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Modo: Corpus Pro

HIPOTECA CONSTITUIDA POR PROPIETARIO APARENTE. ES INCONSTITUCIONAL QUE SUBSISTA SI SE DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO DE PROPIEDAD QUE SIRVIÓ DE BASE PARA CONSTITUIRLA (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6289/2022. · Registro digital (IUS): 31982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, Pág.1361.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6289/2022. 30 DE AGOSTO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Dos personas que son propietarias de un inmueble demandaron por la vía civil de otras dos personas, una institución bancaria, dos notarios públicos y al registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de una entidad federativa, diversas prestaciones, entre las que se destacan: a) la nulidad de un poder que supuestamente habían otorgado a una de las personas demandadas; b) la nulidad del instrumento notarial en el que consta la compraventa del inmueble de su propiedad celebrada por su supuesto representante con otras dos personas, así como los contratos de crédito e hipoteca celebrados por los compradores con una institución bancaria; c) la restitución del inmueble; y d) la cancelación de las respectivas inscripciones en el Registro Público.

El Juez de primera instancia declaró la nulidad absoluta de los instrumentos notariales referidos y ordenó la cancelación de las respectivas inscripciones en el Registro Público. Esta sentencia fue modificada en apelación pero, en esencia, se mantuvo el mismo sentido.

Inconforme, la entidad bancaria promovió dos juicios de amparo directo que, respectivamente, ordenaron a la Sala de apelación emitir una segunda y una tercera resolución. En la segunda, consideró inconstitucional e inaplicó el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece que la hipoteca constituida por el propietario aparente es válida, independientemente de que se declare o no la nulidad del título de propiedad o la falta del mismo.

Sin embargo, en la tercera resolución consideró que dicho artículo es constitucional y aplicable al caso concreto, por lo que, si bien confirmó la nulidad del poder y del contrato de compraventa, consideró que debían prevalecer los contratos de crédito e hipoteca celebrados entre los compradores y la institución bancaria.

En contra de esa resolución, los propietarios auténticos promovieron amparo directo en el que, entre otras cosas, alegaron la inconstitucionalidad del artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla; sin embargo, el Tribunal Colegiado les negó el amparo.

Inconformes, los propietarios auténticos interpusieron el presente recurso de revisión en el que combaten el análisis realizado por el Tribunal Colegiado sobre constitucionalidad del artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6289/2022, interpuesto por el señor "A" y la señora "B", en contra de la sentencia dictada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el amparo directo número de expediente 1, relacionado con el amparo directo número de expediente 2.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en establecer si el presente recurso es procedente y, en su caso, determinar si el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla,(1) que establece que la hipoteca constituida por el propietario aparente es válida, aunque se haya declarado la nulidad o la falta del título de propiedad, constituye una restricción injustificada al derecho de propiedad de las personas propietarias auténticas.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, el Señor "A" y la Señora "B", adquirieron del señor Vendedor 1 y de la señora Vendedora 2, la propiedad del inmueble identificado con el Número de un inmueble (número del inmueble en letra), de la calle Nombre de una calle, colonia Nombre de una colonia, en la ciudad de Puebla, Puebla.

2. Dicha compraventa quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla el ocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, bajo el índice de predio mayor de Número de Registro Público 1 (número en letras).

3. El trece de mayo de dos mil once, mediante instrumento notarial Número de Registro Público 2 (número en letras), volumen número de volumen (número en letras), otorgado ante la fe del notario público Número de Notario Público 1 del Distrito Judicial Cholula, Puebla, el señor "A" y la señora "B" supuestamente otorgaron en favor del señor Nombre de un mandatario un mandato general para pleitos, cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio irrevocable, respecto del inmueble mencionado anteriormente.

4. El treinta de septiembre siguiente, el señor Nombre de un mandatario, compareció ante el notario público Número de Notario Público 2 del Distrito Judicial de Puebla a otorgar una escritura de compraventa, en aparente representación del señor "A" y la señora "B", como vendedores, en favor del señor Comprador 1 y de la señora Compradora 2, en carácter de compradores, respecto del bien inmueble sobre el que recaía el mandato. Esta compraventa quedó registrada en el instrumento público Número de Registro Público 3 (número en letras), volumen Número del volumen (número en letras).

