EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 558/2012. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE AL FONDO Y A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
II. Competencia y legitimación
5. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
III. Consideraciones y fundamentos
7. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.
8. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Al resolver el amparo en revisión 283/2012, cuyos antecedentes se refieren:
8.1. Al amparo indirecto 617/2011, del que conoció el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, al que la quejosa acudió como tercera extraña al procedimiento, y reclamó todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario bajo el número **********, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California, que fue promovido por la tercero perjudicada en el amparo, con el objeto de obtener la orden de lanzamiento y su ejecución respecto de un bien inmueble habitacional, del que la quejosa alegó ser propietaria, al haber celebrado un contrato de compraventa con la tercero perjudicada el veintiuno de febrero de dos mil cinco, sin embargo, la compraventa no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad.
8.2. La quejosa en el amparo argumentó que la ejecución de la orden de lanzamiento y desahucio, violentó su garantía de audiencia, así como su derecho de propiedad, en virtud del contrato de compraventa celebrado con la actora del juicio especial hipotecario, asimismo, señaló que se encontraba en trámite la inscripción del inmueble de su propiedad ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California. Aunado a que, desde la fecha de la celebración de la compraventa, se le dio posesión del inmueble, lo cual se realizó de manera pacífica, pública y de buena fe; agregó que por diversa sentencia de dos de mayo de dos mil seis, dictada dentro del expediente **********, del índice del Juzgado Quinto Civil, de esa ciudad, se reconoció su carácter como legítima propietaria del bien inmueble, al haber operado en su favor la prescripción positiva de dicho inmueble.
8.3. Además, señaló que demostraba el interés legítimo para acudir al amparo con el contrato de compraventa, de fecha veintiuno de febrero de dos mil cinco, documento que acompañó a su escrito de demanda en copia certificada de actuaciones judiciales, toda vez que éste adquirió en fecha cierta en razón de que fue presentado ante el Juez Sexto de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California, al haber sido presentado por los actores en el diverso juicio civil **********.
8.4. La Juez de Distrito que conoció del amparo, consideró que la compraventa sí había adquirido fecha cierta al haber sido presentada en el juicio civil referido, así como que la quejosa demostró poseer el inmueble de acuerdo a la declaración de diversos testigos que la reconocieron como vecina que habitaba el inmueble cuestionado en los últimos siete años. No obstante, la Juez consideró que aunque el contrato de compraventa resultara apto para demostrar el interés jurídico de la quejosa, por ser un documento de fecha cierta, éste era insuficiente para conceder la protección federal, al advertir que el mismo no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
8.5. En consecuencia, en sentencia de quince de junio de dos mil once, el Juez Federal resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que el derecho real de hipoteca se constituyó legalmente, mientras que la compraventa no estaba surtiendo efectos contra terceros por falta de la publicidad necesaria de ese acto jurídico y, por tanto, se consideró que no fue ilegal el hecho de no haber llamado al proceso hipotecario a la quejosa.
8.6. Para sustentar lo anterior, la Juez de Distrito consideró aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/329 (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
8.7. Inconforme con la determinación anterior, la quejosa interpuso revisión, de la que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quien, por resolución de veintidós de noviembre de dos mil doce, resolvió revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado.
9. En lo tocante al tema de la presente contradicción, el órgano colegiado emitió las siguientes consideraciones:
"SEXTO. En virtud de que no se actualiza ningún supuesto de suplencia de la queja deficiente, la legalidad de la sentencia impugnada se analizará en estricta relación con los agravios expuestos por la inconforme. En principio, es necesario señalar que, por cuestión de técnica resolutiva, los motivos de inconformidad serán analizados en un orden distinto al en que fueron propuestos. Asimismo, para mayor ilustración del asunto, resulta conveniente realizar un relato de antecedentes que derivan de autos, a saber: ... Sentado lo anterior, tenemos que la recurrente argumenta, en su segundo motivo de inconformidad, que la sentencia impugnada es ilegal, ya que la Juez de Distrito no podía entrar a dilucidar quién era el propietario del bien inmueble después de tener por acreditado el interés jurídico, en virtud de que el derecho de audiencia protege cualquier tipo de propiedad, dado que en juicios de amparo como el que nos ocupa, sólo se constata si en detrimento del quejoso las autoridades responsables quebrantaron dicho derecho, sin que la propia índole del juicio de amparo permita la posibilidad de que se califique la propiedad, es decir, que cuando se está en presencia de la prelación de títulos de propiedad, no es posible jurídicamente dilucidar en el juicio constitucional cuál de ellos debe prevalecer, dado que esa actividad corresponde a los tribunales del orden común, donde las partes están en aptitud de hacer valer sus acciones y defensas. Lo anterior es fundado. El argumento que sostiene el quejoso tiene un amplio respaldo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, tenemos la siguiente jurisprudencia de la anterior Tercera Sala del Alto Tribunal: Quinta Época. Registro: 394352. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 396, página 266. Genealogía: ... ‘PROPIEDAD, PROTECCIÓN AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO.’ (se transcribe). Dicha jurisprudencia fue reiterada posteriormente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del siguiente criterio (énfasis añadido): Novena Época. Registro: 193191. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, materia civil, tesis 1a./J. 38/99, página 183. ‘INTERÉS JURÍDICO. SE ACREDITA CON LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES QUE TIENEN COMO ANTECEDENTES LA ESCRITURA DE RÉGIMEN DE CONDOMINIO QUE LOS CONSTITUYÓ, CUANDO ESTE ÚLTIMO INSTRUMENTO SEA MOTIVO DE CONTROVERSIA EN LOS JUICIOS CIVILES AUNQUE LOS CONTRATISTAS NO LA HUBIEREN OTORGADO.’ (se transcribe). La misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2009, sostuvo lo siguiente: (énfasis añadido) (se transcribe). Del anterior pronunciamiento se deriva que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la dilucidación de si el derecho derivado del contrato de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad es o no oponible a las partes en el juicio de origen o, en general, a terceros, corresponde al órgano jurisdiccional que se pronuncie respecto de la identidad del titular del derecho de propiedad sobre determinado bien, ya sea mediante la confrontación y ponderación de derechos, o mediante la declaración de nulidad de actos jurídicos, etcétera. Lo que evidentemente hace referencia al órgano jurisdiccional de instancia, ya sea civil o mercantil, y no al Juez que conoce del juicio de amparo indirecto promovido por violación a la garantía de audiencia. También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 493/2011, estableció, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). Del anterior criterio se advierte que se reitera la idea de que en un juicio de amparo cuyo objeto es determinar si se violentaba la garantía de audiencia del quejoso, no es factible analizar cuestiones como la naturaleza del derecho subjetivo materia del juicio natural del que deriva el acto reclamado, esto es, si se trata de un derecho real o personal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto jurídico que nos ocupa. Por ejemplo, al resolver el amparo en revisión 1340/2004, sostuvo lo siguiente: (énfasis añadido) (se transcribe). Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 17/91, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: (énfasis añadido) (se transcribe). Sin que pase inadvertido para este tribunal, que en la ejecutoria anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencia a vicios del consentimiento como cuestiones que necesariamente deben ser dilucidadas previamente ante la potestad común; sin embargo, el efecto de oponibilidad frente a terceros también debe seguir la misma regla, pues ambos son formas de ineficacia de los actos jurídicos (la primera estructural y la segunda funcional), tal como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 236/2009, en los siguientes términos: (se transcribe). De todo lo anterior, se concluye que le asiste la razón al quejoso, ya que fue incorrecto que la Juez de Distrito, con base en la falta de oponibilidad frente a terceros (entendidos como titulares de derechos reales) del contrato de compraventa de fecha cierta anterior al inicio del juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, haya considerado que no era factible conceder la protección constitucional, toda vez que asumir esa perspectiva jurídica implica ir en contra de los múltiples criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente citados, conforme a los cuales, las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías (en ninguna de sus instancias), sin que antes hayan sido ventiladas ante las autoridades de instancia. Sin que lo anterior implique desconocer las normas que protegen a los terceros adquirentes de buena fe, sino que la postura interpretativa que se sostiene parte de la base que el análisis de tales cuestiones compete, en primer término, a las autoridades de instancia, y sólo podrán analizarse en el juicio de amparo cuando éstas hubieren realizado un pronunciamiento al respecto. Corrobora lo hasta aquí expresado, el hecho de que al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que existen dos tipos de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio, ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria citada, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso, consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Por ello, es que la figura de la causahabiencia procesal excluye tanto a la del tercero extraño a juicio como a la del tercerista, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía conocimiento de la existencia del gravamen o carga. Razonamientos que aplicados al caso concreto llevan a la convicción de que si, como expresamente razonó la Juez de Distrito, el contrato privado de compraventa exhibido por la quejosa, aquí recurrente, es de fecha cierta anterior al inicio del juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, entonces no se da la figura de la causahabiencia procesal, que es la que excluye la existencia del tercero extraño a juicio. En las relatadas condiciones, ante lo fundado del agravio analizado, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y conceder la protección constitucional en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, esto es, para que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, de tal forma que en acatamiento al fallo protector la responsable Juez Tercero de lo Civil, con sede en Tijuana, Baja California, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, restituir a ... en la posesión del bien inmueble del que fue privada sin respetar su garantía de audiencia y requerir a la parte actora en el juicio natural para que manifieste si es su deseo enderezar la demanda en contra de la aquí quejosa ... . Lo anterior, en la inteligencia que la decisión sobre la eficacia del título de la quejosa tiene efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que, se reitera, dicha cuestión deberá ser dilucidada ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia (énfasis añadido): Novena Época. Registro: 187733. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, materia civil, tesis P./J. 1/2002, página 5. ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’ (se transcribe). Sin que cobre aplicación en la especie, la jurisprudencia P./J. 9/96, de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.’, toda vez que, en la especie, no se advierte que entre la quejosa y la demandada en el juicio natural, aquí tercera perjudicada ... exista litisconsorcio pasivo necesario, ya que se trata de una acción real (hipotecaria) que persigue la cosa, por lo que los efectos del presente fallo protector no son extensivos a ... Corrobora lo anterior, el texto del artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que establece lo siguiente: (se transcribe). El precepto reproducido, pone de manifiesto la naturaleza real de la acción, esto es, que persigue la cosa, de tal forma que en el caso particular no se da el requisito del litisconsorcio pasivo necesario, que consiste en que exista una relación jurídico-material común a varias personas, por virtud del cual los demandados mantienen una comunidad jurídica respecto del objeto de la litis planteada y que los obliga a acudir conjuntamente a juicio por el carácter único e indivisible que la relación jurídica sustantiva tiene para ellos. Por ende, se reitera, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 9/96, y los efectos del presente fallo protector no son extensivos a ... . Por último, toda vez que no se comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la jurisprudencia VI.2o.C. J/329 (9a.), de rubro: ‘COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’, en virtud de que es inconsistente con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a los cuales las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías (en ninguna de sus instancias), sin que antes hayan sido ventiladas ante las autoridades de instancia; en su oportunidad, denúnciese la contradicción de tesis ante el Alto Tribunal."
10. De la ejecutoria anterior se desprende que las consideraciones que tuvo el Tribunal Colegiado para conceder el amparo, consistieron en:
10.1. El Tribunal Colegiado primeramente aclaró que no estudiaba lo relativo al interés jurídico de la quejosa para acudir al amparo, toda vez que la procedencia del juicio de amparo no había sido cuestionada en la revisión, por tanto, no era materia de análisis del recurso.
10.2. Consideró fundado el argumento de la quejosa en el que, cuando se está en presencia de la prelación de títulos de propiedad, no es posible jurídicamente dilucidar en el juicio constitucional cuál de ellos debe prevalecer, dado que esa actividad corresponde a los tribunales del orden común, donde las partes están en aptitud de hacer valer sus acciones y defensas.
10.3. Que la Primera Sala de este Alto Tribunal sostuvo que la dilucidación respecto a si el derecho derivado del contrato de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad es o no oponible a las partes en el juicio de origen o, en general, a terceros, corresponde al órgano jurisdiccional que se pronuncie respecto de la identidad del titular del derecho de propiedad sobre determinado bien, lo que conlleva que quien debe conocer es el órgano jurisdiccional de instancia, ya sea civil o mercantil, y no el Juez que conoce del juicio de amparo indirecto promovido por violación a la garantía de audiencia.
10.4. Que en un juicio de amparo en el que se determine si se violenta la garantía de audiencia del quejoso, no se pueden analizar cuestiones de derecho subjetivo, como sería un derecho real o personal, pues la materia se ciñe al análisis de las garantías constitucionales.
10.5. Que le asiste razón a la quejosa, al ser incorrecta la determinación de la Juez de Distrito, emitida con base en la falta de oponibilidad frente a terceros (entendidos como titulares de derechos reales) del contrato de compraventa de fecha cierta anterior al inicio del juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, motivo por el que la Juez consideró que no era factible conceder la protección constitucional; pues en estimación del Colegiado, ello iba en contra de los múltiples criterios de este Alto Tribunal, conforme a los cuales las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías (en ninguna de sus instancias), sin que antes hayan sido ventiladas ante las autoridades de instancia.
10.6. Igualmente, consideró que fue incorrecta la determinación de la Juez, con base en la falta de oponibilidad frente a terceros (entendidos como titulares de derechos reales) del contrato de compraventa de fecha cierta anterior al inicio del juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados; así como el que la Juez haya considerado que no era factible conceder la protección constitucional, toda vez que asumir esa perspectiva jurídica implica ir en contra de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 127/2009 y la diversa 493/2011, en las que se estipuló que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías, ya que éstas son ajenas a las relativas a la procedencia del juicio de amparo; por tanto, la dilucidación de si el derecho derivado del contrato de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad es o no oponible a las partes en el juicio de origen o, en general, a terceros, corresponde al órgano jurisdiccional que se pronuncie respecto de la identidad del titular del derecho de propiedad sobre determinado bien.
10.7. Asimismo, refirió a las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1340/2004, en el que se sostuvo que existen principios jurisprudenciales inconmovibles respecto a que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de amparo, sin que antes hayan sido ventiladas por las autoridades de primera instancia, por lo que los tribunales de amparo no pueden sustituir el criterio discrecional de aquéllas, en la decisión de la mejor pertenencia a esos derechos reales.
