NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN INDICÓ ESTAR CON EL SENTIDO, PERO NO COMPARTIR LAS CONSIDERACIONES, POR LO QUE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: MARÍA DOLORES IGAREDA DIEZ DE SOLLANO.
II. Competencia
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, a partir del 3 de abril de 2013, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.(5)
III. Legitimación
7. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo,(6) al ser realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió el recurso de queja 132/2016, en el que determinó que los actos ejecutados dentro de un procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial por parte de la Notaría Pública Número Tres de la Sexta Demarcación no podían considerarse como un acto de autoridad, por lo que era improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.
IV. Criterios de los tribunales contendientes
8. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como verificar que el estudio de la misma es procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el juicio de amparo en revisión 172/2015
a) Antecedentes
9. El 12 de diciembre de 2014, ********** y otros, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto en contra del notario público Número Nueve del Estado de México, por su omisión de hacer del conocimiento de los quejosos el inicio de la sucesión testamentaria a bienes de **********, por la falta de notificación del instrumento público en que se declaró la validez del testamento público abierto presuntamente otorgado por la de cuius y, finalmente, en contra de todas las actuaciones dictadas en dicho procedimiento tendentes a emitir la declaratoria de validez.
10. El 13 de mayo de 2015, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo al estimar que el notario no podía considerarse autoridad responsable, ya que no realizó de forma unilateral un acto que creara, modificara o extinguiera situaciones jurídicas en perjuicio de la parte quejosa, sino que su actuación se limitó a protocolizar el trámite sucesorio.
11. Inconformes con la anterior determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión el 3 de junio de 2015. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto dictó sentencia el 4 de septiembre de 2015 en la que, en primer lugar, revocó el sobreseimiento para posteriormente estudiar de fondo los conceptos de violación y negar el amparo solicitado.
b) Razonamiento
12. Los principales razonamientos del Tribunal Colegiado para revocar el sobreseimiento y negar el amparo son los que a continuación se reseñan:
a) Considera fundados los agravios hechos valer en revisión, al estimar que el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, otorga a los particulares la calidad de autoridades responsables siempre que cumplan con lo siguiente: (i) realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; (ii) que a través de esos actos u omisiones afecten derechos; y, (iii) que sus funciones estén determinadas por una norma general.
b) Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los notarios no tienen carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo (bajo la Ley de Amparo abrogada), sin embargo, la determinación de los supuestos que se encuentran comprendidos en tales criterios requiere de un juicio previo de aplicabilidad, el cual sólo puede efectuarse al emitir la sentencia de fondo, aunado a que aquellas tesis fueron emitidas a la luz de la abrogada Ley de Amparo.
c) En el caso, **********, con fundamento en los artículos 4.77 y 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México,(7) tramitó ante el notario público Número Nueve del Estado, la sucesión testamentaria a bienes de **********, en virtud de que la de cuius otorgó testamento público abierto a una única y universal heredera.
d) Del análisis de diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado de México, así como del Código de Procedimientos Civiles de dicho Estado,(8) el Colegiado subraya que el notario público es un particular, profesional del derecho investido de fe pública, auxiliar del Poder Judicial del Estado de México para conocer de los procedimientos no contenciosos establecidos en la ley, entre ellos, el procedimiento sucesorio testamentario siempre y cuando subsista el acuerdo entre los solicitantes, debiendo dejar de conocer del mismo si hay alguna oposición o controversia.
e) Cuando en un testamento todos los herederos instituidos sean personas con capacidad de ejercicio, el procedimiento sucesorio testamentario puede tramitarse ante notario, de tal forma que el albacea y los herederos podrán solicitarle la tramitación del procedimiento sucesorio testamentario.