5. En el mismo instrumento notarial, quedó asentado el contrato de apertura de crédito con interés que celebró la Institución Bancaria, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero,(2) como acreditante, y el señor "C", con el consentimiento de su cónyuge la señora "D", como acreditado. A partir de la celebración de dicho acto, se constituyó la garantía hipotecaria respecto del bien inmueble que se adquirió por medio del contrato de compraventa que constaba en la misma escritura.

6. Juicio ordinario civil de nulidad de contratos número de expediente 3. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil doce, el señor "A" y la señora "B", por propio derecho, demandaron en la vía ordinaria civil de los señores Nombre de un mandatario, señor "C", de la señora "D", de la institución bancaria, del notario público número Número de Notario Público 1 del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, del notario público número Número de notario público 2 del Distrito Judicial de Puebla, así como del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de ese mismo Distrito Judicial, las siguientes prestaciones: a) la nulidad absoluta e inexistencia del instrumento notarial Número de Registro Público 2 (número en letras) de trece de mayo de dos mil once, en el que consta el mandato general supuestamente conferido al señor Nombre de un Mandatario; b) la nulidad del instrumento notarial Número de Registro Público 3 (número en letras) de treinta de septiembre de dos mil once, en el que constan el contrato de compraventa y el de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria; c) la restitución de la posesión y pleno dominio del inmueble objeto de la controversia; d) la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la escritura pública Número de Registro Público 3 (número en letras) de treinta de septiembre de dos mil once del bien inmueble; y e) el pago de los gastos y costas.

7. La parte actora, para acreditar sus pretensiones, señaló que no conocía al señor Nombre de un mandatario, a quien supuestamente le habían otorgado un mandato general para pleitos, cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio irrevocable, respecto del inmueble en cuestión. Señalaron que fue suplantada su identidad en el instrumento notarial donde quedó asentado dicho mandato, toda vez que nunca comparecieron a otorgarlo y fueron falsificadas sus firmas e identificaciones; de tal manera que dicho acto estaba afectado de nulidad absoluta o inexistencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 1920 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla,(3) al no haber existido manifestación de la voluntad o consentimiento por su parte.

8. Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior y en términos del mismo precepto, también se encuentra afectada de nulidad absoluta o inexistencia la compraventa que otorgó el señor Nombre de un mandatario ante el notario público Número de Notario Público 2, en la que supuestamente actuó en su representación, como vendedores del bien inmueble antes referido, en favor del señor "C" y la señora "D", como compradores, y que quedó registrada en el instrumento notarial Número de Registro Público 3 (número en letras) de treinta de septiembre de dos mil once.

9. Expusieron que lo mismo sucede con el contrato de apertura de crédito, con interés y garantía hipotecaria celebrado en esa misma fecha entre la Institución Bancaria, como acreditante, y el señor "C", como acreditado, y que consta en el mismo instrumento notarial de número Número de Registro Público 3 (número el letras) pues éste también se ve afectado de nulidad absoluta o inexistencia porque para que pudiera haber sido otorgado el crédito y constituida la garantía hipotecaria, los acreditados debían ser los propietarios del inmueble.

10. De la demanda conoció el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien por acuerdo de siete de noviembre de dos mil doce, la admitió a trámite y señaló fecha para la audiencia de conciliación.

11. Audiencia de conciliación. El dos de octubre de dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia de conciliación a la que comparecieron la parte actora y los codemandados, el señor "C" y la institución financiera Institución Bancaria, sin que las partes comparecientes llegaran a algún acuerdo; por lo que se declaró fracasada la conciliación y se ordenó el emplazamiento de los codemandados.

12. Contestación de Institución Bancaria. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil trece, la institución bancaria, por conducto de sus apoderados, dio contestación a la demanda, oponiéndose a las prestaciones reclamadas y haciendo valer las excepciones que consideró oportunas.

