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Modo: Corpus Pro

HIPOTECA DE UN INMUEBLE EN COPROPIEDAD. CON EL PRODUCTO DE LA DIVISIÓN DEL BIEN, PUEDE LIQUIDARSE EL GRAVAMEN HIPOTECARIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 732/2015. · Registro digital (IUS): 27510
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 2195.

AMPARO DIRECTO 732/2015. 16 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: VALERY PALMA CAMPOS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Análisis de los conceptos de violación.

A continuación se analizarán los motivos de inconformidad con un orden y agrupación distintos a los de su exposición, atendiendo a su prelación lógica y a las relaciones temáticas que guardan entre sí, con fundamento en los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo.

Es infundado el concepto de violación relativo a la condena de pago por la cantidad de **********, correspondiente al 50% de los gastos de escrituración.

En vía de agravio el apelante planteó que se violaba en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 942 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) toda vez que la Sala responsable condenó al ahora quejoso al pago de (**********), por concepto de honorarios, impuestos y derechos pagados al notario público número ********** del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), porque no derivan del derecho de copropiedad del bien inmueble materia de la litis.

Al atender dicho planteamiento, la Sala responsable consideró lo siguiente:

"Referente al pago de la cantidad de **********, a que se le condenó por concepto de honorarios, impuestos y derechos pagados al notario ********** del Distrito Federal contrario a lo señalado por el apelante sí se derivan de los derechos de copropiedad del inmueble en común, y de cuya situación jurídica deriva de (sic) una obligación de pago que la ahora recurrente asumió con la adquisición del inmueble materia del juicio. Efectivamente, si se considera que en el caso tanto la actora en la reconvención como el demandado reconvenido son adquirientes comunes del inmueble objeto del juicio, por lo que conforme a lo dispuesto por los artículos 1987, 1999 y 2320 del Código Civil, dado el valor del inmueble la venta (sic) de formalizarse en escritura pública, por lo que respecto de los gastos de escrituración efectuados por los adquirientes, éstos constituyen una obligación mancomunada solidaria pasiva que, siendo exigible a cada uno de los obligados, puede ser cubierto por cualquiera de ellos y en la medida en que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. Consecuentemente, si la copropietaria actora reconvencionista, efectuó el pago de los gastos de escrituración derivados de la adquisición del inmueble en copropiedad, situación que fue reconocida por el demandado reconvenido, sin que se hubiere demostrado según lo razonó el a quo en la sentencia impugnada que fuere procedente la excepción derivada de la relación personal alegada, es claro que resulta improcedente la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el reconvenido, y procedente y ajustada a derecho la condena al pago de la prestación reclamada por la reconvencionista."(sic) (fojas 60 y 61 del toca **********)

En contra de esas consideraciones el quejoso aduce lo siguiente:

a) Que la autoridad responsable realiza un tratamiento respecto de la cantidad de **********, como si hubiera sido otorgada en préstamo por la ahora tercero interesada, a favor del ahora quejoso.

b) Que dicho importe fue reclamado por la ahora tercero interesada por concepto de gastos comunes del inmueble en copropiedad y no de pago mutuo.

c) Que no se acreditó la existencia de un contrato de mutuo celebrado entre las partes, porque aun en el supuesto de la existencia de dicho contrato, la Sala debió declarar improcedente la prestación reclamada, puesto que el artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), establece que no puede exigirse cantidad alguna, si no se estableció fecha de pago, hasta después de transcurridos treinta días posteriores a la interpelación.

d) Además de que no se acreditó que la tercero interesada hubiere pagado la cantidad de **********, a petición directa del ahora quejoso y que éste se hubiere obligado a devolver la cantidad citada.

e) Aduce que la tercero interesada manifestó expresamente que había regalado, al ahora quejoso, no sólo la cantidad de **********, sino el anticipo que se pagó para la adquisición del inmueble.

f) Manifiesta que la autoridad responsable no puede considerar propiamente la existencia de una donación, porque no se cumplen los requisitos estipulados en los artículos 2342 y 2343 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), además, de la omisión del consentimiento por parte del ahora quejoso para perfeccionar la donación.

g) Que la donación se refirió exclusivamente al 50% de la cantidad de **********, derivado de la situación sentimental que existía entre las partes, y para los efectos de formar un patrimonio.

h) Que al haberse realizado pagos de las mensualidades por parte del quejoso, se evidencia la existencia de una relación jurídica diferente a la donación.

i) Que en ese contexto, el contrato de donación que aduce la Sala responsable es inexistente.

