ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI FUE SOLICITADO POR RAZONES DE SEGURIDAD A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA FEDERAL POR LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE AFECTA INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA NO ESTÁ SUJETA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
AMPARO EN REVISIÓN 259/2013. 9 DE ENERO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: EMMA MEZA FONSECA. PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CLAVELLINA RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En principio y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar se destaca que acorde con lo dispuesto por el precepto 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, es pertinente destacar que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de ambas fuentes son Normas Supremas; en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio "pro persona" (en provecho del hombre).
En consecuencia, en aras de ese principio, conforme al cual y en términos del párrafo segundo del precepto constitucional en cita, así como los diversos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe favorecerse en todo tiempo a las personas la protección más amplia; por lo que, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, deben preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los derechos humanos, se procederá a señalar y reparar, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos noventa y nueve, Libro XIII, Tomo 2, octubre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro IUS 2002000, de rubro:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."
Así como la tesis P. LXIX/2011 (9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos cincuenta y dos, Libro III, Tomo 1, diciembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro IUS 160525, que dispone:
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."
Precisa señalar que los motivos de disenso se analizarán de estricto derecho, porque la suplencia de la queja en materia penal, procede únicamente en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima, en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.
En consecuencia, se analizará si los motivos de disenso combaten todas y cada una de las razones por las que el Juez Federal concedió la protección constitucional al quejoso, contra los actos reclamados a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (como autoridades ordenadoras), consistentes en la emisión de los oficios:
**********/**********/**********/**********, a través del cual la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, el traslado del quejoso a algún centro federal de readaptación social.
**********/**********/**********/**********, de nueve de mayo de dos mil trece, emitido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual autorizó el ingreso de ********** ********** ********** ********** al Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente".
Concesión que hizo extensiva al acto de ejecución a cargo del director y presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad.
Ahora bien, el Juez de Distrito estimó que las responsables violan los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, por los motivos siguientes:
a) La Subsecretaría de Sistema Penitenciario podrá suscribir el traslado, excepcionalmente, cuando se pone en riesgo la seguridad integral de los lugares de reclusión, del reo y por urgencia médica.
b) La autoridad administrativa federal podrá autorizar el ingreso de internos del fuero común a un centro federal, cuando sea necesario reubicarlos por razones de seguridad.
c) El dispositivo 18 de la Carta Magna contiene un principio orientador del régimen penitenciario para que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, compurguen penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reinserción.
Para ello, debe ponderarse la existencia de hechos que ponen en peligro la vida, la seguridad, la paz y la integridad de los internos, que conducen a las autoridades administrativas, a decretar su "apartamiento" como medida urgente para salvaguardar el orden y garantizar la seguridad del sitio carcelario.
d) Las autoridades responsables precisaron que el traslado obedece a medidas de seguridad institucional, ya que el quejoso se caracteriza por tener conductas vinculadas a delitos de alto impacto social, que evidencian sus nexos con grupos delictivos de un alto riesgo social.
e) Ambas autoridades fueron omisas en expresar los acontecimientos de facto y las reflexiones legales para resolver la situación concreta del impetrante, así como las particularidades por las cuales era necesaria su movilización a otro centro penitenciario.
f) El comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se concretó a reproducir lo manifestado por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, en el sentido de que la reubicación obedece a medidas de seguridad institucional y justificar la decisión de optar de que fuera al Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente".
g) Las autoridades administrativas cuentan con la facultad de solicitar y disponer el cambio de prisión, sin embargo, ese ejercicio está condicionado por mandato constitucional, al respeto de las prerrogativas del destinatario del acto y a exponer los motivos concretos que justifiquen la molestia, entre ellos, la situación particular del gobernado, su género, domicilio, entorno familiar y cualquier otra circunstancia que conduzca a la determinación apegada al marco normativo, evitando decisiones discrecionales o arbitrarias.
Para controvertir las decisiones del Juez, la autoridad recurrente en el primer agravio, hizo valer que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, porque existe el juicio de garantías **********/**********-**********, promovido por ********** ********** ********** **********, del cual conoce el Juez Séptimo de Distrito en Sinaloa, quien dictó sentencia "amparadora" el veintitrés de septiembre de dos mil trece y el acto reclamado es el mismo que se analizó en la sentencia que ahora se revisa.
El agravio anterior es inoperante, porque la causal de improcedencia que hace valer no se encuentra acreditada en los autos del juicio de garantías que nos ocupa, ya que no adjuntó las constancias que la demuestren.
Además, no se advierte algún dato que permita presumir la actualización de la causa de improcedencia referida por la autoridad recurrente, contrario a ello, las responsables ordenadoras, al rendir su informe con justificación, hicieron valer la diversa causa de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XIII, consistente en que el quejoso consintió tácitamente el acto, porque no promovió la demanda de amparo en el término que establece la ley de la materia.
