ADJUDICACIÓN DIRECTA. ES PROCEDENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL JUICIO HIPOTECARIO (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DE LOS ARTÍCULOS 2916 DEL CÓDIGO CIVIL Y 569 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, BENITO ALVA ZENTENO CON SALVEDAD, YA QUE NO FUERON ACEPTADAS LA SUGERENCIAS QUE FORMULÓ EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ENGROSE Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. AUSENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. DISIDENTES: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO Y DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. PONENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. SECRETARIO: MANUEL ALEJANDRO TORRES ROJAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado que pertenecen a este Circuito.
TERCERO.-Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión consiste en determinar si en el procedimiento de ejecución de la hipoteca procede, o no, la adjudicación directa del bien hipotecado, en términos de lo dispuesto en el artículo 569 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México (en adelante Código de Procedimientos Civiles).
CUARTO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados de Circuito.
I. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado resolvió el juicio de amparo en revisión RC. **********, interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, engrosada el veinticinco de abril del dos mil dieciséis, en la que negó el amparo en contra del acto reclamado a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución que confirmó el auto dictado en el juicio especial hipotecario, en la etapa de ejecución de sentencia, mediante el cual se negó la petición del actor de adjudicarse directamente el bien hipotecado, de conformidad con lo previsto por el artículo 569 Bis del Código de Procedimientos Civiles.
En la sentencia respectiva, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, por unanimidad de votos, revocó la resolución recurrida y concedió el amparo a la quejosa (actora en el juicio especial hipotecario de origen), con base en las consideraciones siguientes:
"... Ahora bien, el artículo 2916 del Código Civil para esta ciudad prevé:
"‘Artículo 2916. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles.
"‘Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero.’
"Ciertamente, el legislador señaló que el acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles de esta ciudad.
"Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la adjudicación directa tiene el mismo efecto que el remate, lo que impide establecer que, al señalarse, como considera el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que uno de los supuestos que el legislador limitativamente dispuso para que el acreedor hipotecario pudiera adjudicarse la cosa hipotecada por falta de pago del deudor, es la tramitación del juicio respectivo, luego el procedimiento de remate y si en éste no se presentare postor, el acreedor puede pedir la adjudicación en los términos de lo previsto en los numerales 582, 583 y 586 del código adjetivo civil.
"En la resolución del amparo en revisión RC. **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sesionado y aprobado por unanimidad de votos, el once de septiembre de dos mil catorce, se sostuvo que la adjudicación directa se equipara a una resolución dictada dentro del procedimiento de remate, criterio que comparte este tribunal; dicha ejecutoria aparece publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/Reportes/Sentencias/ReporteSentencias.aspx, que se tiene a la vista, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., ya que las publicaciones en la Red Intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, al ser un medio electrónico que forma parte de su infraestructura de comunicación, que permite realizar consultas de las sentencias emitidas por los tribunales federales.
"Apoya lo dicho la jurisprudencia XXI.3o. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 804, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (la copió)
"En la mencionada ejecutoria se emitieron las siguientes consideraciones:
"- El remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente y que concluye con su aprobación mediante la adjudicación del bien gravado, ya sea a un tercero o al propio acreedor.
"- El artículo 569 Bis del código procesal local, que regula la adjudicación directa, se encuentra inserto dentro del capítulo relativo a la vía de apremio, en la sección relativa a los remates, en el que, una vez iniciado este último, el acreedor puede optar por la adjudicación directa.
"- La adjudicación directa tiene el mismo efecto que el remate: la venta del bien, a fin de que con su producto se haga pago al acreedor, mediante la adjudicación al ejecutante.
"- En ambos procedimientos existe una resolución que declara aprobado el remate o la adjudicación directa, según sea el caso, y en los dos supuestos el Juez ordena se otorgue al comprador la escritura de adjudicación respectiva, y que se le entreguen los bienes, en términos de lo previsto por el artículo 581 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad.
"- Por dicha causa, al aprobarse la adjudicación de manera directa, se equipara a una resolución dictada dentro del procedimiento de remate.
"En ese orden, si el código sustantivo determina que el acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, es evidente que remite a las normas procesales que regulan la venta del bien, dentro de las que se encuentra la adjudicación directa, la cual, como se ha indicado, tiene el mismo efecto que el remate: la venta del bien, a fin de que con su producto se haga pago al acreedor, mediante la adjudicación al ejecutante.