Es legal la determinación de la Sala responsable al considerar que los derechos pagados al notario público número ********** del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), sí derivan de los derechos de copropiedad del inmueble en común, y cuya situación jurídica deriva de una obligación de pago que, el ahora quejoso, asumió con la adquisición del inmueble materia de la litis.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1987 y 1999 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Dichos preceptos son del tenor siguiente:

"Artículo 1987. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida."

"Artículo 1999. El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad. En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor."

De la interpretación de los preceptos citados se advierte que la mancomunidad de acreedores no da derecho, a cada uno de éstos, a exigir el total cumplimiento de la obligación; sin embargo, el deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho a exigir de los otros codeudores la parte que corresponda, esto es, la legitimación de los copropietarios también conlleva obligación solidaria pasiva exigible a cada uno de ellos.

En el caso, la actora reconvencional, ahora tercero interesada, reclamó dentro de sus prestaciones el pago de la cantidad de **********, por concepto del 50% (cincuenta por ciento) del pago correspondiente a los honorarios, impuestos y derechos pagados al Lic. **********, notario público número ********** del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por haber otorgado en el protocolo a su cargo la escritura número **********, exhibida por el demandado reconvencional ahora quejoso, en su escrito inicial de demanda correspondiente al bien inmueble materia de la litis. (foja 125 del juicio de origen)

Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil catorce, la actora reconvencionista, para acreditar su prestación ofreció como prueba documental dos recibos con el mismo número de folio ********** de fecha uno de julio de dos mil doce, expedidos por el notario público número ********** del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por concepto de impuestos, derechos, erogaciones gastos y honorarios de la escrituración del inmueble objeto de la litis.

Dichas documentales son las siguientes:

(Imágenes suprimidas en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito).

De las imágenes anteriores se advierten los siguientes datos:

• Que el costo de la escritura del inmueble materia del juicio es por la cantidad de **********.

• Que se hace constar que el notario público en mención recibió de los señores ********** (copropietarios) las cantidades correspondientes a **********.

Aunado a que la actora reconvencionista ofreció como prueba para acreditar el pago por la cantidad de **********, relativa al costo de escrituración del bien inmueble, la documental privada consistente en el estado de cuenta expedido por la institución bancaria **********, sociedad anónima, correspondiente al periodo del veintiséis de junio al veinticinco de julio de dos mil doce, en el que se advierte en el rubro de concepto que el trece julio de dos mil doce el cheque depositado en otro banco con Registro Federal de Contribuyentes **********, con número de transferencia **********, por la cantidad de **********, que es la misma cantidad que pagó por los servicios de escrituración.

Entonces, toda vez que dichas pruebas no fueron desvirtuadas por el ahora quejoso, ni tampoco demostró haber cubierto la cantidad correspondiente a **********, ni justificó porqué omitió realizar el pago, queda demostrado que la copropietaria actora reconvencionista en el juicio de origen, fue quien efectuó el pago total de los gastos de escrituración derivados de la adquisición del bien inmueble en copropiedad.

Máxime que, con fundamento en el artículo 942 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),(2) los copropietarios participan tanto de las cargas como de los beneficios de manera igual, además, el artículo 944(3) del mismo ordenamiento precisa que todo copropietario tiene derecho a obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación del bien inmueble, máxime cuando los copropietarios se obligaron a responder solidariamente de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato base de la acción, por ello, es que no le asiste la razón al quejoso por lo que hace a que fue ilegal la condena correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos de escrituración.

Por otro lado, es infundado el argumento por el cual, el ahora quejoso aduce que con fundamento en el artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),(4) no puede exigirse cantidad alguna, si no se estableció fecha de pago, hasta después de transcurridos treinta días posteriores a la interpelación, porque como ha quedado demostrado con la escritura pública número sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos de once de julio de dos mil doce, el contrato de crédito con garantía hipotecaria fue celebrado por ambos copropietarios, por lo que no existe diverso contrato en el que hayan convenido entre los copropietarios la forma de pago respecto de la cantidad correspondiente a **********, que es la mitad de la suma que la ahora tercero interesada erogó respecto de la escrituración del inmueble materia de la litis, por lo que es irrelevante la existencia de una interpelación judicial.

