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Modo: Corpus Pro

VENTA JUDICIAL DE UN INMUEBLE HIPOTECADO. LA EXPRESIÓN "A MENOS DE ESTIPULACIÓN EXPRESA EN CONTRARIO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2325 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SE REFIERE AL CASO EXCEPCIONAL EN QUE EL ADJUDICATARIO DEL INMUEBLE Y EL VENDEDOR PACTAN QUE LA HIPOTECA NO SERÁ CANCELADA. PRELACIÓN DE CRÉDITOS. DERECHOS REALES Y PERSONALES. REMATE. CUANDO EL BIEN OBJETO DE LA VENTA JUDICIAL ESTÉ HIPOTECADO, EL ADJUDICATARIO SÓLO DEBE RESPONDER HASTA POR EL MONTO EN QUE SE FINCÓ EL REMATE. REMATE. EL JUEZ DEBE CERCIORARSE DE QUE SE LLAME AL PROCEDIMIENTO A LOS ACREEDORES PREFERENTES DE UN BIEN HIPOTECADO Y DE QUE EL MONTO OBTENIDO SE AFECTE AL PAGO DE LOS CRÉDITOS PREFERENTES. REMATE. MECANISMOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS ACREEDORES PREFERENTES. REMATE O VENTA JUDICIAL. EL JUZGADOR DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO PARA TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 331/2014. · Registro digital (IUS): 25892
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , Pág. 1597.

VENTA JUDICIAL DE UN INMUEBLE HIPOTECADO. LA EXPRESIÓN "A MENOS DE ESTIPULACIÓN EXPRESA EN CONTRARIO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2325 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SE REFIERE AL CASO EXCEPCIONAL EN QUE EL ADJUDICATARIO DEL INMUEBLE Y EL VENDEDOR PACTAN QUE LA HIPOTECA NO SERÁ CANCELADA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 331/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por Eduardo Francisco Núñez Gaytán, Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien conoció de los amparos en revisión civil 239/2006, 240/2006, 406/2006, 15/2007 y 426/2007, los cuales comparten los siguientes antecedentes:

Mediante juicios ejecutivos mercantiles se reclamaron diversas prestaciones económicas. En la sentencia definitiva se condenó a la parte demandada, al pago de las prestaciones reclamadas, ordenándose el remate de los bienes inmuebles embargados.

El Juez del conocimiento dictó auto en el que, entre otras cosas, ordenó notificar al **********, el proveído en el que fijó la fecha y hora para la audiencia de remate; mandando a recabar el certificado de gravámenes respecto del inmueble embargado.

El certificado de gravámenes remitido al Juez del conocimiento reportó hipoteca a favor del **********, que fue inscrita previamente al embargo constituido en favor de la parte actora, derivado del juicio ejecutivo mercantil en etapa de remate. Se celebró la audiencia de remate, en la cual se aprobó el remate a favor de la parte actora o de algún otro postor. A dicha audiencia no compareció el **********.

********** interpuso recurso de apelación contra el auto aprobatorio de remate. Dicho recurso se resolvió confirmando el auto aprobatorio de remate.

Inconforme con la anterior determinación, el ********** promovió juicio de amparo indirecto civil, el que se admitió a trámite, y seguido el procedimiento, se dictó sentencia en el sentido de negar el amparo.

El ********** interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien le negó el amparo con base en las consideraciones siguientes:

"Por otra parte, el nombrado recurrente aduce que, si bien como estimó la a quo, el artículo 2325 del Código Civil Federal establece que, por regla general, las ventas judiciales se harán en moneda efectiva y pasará el inmueble al comprador libre de todo gravamen, también prevé que tal presupuesto se dará a menos de estipulación expresa en contrario, con lo que se cambia todo el sentido del acto mismo del remate, porque el solo hecho de que el predio a rematar se encuentre sujeto a un gravamen hipotecario y el titular de ese derecho lo haga valer, se debe transmitir la propiedad adjudicada con el gravamen con que cuenta, lo que había demostrado con los documentos que el mismo actor del juicio exhibió a fin de tramitar el remate.