10.8. Así como al criterio sustentado por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al fallar la contradicción de tesis 17/91, en la que se determinó que: para otorgar el amparo, el título de propiedad no tiene que ser perfecto, en el sentido de que no adolezca de ningún vicio. En otras palabras, basta demostrar que se celebró un contrato de compraventa figurando el quejoso como comprador para que tuviera derecho al otorgamiento de la protección constitucional, ya que esto, en principio, le otorga el derecho a poseer independientemente de que con posterioridad se demostrara que el contrato es nulo.
10.9. Respecto al criterio anterior, el Colegiado refirió que no es óbice que el criterio del Pleno haga referencia a los vicios de consentimiento como cuestiones que necesariamente deben ser dilucidadas previamente ante la potestad común, pues el efecto de oponibilidad frente a terceros, también debe seguir la misma regla, conforme se señaló en el diverso criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 236/2009, en la cual se determinó que el acto jurídico de la compraventa tiene una eficacia estructural, relativa a la génesis de su perfeccionamiento, y otra funcional, relativa a los efectos del acto jurídico, por tanto, la oponibilidad frente a terceros es una consecuencia necesaria de todos los contratos de compraventa, esto es, en su aspecto funcional, no así estructural, lo cual se da mediante la publicidad registral que únicamente puede ocurrir si el documento idóneo para ser inscrito es ante el Registro Público de la Propiedad, pues si no lo es, no producirá efectos ante terceros, por la circunstancia superveniente al surgimiento del contrato de la falta de inscripción, por lo que el acto jurídico se torna ineficaz de forma funcional, por no surtir plenamente sus efectos.
10.10. Que no es óbice al criterio, el que se desconozcan las normas que protegen a los terceros adquirentes de buena fe, ya que tal postura, parte de la premisa de que tales cuestiones competen a las autoridades de primera instancia y sólo podrán analizarse en el juicio de amparo cuando éstas se hayan pronunciado al respecto.
10.11. Que corrobora lo anterior, el criterio de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, en la cual sostuvo que existen dos tipos de causahabiencia: 1) la que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo; y, 2) la relativa al orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese procedimiento, sin que pueda exigirse la audiencia al adquirente del bien, que se considera oído y vencido en juicio, motivo que excluye se actualice la tercería excluyente de dominio, así como el supuesto de ostentarse como tercero extraño en el juicio de amparo.
10.12. Lo anterior porque, de acuerdo a dicho criterio del Alto Tribunal, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso, consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra del causante, porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional.
10.13. En tal sentido, la figura de la causahabiencia procesal excluye tanto a la del tercero extraño a juicio como la del tercerista, al considerarse que por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de forma tal que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía conocimiento de la existencia del gravamen o dicha carga.
10.14. Que aplicando el criterio anterior al caso concreto, en el que se advierte que el contrato privado de compraventa exhibido por la quejosa, es de fecha cierta anterior al inicio del juicio especial hipotecario del que derivan los actos reclamados, entonces no se da la figura de la causahabiencia procesal, que es la que excluye la existencia del tercero extraño a juicio.
10.15. Por lo que ante lo fundado del agravio planteado por la quejosa, se revocaba la sentencia impugnada, y se concedía el amparo para que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario, se restituyera a la quejosa en la posesión del bien inmueble, y se le llamara debidamente al juicio hipotecario a fin de respetar su garantía de audiencia, sin que ello implique decidir sobre el derecho sustantivo a la posesión del bien inmueble en cuestión, pues ello deberá ser dilucidado ante la potestad común.
10.16. Que en el caso en particular, entre la quejosa y la demandada en el juicio natural, no existía litisconsorcio pasivo necesario, ya que se trata de una acción real (hipotecaria) que persigue la cosa, por lo que los efectos del fallo protector no eran extensivos a la demandada, en términos de la tesis P./J. 9/96, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO."
10.17. Y que toda vez, que no se compartía el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la jurisprudencia VI.2o.C. J/329 (9a.), de rubro: ‘COMPRAVENTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE FECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD CUYO ORIGEN SEA UN DERECHO REAL QUE SÍ LO ESTÉ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", es que se denunciaba la presente contradicción de tesis.
11. De los anteriores razonamientos destaca que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que le asistía la razón a la quejosa, primeramente, porque no se cuestionaba el i discrecionalidad del solicitante, sino que debe atenderse al contexto que impera para ambas partes al momento de elevar la solicitud de disminuir la de compraventa para la concesión de la justicia constitucional, señalando que compartía los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en un juicio de garantías (
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24688-3a94d6f9/eficacia-del-contrato-de-compraventa-no-inscrito-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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