"Estimar lo contrario implica desatender el principio de identidad, conforme al cual, si las cosas son idénticas no hay por qué distinguir y si las cosas son distintas no hay por qué equipararlas; ya que si el artículo 2916 del Código Civil para esta ciudad prevé que el acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, la adjudicación directa encuadra en esa expresión y de excluirse dicha figura del juicio especial hipotecario se haría una distinción que desnaturalizaría la expresión remate judicial.
"No pasa inadvertido que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito también invocó el artículo 488 del código adjetivo local, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 488. En el caso de la adjudicación prevista en el segundo párrafo del artículo 2916 del Código Civil, se deberá solicitar avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago, debiéndose aplicar en lo conducente lo señalado en el artículo 486 de este ordenamiento. La venta se hará de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicación alegando las excepciones que tuviere, y esta oposición se substanciará incidentalmente.
"‘También pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripción de la acción hipotecaria.’
"La norma procesal en comento prevé la venta del bien hipotecado en la forma convenida o por medio de corredores, pero no sirve de sustento para establecer que la adjudicación directa del bien hipotecado no se equipara a una resolución dictada dentro del procedimiento de remate.
"En adición a lo expuesto, es conveniente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, interpretó el artículo 1421 Bis del Código de Comercio, en los siguientes términos:
"‘... 33. En primer lugar, es menester precisar el contenido normativo del precepto impugnado: «Artículo 1412 Bis. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo.».-34. El artículo tildado de inconstitucional establece que existe la posibilidad de que el ejecutante pueda optar por la adjudicación directa de los bienes embargados, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: a) que el monto líquido de la condena sea superior al valor de los bienes embargados; b) que los bienes materia de adjudicación se encuentren previamente valuados y, c) que del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores.-35. Así, esta Primera Sala considera que el artículo 1412 Bis del Código de Comercio adquiere aplicación en un contexto procesal específico: la etapa de ejecución de sentencia ejecutoriada, por tanto, resultante de un proceso jurisdiccional informado por los principios contradictorio y adversarial; así, el derecho de adjudicación en cuestión, acotado a las condiciones previstas por el legislador -que el monto líquido sea superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados y que del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores- debe entenderse como una alternativa de ejecución de una sentencia de condena con valor de cosa juzgada que ha declarado que una de las partes es titular de cierto derecho, cuyo pago ahora se realiza vía ejecución; en específico, el fallo que se ejecuta declara judicialmente la validez del título ejecutivo presentado como base de la pretensión. ...’
"En tanto que el artículo 569 Bis del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad señala:
"‘Artículo 569 Bis. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados previamente valuados en términos del artículo anterior, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya a su favor al valor fijado en el avalúo.’
"Se sigue de lo anterior que la redacción de ambos preceptos es similar, en consecuencia, procede establecer que la adjudicación directa del bien hipotecado constituye una alternativa de ejecución de una sentencia o de un convenio judicial elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, que tiene el mismo efecto que el remate: la venta del bien, a fin de que con su producto se haga pago al acreedor, mediante la adjudicación al ejecutante.
"Es importante precisar que de la referida ejecutoria derivó la tesis 1a. XXXIII/2014 (10a.), visible en la página 629, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del sumario:
"‘ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS BIENES EMBARGADOS. EL PARÁMETRO DE VALIDEZ DEL ARTÍCULO 1412 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE LA PREVÉ, SE SUJETA A LOS DERECHOS DE DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 1412 Bis del Código de Comercio regula una cuestión procesal al interior de la etapa de ejecución de una sentencia con valor de cosa juzgada en un procedimiento ejecutivo mercantil que sigue los principios contradictorio y adversarial, consistente en que el ejecutante pueda optar por la adjudicación directa de los bienes embargados en lugar de proceder a su remate, siempre que: a) el monto líquido de la condena sea superior al valor de los bienes embargados; b) los bienes materia de adjudicación se encuentren previamente valuados; y, c) del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores. En este sentido, la medida legislativa no puede evaluarse desde la perspectiva del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no debe encuadrarse como una afectación al derecho de propiedad del ejecutado, respecto de la que deba determinarse si se encuentra fundamentada en razones del interés público o de beneficio social, sino que, por el contrario, se justifica en un conjunto de razones de naturaleza distinta, al tratarse de una medida de ejecución de una sentencia cuyo sentido es reconocer la validez de un título del actor por resultar vencedor en un juicio en donde se acreditaron los extremos de su acción, esto es, se trata de la obligación refleja del Estado de cumplir con los derechos interdependientes de acceso a la justicia y debido proceso, desde la perspectiva de quien insta la función jurisdiccional -quien tiene derecho de hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones procesales-, de ahí que su parámetro de validez debe ajustarse a los estándares de los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales. Por tanto, no cabe reprochar a la norma legal la cancelación de la posibilidad de que el bien ejecutado salga a remate con la posibilidad de obtener una hipotética ganancia superior, pues este argumento que reclama la protección del derecho de propiedad, no es oponible al derecho de ejecución de la parte actora quien, en todo caso, tiene el derecho de pago.’