"Tal argumento es infundado, con independencia de que recurrente (sic) no precisa tampoco cuáles son los documentos que el actor exhibió con los que se demuestra su derecho hipotecario, la circunstancia de que exista en autos el certificado de gravámenes en el que aparece que el bien inmueble sujeto a remate se encontraba gravado con la hipoteca a su favor, es insuficiente para considerar que se encuentra en la salvedad prevista en el artículo 2325 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria conforme el artículo 2o. del Código de Comercio, de que si la venta judicial se tratare de un inmueble, pasará al comprador libre de todo gravamen ‘a menos de estipulación expresa en contrario’, pues en dicho documento en relación con la hipoteca, sólo se asentó: ‘hipoteca a favor de ********** por la suma de $********** M.N., inscrita a folios ********** del tomo **********, volumen **********, de urbanas, libro ********** de fecha **********’ (foja **********), sin que al respecto exista dato o anotación, en donde de manera textual se haga constar la existencia de una estipulación en contrario que permita trasladar al comprador el gravamen de la hipoteca.

"De la transcripción anterior se aprecia que no se precisaron los términos de la hipoteca que impidiera el remate del bien embargado, por lo que dicha prueba no demuestra el extremo que se pretende.

"El recurrente continúa su argumento en el sentido de que el Juez Segundo de lo Civil no determinó, en el momento mismo del remate, la forma en que se adquiría el bien raíz a rematar, ni les especificó a los postores que el mismo contaba con un gravamen hipotecario a su favor, lo que fue avalado por la Sala responsable, sin que la Juez Federal se pronunciara al respecto.

"Ese argumento es infundado, pues los conceptos de violación fueron analizados en forma integral y se consideraron infundados, precisamente al concluir la resolutora federal que la venta judicial de un bien inmueble debía pasar al comprador libre de todo gravamen, fundando y motivando debidamente su resolución.

"Además, al no haber asistido el recurrente a la audiencia de remate, como prevé el artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en la fracción I, a pesar de haber sido notificado (fojas 136 del juicio de garantías), para hacer las observaciones que estimara oportunas para garantizar sus derechos y en la que pudo haber exhibido el contrato de hipoteca, en el que constara alguna estipulación que impidiera liberar el gravamen ante una venta judicial, debía prevalecer la regla general.

"Por tanto, si bien es cierto que como ha sostenido este Tribunal en la tesis de rubro: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. EL CRÉDITO HIPOTECARIO INSCRITO CON ANTELACIÓN NO NECESARIAMENTE LEGITIMA AL ACREEDOR PARA EXIGIR SU PAGO PREFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).’, conforme al artículo 2894 del Código Civil Federal (similar al 2046 del Código Civil del Estado de Yucatán), los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de tercero, lo que implica que el derecho correlativo se transmite con el bien hipotecado y puede oponerse a cualquier adquirente sea cual fuere el acto que le dé origen; sin embargo, debe señalarse que tal criterio no es aplicable en el caso específico de la venta judicial, ya que en esta hipótesis existe disposición expresa del artículo 2325 del Código Civil Federal, de que el inmueble vendido judicialmente pasará al comprador libre de gravamen, y del artículo 2941, fracción V, de ese mismo código, de que deberá ordenarse la extinción de la hipoteca cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, con lo cual tampoco quedan nugatorios los derechos del acreedor hipotecario en la medida que puede hacerlos valer en vía y forma que corresponda, de donde resultan infundados los agravios que se formulan a ese respecto."

