene el contrato de compraventa de un bien inmueble ubicado en ese municipio, suscrito por la quejosa en su carácter de compradora y los señores ********** y ********** en su carácter de vendedores.
b) De la demanda conoció el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien admitió y registró el asunto bajo el número de expediente ********** y mediante sentencia el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, determinó sobreseer en el juicio de amparo; razón por la cual, la quejosa interpuso el recurso de revisión del que emana el criterio que es motivo de la presente contradicción.
B. Criterio:
1) En el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, asimismo indica que, para efectos de la propia Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones están determinadas por una norma general.
2) Para que un particular tenga la calidad de autoridad responsable para efectos de juicio de amparo, sus actos deben ser equivalentes a los de autoridad, esto es, pueden ser acciones (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar actos) o incurrir en omisiones de actos, siempre y cuando esos actos u omisiones creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas y esta acción u omisión se efectúe en ejercicio de funciones determinadas por una norma general.
3) Los autores Margarita Beatriz Luna Ramos y Fernando Silva García, han explorado el tema y señalan que ha habido una evolución en cuatro etapas del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en la primera etapa, el dato fundamental era la coercitividad o la disponibilidad autónoma de la fuerza pública como elemento central; en la segunda, el elemento determinante para definir el acto de autoridad lo fue la imperatividad; en un tercer momento el elemento central, que implicó el abandono parcial del criterio de fuerza pública, fue la unilateralidad y, en un cuarto momento, el concepto definitorio del acto de autoridad para efectos del juicio de amparo lo fue el concepto de "relación de supra a subordinación".
4) El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se basa en un criterio material (opuesto al criterio organicista), que ocurre, por ejemplo, cuando el particular realiza o ejercita una función o un servicio público que en principio debería corresponderle al Estado, quien lo delega al particular por alguna razón de hecho o de derecho, a través de algún medio formal o de una conexión o implicación estatal significativa o de relevancia pública, en el que se advierte que detrás del acto del particular, el Estado lo induce o lo avala de cierta forma o incluso, a través de una ley, reglamento o permisión, apoyo o tolerancia, permite estos actos que inciden en la esfera jurídica, en los derechos fundamentales de otro particular y que deben ser considerados actos de autoridad para efectos del amparo.
5) Un organismo descentralizado forma parte de la estructura del Estado y, por ende, sus actos u omisiones, cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica que afecta a un particular, sustentándose en una norma general, actuando de forma unilateral y obligatoria, está realizando un acto o incurriendo en una omisión que conduce a considerarlo como autoridad para efectos del juicio de amparo.
6) La Ley del Notariado del Estado de México vigente, señala en su artículo 4o, que notario es el profesional del derecho a quien el Gobernador del Estado ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado, investido de fe pública; en su artículo 5o. indica que el Notario tiene a su cargo, en los casos en que no estén encomendadas expresa y exclusivamente a las autoridades, las funciones de orden público que le solicitan los interesados y que se relacionan con dar formalidad a los actos jurídicos, dar fe de los hechos que le consten, tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de la propia ley y tramitar procedimientos de arbitraje o mediación.
7) De la regulación integral de la Ley del Notariado, se advierte que, primero debe tener el carácter de aspirante a la función notarial, luego obtener el nombramiento de notario y se regula su colegiación obligatoria y para realizar sus funciones, entre otros requisitos, debe rendir protesta de ley, otorgar depósito en efectivo ante el Colegio, proveerse a su costa del protocolo y sello de autorizar y su firma.
8) La unilateralidad del acto del notario, se manifiesta precisamente cuando coloca su sello y su firma autorizando o no autorizando, con la razón de "no pasó", en las actas y escrituras correspondientes de su protocolo y que significa la aprobación por el notario del acto o hecho jurídico pasado ante su fe, lo que es independiente de la relación de coordinación a través de la cual los particulares solicitan su actuación, en virtud de que, el autorizar o no un instrumento notarial, es un acto de supra subordinación, de carácter obligatorio y sustentado en una norma general, como es la Ley del Notariado y que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en beneficio o perjuicio de los gobernados.
9) El acto impugnado es equivalente a un acto de autoridad, porque el notario, aunque en un principio es contratado por el particular para dar fe de un acto o hecho jurídico, lo cierto es que su actuación central es autorizar o no, con su sello y firma, el instrumento notarial respectivo, para lo cual no incide en modo alguno la voluntad del particular, pues no obstante que el notario fue contratado, puede no autorizar la escritura o el acta correspondiente y, desde esa óptica, es claro que está actuando frente al particular en un plano de supra a subordinación, dado que este último tiene que acatar la decisión unilateral del notario de autorizar o no el instrumento, lo que efectúa apoyado en una normativa general (Ley del Notariado y legislación aplicable al caso concreto), por sí y ante sí, sin necesidad de que alguna autoridad homologue su determinación, con un efecto de imperium, porque su decisión está investida de fe pública (que originariamente corresponde al Estado, quien se la delega) y con la consecuencia de que esa autorización de la escritura o del acta, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a favor o en detrimento de un particular.
10) Estas notas distintivas se actualizan en la especie, porque el notario autorizó la escritura y, la consecuencia jurídica era inscribirla y entregar al comprador el testimonio correspondiente y, si no lo hace, es una omisión equivalente a un acto de una autoridad y, por ende, impugnable a través del juicio de amparo.
11) El notario es un particular investido de fe pública y si se parte de la premisa que la fe pública corresponde originariamente al Estado y éste la delega a dicho particular por virtud de una autorización, que es la patente de notario, entonces no hay duda de que se está frente a un organismo descentralizado por colaboración y que, no obstante que es contratado por un particular para que actúe, de forma unilateral y obligatoria, con sustento en una norma general, realiza actos o incurre en omisiones que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas a favor o en contra de los particulares, motivos por los cuales debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo.
12) Esta resolución dio como resultado la tesis II.2o.C.9 K (10a.),(3) cuyo contenido es el siguiente:
"NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32496-0f72275b/notarios-publicos-no-tienen-caracter-de-autoridades-responsables · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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