"Lo que permite puntualizar que la cancelación de la posibilidad de que el bien hipotecado salga a remate y obtener una probable ganancia superior, no es un derecho oponible al de ejecución de la parte actora quien, en todo caso, tiene el derecho de pago, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 569 Bis del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. ..."
II. El Décimo Primer Tribunal Colegiado resolvió el recurso de revisión RC. 333/2013, interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, engrosada el once de septiembre de dos mil trece, en la que negó el amparo en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Civil y al Juez Septuagésimo Primero Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la resolución que confirmó el auto dictado en el juicio especial hipotecario, en la etapa de ejecución de sentencia, por el cual se negó la petición del actor de adjudicarse directamente el bien hipotecado, conforme al artículo 569 Bis del Código de Procedimientos Civiles.
En la sentencia respectiva, por unanimidad de votos, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia dictada por el Juez de Distrito y negó el amparo a la quejosa (actora en el juicio especial hipotecario), de acuerdo con las consideraciones siguientes:
"... En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal, la hipoteca es una garantía real constituida sobre un bien que no se entrega al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor del bien en grado de preferencia establecido en la ley.
"De lo anterior se obtiene que el derecho que se otorga al acreedor con la hipoteca es que sea pagado con el valor del bien, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, en el grado de preferencia establecido por la ley.
"Entonces, la ratio legis de dicho precepto fue garantizar el pago de la deuda al acreedor hipotecario; razón por lo que válidamente puede sostenerse que la hipoteca no fue diseñada como instrumento legal para la adquisición de inmuebles por incumplimiento de deudas.
"Ahora bien, los artículos 488 del Código de Procedimientos Civiles y 2916 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, establecen:
"‘Artículo 488. En el caso de la adjudicación prevista en el segundo párrafo del artículo 2916 del Código Civil, se deberá solicitar avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago, debiéndose aplicar en lo conducente lo señalado en el artículo 486 de este ordenamiento. La venta se hará de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicación alegando las excepciones que tuviere, y esta oposición se substanciará incidentalmente.-También pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripción de la acción hipotecaria.’
"‘Artículo 2916. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles.-Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero.’
"De dichos preceptos legales, se obtiene que el legislador dispuso dos supuestos en que el acreedor puede adjudicarse la cosa hipotecada por falta de pago del deudor, a saber:
"1. El primero comprende la tramitación del juicio respectivo, luego el procedimiento de remate y si en éste no se presentare postor, el acreedor puede pedir la adjudicación.
"2. El segundo, por virtud del convenio celebrado con el deudor, para que se adjudique el bien hipotecado.
"Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo sustentado en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil cuatrocientos cuarenta y uno del Tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente:
"‘REMATES, REQUISITOS DEL AVALÚO EN LOS.-De las disposiciones contenidas en los artículos 488 y 511 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se desprende que el requisito del avalúo previo en los remates, no puede considerarse como de interés público, ya que, por el contrario, el legislador admite como regla general, que los interesados fijen por mutuo consentimiento el precio que habrá de servir de base para el remate, mediante estipulaciones consignadas en el contrato respectivo. De las propias disposiciones se desprende que en el artículo 2916 del Código Civil, se prevén dos procedimientos distintos, para que el acreedor llegue a adjudicarse la cosa hipotecada por falta de pago; el primero comprende la tramitación del juicio respectivo y luego el remate y adjudicación, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles, remate en que el acreedor pide la adjudicación por no haberse presentado otro postor; en tanto que el segundo procedimiento no requiere la sustanciación del juicio correspondiente, ni almonedas, ni venta judicial, toda vez que la venta deberá efectuarse de la manera que se hubiera convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores, y a propósito de este segundo procedimiento, el precepto citado del Código Civil previene que el precio para efectuar la venta del inmueble, no debe fijarse al constituirse la hipoteca, sino al exigirse la deuda, y como esta prohibición constituye una excepción a la regla general, que faculta a los interesados para fijar el precio que debe servir de base en los remates, mediante estipulaciones contenidas en los contratos respectivos, dicha prohibición no puede hacerse extensiva al caso previsto por el artículo 2916, en su primer párrafo, atento lo dispuesto por el artículo 11 del propio código, de acuerdo con el cual, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes; circunstancia