f) Así, al tramitar un procedimiento sucesorio testamentario un notario público sí realiza actos equivalentes a los de autoridad, en este caso, de una autoridad jurisdiccional, pues actúa en auxilio del poder judicial y se sustituye a una autoridad jurisdiccional, aplica preceptos normativos tanto del código civil como del código de procedimientos civiles, por lo que el notario dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
g) El notario –tal como lo hace la autoridad jurisdiccional– inicia y radica la sucesión testamentaria, una vez que ha verificado el acta de defunción del autor de la herencia. Posteriormente, califica que el testamento se haya otorgado con las formalidades de ley; solicita informe al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad respecto de la existencia de algún otro testamento; confiere el cargo de albacea; efectúa el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y partición hasta otorgar escritura pública de adjudicación, por lo que claramente dicta, ordena y ejecuta actos que crean modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria.
h) Al efectuar el reconocimiento de derechos hereditarios, inventario y partición del patrimonio del de cuius, estos actos quedan firmes y son obligatorios para las partes y para terceros, lo que afecta derechos tanto de posibles herederos como el de terceros. No obsta que las partes acudan motu proprio, ya que lo mismo sucede cuando se acude a la jurisdicción de Jueces civiles o familiares, pues también el notario verifica si se cumplen los requisitos legales para tramitar el procedimiento y, una vez que acepta conocer de él, a través de su actuación creará, modificará o extinguirá situaciones jurídicas concretas, de ahí lo unilateral de su actuación.
i) Además, las funciones del notario están determinadas por una norma general: la Ley del Notariado del Estado de México, así como el Código Civil y el de Procedimientos Civiles del Estado de México.
j) En suma, al notario público sí le corresponde la calidad de autoridad responsable, pues es un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad jurisdiccional, que afecta derechos y cuyas funciones están determinadas por una norma general.
k) Con base en las anteriores consideraciones el Tribunal Colegiado califica como fundados los agravios de los recurrentes que atacaron el desechamiento del juicio de amparo sobre la base de que el notario no era una autoridad a efectos del juicio de amparo.
l) Ahora bien, una vez revocado el sobreseimiento, el Tribunal Colegiado estudió los conceptos de violación hechos valer en amparo y los califica como infundados, ya que en el caso concreto el notario público no tenía la obligación de notificarles el inicio y la radicación del procedimiento sucesorio testamentario, pues al no existir controversia y contar con un testamento público abierto en el que, únicamente, se señaló como heredera a la persona que acudió, se estaba en aptitud de tramitar el procedimiento sucesorio testamentario ante notario público.
m) La sustanciación del procedimiento sucesorio testamentario no vulneró la garantía de audiencia de los quejosos, pues en el testamento de mérito no se les otorgó ningún carácter, ni de albacea ni de herederos, por lo que se negó el amparo solicitado
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 132/2016
a) Antecedentes
13. Por escrito presentado el 23 de junio de 2016, ********** promovió juicio de amparo en contra de la Notaría Pública Número Tres de la Sexta Demarcación, por considerar que se vulneraron en su contra los derechos contenidos en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Federal, al llevar a cabo un procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial a bienes de **********, debido a que éste "se desarrolló de manera furtiva" y sin el conocimiento del quejoso.
14. El Juez de Distrito, mediante auto dictado el 27 de junio de 2016, desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que los actos reclamados no constituían actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo.
15. Inconforme con el desechamiento, ********** interpuso recurso de queja. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto dictó sentencia el 22 de septiembre de 2016, en la que determinó que el recurso de queja resultaba infundado, por lo que el desechamiento de la demanda de amparo quedó firme.
b) Razonamiento
16. Las consideraciones por las que el Tribunal Colegiado estimó infundado el recurso de queja, son esencialmente las que se reseñan a continuación:
a) El criterio en que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo fue emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada,(9) pero, contrario a lo sostenido por el quejoso, sí resulta aplicable al caso pues por tratarse de un criterio jurisprudencial su aplicación resulta obligatoria. Además, no se advirtió que la tesis se opusiera a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, por lo que su aplicación no genera afectación al quejoso.