13. Contestación del señor "C". Mediante escrito presentado en esa misma fecha, el señor "C" contestó la demanda instaurada en su contra, refiriendo que se allanaba a las prestaciones reclamadas por la parte actora, con excepción de la última de ellas.

14. Contestación del notario público Número de Notario Público 2 del Distrito Judicial de Puebla. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil catorce, el notario público Número de Notario Público 2 del Distrito Judicial de Puebla, dio contestación a la demanda y opuso las excepciones que consideró pertinentes.

15. Por acuerdos de veinte de enero y veintidós de abril, ambos de dos mil catorce, se tuvo al señor Nombre de un mandatario, a la señora "D" y al notario público Número de Notario Público 1, contestando la demanda en sentido negativo, en virtud de que no dieron contestación a la misma.

16. Contestación del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla. Por escrito presentado el veintisiete de junio de ese mismo año, se tuvo a la Registradora Pública de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, negando la procedencia de las prestaciones reclamadas y oponiendo las excepciones que consideró oportunas.

17. Sentencia de primera instancia. Seguida la secuela procesal, el cuatro de diciembre de dos mil quince el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla dictó sentencia definitiva en el sentido de que la parte actora acreditó su acción de nulidad y que los codemandados no justificaron sus excepciones, por lo que, entre otras cosas, declaró la nulidad absoluta e inexistencia de los instrumentos notariales de números Número de Registro Público 2 (número el letras) y Número de Registro Público 3 (número el letras),(4) y ordenó su cancelación en el Registro Público de la Propiedad.

18. Para efectos del asunto que nos ocupa, es importante señalar que el juzgador de primer grado consideró, por una parte, que la parte actora tenía legitimación en la causa para reclamar la nulidad del contrato de apertura de crédito porque su interés jurídico estaba acreditado al haber demostrado que era titular del derecho reclamado y justificaba su necesidad de obtener de la autoridad judicial la declaración del derecho a su favor.

19. Por otra parte, consideró que la hipoteca fue constituida de mala fe por parte de la institución de crédito porque el poder presentado por el señor "C", con el que se transmitió el derecho real de propiedad, no se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad. De ahí que declaró la nulidad de la hipoteca al no cumplirse con el extremo previsto en la fracción I del artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.(5)

20. Recurso de apelación número de expediente 4. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la institución bancaria, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación.

21. Del asunto conoció la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien por acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, radicó el asunto con el número de apelación número de expediente 4.

22. El quince de abril de dos mil dieciséis, la Sala resolvió el recurso en el sentido de que eran parcialmente fundados los agravios y modificó la sentencia apelada al considerar que, en lo que aquí importa, existen dos dispositivos legales que se contraponen, los artículos 1942 y 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla,(6) por lo cual debía aplicarse el primero de ellos en beneficio de la parte actora, tutelando el derecho humano de propiedad. Señaló que, bajo una hipótesis restitutoria, la hipoteca constituida no debía de prevalecer al existir una excepción a la regla comprendida en el artículo 2947 del ordenamiento en cita, respecto de la validez de dicha hipoteca.

23. Para arribar a esa conclusión, la Sala de apelación expuso, en términos generales y en lo que se relaciona con el presente asunto, los siguientes argumentos:

a. No hay disposición legal que obligue a inscribir en el registro un contrato de mandato para que sea válido y surta efectos a terceros y tampoco para constituir hipoteca sobre determinado bien en garantía de una obligación contraída, por lo que si la institución bancaria no advirtió que el poder no se encontraba inscrito, no es razón suficiente para señalarse que no actuó de buena fe.

b. Ahora bien, a pesar de que se cumplen con los extremos que prevé el artículo 2947 del Código Civil aplicable a la entidad y que fue erróneo el razonamiento del Juez para declarar la nulidad de la hipoteca, en realidad no puede subsistir porque incide en el derecho de propiedad de la parte actora.