Dichas ejecutorias dieron origen a la jurisprudencia XIV.C.A. J/19, que se transcribe a continuación:

"HIPOTECA, REMATE DE BIENES INMUEBLES GRAVADOS CON. LA TRANSMISIÓN DE DICHOS BIENES EN VENTA JUDICIAL DEBE HACERSE LIBRE DE TODO GRAVAMEN.-De la interpretación sistemática de los artículos 2941, fracción V y 2325, ambos del Código Civil Federal, se colige que en el caso del remate de una finca hipotecada, el dominio se transfiere al comprador libre de todo gravamen, incluida la hipoteca, sin que sea óbice para ello la expresión ‘a menos de estipulación expresa en contrario’ pues, para que resulte aplicable tal excepción, es requisito indispensable que se plasme dicha salvedad en el documento de hipoteca respectivo, razón por la cual, no basta que en autos obre un certificado de gravámenes en donde se haga constar, que el inmueble objeto del remate se encuentra sujeto al gravamen hipotecario, pues ello no libera, ni suprime la obligación de que conste expresamente la salvedad a que refiere la ley; además, en términos de la fracción V del citado artículo 2941, la hipoteca se extingue en el caso de remate judicial, disposición que no hace nugatorios los derechos del acreedor hipotecario, dado que podrá hacerlos valer en la vía legal que corresponda."(2)

II. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien conoció del amparo en revisión civil 490/2012.

En relación con dicho amparo en revisión, se señalan los siguientes antecedentes:

Dentro del juicio ejecutivo mercantil **********, promovido por **********, representado por sus endosatarios en procuración, demandó de **********, entre otras prestaciones, el pago de **********, más intereses moratorios del tipo pactado, derivados de la suscripción de un pagaré.

De la demanda conoció el Juez Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien mediante auto de trece de julio de dos mil siete, la admitió a trámite y ordenó requerir de pago, embargar y emplazar a juicio a la demandada, lo que así se realizó el tres de septiembre siguiente; en lo que interesa, se embargó el cincuenta por ciento de la finca **********, **********, **********, de Guadalajara, Jalisco.

Seguido el juicio por sus etapas procesales, el seis de junio de dos mil ocho, se dictó sentencia, en la que, en esencia, se determinó que el actor ********** acreditó los elementos de su acción, en tanto que la demandada **********, no justificó sus excepciones, por lo que se le condenó al pago de la cantidad de pesos reclamada, más los intereses moratorios al tipo pactado, gastos y costas; además, se dispuso que, en caso de que la demandada no cumpliera con la condena, se procediera al remate de lo embargado, para con el producto de la venta pagar al acreedor.

En acuerdo de catorce de agosto de dos mil ocho, se decretó que la sentencia causó estado y se concedió término a la demandada para que voluntariamente cumpliera con la condena.

Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia. En interlocutoria de once de diciembre de dos mil ocho, se aprobó la planilla formulada por la parte actora por **********, por concepto de intereses moratorios cuantificados hasta el tres de septiembre de dos mil ocho; esta determinación se confirmó por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al resolver el toca de apelación **********.

En acuerdo de veintidós de junio de dos mil nueve, se procedió a la ejecución forzosa de la sentencia, y se mandó preparar el remate del bien embargado. Mediante proveído de seis de julio de dos mil once, la parte actora y ejecutante exhibió el certificado de libertad de gravámenes del inmueble sujeto a remate, que evidenció una hipoteca sobre el inmueble inscrita previamente al embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil. Se fijaron día y hora para la celebración del remate.

Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil once, **********, en su carácter de acreedora hipotecaria, compareció al procedimiento a efecto de que se le reconociera el carácter de acreedora preferente, dado que sobre el inmueble sujeto a la almoneda pública pesaba una hipoteca a favor de dicha institución crediticia inscrita previamente al embargo. El veintitrés de agosto de dos mil once, se dio vista a la parte actora con esa solicitud, a fin de que se manifestara al respecto.

La parte actora desahogó la vista que se le dio y, en esencia, se opuso a que se reconociera como acreedor preferente a la institución de crédito aludida. El catorce de septiembre de dos mil once se acordó ese escrito, en el sentido de tener por desahogada la vista y por hechas las manifestaciones del actor.