b) Correctamente el Juez de amparo determinó la actualización de la causal de improcedencia recogida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo vigente. Tales artículos señalan que la autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
c) La Primera Sala –al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS–(10) estimó que para estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se exigen los siguientes requisitos: (i) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; (ii) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, de tal forma que la fuente de su potestad sea pública; (iii) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, finalmente, (iv) que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
d) En consecuencia, el acto atribuido al notario consistente en todo lo actuado dentro del procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial a bienes del **********, en donde se tuvieron por reconocidos a los herederos y se nombró albacea, no constituye un acto de autoridad, sino que se trata de un acto celebrado entre particulares.
e) Incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que, por regla general, los notarios no son funcionarios o servidores públicos, sino que son particulares que por disposición de ley reciben la fe pública, que originalmente es un atributo del propio aparato gubernamental. Así, generalmente la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ya que no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento del particular, puesto que para que desempeñe sus funciones es necesario que el particular solicite sus servicios, por lo que, en esos casos, los actos de los notarios no pueden considerarse actos de autoridad.
f) Por otro lado, el Colegiado afirmó que no desconocía que la Ley de Amparo vigente establece la posibilidad de que la actuación de los particulares en ejercicio de funciones o potestades públicas, previstas en la ley o concedidas por el Estado, puede vulnerar derechos humanos ante la posición de poder o superioridad frente a otros gobernados. Sin embargo, en materia civil debe advertirse inequívocamente la afectación o transgresión de un derecho humano, de tal manera que debe formarse la convicción de que un particular que, en apariencia, tenga una posición de poder superior a la otra, por sus peculiares y sui generis acciones pueda considerársele autoridad responsable para los efectos del amparo.
g) Así, para que un particular adquiera la calidad o carácter de una autoridad, como puede ser un notario, debe de manera unilateral ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, en el caso el notario actuó, únicamente, en función de los actos y hechos sometidos a su conocimiento para que diera fe y forma a los mismos, no de forma unilateral.
h) Agregó que la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, que dispone en qué casos los particulares pueden ser autoridad en el amparo, surgió como consecuencia del desarrollo jurisprudencial de la Novena Época y, en ese desarrollo jurisprudencial,(11) es que se analizó si los notarios tienen calidad de autoridad en el juicio de amparo cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión llevada ante ellos, y la conclusión de dicho análisis fue que los notarios no tienen tal carácter de autoridad.
i) Por lo anterior, el colegiado estimó que, en el caso, no se podía considerar que una persona que no fue llamada a un procedimiento sucesorio testamentario ante notario público tenga el derecho de intervenir, ya que podría activar su derecho de petición de herencia en caso de estimar que se le dejó en estado de indefensión.
V. Existencia de la contradicción de tesis
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Primera Sala ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis,(12) los cuales son:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
18. El primer requisito mencionado, esto es, ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método sí se cumple, porque, a juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que se sometieron a su jurisdicción, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
19. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 172/2015, consideró que cuando un notario público tramita un procedimiento sucesorio testamentario sí realiza actos equivalentes a los de autoridad, en este caso, de una autoridad jurisdiccional, pues actúa en auxilio del poder judicial y se sustituye a una autoridad jurisdiccional, aplica preceptos normativos tanto del código civil como del código de procedimientos civiles, por lo que el notario dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
20. Consideró que un notario es un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad jurisdiccional, que afecta derechos y cuyas funciones están determinadas por una norma general, por lo que estimó que resultaban fundados los agravios de los recurrentes que atacaron el desechamiento del juicio de amparo sobre la base de que el notario no era una autoridad para efectos del juicio de amparo.
21. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 132/2016 consideró que el acto que se atribuía al notario, consistente en todo lo actuado dentro del procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial a bienes del **********, en donde se tuvieron por reconocidos a determinados herederos y se nombró albacea, no constituía un acto de autoridad, sino que se trataba de un acto celebrado entre particulares.