a. El artículo en referencia establece las hipótesis para la validez de la hipoteca constituida por un propietario aparente, independientemente de que se declare o no la nulidad del título de propiedad o falta del mismo, sin embargo, dicho precepto no se refiere al contrato de apertura de crédito, del cual la hipoteca es accesoria.

b. Si bien para la subsistencia de la hipoteca constituida por el propietario aparente deben actualizarse las hipótesis que prevé el citado artículo 2947, lo cierto es que una hipoteca debe constituirse sobre inmuebles o derechos reales, pero en el caso se hizo sobre uno que es propiedad de los actores, quienes no participaron en el contrato principal que dio nacimiento al contrato accesorio.

c. La hipoteca no debe prevalecer al haberse declarado la nulidad del mandato y de la compraventa, por lo que al caso es aplicable el artículo 1942 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que contempla la excepción a la regla comprendida en el artículo 2947 del mismo ordenamiento, respecto a la validez de la hipoteca.

d. Entonces, en términos del artículo aplicable la hipoteca es nula al haber sido constituida por una persona que fue su propietaria aparente, pues la compraventa fue efectuada con un mandato del que se acreditó su falsedad.

e. Si bien los artículos 2947 y 1942 del Código Civil de la entidad aparentemente se contraponen, pues acorde al primero debe subsistir la hipoteca, en tanto que de conformidad con el segundo debe decretarse su insubsistencia. Lo cierto es que, bajo el principio pro homine, debe aplicarse el artículo 1942 en beneficio de los actores y tutelando el derecho humano a la propiedad privada para declarar la insubsistencia de la hipoteca, como efecto restitutorio de la nulidad en el contrato de compraventa.

f. Sería injusto que subsista la hipoteca pues pudiera darse el supuesto de que en el futuro se pretendiera despojar del bien a la parte actora al pretender la ejecución de la diversa sentencia dictada en el juicio mercantil número de un expediente, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, seguido por la institución bancaria, en contra del señor "C" y la señora "D", cuando la parte actora no se obligó bajo ningún término para con la institución de crédito.

24. Juicio de amparo directo número de expediente 5. Inconforme con esa resolución, la institución bancaria promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

25. Sentencia del juicio de amparo directo número de expediente 5. Por sentencia de primero de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la institución bancaria quejosa, a fin de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra en la que reiterara las consideraciones que no fueron objeto de la ejecutoria, relativas a la nulidad del mandato, la compraventa y la subsistencia del contrato de apertura de crédito simple, y resolviera con plenitud de jurisdicción lo relativo al contrato de hipoteca, en el sentido de que no existe la antinomia que propuso y que, atendiendo al principio de especialidad de la norma, considere aplicable al caso concreto el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Asimismo, señaló que en caso de que la responsable lo considerara necesario, podría realizar un análisis ex officio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma, pero no como base para resolver una antinomia, sino como resultado de la confrontación de su contenido respecto al de otro de carácter constitucional o convencional que estima transgrede.

26. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal Colegiado expuso las siguientes consideraciones:

• La Sala responsable estudió el asunto partiendo de la existencia de una antinomia; sin embargo, en el caso de estudio no existe dicha confrontación pues no se está ante la hipótesis de que uno de los numerales invocados permita la subsistencia de la hipoteca y el otro no. En realidad, los artículos no abordan un mismo tema desde una perspectiva permisiva o prohibitiva, sino que uno de ellos contempla las reglas generales que deben aplicarse cuando se declare la anulabilidad de un contrato; mientras que el otro, regula de manera específica al contrato de hipoteca.

• En este caso, la aplicabilidad de la norma debe dilucidarse conforme al principio de especialidad de la ley, a partir del cual es aplicable la norma que regula de manera específica la nulidad de la hipoteca, en lugar de preferirse la regla general que existe sobre los aspectos restitutorios de un acto que ha sido anulado.

• El artículo 1942 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla constituye la regla general y su excepción es la regulada en el diverso numeral 2947 del mismo ordenamiento, por lo que debe aplicarse la segunda de éstas, incluso, porque regula exactamente la hipótesis que se analiza en el caso de estudio. • Además, el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, es una de varias normas que recogen principios protectores respecto de los que hayan intervenido en determinados actos jurídicos como terceros de buena fe.