por la que no hay razón para dejar de aplicar el artículo 511 del código procesal civil, cuando se trata del procedimiento previsto en el párrafo primero del artículo 2916 del Código Civil, pues si respecto del procedimiento a que se refiere el párrafo segundo de este mismo precepto, el legislador exige que en caso de adjudicación extrajudicial, el precio del inmueble se fije al exigirse la deuda, esto obedece seguramente a la circunstancia prevista en el artículo 511 del citado código de enjuiciamiento civil, o sea, que en el curso del tiempo transcurrido desde la celebración del contrato, hasta la venta del inmueble, el precio del mismo puede haber variado por mejoras o por cualquiera otro motivo; ya que si esto tiene lugar en el caso de la adjudicación en remate y previo juicio, el deudor puede oponerse a que el inmueble se remate, de acuerdo con el precio estipulado, probando que ha variado de valor, en virtud de mejoras y por cualquiera otra razón; cosa que no podría ser en el caso previsto por el párrafo segundo del artículo 2916, dado que la venta se efectúa extrajudicialmente, de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. Además, el artículo 485 del enjuiciamiento civil, al establecer que para el avalúo de la finca se observará lo prevenido en el capítulo quinto, sección cuarta, del título sexto, no hace inaplicable al juicio hipotecario, el artículo 511, contenido en el capítulo que trata de la ejecución de las sentencias, toda vez que no exige el previo avalúo en los remates practicados en ejecución de sentencia hipotecaria, como tampoco hace inaplicable el citado precepto, la disposición contenida en el artículo 488, que se ocupa de reglamentar el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 2916 del Código Civil.’
"Luego, el artículo 486, fracción VI, situado en el título séptimo, capítulo III ‘Del juicio hipotecario’, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece:
"‘Artículo 486. Para el remate, se procederá de la siguiente forma: ... VI. Obtenido el valor del avalúo, según el caso que corresponda de acuerdo a las fracciones anteriores, se procederá a rematar la finca en los términos de la sección tercera, del capítulo V del título séptimo de este ordenamiento.’
"De dicho precepto legal, diseñado para la ejecución del juicio especial hipotecario, se colige que se debe obtener el valor del inmueble hipotecado y rematarse en términos de la sección tercera del capítulo V del título séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esto es, al tenor de las reglas generales de los remates.
"En dicho apartado del código adjetivo civil, se ubica el numeral 569 Bis, que establece:
"‘Artículo 569 Bis. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados previamente valuados en términos del artículo anterior, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya a su favor al valor fijado en el avalúo.’
"De este precepto legal se obtiene que el ejecutante puede optar por la adjudicación directa de los bienes embargados, previamente valuados, cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de aquéllos.
"Dicho precepto fue adicionado al código adjetivo por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez de septiembre de dos mil nueve y en la exposición de motivos se refiere que se adicionaba con la finalidad de evitar que los acreedores eroguen gastos en la preparación del remate y se ahorre tiempo para la adjudicación de bienes que no tengan otros gravámenes y el importe del avalúo sea menor al de condena.
"En ese orden, al interpretar sistemáticamente las normas invocadas, se colige que aun cuando el artículo 486, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ubicado en las reglas especiales de los juicios especiales hipotecarios, dispone que se procederá a rematar la finca en los términos de la sección tercera del capítulo V del título séptimo de este ordenamiento, esto es, de las reglas generales del remate, y en tal capítulo se halla contenido el artículo 569 Bis citado, ello no implica que el ejecutante en el juicio especial hipotecario, pueda solicitar la adjudicación directa del inmueble gravado, ya que la remisión a que hace referencia el primer artículo indicado debe entenderse referida exclusivamente a las formalidades con las que se debe llevar a cabo el remate del bien hipotecado.
"Esto es así, porque como se anticipó, la hipoteca no fue diseñada por el legislador como instrumento para la adquisición de inmuebles por la falta de pago de deudas, sino únicamente para garantizar la deuda; tanto es así que en las normas de derecho sustantivo relativas a la hipoteca, sólo se autorizó la adjudicación del bien hipotecado por voluntad de las partes, o bien, cuando no existiere postor dentro del procedimiento de remate, regla que debe prevalecer, atento al principio de especialidad de la norma.
"Al respecto, se comparte lo sustentado en la tesis I.4o.C.220 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página dos mil setecientos ochenta y ocho del Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
"‘ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN.-La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se dis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27265-28923679/adjudicacion-directa-es-procedente-en-el-procedimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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