22. En su razonamiento agregó que, incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que por regla general los notarios no son funcionarios o servidores públicos, que son particulares que por disposición de ley reciben la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental.
23. De lo reseñado se advierte que se cumple con el primer requisito ya que ambos Colegiados ejercieron arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
24. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito quedó debidamente cumplido, pues, del estudio de las sentencias que se denunciaron como contradictorias, se advierte que cada uno de los tribunales llegó a una solución diferente en torno al mismo problema: si los notarios deben considerarse como autoridad para efecto de la procedencia del juicio de amparo cuando llevan a cabo una tramitación sucesoria.
25. Respecto de esta cuestión, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito determinó que los notarios no son autoridad en el juicio de amparo cuando se tramite un procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial, ya que no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
26. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito concluyó que cuando un notario público tramita un procedimiento sucesorio testamentario sí realiza actos equivalentes a los de autoridad, pues actúa en auxilio del poder judicial y sustituye a una autoridad jurisdiccional, aplica preceptos normativos tanto del código civil como el de procedimientos civiles, de modo que el notario sí puede dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
27. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito, esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
28. Situación que también se advierte en el caso, pues los criterios sustentados pudieran dar lugar a responder el siguiente cuestionamiento: ¿los notarios públicos pueden ser consideradas como autoridades responsables en el juicio de amparo cuando realizan una tramitación sucesoria?
VI. Criterio que debe prevalecer
29. Precisada así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Primera Sala se aboca a su resolución, determinando que, debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio consistente en que los notarios públicos no pueden tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando realizan una tramitación sucesoria extrajudicial, como se explica a continuación.
30. Al respecto, resulta necesario tener presente, en primer término, lo dispuesto en los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo que son del tenor siguiente:
"Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...
"El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley."
"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ...
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."
31. Esos preceptos establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley.
32. Señalan también que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
33. Ahora bien, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo,(13) al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan.
34. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).". A pesar de que se comparte el criterio, se considera necesaria una nueva argumentación en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en abril de 2013, en particular lo relativo a los nuevos lineamientos para determinar los supuestos en que los particulares se equiparan a la autoridad para efectos del juicio de amparo.
35. En ese sentido, la presente contradicción de tesis debe resolverse con una nueva reflexión a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos,14 que trajo como consecuencia las modificaciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal con el objeto de fortalecer el juicio de amparo, a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.
36. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 21/2011(15) y 293/2011(16) sostuvo que, tales reformas constitucionales constituían un cambio trascendental que exigían a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resultaran incompatibles o que pudieran obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo constitucional.
37. En dichas contradicciones de tesis se sostuvo que era de gran importancia que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución, se estudiaran con un enfoque de derechos humanos y con interpretaciones propias del nuevo paradigma constitucional, buscando así el efecto útil de la reforma, con el fin de optimizar y potencializar las reformas constitucionales sin perder de vista su objetivo principal: la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas. Lo contrario, es decir, la aplicación y estudio de las reformas constitucionales con base en herramientas interpretativas y figuras propias del viejo paradigma constitucional podrían tener el efecto de hacer nugatoria la reforma.
38. En las contradicciones de tesis anotadas se puntualizó que, partiendo de la necesidad de colocar a la persona como el eje en torno al cual se articula la reforma en materia de derechos humanos, el primer párrafo del artículo 1o. constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos(17) por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. El segundo párrafo contiene dos herramientas interpretativas, cuya aplicación resulta obligatoria en la interpretación de las normas de derecho humanos, la primera establece que todas las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.
39. La segunda herramienta interpretativa es la que la doctrina y la jurisprudencia han identificado como el principio pro persona, el cual obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Este principio constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas e interpretaciones disponibles de las mismas y que resulten aplicables respecto de un mismo derecho.
40. Así, con base en la reforma al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en materia de derechos humanos, todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio interpretativo pro persona y, consecuentemente, a preferir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28933-c3a2eec7/notarios-publicos-no-tienen-el-caracter-de-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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