Respecto de ella, el Juez Federal determinó acertadamente que no se configura, ya que el acto reclamado afecta, aunque indirectamente, la libertad personal del quejoso, circunstancia por la cual es un caso de excepción que tutela la ley de la materia para promover el amparo en el término legal.
Además, se considera correcta la determinación del Juez de Distrito, porque la Ley de Amparo vigente, en su precepto 17 establece, en lo conducente:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"...
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
Efectivamente, se estima que la orden de traslado reclamada en el juicio de garantías que nos ocupa, se ubica en la hipótesis legal transcrita, por tratarse de un acto que afecta la libertad personal fuera de procedimiento, por los motivos siguientes:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, que dio origen a la jurisprudencia invocada por el Juez constitucional, bajo el rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.", estableció, en esencia, lo siguiente:
"... 34. Con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas.
"...
"39. Ahora bien, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011, 198/2011, 204/2011, 230/2011, 276/2011, 200/2011, 202/2011, 152/2011 y 203/2011,(9) sustentó, en lo que interesa al tema de la presente contradicción, que derivado de la entrada en vigor de las reformas constitucionales a las que nos hemos referido, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado, y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales, y en particular a los Jueces de ejecución en materia penal, ya sea en el ámbito local o federal; pues es a ellos, a quienes corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria.
"40. En ese sentido, tenemos que si bien la orden de traslado es emitida por una autoridad administrativa -en virtud de las reformas constitucionales comentadas-, cuando la persona se encuentra recluida en virtud de una sentencia condenatoria, la decisión de la autoridad administrativa será puesta bajo el escrutinio del Juez de ejecución, quien como se dijo, es el encargado de asegurar el cumplimiento de las penas y de las cuestiones accesorias a ésta.
"...
"56. A juicio de esta Primera Sala, el ejercicio del derecho a una defensa adecuada no puede limitarse a la parte del proceso, pues esta prerrogativa de igual forma debe aplicarse en la etapa de ejecución de la sentencia, en los casos en los que el sentenciado tenga necesidad de ser asesorado por un abogado.
"57. En efecto, en la etapa de ejecución de sentencia, el sentenciado cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer valer en los términos que la propia ley disponga, como pueden: a) ser la condena condicional, b) la sustitución de la pena de prisión; y, c) la conmutación de sanciones. En los cuales se requiere la asistencia o asesoramiento jurídico y, en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras.
"58. De tal forma, que una vez dictada la sentencia condenatoria, el sentenciado tiene el derecho constitucional a contar con un defensor y con los medios suficientes y necesarios para preparar y hacer valer los beneficios preliberacionales con los que disponga en términos de ley.
"59. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la tesis 1a. CLXXVIII/2009, sustentada por esta Primera Sala, de rubro y texto:
"‘DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ESA GARANTÍA TAMBIÉN ES APLICABLE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), al tutelar la defensa adecuada en el proceso penal, la instituyó como un derecho fundamental mínimo, por lo que dicha garantía también es aplicable en la etapa de ejecución de sentencia, pues en ese periodo el sentenciado cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer valer cuando proceda -como la condena condicional, la sustitución de la pena de prisión y la conmutación de sanciones-, lo cual requiere la asistencia, asesoramiento jurídico y, en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras.’(13)
"60. Derecho del sentenciado a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. Además del derecho del sentenciado a una defensa adecuada, esta Primera Sala advierte que la orden de traslado dictada contra un sentenciado, limita el derecho a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.
"61. El Tribunal Pleno de este Alto Tribunal sustentó, que en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado -por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad-, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.
"62. Al respecto se dijo, que ese derecho representa un acto volitivo del sentenciado y se manifiesta en la petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social.
"63. Los anteriores argumentos se encuentran inmersos en la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala:
"‘DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra «podrán» que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los poderes derivados del Estado.’(14)
"64. Del texto de la jurisprudencia transcrita se desprende, que el derecho humano del sentenciado para purgar la pena corporal en un centro penitenciario cercano a su domicilio no es absoluto, pues éste no podrá verse realizado cuando la pena impuesta sea con motivo de delitos de delincuencia organizada o en aquellos casos que se requieran medidas especiales de seguridad. Asimismo, el derecho que nos ocupa se encuentra limitado y restringido en virtud de la libertad del legislador secundario para configurar las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicha prerrogativa.
"65. Sin embargo, al margen de lo anterior, tenemos que la orden de traslado no solicitada por el propio sentenciado, puede tener como consecuencia que éste se vea en la imposibilidad de purgar la pena de prisión impuesta en un centro penitenciario cercano a su domicilio, lo cual, como se dijo, constituye un derecho constitucional del sentenciado.