• De tal suerte que, en el presente caso resulta aplicable el artículo 2947 de la legislación sustantiva civil local, a partir de la cual debe resolver lo atinente a la hipoteca y aplicarse nuevamente, en virtud de que no se impugnaron los razonamientos que realizó el tribunal de alzada en cuanto a que en la especie se cumplen los requisitos que establece el precepto para la subsistencia de la hipoteca, sin considerarse si el propietario real intervino porque eso sería contrasentido al contenido del artículo.

27. Cumplimiento de la sentencia de amparo directo número de expediente 5. La Segunda Sala en Materia Civil del Estado de Puebla, en cumplimiento con esa ejecutoria, dictó sentencia el doce de febrero siguiente, modificando la sentencia definitiva del juicio de origen y señalando que, desde un análisis del derecho de propiedad privada desde su perspectiva constitucional y convencional, el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, no es aplicable al caso en particular porque vulnera el derecho de propiedad al limitar la libre disposición del bien del propietario que no participó en la constitución de la hipoteca.

28. Para arribar a la conclusión anterior, la Sala expuso el siguiente razonamiento:

• Es inaplicable el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, toda vez que el contrato de hipoteca es accesorio al de apertura de crédito simple con interés, en el cual los actores no otorgaron su consentimiento para la constitución, ante la nulidad del contrato de mandato por medio del cual se concretó la compraventa del inmueble.

• La subsistencia de la hipoteca implica un acto de molestia en perjuicio del derecho a la libre disposición del bien propiedad de los actores, inmerso en el derecho humano a la propiedad privada prevista en los artículos 27 constitucional, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• No es aplicable el artículo porque, aun cuando se reúnen los requisitos que contempla el artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la realidad es que se causa un acto de molestia a la parte actora, la que no participó en la constitución de la hipoteca y no tiene obligación a su cargo frente a la institución bancaria.

• De manera que, si no se demostró la voluntad de la parte actora para la constitución del gravamen, ni existe prueba de que atentan contra el interés público o la colectividad, ni existe limitante legal sobre el ejercicio a su derecho de dominio, no debe subsistir la hipoteca.

29. Juicio de amparo directo número de expediente 6. Nuevamente, la institución bancaria promovió juicio de amparo directo, del cual volvió a conocer el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el que admitió y registró el expediente con el número número de expediente 6.

30. En sesión plenaria de diez de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado resolvió amparar y proteger al banco quejoso, pues la sentencia que dictó la autoridad responsable, en relación con el estudio de constitucionalidad y convencionalidad del 2947 de la legislación sustantiva aplicable, fue deficiente y no cumple con los requisitos que ha establecido la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.". Lo anterior, al no haberse realizado un ejercicio argumentativo a partir del cual se destruyera la constitucionalidad de la que goza el artículo que se estimó inaplicable.

31. El Tribunal Colegiado apoyó su decisión en las siguientes reflexiones:

a. En la sentencia del juicio de amparo directo número de expediente 5 no se le prohibió a la Sala responsable abordar el tema del control de convencionalidad o constitucionalidad del artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, sino solamente que se abstuviera de aplicarlo bajo el argumento de la antinomia. Incluso, en la ejecutoria de mérito se abrió la posibilidad a la Sala responsable para que se pudiera pronunciar en torno al control ex officio de la constitucionalidad del precepto, en caso de estimarlo necesario.

b. Sin embargo, lo cierto es que el ejercicio argumentativo de control que realizó la Sala responsable es deficiente porque no observó lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a los lineamientos de una interpretación conforme y que las leyes gozan de una presunción de constitucionalidad, cuando se realiza un control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad.