La parte actora interpuso recurso de revocación en contra de dicha determinación, bajo el argumento toral de que la autoridad de origen omitió pronunciarse respecto de su oposición a que se reconociera como acreedor preferente el banco aludido. El uno de noviembre de dos mil once, se resolvió la revocación y, en lo que interesa, se determinó que no era factible no reconocerle a **********, el carácter de acreedor preferente, toda vez que el artículo 2325 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, señala que cuando la cosa fuera inmueble, pasará al comprador libre de todo gravamen, a menos de estipulación expresa en contrario, situación que se actualiza, y, al respecto cita diversos artículos del mismo ordenamiento que refieren que los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de tercero.

En contra de esa determinación, la parte actora promovió demanda de amparo indirecto. El Juez Federal del conocimiento dictó sentencia el cuatro de junio de dos mil doce, en la que concedió el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que atienda a los argumentos expuestos por la parte actora, y decida lo que proceda con libertad de jurisdicción.

En cumplimiento a la ejecutoria de garantías, el tres de julio de dos mil doce, el Juez responsable dictó nueva resolución, en la cual, analizando los agravios de la parte actora, resolvió que resultan fundados y suficientes para revocar parcialmente el auto combatido, sin embargo, no dejó de reconocerle a la institución de crédito el carácter de acreedor preferente, ni tampoco su derecho de pagársele con el producto de la venta.

En contra de dicha determinación, la parte actora promovió un segundo juicio de amparo indirecto, que también fue del conocimiento del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien el trece de septiembre de dos mil doce dictó sentencia concediendo nuevamente el amparo a la parte actora, considerando que en los términos del artículo 1941 del Código Civil Federal, el inmueble embargado debía transmitirse al adquirente libre de todo gravamen, y que debía extinguirse la hipoteca, debido a que no se hizo constar textualmente en el contrato de hipoteca la existencia de una estipulación en contrario a que se refiere el artículo 2325 del mismo ordenamiento, apoyándose en la tesis XIV.C.A. J/19, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.

Inconforme con la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, **********, interpuso recurso de revisión, que fue registrado con el número AR. **********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien revocó la sentencia dictada por el Juez de Distrito y negó el amparo, con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Los agravios hechos valer son infundados en parte, inoperantes por otra y, en una más, sustancialmente fundados.

"... es sustancialmente fundado el agravio en el que la recurrente sostiene que el Juez Federal interpretó en forma por demás errónea los artículos 2325 y 2941, fracción V, de Código Civil Federal, habida cuenta que no los analizó en forma conjunta, relacionándolos con lo que al efecto prevén los diversos numerales 472, 473 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"El primero de tales preceptos estatuye: (se transcribe)

"De lo dispuesto en el artículo copiado, de ninguna manera se desprende que a menos que en el contrato en el que se constituya la hipoteca, se especifique lo contrario a lo dispuesto en dicho artículo, respecto a que el comprador en una venta judicial lo adquiera con todo y el gravamen, éste se extingue ...

"En ese orden de ideas, ha de establecerse que si bien las ventas judiciales implican la transmisión al comprador del inmueble involucrado libre de gravamen, de ahí no se sigue que basta que ello suceda para que, como consecuencia inmediata, se extinga el gravamen real constituido sobre el mismo, habida cuenta que el legislador claramente estableció la obligación del Juez de llevar a cabo las cancelaciones conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles, lo que se traduce en el cumplimiento de las reglas fijadas en la legislación procesal para llevar a cabo el remate, en las que se prevé el llamamiento de acreedores y el respeto a la prelación de los créditos, entre los que se encuentra el acreedor hipotecario.

"Luego, es claro que el acuerdo al que se refiere el multicitado numeral, cuando el legislador alude a la ‘... estipulación expresa en contrario ...’, de ningún modo involucra el contrato en el que se constituye el gravamen, en este caso de hipoteca, de manera que si en este contrato nada se dijo acerca de que desaparecería el gravamen, éste deje de existir con motivo de la almoneda, sino en todo caso, debe interpretarse en el sentido de que se trata del convenio que pudiera darse con el adquirente en el remate, en cuanto a que acepte la transmisión del inmueble con el gravamen respectivo, como también pudiera darse cuando se admita un tipo de pago distinto al efectivo.