"66. De lo expuesto en este apartado, podemos llegar a la conclusión de que la orden de traslado, ya sea emitida dentro del proceso o una vez dictada la sentencia condenatoria, modifica las condiciones de la situación de privación de libertad en la que se encontraban el procesado y el sentenciado, las cuales, pueden afectar de manera directa otros derechos de estas personas, como son el de una defensa adecuada y el de purgar la pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio.
"67. En ese sentido, cabe preguntarse si la modificación de las condiciones de la situación de privación de libertad en la que se encontraban el procesado y el sentenciado, y la posible afectación al derecho de defensa adecuada y el de purgar la pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, con motivo de la orden de traslado: ¿por sí misma, entraña una afectación a la libertad personal de los procesados y sentenciados?
"...
"73. Podemos apreciar que la orden de traslado emitida contra el procesado o el sentenciado, no se encuentra dentro de las excepciones establecidas por la Constitución para restringir el derecho a la libertad personal. En ese sentido, podemos concluir que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, por sí misma no entraña una afectación a la libertad personal, pues este menoscabo es producido a consecuencia de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, tal como un auto de formal prisión o de una sentencia condenatoria.
"74. Ahora bien, el hecho de que la orden de traslado por sí misma no entrañe una afectación al derecho de libertad personal del gobernado, no tiene como consecuencia directa señalar que dicha orden no afecta de forma indirecta el derecho antes aludido.
"75. En efecto, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal ha sustentado que en tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, resulta claro que se afecta la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación.
"76. Dicho criterio se desprende de la jurisprudencia P./J. 19/88, que a la letra dice:
"‘LIBERTAD PERSONAL. ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS. El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los Jueces de Distrito en materia penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: «... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...»; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito en materia penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un Juez en materia penal el conocimiento del amparo respectivo.’(17) (énfasis añadido)
"77. A la par de dicha jurisprudencia, existen criterios sustentados por esta Primera Sala, que revelan que la libertad personal de los gobernados no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge con actos que determinen la permanencia del gobernado en su situación de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Las jurisprudencias que sustentan dicho criterio, son las siguientes:
"‘INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. El Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido el criterio de que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En estas condiciones, cuando el reo promueve el incidente en el que solicita la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión, por considerar que un nuevo ordenamiento en vigor prevé el mismo tipo penal pero con una pena más benéfica, la resolución que al efecto emita la autoridad correspondiente constituye una posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión que se le había impuesto, de manera que dicha determinación es un acto que afecta su libertad personal, pues a partir de ese momento se encontrará restringida no sólo por virtud de la sentencia que lo condenó, sino también por la resolución incidental; en consecuencia, esta resolución puede ser impugnada en cualquier tiempo a través del juicio de garantías, por quedar comprendida en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, que prevé los supuestos de excepción al término genérico de quince días para su interposición, establecido por el diverso artículo 21 de la propia ley.’(18) (énfasis añadido)
"‘COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. El Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido el criterio de que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Por tanto, cuando el reo presenta una petición relativa a que compurgó la pena impuesta en sentencia, que el cómputo de la prisión preventiva debe realizarse de cierta forma o cualquier otra solicitud relacionada con dicho tema, la resolución que recae incide en la posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión que se le había impuesto; de manera que es un acto que afecta su libertad personal. En consecuencia, puede ser impugnada en cualquier momento a través del juicio de garantías, por quedar comprendida en la fracción II, del artículo 22 de la Ley de Amparo, que prevé los supuestos de excepción al término genérico de quince días para su promoción, establecido por el diverso artículo 21 de la propia ley.’(19) (énfasis añadido)
"78. Al amparo de los criterios jurisprudenciales antes transcritos, es procedente afirmar que si bien la orden de traslado no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí produce consecuencias que modifican las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo, o bien ejecutarse; lo que trae como resultado una afectación indirecta de la libertad de dichas personas.
"79. Dicho lo anterior, y una vez establecida la afectación indirecta de la libertad producida por la orden de traslado, corresponde a esta Sala determinar si: ¿la demanda de amparo promovida contra dicho acto (orden de traslado) se encuentra en el caso de excepción establecido en la fracción II del artículo 22 de dicho ordenamiento?
"80. Para dar contestación a ese planteamiento tenemos que tomar en consideración que el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo,(20) fija las excepciones a la regla general de quince días para la presentación de la demanda de garantías -prevista en el diverso numeral 21-,(21) y permite su promoción en cualquier tiempo, tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales.
"81. Como ya se destacó, del contenido de este precepto, se advierte que el legislador procuró incluir como principios fundamentales de la norma, entre otros, el respeto al derecho a la vida y a la libertad, estableciendo una tutela privilegiada para la presentación de la demanda, cuando los actos de las autoridades ponen en peligro esos derechos humanos del gobernado. Por esa razón, el texto de dicho precepto permite el ejercicio de la acción constitucional sin limitación temporal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24998-7aaf7747/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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