Asimismo, es infundada la manifestación referente a que la tercero interesada mencionó expresamente que había regalado al ahora quejoso, no sólo la cantidad de **********, sino el anticipo que se pagó para la adquisición del inmueble, porque no lo demostró con prueba idónea, además de que el ahora quejoso tenía la carga probatoria de demostrar que, efectivamente, realizó el pago por la cantidad de **********, por concepto de escrituración de la copropiedad porque ésta corresponde a una obligación mancomunada solidaria pasiva exigible a cada uno de los obligados.

Es infundado el argumento en el que arguye que la autoridad responsable no puede considerar propiamente la existencia de una donación, porque no se cumplen los requisitos estipulados en los artículos 2342 y 2343 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),(5) porque la Sala sólo contestó el agravio en el que el ahora quejoso afirmó la existencia de una donación respecto de una parte del precio de la compraventa del inmueble, en relación con la excepción que el propio quejoso opuso a la reconvención denominada "excepción derivada de la existencia de la transmisión de la propiedad por medio de donación".

La consideración de la Sala es del tenor siguiente:

"...Sin que sea óbice para lo anterior, que el reconvenido haya opuesto la excepción denominada ‘la derivada de la existencia de la transmisión de la propiedad por medio de donación’ alegando que la actora reconvencionista fue quien en exclusiva adquirió el inmueble y que derivado de la relación sentimental que señaló la actora mantenían en la fecha de adquisición del inmueble, se escrituró a su favor y decidió donarle el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del departamento objeto del juicio. Motivo por el cual era improcedente el reclamo. Toda vez que de acuerdo con la naturaleza del contrato de donación, para que se configure es indispensable demostrar la donación en sí e igualmente la aceptación por parte del donatario y que ello lo haya hecho saber a la donante..." (folios 61 y 62 del toca de apelación **********)

En el caso, ni se trata de un préstamo, ni existe un contrato de donación, porque como quedó acreditado, la acción de la reconvención respecto al pago de la cantidad de **********, es en virtud de las obligaciones mancomunadas y solidarias que ambos copropietarios adquirieron en relación con la escrituración del bien inmueble materia del juicio.

OCTAVO.-Es inoperante el argumento relativo a la valoración de pruebas.

El quejoso aduce que la autoridad responsable transgrede los derechos humanos estipulados en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no analizó de manera alguna el contenido del séptimo de los agravios en el que expuso lo siguiente:

a) Que omitió valorar las pruebas, específicamente las documentales mediante las cuales se realizaron pagos a la ahora tercero interesada.

b) Que la autoridad responsable consideró que en vía de agravio el ahora quejoso se dolió de la falta de valoración de los documentos que ofreció en el juicio de origen, sin establecer con precisión los hechos que pretendía acreditar con dichas probanzas.

c) Que los documentos que ofreció como prueba demostraban la realización de pagos que realizó a favor de la ahora tercero interesada, respecto de las cantidades reclamadas en la reconvención.

d) Que conforme al debido proceso, la Sala responsable debió analizar si las probanzas exhibidas fueron consideradas por el a quo, toda vez que los documentos deben analizarse, se ofrezcan o no por las partes.

En el séptimo de los agravios la apelante ahora quejosa manifestó lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Se viola en perjuicio del actor en lo principal, y demandado en la reconvención, lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles.-El a quo rompe el principio de igualdad de las partes ante la ley, toda vez que resta valor probatorio a las documentales ofrecidas por esta parte recurrente derivado de la objeción de documentos formulada por la parte demandada en el principal.-Sin embargo, otorga pleno valor probatorio a las documentales ofrecidas por la parte demandada en el principal, no obstante que las mismas igualmente fueron objetadas por esta parte recurrente.-Esto es, no realiza una valoración de los documentos aportados por las partes, con la exhaustividad necesaria en un procedimiento judicial.-A tal efecto, el a quo no realiza una revisión de las transferencias en el sentido de que fueron realizados los pagos a favor de la actora en la reconvención, para los efectos del pago de los conceptos en que este procedimiento reclama.-Sin embargo, sin mayor probanza que robustezca su dicho, considera que con la misma calidad de documentos la actora en la reconvención, acreditó la realización de los pagos que reclama.-Esto es, de los documentos exhibidos por esta parte recurrente, se demuestra que se realizaron depósitos a la cuenta de la parte actora en la reconvención.-Misma cuenta de la cual se realizó el pago de los cargos que reclamó en el capítulo de prestaciones.-En este orden de ideas, de la presunción que se desprende en esos documentos exhibidos, se acredita plenamente, que con los depósitos realizados, se fondeaba la cuenta de la cual la actora en la reconvención realizó los conceptos materia del presente juicio.-Al realizarse una correcta valoración de los elementos de convicción se aprecia que el recurrente, acreditó el pago de la cantidad de **********, mediante depósitos a la cuenta de la actora en la reconvención, que de ninguna forma fueron considerados por el a quo al momento de dictar la sentencia recurrida.-Consecuentemente, deberá revocarse la sentencia recurrida y, en su lugar, entrarse al estudio, de la totalidad de los elementos de convicción, y en la aplicación de la igualdad de las partes resolver conforme a derecho." (fojas 8 y 9 del toca)