"Por otra parte, lo dispuesto en el diverso numeral 2941, fracción V, de la legislación sustantiva en cita, en cuanto a que la hipoteca se extingue ‘V. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 2325.’, tampoco debe interpretarse en el sentido de que basta que se efectúe la venta judicial, aunque fuera por persona distinta al acreedor hipotecario, para que éste pierda dicha garantía, habida cuenta que debe tomarse en consideración, necesariamente, el precepto legal que se invoca en esa fracción (2325), que a su vez remite a procedimientos señalados en el código adjetivo. "Respecto a dicha fracción V, en la obra en consulta,(3) se explica: ‘Caso distinto es el del remate judicial. Bien cabe pensar aquí en dos distintas posibilidades: primero, que el remate se verifique en favor del acreedor, en cuyo caso la extinción operará en forma normal; segundo, que el remate se finque en favor de un acreedor con prelación anterior, entonces el segundo acreedor hipotecario concurrirá sólo por el exceso.’

"En ese orden de ideas, no hay duda de que para que el inmueble vendido judicialmente pase libre de todo gravamen a quien lo adquiere, es indispensable liquidar el adeudo garantizado a través del mismo.

"Opinar como lo hace el recurrente llevaría desaparecer la garantía real representada por la hipoteca, mediante la tramitación de un juicio en el que reconozca un derecho personal de crédito y se pretenda cobrar con el mismo inmueble sobre el que pesa aquélla, lo que lógicamente contraviene los principios jurídicos que la sostienen.

"Al efecto se comparte el criterio citado por el recurrente localizable en el Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1488, cuyos rubro y texto son el tenor literal siguiente: ‘VENTA JUDICIAL. LA TRANSMISIÓN DE INMUEBLES «LIBRE DE GRAVÁMENES» NO IMPLICA QUE ÉSTOS SE CANCELEN SIN TRÁMITE ALGUNO, PUES DEBEN SALVAGUARDARSE LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS ACREEDORES, YA QUE DE NO HACERLO SE VULNERARÍAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe)

"Por tanto, se debe ordenar se haga la correspondiente denuncia de contradicción de tesis entre la tesis transcrita en el párrafo anterior, sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y la jurisprudencia XIV.C.A. J/19, invocada en la sentencia recurrida, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que aparece publicada en el Tomo XXVIII de julio de dos mil ocho, página 1585, de la misma Época del citado Semanario, que dice: ‘HIPOTECA, REMATE DE BIENES INMUEBLES GRAVADOS CON. LA TRANSMISIÓN DE DICHOS BIENES EN VENTA JUDICIAL DEBE HACERSE LIBRE DE TODO GRAVAMEN.’ (se transcribe)

De dicha ejecutoria derivó la tesis siguiente:

"VENTA JUDICIAL. LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PREVÉ QUE PASEN LOS BIENES AL COMPRADOR LIBRES DE TODO GRAVAMEN, NO SIGNIFICA DEJAR SIN EFECTOS UNO DIVERSO PREVIAMENTE CONSTITUIDO (LEGISLACIÓN CIVIL FEDERAL).-Del estudio conjunto de lo dispuesto por los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal, en relación con los diversos 472, 473 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se concluye que para que el inmueble vendido judicialmente pase libre de todo gravamen al que lo adquiere, es indispensable liquidar el diverso adeudo garantizado a través del mismo. En efecto, si bien las ventas judiciales implican la transmisión al comprador del inmueble involucrado libre de gravamen, de ahí no se sigue que baste que se remate el bien producto de un embargo que garantiza la condena en un juicio ejecutivo mercantil, para que, como consecuencia inmediata, se extinga uno distinto (en el caso, una hipoteca) previamente constituido, habida cuenta que el legislador claramente estableció la obligación del Juez de llevar a cabo las cancelaciones conforme a lo dispuesto en el citado Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que se traduce en el cumplimiento de las reglas fijadas en la legislación procesal para llevar a cabo la almoneda, en las que se prevé el llamamiento de acreedores y el respeto a la prelación de los créditos, entre los que se encuentra el acreedor hipotecario."(4)

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas, para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Con base en lo anterior, esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis, debido a que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto del mismo punto de derecho.