c. La Sala responsable no realizó un ejercicio argumentativo a partir del cual se destruyera la presunción de constitucionalidad de que goza el aludido precepto, lo que era necesario para poder optar por su inaplicación. Toda vez que, no se advierte que el contenido de la disposición referida haya sido objeto de interpretación a la luz de los conceptos constitucionales y convencionales que invocó la autoridad, sino que solamente se limitó a analizar el contenido del derecho de propiedad para inaplicar el artículo, sin exponer razones suficientes para sostener que se venció la presunción de constitucionalidad de que goza.

d. Incluso, en la ejecutoria del amparo directo número de expediente 5 se señaló que el artículo 2947 constituye una norma protectora respecto de los adquirentes de buena fe del derecho de hipoteca, lo que también debió haber considerado la responsable.

e. Entonces, el análisis ex officio realizado por la responsable, efectivamente deviene ineficiente por incompleto, al no haberse estudiado el referido precepto en cuanto a su verdadero alcance y sólo relacionar su aplicación en el particular con el derecho de propiedad, sin que eso sea suficiente para derrotar su presunción de constitucionalidad o convencionalidad.

32. A partir de lo anterior, el Tribunal Colegiado amparó a la institución bancaria quejosa para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara otra en la que: a) reiterara lo que no fue objeto de esa resolución y b) resolviera con plenitud de jurisdicción lo relativo al contrato de hipoteca, considerando que el estudio ex officio de la constitucionalidad o convencionalidad del artículo debe realizarse a partir de la confrontación de su contenido con el que se estima transgrede de sede constitucional o convencional. Además, señaló que solamente en el caso de llegar a la conclusión de que debe inaplicarse el precepto, la Sala deberá señalar las razones por las que lo considera inconstitucional o inconvencional, cuál es el derecho humano que tutela, cuál es el que deja de lado, si existe colisión de derechos y cuál es el que debe prevalecer, así como también las razones por las que así lo considera.

33. Cumplimiento de la sentencia de amparo directo número de expediente 6. La Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en cumplimiento con la ejecutoria de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictó una nueva sentencia en la que ordenó modificar la sentencia definitiva del juicio de origen, determinando que a partir de un control ex officio constitucional y convencional del artículo 2947 del Código Civil para el Estado de Puebla, se puede concluir que el precepto válidamente restringe el derecho a la propiedad privada del verdadero propietario al no ser una prerrogativa absoluta, de manera que sí es aplicable al caso en concreto la limitante que contiene el artículo en cita, en privilegio del principio de seguridad jurídica en beneficio del acreedor de buena fe. Por lo que concluyó que debe subsistir la hipoteca constituida sobre el inmueble, al haberse cumplimentado los tres requisitos a que alude dicho numeral.

34. De manera destacada la Sala responsable determinó lo siguiente:

a. No existe disposición legal alguna que obligue a los interesados a inscribir en el registro público un contrato de mandato para efectos de su validez y que surta efectos frente a terceros, así tampoco para constituir hipoteca sobre determinado bien en garantía de una obligación contraída. Por lo que no puede considerarse que la institución bancaria actuó de mala fe al no haber advertido que el poder con el que compareció el señor "C" no se encontraba inscrito en el registro público.

b. La institución de crédito actuó de buena fe puesto que la ilegalidad existente en el contrato de mandato, que a su vez motivó la declaratoria de nulidad de la compraventa fue evidente hasta el momento en que se pronunció la sentencia de primer grado.

c. La buena fe por regla general se presume, de manera que debe presumirse en este asunto pues era imposible que la institución bancaria conociera los vicios del consentimiento que afectaban al mandato.

d. En términos del artículo 2947 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la hipoteca constituida por el propietario aparente es válida porque, independiente de que se declare la nulidad del título de propiedad, en el caso que nos ocupa: i) el acreedor hipotecario actuó de buena fe, ii) no se evidenció que los vicios del título de dominio se desprendieran del Registro Público de la Propiedad, y iii) porque su constitución derivó de un contrato de apertura de crédito simple con interés, por ende oneroso.

e. Además, el precepto es aplicable al caso porque se encuentra inmerso en las normas q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31982-f699dd58/hipoteca-constituida-por-propietario-aparente-es-inconstitucional-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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