Conforme a la transcripción anterior, el apelante, ahora quejoso, planteó en sus agravios, esencialmente, lo siguiente:

a) Que era indebida la valoración de las pruebas que ofreció la ahora tercero interesada, porque fueron objetadas por el ahora quejoso.

b) Que el Juez de origen no valoró las documentales consistentes en las transferencias como pago a favor de la ahora tercero interesada, las cuales correspondían a las cantidades señaladas como prestaciones en la reconvención.

c) Que de las pruebas documentales que el ahora quejoso ofreció, se acredita que con los depósitos realizados se fondeaba la cuenta de la ahora tercero interesada.

d) Que de una debida valoración de las pruebas, se advierte que el ahora quejoso acreditó el pago de la cantidad de **********, a la cuenta de la ahora tercero interesada.

Al contestar los agravios, la responsable consideró lo siguiente:

"Los anteriores agravios resultan inoperantes por insuficientes porque se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, alegando improcedencia de la reclamación que refiere sin hacer una relación precisa del alcance probatorio de las documentales que señala, dado que únicamente se limita a señalar que ‘exhibió una serie de depósitos a las cuentas de que es titular la demandada en el principal y actora en la reconvención’, pero sin hacer una precisión de los contenidos que permitan a esta alzada analizarse y, en su caso, determinar si las mismas tiene (sic) la trascendencia que refiere el apelante en el fallo reclamado, por lo que el agravio deviene inoperante por su notoria insuficiencia dado que no precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia respecto de la valoración de prueba, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones de los que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por insuficiencia de los propios agravios." (fojas 64 y 65 del toca)

De lo anterior se advierte que la Sala responsable realizó un análisis concreto de los agravios que formuló la parte apelante, esto es, fundó y motivó su consideración respecto a que el ahora quejoso puntualizó de manera genérica que realizó diversos depósitos a las cuentas de la ahora tercero interesada sin precisar que dichos depósitos correspondieran a cada una de las cantidades reclamadas en las prestaciones en la reconvención.

Por tanto, la Sala responsable sí dio razones y fundamentos para estimar porqué arribó a la conclusión de que el ahora quejoso omitió establecer con precisión los hechos que pretende acreditar con dichas probanzas, sin que colme este requisito la simple manifestación de que los pagos fueron realizados para cubrir los conceptos que se reclamaron en la reconvención, pues la litis en ésta se centra en determinar el monto de las cantidades que se adeudan a la ahora tercero interesada en virtud del contrato base de la acción, por tanto, sí era necesario que las documentales que ofreció el ahora quejoso precisaran los conceptos que deben aplicarse, ya que las prestaciones en la reconvención se encuentran detalladas.

Luego, la Sala responsable no transgredió los principios de fundamentación y motivación en perjuicio de la parte quejosa, estatuidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de haber expuesto los razonamientos lógicos y jurídicos que la llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo, pues estableció las razones particulares por las cuales arribó a las conclusiones expuestas en el fallo reclamado, invocó las disposiciones legales que dieron sustento a tal determinación y, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, ya que se configuran las hipótesis normativas que reglamentan, en lo conducente, el caso concreto.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

NOVENO.-Son esencialmente fundados los conceptos de violación en los que se arguye que la autoridad responsable debió resolver la procedencia de la acción de disolución de la copropiedad.