En efecto, ambos tribunales se vieron en la necesidad de interpretar los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal, para determinar si basta que se lleve a cabo la venta judicial de un inmueble hipotecado en ejecución de un juicio ejecutivo mercantil, para que el inmueble quede libre del gravamen real que pesaba sobre él, aunque no se pague la obligación principal garantizada.

Cabe precisar que los hechos que dieron lugar a las ejecutorias que emitieron ambos tribunales son esencialmente iguales. En todos los casos, la parte actora inició un juicio ejecutivo mercantil, se ordenó el embargo de un bien inmueble que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, se dictó sentencia condenatoria en el juicio ejecutivo mercantil, y una vez ordenado el remate, se solicitó certificado de gravámenes sobre el inmueble embargado, el cual evidenció que previo al embargo, pesaba sobre el inmueble una hipoteca también inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito consideró que de los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal se desprende que cuando se lleva a cabo la venta judicial de un inmueble, éste debe pasar al comprador libre de todo gravamen "a menos de estipulación expresa en contrario". Por tanto, para que el gravamen hipotecario se transmita al tercero adquirente, es necesario que en el certificado de gravámenes o en la escritura de hipoteca conste expresamente la estipulación en contrario, en el sentido de que en caso de venta judicial, el gravamen de hipoteca se trasladará al comprador, ya que en caso contrario, debe ordenarse la extinción de la hipoteca.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró que los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal, no deben analizarse en forma aislada, sino conjuntamente con los artículos 472, 473 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que imponen al juzgador diversas reglas para llevar a cabo el remate, entre ellas, llamar a los acreedores y respetar la prelación de los créditos; y si bien es cierto que el artículo 2325 citado, se refiere a una "estipulación expresa en contrario", ello no implica que en el contrato de hipoteca deba decirse que el gravamen no desaparece al transferirse el inmueble a un tercero, sino que se refiere al convenio que pudiera darse con el adquirente en el remate.

Asimismo, señaló que el artículo 2941, fracción V, del Código Civil Federal, tampoco debe interpretarse en el sentido que basta que se efectúe la venta judicial, aunque sea por persona distinta al acreedor hipotecario, para que éste pierda dicha garantía, ya que es evidente que para que el inmueble vendido judicialmente pase libre de gravamen, es indispensable liquidar el adeudo garantizado con el mismo, pues la interpretación contraria llevaría a desaparecer la garantía real de hipoteca mediante la tramitación de un juicio que reconozca un derecho personal y se pretenda cobrar con el mismo bien, lo que contraviene los principios jurídicos que sostienen la hipoteca.

Lo anterior pone en evidencia la existencia de la contradicción de tesis, pues mientras el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito estimó que la interpretación correcta de los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal es que cuando un bien hipotecado se vende judicialmente, el gravamen hipotecario sólo se transmite al tercero, si en el certificado de gravámenes o en la escritura de hipoteca consta expresamente que debe transmitirse con el gravamen, ya que, en caso contrario, debe ordenarse la extinción de la hipoteca; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó lo contrario, puesto que sostuvo que exigir lo anterior, es opuesto a los principios jurídicos que rigen la hipoteca, ya que ésta sólo puede extinguirse contra el pago del adeudo que garantiza, de ahí que la estipulación mencionada en el artículo 2325 citado, no se refiere al contrato de hipoteca, sino al convenio que en su caso se celebre con el adquirente.

Con base en lo anterior, corresponde a esta Primera Sala determinar, si conforme a lo dispuesto en los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal, basta que se lleve a cabo la venta judicial de un inmueble hipotecado a favor de una persona distinta al acreedor hipotecario, para que se extinga la hipoteca previamente inscrita que pesaba sobre el inmueble, aunque no se pague la obligación principal garantizada, por no haberse establecido expresamente en el contrato de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25892-18a2f2cd/venta-judicial-de-un-inmueble-hipotecado-la-expresion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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