A. La autoridad responsable confirmó la improcedencia de la acción de disolución de la copropiedad, por las consideraciones fundamentales siguientes:

A.1 Que de los artículos 950, 951 y 2902 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),(6) la copropiedad no impide a los condueños tener pleno uso, goce y disfrute de la parte del predio que les corresponda, tan es así que pueden hipotecarla; sin embargo, en el caso, tanto el ahora quejoso como la tercero interesada, en su carácter de deudores solidarios otorgaron como garantía hipotecaria el inmueble materia de la litis.

A.2 Que del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria se advierte el consentimiento de los copropietarios para comprometer en garantía la totalidad del inmueble materia de la litis, y aceptaron que el inmueble hipotecado no podría ser objeto de liberación y división parcial, por tratarse de una unidad indivisible.

A.3 Que debe entenderse que el derecho de propiedad o copropiedad se integra por los atributos que permiten al titular gozar y disponer del bien; sin embargo, cuando ese derecho se afecta a través de la constitución de una hipoteca, el titular queda desprovisto provisionalmente de la posibilidad de disponer de la cosa y que al derecho resultante doctrinalmente se le conoce como nuda propiedad.

Por ello, al momento de la extinción de la hipoteca, los nudo propietarios consolidan el derecho de uso, goce y disposición de la propiedad.

A.4 Que aunque efectivamente se cumpla con los elementos de la acción intentada por el ahora quejoso, como son: a) La existencia de la copropiedad; y, b) La intención expresa de cuando menos uno de los copropietarios de no querer permanecer en la indivisión; la terminación de la copropiedad solicitada resulta improcedente porque los copropietarios no se encuentran en libre ejercicio sobre la disposición del inmueble, derivado de las obligaciones consentidas en el contrato de crédito con garantía hipotecaria que las partes firmaron con la institución bancaria llamada a juicio.

B. En contra de esas consideraciones el quejoso aduce lo siguiente:

B.I Que la Sala responsable transgrede en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos 2893 y 2902 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).(7)

B.II Que la hipoteca establece un derecho real para garantizar el pago de una obligación, pero que de ninguna forma el gravamen aceptado limita el dominio del inmueble hipotecado, como lo señala la responsable, porque debió determinar que con el producto de la división del inmueble, se liquidara el gravamen, pero no obligar a los copropietarios a continuar en comunidad.

B.III Que de acuerdo con los artículos citados se advierte que la fundamentación establecida por la autoridad responsable es errónea, porque se constituye el derecho del acreedor hipotecario de vigilar la división de la cosa común, para ser pagado con el producto de la venta de la misma.

B.IV El quejoso aduce que la Sala responsable viola su derecho humano al uso de la propiedad privada, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo fundado de los anteriores argumentos radica en que, como lo arguye la inconforme, la Sala responsable debió establecer que con el producto de la división del bien inmueble materia de la litis, se liquidara el gravamen hipotecario, pero no obligar a los copropietarios a continuar en comunidad.

Lo anterior es así, toda vez que la acción de disolución de la copropiedad procede con la sola manifestación de la voluntad en ese sentido de uno de los copropietarios y la demostración de la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie se encuentra obligado a permanecer en la indivisión.

Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 4/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) que es del tenor siguiente:

"COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER EN LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).-Los artículos 940 y 953 de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente, prevén dos acciones diferentes: a) la de disolución de la copropiedad y b) la de la venta de la cosa en condominio. Ahora bien, el objeto de la primera es variable, según la naturaleza del bien común, es decir, si éste puede dividirse y su división no es incómoda, a través de ella la cosa puede dividirse materialmente entre los copropietarios para que en lo sucesivo pertenezca a cada uno en lo exclusivo una porción determinada, y si el bien no puede dividirse o su división es incómoda, la acción tiene por efecto enajenarlo y dividir su precio entre los interesados. Así, la acción de división del bien común procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como que se acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Por tanto, es innecesario que el actor demuestre la actualización de las causas previstas en los artículos mencionados, es decir, que el dominio no es divisible o que la cosa no admite cómoda división, y que los codueños no han convenido en que sea adjudicada a alguno de ellos, pues al tratarse de hechos de carácter negativo, atendiendo al principio general de la carga de la prueba contenido en los artículos 282, fracción I, y 236, fracción I, de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente, conforme al cual el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, a quien ejercite la acción men

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27510-67494fc7/hipoteca-de-un-inmueble-en-copropiedad-con-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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